LOS ACUERDOS DE SAN ANDRÉS

En la segunda parte de la Plenaria Resolutiva del Tema 1 sobre Derechos y Cultura Indígena, y después de las consultas que cada parte realizó, el EZLN y el Gobierno Federal llegaron al siguiente
ACUERDO

Respecto a los documentos
“PRONUNCIAMIENTO CONJUNTO QUE EL GOBIERNO FEDERAL Y EL EZLN ENVIARÁN A LAS INSTANCIAS DE DEBATE Y DECISIÓN NACIONAL”,
“PROPUESTAS CONJUNTAS QUE EL GOBIERNO FEDERAL Y EL EZLN SE COMPROMETEN A ENVIAR A LAS INSTANCIAS DE DEBATE Y DECISIÓN NACIONAL, CORRESPONDIENTES AL PUNTO 1.4 DE LAS REGLAS DE PROCEDIMIENTO  y
“COMPROMISOS PARA CHIAPAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y FEDERAL Y EL EZLN, CORRESPONDIENTES AL PUNTO 1.3 DE LAS REGLAS DE PROCEDIMIENTO”, emanados de la primera parte de la Plenaria Resolutiva correspondiente al tema de Derechos y Cultura Indígena:

A. El Gobierno Federal, a través de su delegación, manifiesta su aceptación de dichos documentos.

B. El EZLN, a través de su delegación, manifiesta su aceptación de dichos documentos. En relación con las cuestiones respecto a las cuales formuló, en la sesión del 14 de febrero de 1996 de esta segunda parte de la Plenaria Resolutiva, propuestas de agregados y de sustituciones o eliminaciones en el texto de los mismos, de acuerdo con los resultados de la consulta realizada por el EZLN, expresa lo siguiente:

1. La delegación del EZLN insiste en señalar la falta de solución al grave problema agrario nacional, y en la necesidad de reformar el Artículo 27 Constitucional, que debe retomar el espíritu de Emiliano Zapata, resumido en dos demandas básicas: la tierra es de quien la trabaja, y Tierra y Libertad. (Documento “Propuestas conjuntas que el Gobierno federal y el EZLN se comprometen a enviar a las instancias de debate y decisión nacional, correspondientes al punto 1.4 de las Reglas de Procedimiento”: página 11, apartado 5, “Reformas Constitucionales y Legales”, inciso B).

2. Por lo que se refiere al desarrollo sustentable, la delegación del EZLN considera insuficiente que el gobierno indemnice a los pueblos indígenas por los daños ocasionados en sus tierras y territorios, una vez ocasionado el daño. Es necesario desarrollar una política de verdadera sustentabilidad, que preserve las tierras, los territorios y los recursos naturales de los pueblos indígenas, en suma, que contemple los costos sociales de los proyectos de desarrollo. (Documento “Pronunciamiento conjunto que el Gobierno Federal y el EZLN enviarán a las instancias de debate y decisión nacional”, página 5, en el subtítulo “Principios de la nueva relación”, inciso 2).

3. En lo referente al tema Situación, Derechos y Cultura de la Mujer Indígena, la delegación del EZLN considera insuficientes los actuales puntos de acuerdo. Por la triple opresión que padecen las mujeres indígenas, como mujeres, como indígenas y como pobres, exigen la construcción de una nueva sociedad nacional, con otro modelo económico, político, social y cultural que incluya a todas y a todos los mexicanos. (Documento 3.2 “Acciones y medidas para Chiapas. Compromisos y propuestas conjuntas de los gobiernos del Estado y Federal y el EZLN”, página 9).

4. En términos generales la delegación del EZLN considera necesario que, en cada caso, se expliciten los tiempos y plazos en que los acuerdos deben ser llevados a la práctica, y que, para ello, los pueblos indígenas y las autoridades correspondientes deben programar y calendarizar de mutuo acuerdo su instrumentación.

5. Acerca de las garantías de acceso pleno a la justicia, la delegación del EZLN considera que no puede pasarse por alto la necesidad del nombramiento de intérpretes en todos los juicios y procesos que se sigan a los indígenas, asegurando que dichos intérpretes cuenten con la aceptación expresa del procesado y conozcan tanto el idioma como la cultura y el sistema jurídico indígenas.(Documento 2 “Propuestas conjuntas que el Gobierno Federal y el EZLN se comprometen a enviar a las instancias de debate y decisión nacional, correspondientes al punto 1.4 de las Reglas de Procedimiento, página 6, subtítulo: “Garantías de acceso pleno a la justicia”).

6. La delegación del EZLN considera indispensable que se legisle para proteger los derechos de los migrantes, indígenas y no indígenas, dentro y fuera de las fronteras nacionales. (Documento 1, “Pronunciamiento conjunto que el Gobierno Federal y el EZLN enviarán a las instancias de debate y decisión nacional”, página 5, punto 8, subtítulo: “Proteger a los indígenas migrantes”):

7. A fin de fortalecer los municipios, la delegación del EZLN considera que se requieren compromisos explícitos del gobierno para garantizar su acceso a la infraestructura, capacitación y recursos económicos adecuados. (Documento 2 “Propuestas conjuntas que el Gobierno Federal y el EZLN se comprometen a enviar a las instancias de debate y decisión nacional correspondientes al punto 1.4 de las Reglas de Procedimiento”, página 3).

8. Por lo que se refiere a los medios de comunicación, la delegación del EZLN considera necesario que se garantice el acceso a información veraz, oportuna y suficiente sobre las actividades del gobierno, así como el acceso
de los pueblos indígenas a los medios de comunicación existentes, y que se garantice el derecho de los pueblos indígenas a contar con sus propios medios de comunicación (radiodifusión, televisión, teléfono, prensa escrita, fax, radios de comunicación, computadoras y acceso a satélite). (Documento 2 “Propuestas conjuntas que el Gobierno federal y el EZLN se comprometen a enviar a las instancias de debate y decisión nacional correspondientes al punto 1.4 de las reglas de procedimiento”, página 9, punto 8: “Medios de comunicación”).

C. Con relación a las partes de los documentos a las que se refiere el inciso B, ambas delegaciones convienen que, en la oportunidad que identifiquen de común acuerdo durante el diálogo, agotarán los esfuerzos de negociación sobre las mismas.

D. Las Partes harán llegar a las instancias de debate y decisión nacional y a las instancias que correspondan los tres documentos que se acompañan, mismos que contienen los acuerdos y compromisos alcanzados por las Partes.

E. Ambas partes asumen el compromiso de enviar el presente resolutivo a las instancias de debate y decisión nacional y a las instancias del estado de Chiapas que correspondan, en el entendido de que los puntos señalados en el inciso B también deberán ser consideradas, por dichas instancias, como materia producto del diálogo.

El presente y los tres documentos que lo acompañan, quedan debidamente formalizados como acuerdos en los términos de las Reglas de Procedimiento y de la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, y se integran como tales al Acuerdo de Concordia y Pacificación con Justicia y Dignidad.

16 de febrero de 1996.

DOCUMENTO 1
Pronunciamiento Conjunto que el Gobierno Federal y el EZLN enviarán a las Instancias de Debate y Decisión Nacional

16 de Enero de 1996

En el marco del diálogo celebrado entre el EZLN y el Gobierno Federal para lograr un Acuerdo de Concordia y Pacificación con Justicia y Dignidad, celebrado en la sede de San Andrés, Chiapas, las Partes han discutido el tema de Derechos y Cultura Indígena y han acordado, en los términos del inciso 1.5. de las Reglas de Procedimiento, emitir el presente pronunciamiento.

La reunión Plenaria Resolutiva del EZLN y el Gobierno Federal sobre Derechos y Cultura Indígena, es la ocasión y el foro más adecuados para que el Gobierno Federal y el EZLN presenten la propuesta para una “Nueva relación de los pueblos indígenas y el Estado”.

Este pronunciamiento contiene los principios y fundamentos necesarios para la construcción de un pacto social integrador de una nueva relación entre los pueblos indígenas, la sociedad y el Estado. Este pacto social para una nueva relación parte de la convicción de que una nueva situación nacional y local para los pueblos indígenas sólo podrá arraigar y culminar con la participación de los propios indígenas y la sociedad en su conjunto, en el marco de una profunda reforma del Estado.

CONTEXTO DE LA NUEVA RELACIÓN

1. La historia confirma que los pueblos indígenas han sido objeto de formas de subordinación, desigualdad y discriminación que les han determinado una situación estructural de pobreza, explotación y exclusión política. Confirma también que han persistido frente a un orden jurídico cuyo ideal ha sido la homogeneización y asimilación cultural. Confirma, finalmente, que para superar esa realidad se requieren nuevas acciones profundas, sistemáticas, participativas y convergentes de parte del gobierno y de la sociedad, incluidos, ante todo, los propios pueblos indígenas.

Se requiere una nueva política de Estado, no de coyuntura, que el actual Gobierno Federal se compromete a desarrollar en el marco de una profunda reforma del Estado, que impulse acciones para la elevación de los niveles de bienestar, desarrollo y justicia de los pueblos indígenas, y que fortalezca su participación en las diversas instancias y procesos de toma de decisiones, con una política incluyente.

Se requiere el concurso de todos los ciudadanos y organizaciones civiles, que el actual Gobierno Federal se compromete a propiciar, para desterrar mentalidades, actitudes y comportamientos discriminatorios hacia los indígenas, y para desarrollar una cultura de la pluralidad y la tolerancia que acepte sus visiones del mundo, sus formas de vida y sus conceptos de desarrollo.

Se requiere la participación de los pueblos indígenas, que el actual Gobierno Federal se compromete a reconocer y estimular, para que sean los actores fundamentales de las decisiones que afectan su vida, y reafirmen su condición de mexicanos con pleno uso de derechos que por su papel en la edificación de México tienen ganada por derecho propio.

En síntesis, se requiere un nuevo esfuerzo de unidad nacional, que el actual Gobierno Federal, con la participación de los pueblos indígenas y el conjunto de la sociedad, se compromete a impulsar, para que no haya mexicanos con potencialidades restringidas, que debe servir para que México se engrandezca asumiendo con orgullo la historia milenaria y la riqueza espiritual de los pueblos indígenas, y para que desarrolle a plenitud todas sus potencialidades económicas, políticas, sociales y culturales.

2. Las condiciones de pobreza y marginación que afectan a los pueblos indígenas, muestran el carácter desigual del desarrollo de la sociedad mexicana, y definen el alcance de las exigencias de justicia social que debe atender el Estado para concurrir al progreso de ese importante núcleo de mexicanos.

El Gobierno Federal está consciente de esa responsabilidad, y expresa su firme voluntad de impulsar las políticas y emprender las acciones que resuelvan esa tarea nacional. Asume cabalmente el compromiso de fortalecer la participación de los pueblos indígenas en el desarrollo nacional, en un marco de respeto a sus tradiciones, instituciones y organizaciones sociales, y de mayores oportunidades para mejorar sus niveles de vida, de mayores espacios políticos y culturales para avances futuros, y de mayor acceso a la construcción conjunta de una sociedad más moderna y eficiente, más vigorosa y unida, más plural y tolerante, y que distribuya equitativamente los frutos del desarrollo. Los pueblos indígenas contribuirán con lo mejor de sus propias culturas a esa edificación de una sociedad plural y tolerante.

Las perspectivas de desarrollo de México están estrechamente condicionadas a la tarea histórica de eliminar la pobreza, la marginación y la insuficiente participación política de millones de indígenas mexicanos. El objetivo de construir una sociedad más justa y menos desigual es la piedra angular para alcanzar un desarrollo más moderno y construir una sociedad más democrática. Estas metas son parte esencial del proyecto de nación que el pueblo de México desea, no sólo como compromiso moral de la sociedad y de los pueblos indígenas y como responsabilidad indeclinable del Gobierno de la República, sino como condición indispensable para asegurar el tránsito a mejores niveles de desarrollo del país.

Para el Gobierno Federal, la tarea histórica y la demanda actual, social y estructural, de combatir la pobreza y la marginación de los pueblos indígenas, requiere de su participación y la de la sociedad en su conjunto, como factores determinantes para impulsar el necesario establecimiento de una nueva relación entre los pueblos indígenas del país y el Estado, sus instituciones y niveles de gobierno.

Esta nueva relación debe superar la tesis del integracionismo cultural para reconocer a los pueblos indígenas como nuevos sujetos de derecho, en atención a su origen histórico, a sus demandas, a la naturaleza pluricultural de la nación mexicana y a los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano, en particular con el Convenio 169 de la OIT.

El Gobierno Federal asume que el establecimiento de esta nueva relación con los pueblos indígenas, le asigna el compromiso de contribuir a resolver sus problemas esenciales, y de que esa acción deberá expresarse en políticas sistemáticas y concretas, con apego a las modalidades que impongan las diversidades regionales y las características propias de cada pueblo indígena.

COMPROMISOS DEL GOBIERNO FEDERAL CON LOS PUEBLOS INDÍGENAS

3. Las responsabilidades que el Gobierno Federal asume como compromisos que el Estado mexicano debe cumplir con los pueblos indígenas en su nueva relación son:

1. Reconocer a los pueblos indígenas en la Constitución general. El Estado debe promover el reconocimiento, como garantía constitucional, del derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas que son los que “descienden de poblaciones que habitaban en el país en la época de la conquista o la colonización y del establecimiento de las actuales fronteras estatales, y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. La conciencia de su identidad indígena deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones” sobre pueblos indígenas. El derecho a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía asegurando la unidad nacional. Podrán, en consecuencia, decidir su forma de gobierno interna y sus maneras de organizarse política, social, económica y culturalmente. El marco constitucional de autonomía permitirá alcanzar la efectividad de los derechos sociales, económicos, culturales y políticos con respeto a su identidad.

2. Ampliar participación y representación políticas. El Estado debe impulsar cambios jurídicos y legislativos que amplíen la participación y representación políticas local y nacional de los pueblos indígenas, respetando sus diversas situaciones y tradiciones, y fortaleciendo un nuevo federalismo en la República mexicana. El reclamo de que las voces y demandas de los indígenas sean escuchadas y atendidas debe llevar al reconocimiento de derechos políticos, económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas, dentro del marco de la nación mexicana, y a una decisiva reforma del Estado en materia de prácticas institucionales. El Gobierno Federal promoverá las reformas constitucionales y legales que correspondan a los acuerdos y consensos alcanzados.

3. Garantizar acceso pleno a la justicia. El Estado debe garantizar el acceso pleno de los pueblos a la jurisdicción del Estado mexicano, con reconocimiento y respeto a especificidades culturales y a sus sistemas normativos internos, garantizando el pleno respeto a los derechos humanos. Promoverá que el derecho positivo mexicano reconozca las autoridades, normas y procedimientos de resolución de conflictos internos a los pueblos y comunidades indígenas, para aplicar justicia sobre la base de sus sistemas normativos internos, y que mediante procedimientos simples, sus juicios y decisiones sean convalidados por las autoridades jurisdiccionales del Estado.

4. Promover las manifestaciones culturales de los pueblos indígenas. El Estado debe impulsar políticas culturales nacionales y locales de reconocimiento y ampliación de los espacios de los pueblos indígenas para la producción, recreación y difusión de sus culturas; de promoción y coordinación de las actividades e instituciones dedicadas al desarrollo de las culturas indígenas, con la participación activa de los pueblos indígenas; y de incorporación del conocimiento de las diversas prácticas culturales en los planes y programas de estudio de las instituciones educativas públicas y privadas. El conocimiento de las culturas indígenas es enriquecimiento nacional y un paso necesario para eliminar incompresiones y discriminaciones hacia los indígenas.

5. Asegurar educación y capacitación. El Estado debe asegurar a los indígenas una educación que respete y aproveche sus saberes, tradiciones y formas de organización. Con procesos de educación integral en las comunidades que les amplíen su acceso a la cultura, la ciencia y la tecnología; educación profesional que mejore sus perspectivas de desarrollo; capacitación y asistencia técnica que mejore los procesos productivos y calidad de sus bienes; y capacitación para la organización que eleve la capacidad de gestión de las comunidades. El Estado deberá respetar el que hacer educativo de los pueblos indígenas dentro de su propio espacio cultural. La educación que imparta el Estado debe ser intercultural. Se impulsará la integración de redes educativas regionales que ofrezcan a las comunidades la posibilidad de acceder a los distintos niveles de educación.

6. Garantizar la satisfacción de necesidades básicas. El Estado debe garantizar a los pueblos indígenas condiciones que les permitan ocuparse de su alimentación, salud y servicios de vivienda en forma satisfactoria y por lo menos un nivel de bienestar aceptable. La política social impulsará programas prioritarios para que la población infantil de los pueblos indígenas mejore sus niveles de salud y alimentación, y de apoyo a la actividad y capacitación de las mujeres indígenas.

7. Impulsar la producción y el empleo. El Estado debe impulsar la base económica de los pueblos indígenas con estrategias específicas de desarrollo acordadas con ellos, que aprovechen sus potencialidades humanas mediante actividades industriales y agroindustriales que cubran sus necesidades y produzcan excedentes para los mercados; que coadyuven a generar empleo a través de procesos productivos que incrementen el valor agregado de sus recursos; y que mejoren la dotación de servicios básicos de las comunidades y su entorno regional. Los programas de desarrollo rural de las comunidades indígenas se sustentarán en procesos de planeación en los que el papel de sus representantes será central desde el diseño hasta la ejecución.

8. Proteger a los indígenas migrantes. El Estado debe impulsar políticas sociales específicas para proteger a los indígenas migrantes, tanto en el territorio nacional como más allá de las fronteras, con acciones interinstitucionales de apoyo al trabajo y educación de las mujeres, y de salud y educación de niños y jóvenes, las que en las regiones rurales deberán estar coordinadas en las zonas de aportación y en las de atracción de jornaleros agrícolas.

PRINCIPIOS DE LA NUEVA RELACIÓN

4. El Gobierno Federal asume el compromiso de que los Principios que deben normar la acción del Estado en su nueva relación con los pueblos indígenas son:

1. Pluralismo. El trato entre los pueblos y culturas que forman la sociedad mexicana ha de basarse en el respeto a sus diferencias, bajo el supuesto de su igualdad fundamental. Como consecuencia, ha de ser política del Estado normar su propia acción y fomentar en la sociedad una orientación pluralista, que combata activamente toda forma de discriminación y corrija las desigualdades económicas y sociales. Igualmente, será necesario avanzar hacia la conformación de un orden jurídico nutrido por la pluriculturalidad, que refleje el diálogo intercultural, con normas comunes para todos los mexicanos y respeto a los sistemas normativos internos de los pueblos indígenas. El reconocimiento y promoción de la naturaleza pluricultural de la nación significa que, con el propósito de fortalecer la cultura de la diversidad y la tolerancia en un marco de unidad nacional, la acción del Estado y sus instituciones debe realizarse sin hacer distinciones entre indígenas y no indígenas o ante cualquier opción sociocultural colectiva. El desarrollo de la nación debe sustentarse en la pluralidad, entendida como convivencia pacífica, productiva, respetuosa y equitativa de lo diverso.

2. Sustentabilidad. Es indispensable y urgente asegurar la perduración de la naturaleza y la cultura en los territorios que ocupan y utilizan de alguna manera los pueblos indígenas, según los define el artículo 13.2. del Convenio 169 de la OIT. Respetando la diversidad cultural de los pueblos indígenas, las acciones de los niveles de gobierno y las instituciones del Estado mexicano deben considerar criterios de sustentabilidad. Las modalidades tradicionales de aprovechamiento de los recursos naturales que ponen en práctica los pueblos y comunidades indígenas, forman parte de sus estrategias de persistencia cultural y de nivel de vida. Se impulsará el reconocimiento, en la legislación, del derecho de los pueblos y comunidades indígenas a recibir la indemnización correspondiente cuando la explotación de los recursos naturales, que el Estado realice, ocasione daños en su hábitat que vulneren su reproducción cultural. Para los casos en los que el daño ya se hubiere causado, y los pueblos demuestren que las compensaciones otorgadas no permiten su reproducción cultural, se promoverá el establecimiento de mecanismos de revisión que permitan que, de manera conjunta, el Estado y los afectados analicen el caso concreto. En ambos casos, los mecanismos compensatorios buscarán asegurar el desarrollo sustentable de los pueblos y comunidades indígenas. De común acuerdo con los pueblos indígenas, el Estado impulsará acciones de rehabilitación de esos territorios según lo define el artículo 13.2. del Convenio 169 de la OIT, y respaldará sus iniciativas para crear condiciones que aseguren la sustentabilidad de sus prácticas de producción y de vida.

3. Integralidad. El Estado debe impulsar la acción integral y concurrente de las instituciones y niveles de gobierno que inciden en la vida de los pueblos indígenas, evitando las prácticas parciales que fraccionen las políticas públicas. Debe, asimismo, propiciar el manejo honesto y transparente de los recursos públicos destinados al desarrollo de los pueblos indígenas, a través de una mayor participación indígena en la toma de decisiones y en la contraloría social del gasto público.

4. Participación. El Estado debe favorecer que la acción institucional impulse la participación de los pueblos y comunidades indígenas y respete sus formas de organización interna, para alcanzar el propósito de fortalecer su capacidad de ser los actores decisivos de su propio desarrollo. Debe promover, en colaboración con las expresiones organizativas de los pueblos indígenas, que estos vigoricen sus capacidades de decisión y gestión. Y debe asegurar la adecuada corresponsabilidad del gobierno y los pueblos indígenas en la concepción, planeación, ejecución y evaluación de acciones que actúan sobre los indígenas. Puesto que las políticas en las áreas indígenas no sólo deben ser concebidas con los propios pueblos, sino implementadas con ellos, las actuales instituciones indigenistas y de desarrollo social que operan en ellas deben ser transformadas en otras que conciban y operen conjunta y concertadamente con el Estado los propios pueblos indígenas.

5. Libre determinación. El Estado respetará el ejercicio de la libre determinación de los pueblos indígenas, en cada uno de los ámbitos y niveles en que harán valer y practicarán su autonomía diferenciada, sin menoscabo de la soberanía nacional y dentro del nuevo marco normativo para los pueblos indígenas. Esto implica respetar sus identidades, culturas y formas de organización social. Respetará, asimismo, las capacidades de los pueblos y comunidades indígenas para determinar sus propios desarrollos. Y en tanto se respeten el interés nacional y público, los distintos niveles de gobierno e instituciones del Estado mexicano no intervendrán unilateralmente en los asuntos y decisiones de los pueblos y comunidades indígenas, en sus organizaciones y formas de representación, y en sus estrategias vigentes de aprovechamiento de los recursos naturales.

NUEVO MARCO JURÍDICO

5. El establecimiento de la nueva relación entre los pueblos indígenas y el Estado, tiene como un punto de partida necesario la edificación de un nuevo marco jurídico nacional y en las entidades federativas. El Gobierno Federal asume el compromiso de impulsar las siguientes acciones:

1. El reconocimiento en la Constitución Política nacional de demandas indígenas que deben quedar consagradas como derechos legítimos.

a) Derechos políticos. Para fortalecer su representación política y participación en las legislaturas y en el gobierno, con respeto a sus tradiciones y para garantizar la vigencia de sus formas propias de gobierno interno.

b) Derechos de jurisdicción. Para que se acepten sus propios procedimientos para designar sus autoridades y sus sistemas normativos para la resolución de conflictos internos, con respeto a los derechos humanos.

c) Derechos sociales. Para que se garanticen sus formas de organización social, la satisfacción de sus necesidades humanas fundamentales y sus instituciones internas.

d) Derechos económicos. Para que se desarrollen sus esquemas y alternativas de organización para el trabajo y de mejora de la eficiencia de la producción.

e) Derechos culturales. Para que desarrollen su creatividad y diversidad cultural y la persistencia de sus identidades.

2. El reconocimiento en la legislación nacional de las comunidades como entidades de derecho público, el derecho a asociarse libremente en municipios con población mayoritariamente indígena, así como el derecho de varios municipios para asociarse, a fin de coordinar sus acciones como pueblos indígenas. Las autoridades competentes realizarán la transferencia ordenada y paulatina de recursos, para que ellos mismos administren los fondos públicos que se les asignen, y para fortalecer la participación indígena en el gobierno, gestión y administración en sus diferentes ámbitos y niveles. Corresponderá a las Legislaturas estatales determinar, en su caso, las funciones y facultades que pudieran transferírseles.

3. El reconocimiento de que en las legislaciones de los estados de la República, deben quedar establecidas las características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones diversas y legítimas de los pueblos indígenas.

En la determinación del marco jurídico y en la definición de las particularidades de la nueva relación del Estado con los indígenas, el Poder Legislativo será decisivo. El Gobierno Federal propondrá al Congreso de la Unión que establezca un nuevo marco jurídico nacional para los pueblos indígenas, y a los Congresos de los estados que consagren legalmente las especificidades que mejor reflejen las diversas situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas del país.

4. En la Constitución de la República deberán reformarse varios artículos. El Gobierno Federal se compromete a impulsar las siguientes reformas:

a) Artículo 4º. Para que las demandas arriba señaladas (puntos 1. y 2.) queden consagradas como derechos legítimos.

b) Artículo 115. Para que se fortalezca el pacto federal y se garantice la participación de las comunidades indígenas en la integración de los ayuntamientos y de los municipios mayoritariamente indígenas en los asuntos públicos.

c) Otros artículos derivados de las anteriores reformas y para expresar en la Carta Magna los contenidos de la nueva relación del Estado con los pueblos indígenas.

5. En las leyes reglamentarias e instrumentos jurídicos de carácter federal que correspondan, deberán asentarse las disposiciones que las hagan compatibles con las reformas constitucionales sobre nuevos derechos indígenas.

Al respecto, el Gobierno Federal se compromete a impulsar que, a partir de las reformas constitucionales, se emita la legislación general que permita contar de inmediato con mecanismos y procedimientos jurídicos para,

a) que se inicie la revisión y modificación de las diversas leyes federales;

b) que se legisle en los estados de la República.

6. En la legislación de los estados de la República relativa a las características de libre determinación y autonomía indígena, el Gobierno Federal reconoce que se deben tomar en consideración los siguientes elementos:

a) En donde coexistan diversos pueblos indígenas, con diferentes culturas y situaciones geográficas, con distintos tipos de asentamiento y organización política, no cabría adoptar un criterio uniforme sobre las características de autonomía indígena a legislar.

b) Las modalidades concretas de autonomía deberán definirse con los propios indígenas.

c) Para determinar de manera flexible las modalidades concretas de libre determinación y autonomía en la que cada pueblo indígena encuentre mejor reflejada su situación y sus aspiraciones, deberán considerarse diversos criterios como: la vigencia de sus sistemas normativos internos y sus instituciones comunitarias; los grados de relación intercomunitaria, intermunicipal y estatal; la presencia y relación entre indígenas y no indígenas; el patrón de asentamiento poblacional y la situación geográfica, los grados de participación en las instancias de representación política y niveles de gobierno, entre otros.

El Gobierno Federal se compromete, en un marco de pleno respeto republicano, a impulsar que los Gobiernos y las legislaturas de los estados de la República consideren, entre otros, estos elementos como criterios en la legislación para construir las características de libre determinación y autonomía indígena.

CONCLUSIÓN

1. El conflicto que se inició el 1º de enero de 1994 en Chiapas, produjo en la sociedad mexicana el sentimiento de que es necesaria una nueva relación del Estado y la sociedad con los pueblos indígenas del país.

2. El Gobierno Federal asume el compromiso de construir, con los diferentes sectores de la sociedad y en un nuevo federalismo, un nuevo pacto social que modifique de raíz las relaciones sociales, políticas, económicas y culturales con los pueblos indígenas. El pacto debe erradicar las formas cotidianas y de vida pública que generan y reproducen la subordinación, desigualdad y discriminación, y debe hacer efectivos los derechos y garantías que les corresponden: derecho a su diferencia cultural; derecho a su hábitat: uso y disfrute del territorio, conforme al artículo 13.2. del Convenio 169 de la OIT; derecho a su autogestión política comunitaria; derecho al desarrollo de su cultura; derecho a sus sistemas de producción tradicionales; derecho a la gestión y ejecución de sus propios proyectos de desarrollo.

3. La nueva relación entre el Estado mexicano y los pueblos indígenas se basa en el respeto a la diferencia, en el reconocimiento de las identidades indígenas como componentes intrínsecos de nuestra nacionalidad, y en la aceptación de sus particularidades como elementos básicos consustanciales a nuestro orden jurídico, basado en la pluriculturalidad.

La nueva relación entre los pueblos indígenas y el Estado mexicano debe garantizar inclusión, diálogo permanente y consensos para el desarrollo en todos sus aspectos. No serán, ni la unilateralidad ni la subestimación sobre las capacidades indígenas para construir su futuro, las que definan las políticas del Estado. Todo lo contrario, serán los indígenas quienes dentro del marco constitucional y en el ejercicio pleno de sus derechos, decidan los medios y formas en que habrán de conducir sus propios procesos de transformación.

Documento 2
Propuestas Conjuntas que el Gobierno Federal y el EZLN se Comprometen a Enviar a las Instancias de Debate y Decisión Nacional, Correspondientes al Punto 1.4 de las Reglas de Procedimiento

Febrero 18, 1996

Las partes se comprometen a enviar a las instancias de debate y decisión nacional las siguientes propuestas conjuntas acordadas:

En el marco de la nueva relación del Estado con los pueblos indígenas se requiere reconocer, asegurar y garantizar sus derechos, en un esquema federalista renovado. Dicho objetivo implica la promoción de reformas y adiciones a la Constitución Federal y a las leyes que de ella emanan, así como a las constituciones estatales y disposiciones jurídicas de carácter local para conciliar, por una parte, el establecimiento de bases generales que aseguren la unidad y los objetivos nacionales y, al mismo tiempo, permitir que las entidades federativas cuenten con la posibilidad real de legislar y actuar en atención a las particularidades que en materia indígena se presentan en cada una.

I.

1.- Impulsar una profunda transformación del Estado, así como de las relaciones políticas, sociales, culturales y económicas con los pueblos indígenas que satisfaga sus demandas de justicia.

2.- Impulsar la celebración de un nuevo pacto social incluyente, basado en la conciencia de la pluralidad fundamental de la sociedad mexicana y en la contribución que los pueblos indígenas pueden hacer a la unidad nacional, a partir del reconocimiento constitucional de sus derechos y en particular de sus derechos a la libre determinación y a la autonomía.

3.- Las reformas legales que se promuevan deberán partir del principio jurídico fundamental de la igualdad de todos los mexicanos ante la ley y los órganos jurisdiccionales, y no creación de fueros especiales en privilegio de persona alguna, respetando el principio de que la Nación Mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas.

4.- Las modificaciones constitucionales representan un punto medular para la nueva relación de los pueblos indígenas y el Estado en el marco de la reforma del Estado, para que sus reivindicaciones encuentren respaldo en el estado de derecho.

II.

1.- La creación de un nuevo marco jurídico que establezca una nueva relación entre los pueblos indígenas y el Estado, con base en el reconocimiento de su derecho a la libre determinación y de los derechos jurídicos, políticos, sociales, económicos y culturales que de él se derivan. Las nuevas disposiciones constitucionales deben incluir un marco de autonomía.

2.- Dicho marco jurídico ha de edificarse a partir de reconocer la libre determinación de los pueblos indígenas, que son los que teniendo una continuidad histórica con las sociedades anteriores a la imposición del régimen colonial, mantienen identidades propias, conciencia de las mismas y la voluntad de preservarlas, a partir de sus características culturales, sociales, políticas y económicas, propias y diferenciadas. Esos atributos le dan el carácter de pueblos y como tales se constituyen en sujetos de derecho a la libre determinación.

La autonomía es la expresión concreta del ejercicio del derecho a la libre determinación, expresada como un marco que se conforma como parte del Estado Nacional. Los pueblos indígenas podrán, en consecuencia, decidir su forma de gobierno interna y sus maneras de organizarse política, social, económica y culturalmente. Dentro del nuevo marco constitucional de autonomía se respetará el ejercicio de la libre determinación de los pueblos indígenas en cada uno de los ámbitos y niveles en que la hagan valer, pudiendo abarcar uno o más pueblos indígenas, conforme a las circunstancias particulares y específicas de cada entidad federativa. El ejercicio de la autonomía de los pueblos indígenas contribuirá a la unidad y democratización de la vida nacional y fortalecerá  la soberanía del país.

Resulta pertinente reconocer, como demanda fundamental de los pueblos indígenas, su derecho a la autonomía, en tanto colectividades con cultura diferente y con aptitud para decidir sus asuntos fundamentales en el marco del Estado Nacional. Este reconocimiento tiene su base en el Convenio 169 de la OIT, ratificado por el Senado de la República. En este sentido, el reconocimiento de la autonomía se basa en el concepto de pueblo indígena fundado en criterios históricos y de identidad cultural.

3.- La legislación nacional debe reconocer a los pueblos indígenas como los sujetos de los derechos a la libre determinación y autonomía.

4.- Se propone al Congreso de la Unión reconocer, en la legislación nacional, a las comunidades como entidades de derecho público, el derecho de asociarse libremente en municipios con población mayoritariamente indígena, así como el derecho de varios municipios para asociarse, a fin de coordinar sus acciones como pueblos indígenas .

Las autoridades competentes realizarán la transferencia ordenada y paulatina de recursos, para que ellos mismos administren los fondos públicos que se les asignen, y para fortalecer la participación indígena en el gobierno, gestión y administración en sus diferentes ámbitos y niveles. Corresponderá a las legislaturas estatales determinar, en su caso, las funciones y facultades que pudieran transferírseles.

Las legislaturas de los estados podrán proceder a la remunicipalización en los territorios en que estén asentados los pueblos indígenas, la cual deberá basarse en consulta a las poblaciones involucradas en ella.

A fin de fortalecer el pacto federal es indispensable revisar a fondo no sólo las relaciones entre la Federación y los gobiernos estatales sino además, la relación entre éstos y los municipios.

Se propone la integración del municipio con población mayoritariamente indígena no como un tipo diferente de municipio, sino como aquel que en el marco del concepto general de esta institución política permita, por un lado, la participación indígena en su composición e integración y al mismo tiempo fomente e incorpore a las comunidades indígenas en la integración de los ayuntamientos.

En lo que hace a los municipios con población mayoritariamente indígena, reafirmando el pleno significado del municipio libre en que se sustenta el federalismo, se estima necesario que sean fortalecidos constitucionalmente, de tal manera que:

a) se les dote de funciones para garantizar el ejercicio de la autonomía a los pueblos indígenas;

b) se revise la organización prevista en la Ley Orgánica Municipal, para adecuarlos y orientarlos a los nuevos retos del desarrollo y, de manera particular, a las necesidades y nuevas formas de organización relacionadas con los pueblos indígenas.

5.- Se propone al Congreso de la Unión y a las Legislaturas de los estados de la República reconocer y establecer las características de libre determinación y los niveles y modalidades de autonomía, tomando en cuenta que ésta implica:

a) Territorio. Todo pueblo indígena se asienta en un territorio que cubre la totalidad del hábitat que los pueblos indígenas ocupan o utilizan de alguna manera. El territorio es la base material de su reproducción como pueblo y expresa la unidad indisoluble hombre-tierra-naturaleza.

b) Ámbito de aplicación. La jurisdicción es el ámbito espacial, material y personal de vigencia y validez en que los pueblos indígenas aplican sus derechos. El Estado Mexicano reconocerá la existencia de los mismos.

c) Competencias. Se necesita configurar una atribución concurrente con las instancias de gobierno federal, estatal y municipal, así como una distribución de competencias políticas, administrativas, económicas, sociales, culturales, educativas, judiciales, de manejo de recursos y protección de la naturaleza entre estas instancias políticas de gobierno del Estado Mexicano, a efecto de responder de manera oportuna a los requerimientos y demandas de los pueblos indígenas. Asimismo, se requerirá especificar las facultades, funciones y recursos que sean susceptibles de ser transferidas a las comunidades y pueblos indígenas bajo los criterios establecidos en el apartado 5.2. del documento intitulado “Pronunciamientos Conjuntos”, así como las diversas modalidades de participación de las comunidades y pueblos frente a las instancias de gobierno, a fin de interactuar y coordinar sus acciones con las mismas, particularmente a nivel municipal.

d) Autodesarrollo. Son las propias comunidades y pueblos indígenas quienes deben determinar sus proyectos y programas de desarrollo. Por eso, se estima pertinente incorporar en las legislaciones local y federal los mecanismos idóneos que propicien la participación de los pueblos indígenas en la planeación del desarrollo en todos los niveles; en forma tal que ésta se diseñe tomando en consideración sus aspiraciones, necesidades y prioridades.

e) Participación en los órganos de representación nacional y estatal. Ha de asegurarse la participación y representación políticas local y nacional de los pueblos indígenas en el ámbito legislativo y los niveles de gobierno, respetando sus diversas características socioculturales, a fin de construir un nuevo federalismo.

Se propone al Congreso de la Unión el reconocimiento, en reformas constitucionales y políticas que se deriven, del derecho de la mujer indígena para participar, en un plano de igualdad, con el varón en todos los niveles de gobierno y en el desarrollo de los pueblos indígenas.

6.- Se propone al Congreso de la Unión y a las legislaturas de los estados de la República que, en el reconocimiento de la autonomía indígena y para la determinación de sus niveles, tomen en consideración los principales derechos que son objeto de la misma; estableciéndose las modalidades que se requieran para asegurar su libre ejercicio. Entre dichos derechos podrían destacar los siguientes:

a) ejercer el derecho a desarrollar sus formas específicas de organización social, cultural, política y económica;

b) obtener el reconocimiento de sus sistemas normativos internos para la regulación y sanción, en tanto no sean contrarios a las garantías constitucionales y a los derechos humanos, en particular los de las mujeres;

c) acceder de mejor manera a la jurisdicción del Estado;

d) acceder de manera colectiva al uso y disfrute de los recursos naturales, salvo aquellos cuyo dominio directo corresponda a la Nación;

e) promover el desarrollo de los diversos componentes de su identidad y patrimonio cultural;

f) interactuar en los diferentes niveles de representación política, de gobierno y de administración de justicia;

g) concertar con otras comunidades de sus pueblos o de otros, la unión de esfuerzos y coordinación de acciones para la optimización de sus recursos, el impulso de proyectos de desarrollo regional y en general para la promoción y defensa de sus intereses;

h) designar libremente a sus representantes, tanto comunitarios como en los órganos de gobierno municipal, y a sus autoridades como pueblos indígenas, de conformidad con las instituciones y tradiciones propias de cada pueblo;

i) promover y desarrollar sus lenguas y culturas, así como sus costumbres y tradiciones tanto políticas como sociales, económicas, religiosas y culturales.

III.

1.- Ampliación de la participación y representación políticas. Fortalecimiento municipal. Es conveniente prever a nivel constitucional los mecanismos necesarios que:

a) Aseguren una representación política adecuada de las comunidades y pueblos indígenas en el Congreso de la Unión y en los congresos locales, incorporando nuevos criterios en la delimitación de los distritos electorales que correspondan a las comunidades y pueblos indígenas;

b) Permitan su participación en los procesos electorales sin la necesaria participación de los partidos políticos;

c) Garanticen la efectiva participación de los pueblos indígenas en la difusión y vigilancia de dichos procesos;

d) Garanticen la organización de los procesos de elección o nombramiento propios de las comunidades o pueblos indígenas en el ámbito interno.

e) Reconocer las figuras del sistema de cargos y otras formas de organización, métodos de designación de representantes, y toma de decisiones en asamblea y de consulta popular.

f) Establecer que los agentes municipales o figuras afines sean electos o, en su caso, nombrados por los pueblos y comunidades correspondientes.

g) Prever en la legislación a nivel estatal los mecanismos que permitan la revisión y, en su caso, modificación de los nombres de los municipios, a propuesta de la población asentada en las demarcaciones correspondientes.

2.- Garantía de acceso pleno a la justicia. El Estado debe garantizar el acceso pleno de los pueblos a la jurisdicción del Estado mexicano, con reconocimiento y respeto a sus propios sistemas normativos internos, garantizando el pleno respeto de los derechos humanos. Promoverá que el derecho positivo mexicano reconozca las autoridades, normas y procedimientos de resolución de conflictos internos, entendiéndose por esto los conflictos de convivencia interna de los pueblos y comunidades, para aplicar justicia sobre la base de sus sistemas normativos internos y, que mediante procedimientos simples, sus juicios y decisiones sean convalidados por las autoridades jurisdiccionales del Estado.

El reconocimiento de espacios jurisdiccionales a las autoridades designadas en el seno de las comunidades, pueblos indígenas y municipios, a partir de una redistribución de competencias del fuero estatal, para que dichas autoridades estén en aptitud de dirimir las controversias internas de convivencia, cuyo conocimiento y resolución impliquen una mejor procuración e impartición de justicia.

La marginación en que viven los pueblos indígenas y las condiciones de desventaja en las que acceden al sistema de impartición y procuración de justicia, plantean la necesidad de una profunda revisión del marco jurídico federal y estatal, a fin de garantizar el efectivo acceso de los pueblos indígenas y, en su caso, de sus integrantes a la jurisdicción del Estado, y con ello evitar una parcial impartición de justicia en detrimento de este sector de la población.

En las reformas legislativas que enriquezcan los sistemas normativos internos deberá determinarse que, cuando se impongan sanciones a miembros de los pueblos indígenas, deberán tenerse en cuenta las características económicas, sociales y culturales de los sancionados, privilegiando sanciones distintas al encarcelamiento; y que preferentemente puedan compurgar sus penas en los establecimientos más cercanos a su domicilio y, en su caso, se propicie su reintegración a la comunidad como mecanismo esencial de readaptación social.

Se impulsará la inserción de las normas y prácticas jurídicas de las comunidades indígenas como fuente de derecho aplicable a los procedimientos y a las resoluciones de las controversias que estén a cargo de sus autoridades así como, a título de garantía constitucional, se tomen en consideración en los juicios federales y locales en que los indígenas sean parte.

3.- Conocimiento y respeto a la cultura indígena. Se estima necesario elevar a rango constitucional el derecho de todos los mexicanos a una educación pluricultural que reconozca, difunda y promueva la historia, costumbres, tradiciones y, en general, la cultura de los pueblos indígenas, raíz de nuestra identidad nacional.

El Gobierno Federal promoverá las leyes y las políticas necesarias para que las lenguas indígenas de cada estado tengan el mismo valor social que el español y promoverá el desarrollo de prácticas que impidan su discriminación en los trámites administrativos y legales.

El Gobierno Federal se obliga a la promoción, desarrollo, preservación y práctica en la educación de las lenguas indígenas y se propiciará la enseñanza de la escrito-lectura en su propio idioma; y se adoptarán medidas que aseguren a estos pueblos la oportunidad de dominar el español.

El conocimiento de las culturas indígenas es enriquecimiento nacional y un paso necesario para eliminar incomprensiones y discriminaciones hacia los indígenas.

4.- Educación Integral Indígena. Los gobiernos se comprometen a respetar el que hacer educativo de los pueblos indígenas dentro de su propio espacio cultural. La asignación de los recursos financieros, materiales y humanos deberá ser con equidad para instrumentar y llevar a cabo acciones educativas y culturales que determinen las comunidades y pueblos indígenas.

El Estado debe hacer efectivo a los pueblos indígenas su derecho a una educación gratuita y de calidad, así como fomentar la participación de las comunidades y pueblos indígenas para seleccionar, ratificar y remover a sus docentes tomando en cuenta criterios académicos y de desempeño profesional previamente convenidos entre los pueblos indígenas y las autoridades correspondientes, y a formar comités de vigilancia de la calidad de la educación en el marco de sus instituciones.

Se ratifica el derecho a la educación bilingüe e intercultural de los pueblos indígenas. Se establece como potestad de las entidades federativas, en consulta con los pueblos indígenas, la definición y desarrollo de programas educativos con contenidos regionales, en los que deben reconocer su herencia cultural. Por medio de la acción educativa será posible asegurar el uso y desarrollo de las lenguas indígenas, así como la participación de los pueblos y comunidades de conformidad con el espíritu del Convenio 169 de la OIT.

5.- La satisfacción de necesidades básicas. El Estado debe impulsar mecanismos para garantizar a los pueblos indígenas condiciones que les permitan ocuparse de su alimentación, salud y vivienda, en forma satisfactoria, y por lo menos a un nivel de bienestar adecuado. La política social debe impulsar programas prioritarios para que la población infantil de los pueblos indígenas mejore sus niveles de salud y alimentación, y de apoyo, en un plan igualitario, la capacitación de las mujeres, ampliando su participación en la organización y el desarrollo de la familia y la comunidad. Deber darse prioridad a la intervención de la mujer indígena en las decisiones sobre sus proyectos de desarrollo económico, político, social y cultural.

6.- La producción y el empleo. Históricamente, los modelos de desarrollo no han tomado en cuenta los sistemas productivos de los pueblos indígenas. En consecuencia, debe fomentarse el aprovechamiento de sus potencialidades.

Se debe buscar el reconocimiento, en el sistema jurídico mexicano, federal y estatal, del derecho de los pueblos indígenas al uso sostenible y a todos los beneficios derivados del uso y aprovechamiento de los recursos naturales de los territorios que ocupan o utilizan de alguna manera para que, en un marco de desarrollo global, se supere el atraso económico y el aislamiento, lo que implica también un aumento y reorientación del gasto social. El Estado debe fomentar el desarrollo de la base económica de los pueblos indígenas y garantizar la participación de los mismos en el diseño de las estrategias encaminadas a mejorar sus condiciones de vida y su dotación de servicios básicos.

7.- Protección a indígenas migrantes. El Estado debe impulsar políticas sociales específicas para proteger a los indígenas migrantes, tanto en el territorio nacional como más allá de las fronteras, con acciones interinstitucionales de apoyo al trabajo y educación de las mujeres, y de salud y educación de niños y jóvenes, las que en las regiones rurales deberán estar coordinadas en las zonas de aportación y en las de atracción de jornaleros agrícolas.

8.- Medios de comunicación. A fin de propiciar un diálogo intercultural desde el nivel comunitario hasta el nacional, que permita una nueva y positiva relación entre los pueblos indígenas y entre éstos y el resto de la sociedad, es indispensable dotar a estos pueblos de sus propios medios de comunicación, los cuales son también instrumentos claves para el desarrollo de sus culturas. Por tanto, se propondrá a las instancias nacionales respectivas, la elaboración de una nueva ley de comunicación que permita a los pueblos indígenas adquirir, operar y administrar sus propios medios de comunicación.

Los gobiernos Federal y Estatal promoverán que los medios de comunicación indigenistas se conviertan en medios de comunicación indígena, a demanda de las comunidades y pueblos indígenas.

El Gobierno Federal recomendará a las instancias respectivas que las 17 radiodifusoras del INI sean entregadas a las comunidades indígenas de sus respectivas regiones, con la transferencias de permisos, infraestructura y recursos, cuando exista solicitud expresa de las comunidades indígenas en este sentido.

Asimismo, es necesario un nuevo marco jurídico en materia de medios de comunicación que considere los siguientes aspectos: la pluriculturalidad nacional; el derecho al uso de las lenguas indígenas en los medios; el derecho de réplica; garantías a los derechos de expresión, información y comunicación; la participación democrática de las comunidades y pueblos indígenas ante las instancias de decisión en materia de comunicación. La participación de los interesados en la ciudadanización de las instancias de decisión en materia de comunicación, mediante la creación del Ombudsman de la comunicación o del Consejo ciudadano de la comunicación.

IV. LA ADOPCIÓN DE LOS SIGUIENTES PRINCIPIOS, QUE DEBEN NORMAR LA NUEVA RELACIÓN ENTRE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y EL ESTADO Y EL RESTO DE LA SOCIEDAD:

1.- Pluralismo. El trato entre los pueblos y culturas que forman la sociedad mexicana ha de basarse en el respeto a sus diferencias, bajo el supuesto de su igualdad fundamental. Como consecuencia, ha de ser política de Estado normar su acción, fomentando en la sociedad una orientación pluralista, que combata activamente toda forma de discriminación y corrija las desigualdades económicas y sociales. Igualmente, será necesario avanzar hacia la conformación de un orden jurídico nutrido por la pluriculturalidad, que refleje el diálogo intercultural, con normas comunes para todos los mexicanos y respeto a los sistemas normativos internos de los pueblos indígenas.

2.- Libre determinación. El Estado respetará el ejercicio de la libre determinación de los pueblos indígenas, en cada uno de los ámbitos y niveles en que harán valer y practicarán su autonomía diferenciada, sin menoscabo de la soberanía nacional y dentro del nuevo marco normativo para los pueblos indígenas. Esto implica respetar sus identidades culturales y formas de organización social. Respetará asimismo las capacidades de los pueblos y comunidades indígenas para determinar su propio desarrollo, en tanto se respete el interés nacional y público. Los distintos niveles de gobierno e instituciones del Estado Mexicano no intervendrán unilateralmente en los asuntos y decisiones de los pueblos y comunidades indígenas, en sus organizaciones y formas de representación y en sus estrategias vigentes de aprovechamiento de los recursos.

3.- Sustentabilidad. Es indispensable y urgente asegurar la perduración de la naturaleza y la cultura en los territorios de los pueblos indígenas. Se impulsará el reconocimiento, en la legislación, del derecho de los pueblos y comunidades indígenas a recibir la indemnización correspondiente, cuando la explotación de los recursos naturales que el Estado realice, ocasione daños en su hábitat que vulneren su reproducción cultural. Para los casos en los que el daño ya se hubiera causado, y los pueblos demuestren que las compensaciones otorgadas no permiten su reproducción cultural, se promoverá el establecimiento de mecanismos de revisión que permitan que de manera conjunta, el Estado y los afectados analicen el caso concreto. En ambos casos los mecanismos compensatorios buscarán asegurar el desarrollo sustentable de los pueblos y comunidades indígenas.

Asimismo, impulsar, de común acuerdo con los pueblos indígenas, acciones de rehabilitación de esos territorios, y respaldar sus iniciativas para crear condiciones que aseguren la sustentabilidad de sus prácticas de producción y de vida.

4.- Consulta y acuerdo. Las políticas, leyes, programas y acciones públicas que tengan relación con los pueblos indígenas serán consultadas con ellos. El Estado deberá impulsar la integridad y concurrencia de todas las instituciones y niveles de gobierno que inciden en la vida de los pueblos indígenas, evitando las prácticas parciales que fraccionen las políticas públicas. Para asegurar que su acción corresponda a las características diferenciadas de los diversos pueblos indígenas, y evitar la imposición de políticas y programas uniformadores, deberá garantizarse su participación en todas las fases de la acción pública, incluyendo su concepción, planeación y evaluación.

Asimismo, deberá llevarse a cabo la transferencia paulatina y ordenada de facultades, funciones y recursos a los municipios y comunidades para que, con la participación de estas últimas, se distribuyan los fondos públicos que se les asignen. En cuanto a los recursos, y para el caso que existan, se podrán transferir a las formas de organización y asociación previstas en el punto 5.2 del documento de Pronunciamientos Conjuntos.

Puesto que las políticas en las áreas indígenas no solo deben ser concebidas con los propios pueblos, sino implementadas con ellos, las actuales instituciones indigenistas y de desarrollo social que operan en ellas deben ser transformadas en otras que conciban y operen conjunta y concertadamente con el Estado los propios pueblos indígenas.

5.- Fortalecimiento del Sistema Federal y Descentralización democrática. La nueva relación con los pueblos indígenas comprende un proceso de descentralización de las facultades, funciones y recursos de las instancias federales y estatales a los gobiernos municipales, en el espíritu del punto 5.2 del documento Pronunciamientos Conjuntos, para que con la participación activa de las comunidades indígenas y de la población en general asuman las iniciativas de los mismos.

V. REFORMAS CONSTITUCIONALES Y LEGALES

1.- El establecimiento de la nueva relación entre los pueblos indígenas y el Estado, tiene como punto de partida necesario la edificación de un nuevo marco jurídico nacional y en las entidades federativas. Las reformas constitucionales que reconozcan los derechos de los pueblos indígenas deben realizarse con un espíritu legislativo creador, que forje nuevas políticas y otorgue soluciones reales a los problemas sociales de los mismos. Por ello, proponemos que estas reformas deberán contener entre otros, los siguientes aspectos generales:

a) Legislar sobre la autonomía de las comunidades y pueblos indígenas para incluir el reconocimiento de las comunidades como entidades de derecho público; el derecho de asociarse libremente en municipios con población mayoritariamente indígena; así como el derecho de varios municipios para asociarse a fin de coordinar sus acciones como pueblos indígenas;

b) Legislar para que se “garantice la protección a la integridad de las tierras de los grupos indígenas”, tomando en consideración las especificidades de los pueblos indígenas y las comunidades, en el concepto de integridad territorial contenido en el Convenio 169 de la OIT, así como el establecimiento de procedimientos y mecanismos para la regularización de las formas de la propiedad indígena y de fomento a la cohesión cultural;

c) En materia de recursos naturales, reglamentar un orden de preferencia que privilegie a las comunidades indígenas en el otorgamiento de concesiones para obtener los beneficios de la explotación y aprovechamiento de los recursos naturales;

d) Legislar sobre los derechos de los indígenas, hombres y mujeres, a tener representantes en las instancias legislativas, particularmente en el Congreso de la Unión y en los congresos locales; incorporando nuevos criterios para la delimitación de los distritos electorales que correspondan a las comunidades y pueblos indígenas y permitan la celebración de elecciones conforme a la legislación de la materia;

e) Legislar sobre los derechos de los pueblos indígenas a elegir a sus autoridades y ejercer la autoridad de acuerdo a sus propias normas en el interior de sus ámbitos de autonomía, garantizando la participación de las mujeres en condiciones de equidad;

f) En el contenido de la legislación, tomar en consideración la pluriculturalidad de la Nación Mexicana que refleje el diálogo intercultural , con normas comunes para todos los mexicanos y respeto a los sistemas normativos internos de los pueblos indígenas;

g) En la Carta Magna, asegurar la obligación de no discriminar por origen racial o étnico, lengua, sexo, creencia o condición social, posibilitando con ello la tipificación de la discriminación como delito.

Deberá también asegurarse el derecho de los pueblos indígenas a la protección de sus sitios sagrados y centros ceremoniales, y al uso de plantas y animales considerados sagrados de uso estrictamente ritual;

h) Legislar para que no se ejerza ninguna forma de coacción en contra de las garantías individuales y los derechos y libertades específicas de los pueblos indígenas;

i) Legislar sobre los derechos de los pueblos indígenas al libre ejercicio y desarrollo de sus culturas y su acceso a los medios de comunicación.

DOCUMENTO 3.1
Compromisos para Chiapas del Gobierno del Estado y Federal y el EZLN, correspondientes al Punto 1.3. de las Reglas de Procedimiento

I. PROPUESTA DE REFORMAS CONSTITUCIONALES EN EL ESTADO DE CHIAPAS
16 de febrero de 1996

Los derechos indígenas que se reconocerán en la Constitución General de la República deberán hacerse explícitos también en la Constitución del Estado de Chiapas, en toda su amplitud política, económica, social y cultural.

En la nueva relación de los pueblos y comunidades indígenas con el Estado se requiere asegurar y garantizar nuevos derechos indígenas. Este objetivo implica, además de las reformas constitucionales ya señaladas en el marco de la actual fase del Diálogo, la promoción, ante el Congreso local, de reformas a la Constitución del estado de Chiapas y a las leyes y disposiciones jurídicas que de ella emanan.

Es entonces necesaria una reforma a diversos Artículos de la Constitución local, de tal manera que sean reconocidos y garantizados los derechos fundamentales de los Pueblos Indígenas. A continuación se precisan los ejes temáticos de las propuestas de carácter legislativo que, en correspondencia con las reformas a la Constitución Federal, es necesario introducir en la legislación del estado de Chiapas.

Marco constitucional de autonomía

Se reconoce el derecho a la libre determinación y a la autonomía de los pueblos indígenas, en tanto colectividades con cultura diferente y con capacidad para decidir sus asuntos fundamentales en el marco del Estado Nacional.

Se promoverá el reconocimiento de la autonomía de los pueblos indígenas, de acuerdo con las adiciones y modificaciones a la Constitución General de la República.

Se promoverá el reconocimiento de la composición pluricultural del Estado de Chiapas, que se sustenta originalmente en la existencia de sus pueblos indígenas, entendiendo por pueblos indígenas aquellos que teniendo una continuidad histórica con las sociedades anteriores a la irrupción europea, mantienen identidades propias y la voluntad de preservarlas, a partir de un territorio y características culturales, sociales, políticas y económicas, propias y diferenciadas.

En la formulación del marco constitucional de autonomía, deberán quedar establecidas las características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones diversas y legítimas de los pueblos indígenas.

Que a los pueblos indígenas se les reconozca:

a) El derecho al uso, promoción y desarrollo de sus lenguas y culturas, así como de sus costumbres y tradiciones, tanto políticas, como sociales, económicas, religiosas y culturales.

b) El derecho a practicar, ejercer y desarrollar sus formas específicas de organización política, económica y social.

c) El derecho a que se respeten sus formas propias y autónomas de gobierno, en las comunidades y municipios en las que están asentados. Las elecciones de las autoridades indígenas se efectuarán de conformidad con las tradiciones propias de cada pueblo.

d) El derecho al uso y disfrute de los recursos naturales de sus territorios, según se define en los art. 13.2 y 14 del Convenio 169 de la OIT, a través del órgano de gobierno o de la administración que establezcan, exceptuando los recursos de las áreas estratégicas y aquellos cuyo dominio pertenece en forma exclusiva a la Nación.

e) El reconocimiento de las autoridades tradicionales de las comunidades y pueblos indígenas, reconociéndoles espacios jurisdiccionales que sean compatibles con el ordenamiento jurídico vigente.

f) El derecho de que en los juicios y procedimientos en que los indígenas sean parte, se tomen en consideración sus usos, costumbres y sistemas normativos internos de solución de conflictos.

g) El derecho a participar en la formulación de los planes, programas, y proyectos de desarrollo de las comunidades y municipios en los que están asentados. Las autoridades competentes realizarán la transferencia ordenada y paulatina de los recursos, para que ellos mismos administren los fondos públicos que se les asignen, y para fortalecer la participación indígena en el gobierno, gestión y administración en sus diferentes ámbitos y niveles.

h) El derecho a que desarrollen sus esquemas y alternativas de organización para el trabajo.

Establecimiento del derecho y los mecanismos para que la mujer indígena participe en condiciones de igualdad con el varón, en todo lo concerniente al gobierno y al desarrollo de los pueblos indígenas, teniendo intervención prioritaria en los proyectos económicos, educativos y de salud que le sean específicos.

Asimismo, el Gobierno del Estado de Chiapas promoverá y protegerá la organización y el desarrollo de la familia indígena, incorporando y reconociendo sus formas tradicionales de constituirla.

De igual manera, promoverá el acceso de los indígenas a la jurisdicción del Estado, a través de la incorporación de sus prácticas y métodos de resolución de conflictos, en juicios agrarios, civiles, penales y administrativos; obligándose el Estado de Chiapas a adecuar su Constitución local al tenor de las reformas a la Constitución General de la República que sean aprobadas.

Como garantía para el ejercicio de los derechos anteriores, es fundamental el reconocimiento de la autonomía de los pueblos indígenas basada en su derecho a la libre determinación. Proponemos el reconocimiento del derecho de las comunidades de asociarse libremente en municipios con población mayoritariamente indígena, así como el derecho de varios municipios para asociarse a fin de coordinar sus acciones como pueblos indígenas.

Estas modificaciones implican la reforma del Artículo 4º. de la Constitución de Chiapas.

Remunicipalización

Se promoverá la adecuación de la división municipal del estado de Chiapas, a través de una Comisión para la Reforma Municipal, integrada tal como se establece en el Capítulo II de este documento, denominado ACCIONES Y MEDIDAS. El Ejecutivo se compromete a respaldar las resoluciones que adopte dicha Comisión, que presentará al Poder Legislativo, derogándose el actual acondicionamiento a la aprobación de la mitad de los Ayuntamientos.

Estas propuestas implican la reforma del artículo 3º de la Constitución del Estado de Chiapas.

Ampliación de la participación y representación políticas

La base de la organización territorial y de la organización política y administrativa del Estado es el municipio libre.

Para la administración de los municipios, habrá Ayuntamientos de elección popular directa y Ayuntamientos Indígenas electos de acuerdo a usos y costumbres, previa reglamentación de los mismos e incorporación a la ley electoral vigente en el estado de Chiapas, misma que definirá cuando se considerará como Ayuntamiento Indígena.

Figuras de organización como el Consejo Indígena Estatal, deben ser suprimidas o reformadas, a partir de las formas de organización de comunidades y pueblos indígenas que surjan como producto del proceso de cambios constitucionales que se lleven a cabo.

Estas modificaciones implican la reforma de los artículos 29 y 58 de la Constitución de Chiapas.

Municipio con población mayoritariamente indígena

En los municipios con población mayoritariamente indígena, se reconocerá el derecho de los pueblos y comunidades indígenas para elegir a sus autoridades tradicionales y municipales, de acuerdo a sus usos y costumbres, y otorgar validez jurídica a sus instituciones y prácticas.

En particular, se reconocerán las figuras del sistema de cargos, asamblea, consulta popular y cabildo abierto.

Los agentes municipales serán electos y removidos por los pueblos y comunidades correspondientes, y no designados por el Presidente Municipal.

Es conveniente prever mecanismos que permitan la participación de las comunidades y los pueblos indígenas en los procesos electorales, sin la necesaria participación de los partidos políticos, y que garanticen la efectiva participación proporcional de los indígenas en los consejos ciudadanos electorales, y en la difusión y vigilancia de dichos procesos.

Las comunidades y los municipios con población mayoritariamente indígena, en su carácter de sujetos con facultades ya expresas en la ley, podrán convenir y asociarse entre ellos para emprender acciones regionalizadas que optimicen los esfuerzos y recursos, aumentando así su capacidad de gestión y desarrollo y de coordinación de sus acciones como pueblos indígenas. Las autoridades competentes realizarán la transferencia, ordenada y paulatina de recursos, para que ellos mismos administren los fondos públicos que se les asignen, y para fortalecer la participación indígena en el gobierno, gestión y administración en sus diferentes ámbitos y niveles.

Deben respetarse los usos y costumbres que, en los pueblos y municipios mayoritariamente indígenas, definan tiempos específicos de duración de cargos.

Los municipios con población mayoritariamente indígena podrán proponer al Congreso Local el nombre que deba llevar su municipio.

Los municipios con población mayoritariamente indígena, podrán desconocer a sus autoridades municipales cuando éstas incurran en responsabilidades y prácticas contrarias a derecho o a sus usos y costumbres, y el Congreso Local buscará respetar y aprobar su decisión.

Estas modificaciones implican la reforma y adición de los artículos 59 y 60 de la Constitución de Chiapas.

Garantías de acceso pleno a la justicia

Que las autoridades legislativas, administrativas y judiciales, en el ámbito de su competencia, en los asuntos en que tengan intervención o al momento de dictar sus resoluciones en relación a indígenas afectados, tomen en consideración su condición cultural, su sistema normativo interno y las demás circunstancias especiales que concurren en ellas, con el propósito de que se observen las garantías que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En materia procesal y, en materia penal, desde el inicio de la averiguación previa, que los indígenas puedan contar con las siguientes garantías:

a) Uso de su propia lengua en las declaraciones y testimonios, los cuales deben quedar asentados con traducción al castellano. Las declaraciones y testimonios en lenguas indígenas se grabarán en audio y estas grabaciones se integrarán al expediente para ser consultadas en caso necesario.

b) Nombramiento de intérpretes, con su aceptación expresa, que conozcan tanto el idioma indígena como el castellano; compartan y respeten la cultura; conozcan el sistema jurídico indígena.

c) Que el defensor de oficio a que tiene derecho, conozca la lengua , la cultura y el sistema jurídico indígenas.

d) La realización, en los casos que se requiera, de peritajes antropológicos a fin de tomar en cuenta los usos y costumbres o cualquier elemento cultural que pueda influir en la sentencia, dando prioridad a la intervención de las autoridades indígenas en el nombramiento de los peritos, o para ser considerados como peritos prácticos.

Estas modificaciones implican la reforma del artículo 10 de la Constitución de Chiapas.

Las causas de suspensión de derechos políticos a que se refiere el actual artículo 11 de la Constitución Política del Estado se apliquen solamente a los derechos de votar en los distintos niveles de elección y al de ser votados en los mismos. En el caso de la fracción II de dicho artículo, que la suspensión sea por haberse impuesto pena privativa de la libertad sin derecho a libertad provisional; y que el goce pleno de dichos derechos se recobre en el momento de haber cesado la causa que haya motivado dicha suspensión.

Estas modificaciones implican la reforma del artículo 11 de la Constitución de Chiapas.

Se promoverá el reconocimiento y el establecimiento del derecho de los pueblos indígenas a iniciar leyes o decretos, mediante propuesta al Congreso Local, a través de las autoridades municipales o de iniciativa popular.

Estas modificaciones implican la reforma del artículo 27 de la Constitución de Chiapas.

Que los agentes del Ministerio Público para las comunidades y municipios en los que se asientan los pueblos indígenas, sean nombrados de una terna propuesta por los ciudadanos de esas entidades, pudiendo ser removidos cuando se prueben comportamientos contrarios a Derecho, que sean denunciados por los órganos establecidos por dichas entidades para ese efecto.

Estas modificaciones implican la reforma del artículo 48 de la Constitución de Chiapas.

En el marco de las modificaciones a la Constitución General de la República, en materia de autonomía a las comunidades indígenas, se propone otorgar competencia específica y espacios jurisdiccionales a las autoridades indígenas.

Estas modificaciones implican la reforma del artículo 56 de la Constitución de Chiapas.

Educación indígena bilingüe intercultural

El reconocimiento de la composición pluricultural del estado de Chiapas, así como del derecho de los pueblos indígenas a que se respeten, promuevan y difundan los elementos significativos que constituyen su cultura, plantea la necesidad de que en la Constitución Local se incorpore, por un lado, el derecho de los chiapanecos a recibir una educación conforme a la letra y espíritu del artículo 3º constitucional federal y su reglamentaria de la Ley General de Educación; por otro lado, en el marco de las reformas que se plantean a la Constitución Federal, es necesario que la reforma local considere lo siguiente:

a) Que la educación que reciban todos los chiapanecos, difunda y promueva la historia, costumbres, tradiciones, y todos aquellos valores componentes de nuestra raíz cultural e identidad nacional.

b) La educación indígena debe ser bilingüe e intercultural.

c) El estado debe asegurar a los indígenas una educación que respete y aproveche sus saberes, tradiciones y formas de organización.

d) Respetar el que hacer educativo de los pueblos indígenas dentro de su espacio cultural.

e) Que en la organización y formulación de los planes y programas de estudio tengan participación prioritaria los pueblos indígenas, en lo que se refiere a contenidos regionales y sobre diversidad cultural.

Estas modificaciones implican la reforma del artículo 4 de la Constitución de Chiapas.

II. PROPUESTA DE REFORMA A LAS LEYES SECUNDARIAS DEL ESTADO DE CHIAPAS

En cuanto a las reformas de las leyes secundarias, se solicitará al Congreso del Estado, adecuar el marco jurídico normativo a que los cambios constitucionales que se generen. El Gobierno del estado de Chiapas se compromete a efectuar puntualmente las adecuaciones que sean de su competencia en el momento legislativo oportuno. En particular, se requiere reformar el Código Civil para el Estado de Chiapas, el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Chiapas, la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chiapas, la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, y el Código Electoral de Chiapas.

De igual forma el gobierno federal promoverá ante las instancias legislativas correspondientes el seguimiento de las reformas que resulten, para que sean incorporadas al derecho positivo mexicano.

El Gobierno del Estado promoverá ante el Congreso Local una iniciativa de Ley de Justicia y Desarrollo Agrario, que incluya las disposiciones conducentes para el fraccionamiento y sanción de los latifundios y establezca las condiciones necesarias para que los núcleos agrarios, comunidades y pueblos indígenas, generen su propio desarrollo a través del aprovechamiento de los recursos comprendidos en su territorio, en los términos de los artículos 13.2 y 14 del Convenio 169 de la OIT. Se propone que el aspecto agrario sea revisado en función de los consensos y acuerdos a que se llegue en la Mesa de Bienestar y Desarrollo, establecida por las Reglas de Procedimiento de este proceso de diálogo.

 

DOCUMENTO 3.2
Acciones y Medidas para Chiapas
Compromisos y Propuestas Conjuntas de los Gobiernos del Estado y Federal y el EZLN

16 de febrero de 1996

PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN POLÍTICA

La creación de la Comisión para la Reforma Municipal y la Redistritación en Chiapas. Esta Comisión se integrará con diputados de todos los partidos representados en el Congreso local y con representantes del EZLN, del gobierno del estado, y de comunidades y municipios indígenas del estado.

La comisión ha de precisar los métodos mas idóneos, amplios y eficaces para incorporar de la manera más auténtica y fiel los contenidos de la diversidad pluriétnica, pluricultural y social del estado de Chiapas.

La Comisión tendrá como objetivo elaborar una iniciativa de reforma, que será presentada al Congreso del Estado, a los artículos 3o. y 16 de la Constitución local y de los apartados correspondientes de la ley electoral de la entidad y la ley orgánica del municipio libre respecto a los municipios y distritos electorales en que se divide el mismo. Para ello, se encargará de realizar los estudios técnicos y trabajos necesarios.

Esta reforma deberá garantizar condiciones de mayor equidad y transparencia en los procesos electorales, reconocer el derecho de las comunidades para nombrar a sus autoridades tradicionales y municipales de acuerdo a sus usos y costumbres, y otorgar validez jurídica a las instituciones y prácticas de las comunidades indígenas para nombrar autoridades y realizar consultas bajo esquemas incluyentes y sin la necesaria participación de los partidos políticos.

Deberá, asimismo, garantizar la representación política de las minorías indígenas en los municipios no indígenas del estado, de tal manera que tengan participación proporcional en el cabildo municipal e incluso en la integración del Congreso local.

GARANTÍAS DE ACCESO A LA JUSTICIA

Creación de la Cuarta Visitaduría General, a cargo de asuntos indígenas, dentro de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en los términos del Artículo 5o. de la Ley de la CNDH. Al efecto, se tendrían que hacer las adecuaciones pertinentes a su reglamento interno.

Esta Visitaduría deberá proceder, inmediatamente, a la revisión de la situación de los indígenas privados de su libertad por estar sujetos a proceso o sentenciados para, dentro de su ámbito de competencia, recomendar y promover su inmediata libertad, aceptando la coadyuvancia de los propios afectados, las organizaciones indígenas y campesinas, las instituciones y organismos gubernamentales y las organizaciones no gubernamentales de defensa de derechos humanos.

Deberá también revisarse la composición y facultades de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado de Chiapas, para otorgarle mayor independencia del poder ejecutivo y judicial de la entidad, y ampliar su composición con representantes de las comunidades indígenas y de la sociedad civil.

El gobierno del estado de Chiapas y el gobierno federal se comprometen a instalar una Mesa Agraria, para dar una solución justa a los conflictos agrarios. En dicha mesa participarán representantes del EZLN y de las organizaciones sociales, así como las autoridades competentes en el ramo. Las autoridades agrarias, estatales y federales se comprometen a la realización de un censo agrario a cargo de las autoridades civiles y en coordinación con las comunidades y pueblos indígenas y las organizaciones sociales, para identificar la situación de la tenencia de la tierra en el estado.

Traducción a las lenguas indígenas de las leyes, códigos y reglamentos, así como de los convenios y tratados internacionales vigentes, y difusión de tales textos mediante procedimientos apropiados. Se propone la instrumentación de un programa inmediato de distribución y difusión de los textos traducidos, preferentemente a través de las instituciones representativas de la comunidad, y de los medios más efectivos de que se disponga.

Creación de la Defensoría de Oficio Indígena con abogados y traductores que presten un servicio de asesoría y representación legal a los indígenas que lo requieran. A diferencia de lo que establece la actual Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chiapas (artículos 64 a 69), los salarios u honorarios de los defensores de oficio deberán ser cubiertos por el presupuesto estatal y canalizados de manera que se garantice su actuación honesta e independiente.

Los traductores y defensores de oficio no sólo deben conocer las lenguas indígenas, sino también conocer y comprender las culturas indígenas, para que conociéndolas y respetándolas, cumplan con mayor sentido su función.

Para garantizar el acceso pleno de los indígenas chiapanecos a la justicia, se considera necesario:

a) El reconocimiento de las autoridades tradicionales o vigentes en las comunidades indígenas, así como su derecho a conservar tanto las instituciones como las costumbres propias en la solución de conflictos internos.

b) Reorganización y reestructuración de los órganos de procuración e impartición de justicia, en especial la figura de Ministerio Público y jueces de primera instancia en los distritos judiciales de fuerte presencia indígena; capacitándolos en el conocimiento de las culturas indígenas y en los sistemas y las prácticas utilizadas por las comunidades en la solución de conflictos.

c) Implementación de programas dirigidos a la población indígena, para propiciar el conocimiento tanto de las leyes vigentes, como del sistema judicial, su funcionamiento y el de las instituciones que lo integran.

d) Integración en el Congreso Local de una comisión legislativa que, con participación de las comunidades indígenas, analice la legislación actual y proponga las reformas necesarias para garantizar el acceso pleno de los indígenas a la justicia que proporciona el estado mexicano, y elimine a la vez cualquier disposición que implique un trato discriminatorio o desigual a los pueblos indígenas.

Se debe legislar para asegurar, de manera expresa, la obligación de no discriminar por origen racial o étnico, lengua, sexo, creencias o condición social, posibilitando con ello la tipificación de la discriminación como delito perseguible de oficio. Asimismo, deben tipificarse y sancionarse las prácticas laborales discriminatorias y violatorias de los derechos constitucionales, como son el pago en especie, el acasillamiento, el enganchamiento forzado o restrictivo de los derechos laborales.

Se promoverá ante las instancias nacionales correspondientes, el reconocimiento y defensa de los derechos de los indios migrantes dentro y fuera del país.

SITUACIÓN, DERECHOS Y CULTURA DE LA MUJER INDÍGENA

El problema de los derechos, analizado desde la óptica de las mujeres indígenas chiapanecas, exige desterrar silencios y olvidos seculares. Para erradicarlos es necesario incidir en la legislación nacional y estatal, para garantizar sus derechos fundamentales como seres humanos y como indígenas.

Incorporar a la legislación los derechos políticos, así como el respeto a los usos y costumbres indígenas, respetando la dignidad y los derechos humanos de las mujeres indígenas.

Reconocer en el marco constitucional de autonomía los derechos específicos de la mujer indígena.

Garantizar los derechos laborales de las trabajadoras indígenas, sobre todo aquellas en condiciones vulnerables como las trabajadoras eventuales y domésticas.

Adicionar los derechos de la trabajadora eventual en la Ley Federal del Trabajo.

Revisar y modificar la penalización que impone la legislación actual para delitos sexuales, de hostigamiento a la mujer y de violencia intrafamiliar.

Garantizar para las mujeres y los niños indígenas de Chiapas, el derecho a la salud, a la educación y cultura, a la alimentación, a una vivienda digna, a los servicios básicos, así como su participación en proyectos productivos, para desarrollo integral digno con la participación de las mujeres indígenas y diseñados con sus particularidades.

Cumplimiento de pactos y convenios internacionales que el gobierno mexicano ha firmado. Especial importancia reviste el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de Viena sobre Derechos Humanos, referido a la eliminación de toda forma de discriminación a la mujer, Acuerdo de la Conferencia Mundial de Población y Desarrollo referido a la salud y los derechos reproductivos de las mujeres. Siempre y cuando no contravengan los principios básicos de la Constitución General de la República.

ACCESO A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

La naturaleza pluricultural de la Nación, se reconoce en la Constitución y se sustenta en la existencia de los pueblos indígenas; las leyes en materia de medios de comunicación deben garantizar la expresión de esta pluriculturalidad, y los medios de comunicación deben considerar este carácter pluricultural con el fin de fortalecer la identidad nacional y cumplir con sus objetivos culturales y sociales.

A fin de propiciar un diálogo intercultural, desde el nivel comunitario hasta el nacional, que permita una nueva y positiva relación entre los pueblos indígenas y entre éstos y el resto de la sociedad, es indispensable dotar a estos pueblos de sus propios medios de comunicación, los cuales son también instrumentos claves para el desarrollo de las culturas indígenas. Por tanto, se propondrá a las instancias nacionales respectivas, la elaboración de una nueva ley de medios de comunicación, que permita a los pueblos indígenas adquirir, operar y administrar sus propios medios de comunicación.

Los Gobiernos Federal y estatal promoverán ante las instancias de decisión y debate nacionales, que los medios de comunicación indigenistas se conviertan en medios de comunicación indígena, a demanda de las comunidades y pueblos indígenas.

El Gobierno Federal recomendará a las instancias nacionales respectivas, que las 17 radiodifusoras del INI sean entregadas a las comunidades indígenas de sus respectivas regiones con la transferencia de permisos, infraestructura y recursos, cuando exista solicitud expresa de las comunidades indígenas en este sentido.

Los Gobiernos Federal y estatal promoverán ante las instancias de decisión nacionales, que los centros de video indígena del INI sean entregados a las comunidades indígenas con la transferencia de infraestructura y recursos. Este proceso debe ser validado por las comunidades.

Los pueblos, comunidades y grupos sociales tienen derecho a acceder a los medios de comunicación existentes, ya sean propiedad del Estado o concesionados. Se recomendará a las instancias correspondientes la fijación de un espacio para el uso de la sociedad civil y los pueblos indígenas, en los medios de comunicación existentes.

Se propone la creación del Consejo Ciudadano de la Comunicación y el establecimiento de la figura de Ombudsman de la Comunicación, con el objetivo de hacer de la sociedad civil parte fundamental en el ejercicio y la toma de decisiones sobre comunicación social, garantizándose la participación indígena en su integración.

Legislar la obligatoriedad del establecimiento de códigos de ética en los medios de comunicación, que ante la especificidad de los pueblos indígenas, anteponga los intereses de sus culturas y evite la denigración, racismo e intolerancia, sin menoscabo de la libertad de expresión.

Por sus características, requerimientos técnicos, penetración y recepción, la radio es el instrumento ideal para la comunicación y articulación cultural en el medio rural e indígena. Es imprescindible garantizar la apropiación por los pueblos indígenas de las radiodifusoras de propiedad estatal, que operan en municipios y regiones de población principalmente indígena. El ritmo y tiempo de la apropiación será decidido por los pueblos indígenas, para lo cual podrán adoptar alguna de las figuras jurídicas existentes o aquellas que los propios pueblos y comunidades indígenas propongan.

A nivel estatal y en aras de contribuir a la operativización de esta propuesta, se sugiere que se inicie en lo inmediato el proceso de apropiación de la radiodifusora XEVFS, Radio La Voz de la Frontera Sur, ubicada en el municipio de las Margaritas, operada fundamentalmente por indígenas; definida la apropiación como un proceso de trabajo conjunto entre las instituciones del Gobierno y la representación legítima de las comunidades indígenas.

Es necesaria la creación de centros de producción radiofónica y audiovisual, en aquellas regiones, municipios y comunidades indígenas que lo soliciten.

EDUCACIÓN Y CULTURA

Creación de institutos indígenas que estudien, divulguen y desarrollen las lenguas indígenas y que traduzcan obras científicas, técnicas y culturales. El gobierno del Estado de Chiapas creará en el corto plazo, un Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas.

Se recomendará a instancias nacionales la revisión de los programas, libros de texto y materiales didácticos destinados a los niños mexicanos, para que reflejen y propicien el respeto hacia la pluralidad cultural de nuestro país. Incluir en la educación de la población no hablante de lenguas indígenas, elementos básicos de alguna lengua indígena de la región. Las monografías estatales incorporarán elementos básicos de lenguas indígenas características de sus regiones.

Asimismo, se promoverá que los libros de historia ofrezcan una información equitativa, exacta e instructiva de las sociedades y culturas de los pueblos indígenas.

Los Gobiernos Federal y estatal promoverán la revisión a fondo de las instancias administradoras del sector educativo que atañen a la educación indígena, así como sus asignaciones presupuestales.

Establecimiento, en el estado de Chiapas, de un sistema de apoyos y becas para la terminación de los estudios básicos y específicamente para jóvenes indígenas que deseen realizar estudios de nivel medio y superior. Se recomendará a las instancias nacionales respectivas su extensión al resto de la República.

Creación de centros de estudios superiores en zonas indígenas con programas especiales que fomenten el estudio y la divulgación de la riqueza cultural indígena, así

como de las inquietudes y necesidades propias de sus culturas. Promoción del estudio y la enseñanza de las lenguas indígenas en las universidades, en especial en el estado de Chiapas.

Se recomendará al INAH que se revisen las disposiciones para:

a) Reglamentar el acceso gratuito de los indígenas a los sitios arqueológicos.

b) Dar a los indígenas la debida capacitación para poder administrar ellos mismos los sitios.

c) Otorgar a los pueblos indígenas parte de las utilidades turísticas que generan dichos sitios.

d) Dar a los pueblos indígenas la posibilidad de utilizar los sitios como centros ceremoniales.

e) Proteger los sitios cuando estén amenazados por megaproyectos de desarrollo turístico o saqueo hormiga.

Se recomendará a las instancias federales y estatales, la ampliación del concepto de patrimonio para abarcar las expresiones intangibles de la cultura, tales como la música, el teatro, la danza, etcétera.

Creación de espacios para la práctica de la medicina tradicional indígena y otorgamiento de recursos suficientes, sin que esto supla la obligación del Estado de ofrecer una atención adecuada en los tres niveles del sistema nacional de salud.

Los Gobiernos Federal y Estatal promoverán la realización de campañas de concientización nacional para eliminar los prejuicios y racismos y para que se legitime socialmente la autonomía de los pueblos indígenas y su derecho a la autodeterminación.

Los Gobiernos Federal y estatal promoverán que haya representación indígena en todas las instituciones que tienen relación con problemáticas indígenas.

Debe ser reconocido y respetado el derecho al uso del traje indígena en todos los ámbitos de la vida nacional, muy especialmente para niñas, niños y jóvenes en los espacios educativos. Asimismo, los programas culturales y de comunicación informarán sobre el valor espiritual y cultural de los trajes indígenas y el respeto que se les debe.

Una condición fundamental del desarrollo cultural es la relación de los pueblos indígenas con la tierra. Atendiendo a la especial significación espiritual de este elemento, y a su altísimo valor simbólico, debe garantizarse plenamente el derecho de las comunidades y de los pueblos indígenas a la integridad de sus tierras y territorios, así como a la preservación y uso racional de su hábitat.

Los saberes tradicionales de los pueblos indígenas constituyen un acervo importante de su cultura, y son esenciales para el desarrollo de la humanidad en muchos ámbitos, como el de la medicina. El gobierno del estado de Chiapas y el gobierno federal se comprometen a reconocer, valorar y promover estos saberes, con el respeto que merecen.

Los pueblos y comunidades indígenas, con la participación de los gobiernos estatal, federal y municipal, se comprometen a fortalecer una cultura en materia de salud y bienestar social que permita aceptar auténticamente una cosmovisión humanista y plural del proceso salud-enfermedad-ecosistema. Con este propósito, se crearán espacios para la práctica de la medicina tradicional indígena, otorgándole recursos útiles para su desarrollo, sin menoscabo de la obligación del Estado de ofrecer los servicios institucionales de salud.

INSTITUCIONES DE FOMENTO, DESARROLLO Y DIFUSIÓN DE LAS CULTURAS INDÍGENAS

Los proyectos culturales y educativos en los pueblos indígenas deben recibir la más alta prioridad en la programación y ejercicio del gasto público, tanto federal como estatal, requiriendo que se garantice de antemano su continuidad, congruencia y racionalidad.

El respeto al medio ambiente y, por ende, al hábitat de los pueblos indígenas, debe constituir un criterio fundamental e ineludible en la formulación de las políticas y programas de desarrollo económico y social, estatales y federales, en las regiones indígenas; en su planeación e instrumentación se requiere de la participación de las comunidades indígenas a fin de garantizar un uso racional de los recursos naturales y evitar cualquier afectación a su patrimonio natural y cultural, en su sentido más amplio, o a sitios y lugares geográficos de significación simbólica, como los centros civiles, culturales y ceremoniales.

Se impulsará el reconocimiento en la legislación del derecho de los pueblos y comunidades indígenas a recibir la indemnización correspondiente, cuando la explotación de los recursos naturales que el estado realice, ocasione daños en su hábitat que vulneren su reproducción cultural. Para los casos en que el daño ya se hubiere causado y los pueblos demuestren que las compensaciones otorgadas no permiten su reproducción cultural, se promoverá el establecimiento de mecanismos de revisión que permitan que, de manera conjunta, el Estado y los afectados analicen el caso concreto. En ambos casos, los mecanismos compensatorios buscarán asegurar el desarrollo sustentable de los pueblos y comunidades indígenas. El Estado impulsará, de común acuerdo con los pueblos indígenas acciones de rehabilitación de sus territorios según lo establece el art. 13.2 de la OIT.

Los pueblos indígenas, en coordinación con los gobiernos del estado de Chiapas y de la República, realizarán una revisión y reestructuración profunda de las instituciones y dependencias de desarrollo, educativas y culturales que inciden en su medio, de acuerdo a sus intereses y tradiciones y en función de fortalecer su participación y dirección en el diseño, planeación, programación, ejecución, manejo y supervisión de las acciones y políticas que inciden en las comunidades, pueblos y regiones indígenas.

Textos sobre los Acuerdos de San Andrés

Resumen de los documentos originales de los Acuerdos de San Andrés

Los acuerdos de San Andrés son compromisos y propuestas conjuntas que el gobierno federal pactó con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) para garantizar una nueva relación entre los pueblos indígenas del país, la sociedad y el Estado. Estas propuestas, conjuntas, se enviarían a las cámaras legislativas para que se convirtieran en Reformas Constitucionales. Es decir, el gobierno se comprometió a consultar con el EZLN su propuesta de Reformas, por eso se habla de propuestas conjuntas.

El propósito central de estos acuerdos es terminar con la relación de subordinación, desigualdad, discriminación, pobreza, explotación y exclusión política de los pueblos indios.

Para esto, se planteó un nuevo marco jurídico que contemplara el reconocimiento en la Constitución de los derechos de los pueblos indios, es decir, no sólo derechos individuales, de personas, sino derechos colectivos, de pueblos (sean tzeltales, purépechas, nahuas, tarahumaras, huicholes, mixtecos o de cualquier otro pueblo indio que habite dentro del territorio nacional). Los derechos por reconocer son los siguientes:

• políticos: (expresados especialmente en el reconocimiento de los gobiernos propios, y de las formas propias de elección de sus autoridades)
• jurídicos: para poder ejercer sus sistemas normativos internos, sus formas de elegir a sus propias autoridades, sus formas de impartir justicia, reparar las faltas y decidir en materia de conflictos internos.
• sociales: para decidir sus propias formas de organización social.
• económicos: para decidir su propia organización para el trabajo, para el disfrute de sus propios recursos y para que se impulse la producción y el empleo y la satisfacción de las necesidades propias de los pueblos indios.
• culturales: para garantizar la cultura propia de los pueblos indígenas.
Los compromisos y propuestas conjuntas que las partes se comprometieron a impulsar son los siguientes:

1. Reconocimiento de los pueblos indígenas en la Constitución y su derecho a la libre determinación en un marco constitucional de autonomía.
2. Ampliar la participación y representación política, el reconocimiento de sus derechos políticos, económicos, sociales y culturales.
3. Garantizar el pleno acceso de los pueblos indios a la justicia del Estado, a la jurisdicción del Estado y el reconocimiento de los sistemas normativos internos de los pueblos indios.
4. Promover las manifestaciones culturales de los pueblos indígenas.
5. Asegurar la educación y la capacitación y aprovechar y respetar sus saberes tradicionales.
6. Satisfacer sus necesidades básicas.
7. Impulsar la producción y el empleo.
8. Proteger a los indígenas migrantes.

Esta nueva relación necesita de una profunda reforma del Estado, un nuevo pacto social en el que se respete la autonomía de los pueblos indios. Para que haya este respeto, toda acción, programa o proyecto de desarrollo que el Estado impulse debe garantizar la participación activa de los pueblos indios, y como tal debe basarse en los siguientes principios:

• libre determinación y autonomía: El Estado no podrá realizar acciones unilaterales y deberá respetar los planteamientos y previsiones de los pueblos, las comunidades y organizaciones indígenas.
• participación: Los pueblos y las comunidades deberán ser sujetos activos en el diseño, la planeación, ejecución y evaluación de los programas y proyectos que se decidan, junto con el gobierno.
• pluralismo: Este principio busca que se respete la diversidad de todos los indígenas del país. Que no exista más discriminación contra nadie.
• integralidad: Esto quiere decir que los programas y acciones del gobierno tienen que abarcar los problemas completos y no intentar resolver sólo parte de ellos. Se busca que los problemas que tienen relación se resuelvan juntos.
• sustentabilidad: Es importante que los proyectos y programas no dañen el medio ambiente ni los recursos de los pueblos indios. Se busca con esto que se respete la naturaleza y la cultura de los pueblos indígenas.


La fuente original es un boletín de la organización Xi’Nich, Palenque, Chiapas.
http://www.ezlnaldf.org/static/documentos/resumsnandres.htm

Cronología Narrativa del Proceso de la Reforma Constitucional en Materia Indígena

Enero de 1994

En enero el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se levanta en armas gritando YA BASTA a la exclusión y marginación que han sufrido los pueblos indígenas por más de 500 años en México. Demandan el reconocimiento de sus derechos fundamentales, como la autonomía y libre determinación, sus sistemas normativos, su tierra y territorio, y el uso y disfrute de sus recursos naturales. México en ese momento firmaba el Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos, declarándose a sí mismo una nación de primer mundo. El levantamiento zapatista deja claro al mundo y a México que estábamos muy lejos de serlo, teniendo una población indígena viviendo en el olvido y en una exclusión estructural. El levantamiento zapatista une al movimiento indígena y lo convierte en un actor principal del escenario social y político.

Febrero de 1996

Después de dos años del conflicto, se logra que los representantes del gobierno se sentaran a dialogar con los pueblos indígenas, representados por el EZLN y otros. Los diálogos que se dan en San Andrés Sakamch’en son históricos, logrando, como resultado de la primera mesa de Derechos y Cultura Indígena, los Acuerdos de San Andrés. Estos acuerdos recogen en gran parte las demandas históricas de los pueblos y reconocen sus derechos fundamentales. Estos Acuerdos son firmados tanto por el EZLN como por el gobierno con el compromiso de cumplirlos.

Noviembre de 1996

El poder legislativo crea la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA), formada por diputados y senadores de los cuatro principales partidos (PRI, PAN, PRD y PT), con el fin de impulsar el proceso de dialogo. Su labor principal es traducir los Acuerdos de San Andrés en una iniciativa de ley. La iniciativa es aprobada por el EZLN, sin embargo el gobierno le hace cambios fundamentales que muestran su falta de voluntad de cumplir con los Acuerdos de San Andrés. A raíz de esto se rompe el proceso de dialogo entre el gobierno y el EZLN.

Diciembre del 2000

Con la entrada de Vicente Fox a la presidencia después de su victoria histórica el 2 de julio, se abre una posibilidad de reanudar el dialogo entre el EZLN y el gobierno. El EZLN exige tres señales o condiciones para reanudarlo:

1) El cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés

2) La libertad a los presos políticos zapatistas

3) El cierre de siete posiciones del Ejército ubicadas en zonas zapatistas.

Una de las primeras acciones del Presidente Fox es mandar la iniciativa de la COCOPA al Congreso de la Unión para que pueda ser aprobada.

Enero a marzo del 2001

El EZLN anuncia que hará una marcha que recorrerá gran parte de la República, de San Cristóbal de las Casas hasta la Ciudad de México, con el fin de plantearle personalmente al Congreso de la Unión porque tiene que ser aprobada la iniciativa de ley de la COCOPA. Esta Marcha por la Dignidad Indígena, o Marcha por el Color de la Tierra, muestra la fuerza del EZLN y la solidaridad de la sociedad con el movimiento indígena.

Cuando el EZLN llega finalmente al Distrito Federal, los legisladores se niegan a recibirlos en el pleno del Congreso. La indignación de la sociedad y del EZLN frente a esta respuesta causa tal presión que finalmente el EZLN se presenta frente al pleno del Congreso de la Unión y expone las razones de su lucha y de la necesidad del reconocimiento de sus derechos fundamentales mediante la aprobación de la iniciativa de la COCOPA.

Marzo a abril del 2001

Se crea un espacio amplio con otras organizaciones y actores para tener un análisis compartido que permita formular una estrategia común frente al proceso de aprobación de la iniciativa de la COCOPA. Dentro de este espacio participan: MCD, Unión de Juristas Mexicanos, SERAPAZ, Ceacatl, Damían Camacho, José Leónides Ortiz, Concepción Hernández (PRD), Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, RAADPI, Larissa Ortiz, David Peña, Magdalena Gómez, CESEM, Programa de Derechos Humanos UIA-Santa Fe, Rafael Álvarez, y PRODH. En esta etapa el espacio se reúne semanalmente.

De las primeras cosas que se hacen es un documento titulado La propuesta de la COCOPA, presentada como iniciativa del Presidente Fox, debe ser aprobada, realizado de manera conjunta entre el PRODH, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “ Todos los Derechos para Todos” y el Programa de Derechos Humanos de la UIA- Santa Fe. El documento es entregado por oficialía de partes a cada uno de los diputados y senadores del Congreso de la Unión y tiene los siguientes componentes:

1) Pronunciamiento señalando las razones por las cuales se debe aprobar la iniciativa COCOPA

2) Conceptos de derechos de los pueblos indígenas (autonomía, territorio, pueblo, comunidad, etc.)

3) Documento comparativo de los Acuerdos de San Andrés, el Convenio 169, y las iniciativas de la COCOPA, PAN, PVEM, CNC- PRI, y Ernesto Zedillo

Se logra obtener una audiencia ante la Subcomisión Plural de Análisis de la Reforma Constitucional en materia de derechos y cultura indígena del Senado, y se argumenta por qué tiene que aprobarse la iniciativa de la COCOPA, siendo esta una vía nueva de cabildeo que no se había experimentado previamente.

Se hace un cuadríptico de amplia difusión que expone las principales razones por las cuales se debe aprobar la iniciativa de la COCOPA.

Se hace una Carpeta de Información para los legisladores del Congreso de la Unión con el objetivo de que puedan tener un mayor conocimiento sobre los contenidos de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y las razones para que sean reconocidos. Se incluyen materiales hechos por los mismos pueblos, así como memorias de talleres realizados con ellos y con organizaciones indígenas. Los contenidos son los siguientes:

4) Síntesis de los Encuentros Indígenas llevados a cabo por el Centro PRODH y organizaciones indígenas entre 1995-1997

5) Taller de autonomía indígena llevado a cabo por Xi’nich, organización de pueblos Choles, Tseltales, Tsotsiles en Palenque, Chiapas.

6) Qué es la autonomía: recuperación del taller impartido por el Centro Nacional de Misiones Indígenas (CENAMI) y el Taller Universitario de Derechos Humanos (TUDH)

7) La autonomía: el sueño de las hormigas – material de difusión de Xi’nich

8) Nuestros derechos indígenas en la Constitución – material de difusión de Xi’nich

Abril del 2001

A pesar de los esfuerzos realizados, el 25 de abril el Senado aprueba un dictamen de ley que no recupera aspectos medulares de la Iniciativa de la COCOPA y no reconoce derechos fundamentales para los pueblos indígenas.

Debido a que ahora corresponde a la Cámara de Diputados aprobar o no el dictamen de ley, se envía una carta a los legisladores con observaciones sobre el dictamen, señalando por qué no debe ser aprobado.

Sin embargo, el 28 de abril la Cámara de Diputados aprueba el dictamen de ley. Frente a este hecho se difunde un pronunciamiento titulado “Al aprobar la Reforma Constitucional en Materia de Derechos y Cultura Indígena, los legisladores dan la espalda mintiendo a la sociedad mexicana.” Se escribe un artículo para la revista PROCESO titulado “Con la reforma constitucional aprobada por el Congreso pierden Fox, los legisladores, los pueblos indígenas el EZLN y la sociedad toda. Sin embargo cabe la pregunta: ¿hay ganadores?.

Se hace un Cuadro Comparativo que toma los siguientes conceptos y derechos, el cual compara cómo están reconocidos en el dictamen de ley, en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y en la Iniciativa de ley de la COCOPA:

– Pueblo Indígena

– Libre determinación

– Tierra, territorio y recursos naturales

– Organización interna

– Impartición de justicia y sistemas normativos

– Participación y representación política

– Sustentabilidad

– Cultura e identidad

– Medios de comunicación

– Promoción y desarrollo integral

– Protección a indígenas migrantes

– Acceso pleno a la justicia

– Garantía de los derechos indígenas en el desarrollo integral

– Disposiciones que aseguren los derechos constitucionales

– Participación en planes de desarrollo

– Demarcación territorial

– Municipios

– Comunidades indígenas

Se hace un segundo Cuadro Comparativo que incluye los Acuerdos de San Andrés y un rubro que explica las implicaciones de las modificaciones hechas en el dictamen de ley del Senado.

Estos dos cuadros tienen una difusión amplia entre las organizaciones civiles de derechos humanos y ayudan a tener un análisis claro y común sobre el dictamen de ley aprobado en el Congreso de la Unión.

El siguiente paso en el proceso es que el dictamen de ley sea aprobado por los congresos en los estados. Se inicia una estrategia emprendida por las organizaciones civiles, sociales e indígenas ante los congresos estatales. La primera acción es convocar a organizaciones de todo el país a una reunión con el fin de poder acordar esta estrategia. Los temas abordados en la reunión fueron los siguientes:

1. Puesta al día respecto del debate por la reforma y resultados hasta el momento en el ámbito federal

2. Información y pronósticos respecto de la discusión en los estados

3. Discusión y análisis que permita vislumbrar una estrategia conjunta

4. Pistas y herramientas prácticas para el cabildeo con los diputados de los congreso estatales y estrategias de difusión

Para poder hacer un seguimiento adecuado a lo que sucede en los congresos estatales respecto a la reforma constitucional, se hace un Cuadro de Análisis de los Congresos Estatales, el cual incluye:

§ Composición del congreso estatal

§ Protesta social en torno a la aprobación de la reforma constitucional

· Posibilidad de rechazo de la reforma constitucional.

Esto permite también dar seguimiento a las distintas acciones de protesta social realizadas por diversos grupos y organizaciones en cada uno de los estados.

Las organizaciones participantes son las siguientes:

a. Chiapas: Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.

b. Chihuahua: Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (COSSYDDHAC)

c. Coahuila: Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C.

d. Colima: Comité de Derechos Humanos de Colima (no gubernamental).

e. D.F.: Movimiento Ciudadano por la Democracia; SERAPAZ; CESEM

f. Estado de México: Comunidad Agraria de San Pedro Atlapulco; Promoción de la Integración Familiar y Salud Integral

g. Guerrero: Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”

h. Jalisco: Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas (AJAGI)

i. Morelos: Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos

j. Nuevo León: Ciudadanos en apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC)

k. Oaxaca: Red Oaxaqueña de Derechos Humanos

l. Puebla: Centro de Estudios para el Desarrollo Rural (CESDER)

m. San Luis Potosí: Comité Mexicano por la Paz con Justicia y Dignidad

n. Tamaulipas: Centro de Estudios Fronterizos y Promoción de los Derechos Humanos

o. Veracruz: MAIZ

p. Yucatán: Grupo indignación

La versión final de dicho cuadro sistematiza el proceso de aprobación o rechazo de la reforma.

Se hacen dos trípticos de difusión amplia que expliquen las deficiencias de la reforma constitucional y por qué no debe ser aprobada, instando a que las personas, grupos y organizaciones presionen a su congreso estatal a rechazarla mediante la acción, la protesta y la organización. El primero, titulado La reforma constitucional aprobada por el Congreso de la Unión: un paso atrás en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, contiene una explicación extensa de estas deficiencias, mientras que el segundo, titulado La reforma constitucional no resuelve la problemática indígena, es un documento más popular y sintético.

A pesar de que los estados con mayor población indígena, Oaxaca y Chiapas, así como Guerrero, Baja California Sur, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Sinaloa, San Luis Potosí, y Zacatecas rechazan la reforma constitucional, la reforma es aprobada por Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chihuahua, Colima, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Nayarit, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Tabasco, Sonora y Veracruz, obteniendo la aprobación necesaria de 16 congresos estatales.

Se realiza un artículo para ser difundido a nivel internacional titulado “Failed Constitutional Reform on Indigenous Rights” (Fracasada Reforma Constitucional sobre Derechos de los Pueblos Indígenas).

Mayo a agosto del 2001

Con la aprobación en los Congresos locales, el siguiente y único paso que resta es la publicación de la reforma constitucional en materia indígena en el diario oficial.

Frente a esto se hace un Folleto ilustrado sobre la Reforma Constitucional en Materia de Derechos y Cultura Indígena con el objetivo de lo que los pueblos indígenas puedan conocer la reforma y sus deficiencias. En la realización del folleto participan Movimiento Ciudadano por la Democracia, Centro Prodh, Servicios del Pueblo Mixe, Tequio Jurídico, Red Oaxaqueña de Derechos Humanos, EDUCA, Enlace, Limeddhh-FIDH Oaxaca, y Centeotl.

Se considera indispensable difundir entre toda la población que la reforma constitucional en materia indígena no reconoce los derechos fundamentales de los pueblos. Sin embargo se ve que los medios de comunicación no tienen claro cuales son estos derechos, ni por qué la reforma debe ser rechazada, lo que en varias ocasiones se refleja en la ambigüedad y poca claridad de las notas periodísticas. Por lo tanto se valora como importante el capacitar también a quienes colaboran en los medios de comunicación, dándoles las herramientas o conocimientos básicos para plantear sus noticias con los conceptos y la información clara. Se les invita por lo tanto a un desayuno con el objetivo de tener un espacio distinto donde no solo se trata de que obtengan una noticia sino donde puedan escuchar diversas voces para obtener información y herramientas que cualifique sus noticias y reportajes sobre el tema indígena y en particular sobre el proceso de la reforma constitucional. El desayuno se lleva acabo en el Hotel Sevilla de la Ciudad de México el 9 de mayo del 2001. Los temas abordados son los siguientes:

1) Legitimidad de la voz de las organizaciones no-indígenas y de derechos humanos en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas.

2) Pertinencia de la propuesta de la COCOPA: argumentos políticos, jurídicos y antropológicos para su aprobación

3) Marco jurídico internacional como fundamento para la defensa de los derechos de los pueblos

4) Trabajo de defensa y promoción de los derechos de los pueblos ante miembros del Congreso de la Unión

5) Comparativo entre la reforma, iniciativa COCOPA y Convenio 169

6) Claves de lectura y de seguimiento en cuanto al reconocimiento de los derechos de los pueblos

En este momento se valora la posibilidad de interponer una serie de recursos jurídicos en contra de la reforma constitucional. Se elabora un documento titulado Los Recursos Jurídicos presentados en contra de la Reforma Constitucional en Materia Indígena que explica cada uno de estos recursos y quienes los han interpuesto. Los recursos son:

· Controversias constitucionales: Interpuestas por tres municipios chiapanecos, veinticinco municipios zapotecos, mixes y mixtecos, Texcatepec y Tatahuicapan en Veracruz, Alcozauca y Copalillo en Guerrero, Molcaxac en Puebla, Tlayacapan y Tepoztlan en Morelos, y doscientos cuarenta y siete municipios oaxaqueños junto con el gobierno de Oaxaca.

· Acción de inconstitucionalidad: interpuestas por los Congresos de Tlaxcala y Tabasco

· Amparo: interpuestos por seis comunidades del D.F., una comunidad del Estado de México, tres comunidades Rarámuris de Chihuahua, dos comunidades de Jalisco y dos comunidades de Chiapas.

La controversia constitucional se convierte en el recurso más socorrido debido a la cantidad de municipios indígenas que la interponen: aproximadamente 330. Asimismo, cabe resaltar que en este recurso participan directamente las autoridades indígenas municipales, convirtiéndolos en un actor principal en el proceso de lucha en contra de la reforma constitucional en materia indígena. Se hace un documento que explica la Historia de la Controversia Constitucional en México. Las controversias constitucionales argumentan que la reforma en materia indígena es inconstitucional debido a que hubieran numerosas irregularidades en su aprobación y, por ende, ésta no fue hecha conforme a lo señalado en la Constitución.

Se elabora una Comunicación al Dr. Rodolfo Stavenhaguen como Relator Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas, estableciendo la postura frente a la reforma constitucional y solicitando emitir recomendaciones al Estado Mexicano para su modificación, de tal manera que cumpliera con el Convenio 169. El documento es firmado por organizaciones indígenas, organizaciones civiles y personas.

Se elabora una Comunicación para los expertos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) denunciando que la reforma constitucional en materia indígena incumple el Convenio 169 al desconocer derechos ya reconocidos en este Convenio. Es violatoria además del artículo 6 del Convenio 169 que establece que los pueblos deben ser consultados respecto a las mediadas legislativas que los afectan. El documento es firmado por organizaciones indígenas, organizaciones civiles y personas individuales

Se hace un artículo para difusión internacional titulado “Constitutional Reform on Indigenous Rights approved” (Se aprueba reforma constitucional sobre derechos de los pueblos indígenas.)

Agosto 14 del 2001 al 7 de mayo del 2002

El 14 de agosto se publica la Reforma Constitucional en Materia de Derechos y Cultura Indígena en el Diario Oficial de la Nación. Las organizaciones civiles, sociales e indígenas hacen una parada silenciosa frente al Senado de la República para expresar el rechazo a la reforma publicada.

Se interpone una Reclamación ante la OIT por medio del Sindicato de Académicos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (SAINAH). La reclamación la firman el Centro Prodh, la RADPI y Magdalena Gómez. El principal argumento de la reclamación es la violación por parte del Estado Mexicano al derecho de los pueblos a ser consultados respecto a las medidas legislativas que los afectan.

Se tiene un segundo desayuno con los medios de comunicación el 15 de febrero del 2002 en el Hotel Maria Cristina en la Ciudad de México. El objetivo del desayuno es poder actualizar a los medios de comunicación respecto a lo que ha pasado con la reforma constitucional y explicar los distintos recursos de inconformidad que se han interpuesto en contra de la misma. Los temas específicos son los siguientes:

1) Recuento del proceso de reforma constitucional

2) Recursos jurídicos presentados en contra de la reforma constitucional

3) Lectura política del proceso y momento actual

Se considera que es necesario reunir a las autoridades indígenas de los municipios que han interpuesto controversias constitucionales para poder informarles de la situación que guardan estos trámites ante la Suprema Corte, propiciar un dialogo entre ellos y las organizaciones y abogados que están dándoles seguimiento a sus controversias para fortalecer la coordinación, y poder acordar pronunciamientos y acciones conjuntas que fortalezcan las demandas y reivindicaciones de los pueblos indígenas. El encuentro se lleva a cabo en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca el 23 y 24 de febrero del 2002. Asisten las autoridades de Tlayacapan y Tepoztlán, Morelos; Tatahuicapan de Juárez, Veracruz; San Agustín Tlacotepec, Santiago Atitlán, Santa María Alotepec, Santa María Tlahuitoltepec, Ixtlán de Juárez, Santo Domingo Xagacia, Santa Cruz Papalutla, San Juan Evangelista Analco, San Mateo Cajonos, Santa María Yavesia, Santiago Ixtayutla, San Juan Jaltepec de Condoyoc, San Miguel Quetzaltepec, Heroica Ciudad de Tlaxiaco y San Miguel Abejones, Oaxaca; Alcozauca de Guerrero, Guerrero; Nicolás Ruiz y Chenalhó, Chiapas y autoridades de tres comunidades Rarámuris en Chihuahua.

Asisten también las siguientes organizaciones civiles, indígenas y sociales: Servicios del Pueblo Mixe, SER; Movimiento Agrario Zapatistas (MAIZ); Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca (UNOSJO); Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto; Red Oaxaqueña de Derechos Humanos (RODH); Centro de Derechos Humanos “Ñu’uji Kandii”; Centro de Acompañamiento Comunitario, A.C. (CEAC); Unión de Artesanos Indígenas y Trabajadores Asalariados; Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos; Pastoral Social de Oaxaca; Unión Indígena Santiago Amoltepec; CENCOS; BICAP; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; EDUCA; Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas; Centro de Derechos Humanos Tlachinollan; Red de Comunicadores Boca de Polen; CAMPO; ACAT; Movimiento por la Paz, con Justicia y Dignidad; Consejo Regional de Pueblos Indígenas Nahuas y Nuntaj+j+ (Popoluca) del Sur de Veracruz; Red de Abogados y Abogadas por los Derechos de los Pueblos Indígenas (RAADPI); Brigada Indígena 94; Tequio Jurídico; Taller de Lengua y Tradición Zapoteca UKEM KE UKEM.

Los temas tratados en el encuentro son:

1) Cronología del proceso de la reforma constitucional

2) Historia del proceso de paz y diálogo

3) Explicación de cada uno de los recursos presentados en contra de la reforma.

4) Planteamiento de estrategias y acciones a realizar por estado/ región y por las organizaciones civiles.

Al final del encuentro se hace un Pronunciamiento del Encuentro Nacional de Autoridades Indígenas: Los pueblos indígenas ante la Corte. Se difunde la Memoria del Encuentro de Autoridades Indígenas entre los participantes y se hace un Resumen ejecutivo del Encuentro de Autoridades Indígenas para difundir más ampliamente y entre los medios de comunicación.

7 de mayo a 14 de junio 2002

En mayo comienzan las audiencias en la Suprema Corte de los diversos municipios que interpusieron controversias constitucionales. Se hace un documento informativo dirigido a la sociedad titulado Fortalezcamos la lucha de los pueblos indígenas para que sean escuchados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que actualiza los hechos recientes respecto a la reforma constitucional, plantea los retos ante la Suprema Corte, que tiene la oportunidad de finalmente hacer justicia para los pueblos indígenas declarando la inconstitucionalidad de la reforma, y hace propuestas de acciones a realizar durante el proceso de las audiencias.

El día que comienzan las audiencias se reúnen numerosas organizaciones civiles, sociales e indígenas afuera de la suprema corte de justicia. Se distribuye un volante titulado Una resolución de la Suprema Corte para hacer justicia a los pueblos indígenas, que contiene las demandas de los pueblos a la Corte y las razones por las cuales es una oportunidad histórica el que la Corte declare la inconstitucionalidad de la reforma.

A pesar de las acciones y esfuerzos realizados, la Suprema Corte asume una actitud de cerrazón y de poca escucha frente a las demandas de los pueblos. Fija audiencias de solo media hora para que los municipios indígenas y las autoridades demandadas desahoguen sus pruebas y alegatos, y se niega a admitir pruebas testimoniales y periciales que los municipios indígenas consideran indispensables para acreditar su dicho y que tienen el derecho de ofrecer. Varios municipios presentan recursos de reclamación ante la Suprema Corte por el rechazo de sus pruebas.

Se hace una Acción Urgente en español y en inglés, pidiendo que se realicen acciones y se envíen llamamientos instando a la Suprema Corte a que respete el derecho de los pueblos indígenas al debido proceso, admitiendo, analizando y valorando las pruebas que presenten y que resuelva de manera favorable a los pueblos indígenas, declarando la invalidez de la reforma constitucional en materia indígena.

Junio a septiembre del 2002

Del 15 al 30 de julio la Suprema Corte de Justicia sale de vacaciones. Se piensa que es probable que los primeros días de agosto, una vez de regreso a sus labores, dé a conocer su resolución respecto a los recursos de reclamación presentados por los municipios por el rechazo de sus pruebas. De igual manera se piensa que las audiencias de estos municipios se programen para finales del mes de agosto.

Frente a estos hechos se realizan dos actividades importantes. La primera es un Segundo Encuentro de Autoridades Indígenas en la Ciudad de México el 3 y 4 de agosto, que busca ubicar el momento actual de las controversias constitucionales y recuperar la importancia del proceso de impugnación de la reforma constitucional, tanto para los pueblos y organizaciones como para el contexto político del país. El encuentro tiene también el objetivo de analizar los posibles escenarios que se pueden producir con la resolución de la Suprema Corte sobre las controversias constitucionales, que se prevé para septiembre, y formular estrategias para enfrentarlos. Al encuentro asisten las autoridades de Santiago Atitlan Mixe, Santiago Malacatepec Mixe, Santa Catarina Ixtepeji , San Agustín Tlacotepec, Santiago Ixtlayutla, San Miguel Quetzaltepec, Santa Maria Yavesia, Oaxaca; Tatahuicapan de Juárez, Texcatepec, Veracruz; Norogachi, Municipio Guachochi, Santa Rita, Ejido de Rocheachi, Municipio de Guachochi, Chinatú Municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua.

Asisten también las siguientes organizaciones civiles, sociales e indígenas y personas: UNOSJO, S.C., Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, PROFECTAR Tarahumara, Chihuahua, Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Unión de Pueblos Zapotecos del Sector Cajonos, Servicios del Pueblos Mixe, A.C., Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Ce – Acatl, A.C. Secretaría de Promoción y Difusión Cultural Unión de Artesanos Indígenas y Trabajadores no Asalariados, A.C., Ricardo Robles s.j. – Tarahumara, Larissa Ortiz Quintero – Comunidad Santa Cruz – Huitzoltepec, Puebla.

Al final del encuentro se hace un Pronunciamiento del Segundo Encuentro de Autoridades Indígenas: los Pueblos Indígenas de nuevo ante la Corte. Se difunde la Memoria del Segundo Encuentro de Autoridades Indígenas.

La segunda actividad es una Audiencia Publica ante los medios de comunicación. Frente al rechazo de las pruebas presentadas por los pueblos indígenas y la negación de la Suprema Corte de escuchar su palabra, se solicita una audiencia pública ante los medios de comunicación en la cual los abogados, peritos y testigos de los municipios indígenas puedan hacerse escuchar para que la sociedad conozca sus argumentos y se formule un juicio propio. La audiencia se lleva acabo de manera conjunta con la agencia Detrás de la Noticia y se transmite en vivo por la radio el 5 de agosto. Los momentos dela audiencia son los siguientes:

1. Las razones de los pueblos indígenas

2. Significado social y político del proceso de las controversias constitucionales

3. El trámite de las controversias

4. Pericial en derecho internacional

5. Pericial en materia de derecho a la consulta con debido proceso

6. Testimonio

7. Pericial antropológica

8. Pericial en materia municipal

9. Expectativas de los pueblos indígenas de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

10. Posibles sentidos de la resolución de la Suprema Corte.

Una grabación de esta audiencia se presenta a la Suprema Corte con el fin de forzarla a recibir las pruebas que por otra vía rechazó. Se escribe un artículo con un resumen de la audiencia pública que se publica en la revista PROCESO.

El 6 de septiembre la Suprema Corte de Justicia notifica la resolución negativa de las reclamaciones presentadas contra el rechazo de las pruebas ofrecidas por los municipios indígenas. Un día después, la sociedad se entera por los medios de comunicación que ese mismo 6 de septiembre la Corte declaró la improcedencia de 322 controversias, bajo el argumento de que no tiene facultad de control sobre los actos del llamado órgano reformador de la Constitución, es decir, el Poder legislativo. Con ello, deja a los legisladores una potestad ilimitada para desvirtuar a la Constitución misma si así lo deciden y pasar sobre los derechos fundamentales reconocidos en ella y en los convenios internacionales. Diversas organizaciones civiles, sociales e indígenas emiten el Pronunciamiento: Con su resolución la Corte cierra a los pueblos indígenas la última puerta del Estado Es hasta el martes 10 de septiembre que la resolución es notificada formalmente a las autoridades en sus domicilios legales.

Frente al fallo de la Corte, se convoca a las autoridades indígenas a una reunión en la Ciudad de México para discutir la estrategia frente al fallo de la Corte. La reunión se lleva acabo el 12 de septiembre con la presencia de las autoridades de Tatahuicapan , Veracruz, Santiago Atitlán Mixe, San Agustín Tlacotepec, Santa María Yavesía, Santa Maria Alotepec, Jaltepec De Candayoc Mixe, Oaxaca y Nicolás Ruíz, Chipas, así como las organizaciones Red de Defensores Comunitarios Por Los Derechos Humanos, Servicio del Pueblo Mixe, Centro PRODH, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Claudia Gómez y Magdalena Gómez. Se entrega un Documento de análisis sobre la resolución de la Suprema Corte. Se les entrega también una Cronología de los sucesos más significativos del proceso de la reforma constitucional.

Al finalizar la reunión se hace el Pronunciamiento: Hemos tocado las puertas, nos las han cerrado ¿por qué? ¿qué camino nos dejan? y se convoca a los medios de comunicación a una conferencia de prensa.

Los Acuerdos de San Andrés
Introducción y antecedentes históricos

El 16 de febrero de 1996 fueron firmados los primeros y únicos acuerdos entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Gobierno Federal. En el marco del Diálogo de San Andrés, el EZLN y el gobierno federal acordaron instalar cuatro mesas de trabajo, con los siguientes temas: I Derechos y Cultura Indígenas; II Democracia y Justicia; III Bienestar y Desarrollo; y IV Derechos de la Mujer Indígena. Los reglamentos del Diálogo plantean que tanto el EZLN como el gobierno participan junto con sus invitados y asesores, en un proceso de debate en el que se deben identificar los principales problemas y proponer y acordar las soluciones.

I.- Proceso de diálogo y negociación(Ley, Reglamentación Acuerdos, Actores)

Al amparo de la “Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas”, del 11 de Marzo de 1995, las Partes acordaron los Principios, Agenda, Bases, Reglamentos y Procedimientos que guiarían el proceso de diálogo y negociación. Todos estos instrumentos son del dominio público.

Hay que tener presente que de los temas de Agenda, sólo el de Derechos y Cultura Indígena ha sido dialogado y negociado, el de Democracia y Justicia quedó inconcluso, y el resto está todavía pendiente.

Todo el conjunto de los instrumentos del diálogo y la negociación, y en particular la secuencia no arbitraria de los temas de la Agenda pactada, conforman un esquema metodológico de diálogo y negociación que incorpora una estrategia de fondo para la paz, cuyos rasgos son los siguientes:

1. Reconocimiento mutuo del Gobierno Federal y del EZLN como Partes indispensables del proceso de diálogo y negociación.

2. Impulso de un proceso de solución política mediante la supeditación de la lógica y los actores militares a la lógica y los actores políticos.

3. Creación de condiciones favorables para, con la participación de la sociedad a través de asesores e invitados, dialogar la agenda para acordar soluciones a las causas del conflicto.

4. Seguimiento y verificación del cumplimiento simultáneo de los Acuerdos y compromisos que se vayan logrando, a través de una Comisión.

5. Construcción del “Acuerdo de Concordia y Pacificación con justicia y dignidad”, cuya conclusión incluirá medidas de distensión militar y seguridad para las Partes.

 

II.- De los procedimientos acordados

El proceso sustantivo de diálogo y negociación entre las Partes se inició con la instalación de la “Mesa I: Derechos y Cultura Indígena”, que concluyó con la firma de los primeros Acuerdos de San Andrés el 16 de febrero de 1996.

El proceso de diálogo y negociación entró abiertamente en crisis a partir de marzo de 1996, durante el desarrollo de la “Mesa II: Democracia y Justicia”, cuando el Gobierno Federal se negó’ a hablar y a llevar asesores e invitados.

Aunque el EZLN cumplió con todas las condiciones en cada uno de los momentos de la Mesa sobre Democracia y Justicia, la delegación gubernamental nunca presentó una propuesta seria sobre el tema, por lo que canceló la posibilidad de desarrollar el Diálogo, de identificar los problemas y de llegar a acuerdos sobre las posibles soluciones. La incapacidad de la delegación gubernamental para cumplir su cometido y para atenerse a los acuerdos y a los reglamentos ya pactados, se vio agravada por el trato autoritario, racista y provocador en contra de los delegados del EZLN.

Por otra parte, durante seis meses –desde febrero hasta septiembre de 1996– el gobierno no dio un solo paso encaminado a dar cumplimiento a los acuerdos firmados sobre Derechos y Cultura Indígenas. En cambio, se extendió la militarización en las comunidades indígenas, ya no sólo en el estado de Chiapas. Se intensificaron, también, las actividades impunes de los grupos paramilitares y de las guardias blancas.

Ante esta situación, el 2 de septiembre de 1996, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional comunicó su decisión de suspender el Diálogo hasta que se cumplieran cinco condiciones mínimas, para garantizar que el Diálogo con el gobierno fueran realmente un camino hacia la paz con justicia y dignidad, y no sólo una simulación que permitiera al gobierno buscar al momento propicio para provocar una agresión militar contra las comunidades indígenas.

.La CONAI y la COCOPA se dieron a la tarea de revisar las condiciones para la reanudación del diálogo y la negociación, y establecieron el mecanismo de las reuniones tripartitas (CONAI-COCOPA-EZLN), con la aceptación del Gobierno Federal.

En este formato las Partes dieron su voto de confianza a la COCOPA para que elaborara, de hecho en calidad de árbitro, una Iniciativa final de reformas constitucionales que recogiera los Acuerdos de la Mesa I.

El Gobierno Federal no aceptó formalmente el texto de la COCOPA, incumpliendo lo previamente acordado, y el 19 de diciembre de 1996 presentó una contrapropuesta, ajustada en enero de este año a “4 Observaciones”, que son una interpretación diferente de los propios Acuerdos de San Andrés.

 

III.- Del contenido acordado

La Iniciativa Presidencial sobre Derechos y Cultura Indígena se aparta de lo acordado en San Andrés y afecta los compromisos asumidos por el Gobierno mexicano como signatario del Convenio 169 de la OIT, porque:

1.- Reduce el ejercicio de los derechos de los pueblos indios a las comunidades. Aunque la iniciativa gubernamental reconoce que “los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación”, reduce “la expresión concreta de ésta a la autonomía de las comunidades indígenas”. Esta reducción viola los Acuerdos de San Andrés que establecen “que la legislación nacional debe reconocer a los pueblos indígenas como los sujetos de los derechos a la libre determinación y autonomía”. También viola el Convenio de la OIT que considera como sujeto de estos derechos a los pueblos indígenas.

2.- Habla de que la Constitución “otorga” derechos a los pueblos indígenas en lugar de simplemente reconocerlos, como se acordó en San Andrés. La nueva relación entre el Estado y los pueblos indígenas acordada en San Andrés parte de reconocer la preexistencia de dichos pueblos y de reconocer en la Constitución sus derechos; en cambio, la Iniciativa del Ejecutivo Federal se refiere al otorgamiento de derechos, en lugar de reconocimiento, como si se tratara de un acto del Estado que crea esos derechos.

3.- No reconoce los derechos de jurisdicción de los pueblos indios. El texto de la Iniciativa Presidencial a lo mas llega a reconocer -lo que introduce la idea de discrecionalidad-, que “los procedimientos, juicios y decisiones -de estos pueblos- serán convalidables”, ignorando el texto de la COCOPA que dice que “serán convalidados”. El dejar opcional la convalidación de los procedimientos y juicios propios de los pueblos indios viola el Acuerdo de San Andrés que explícitamente establece “como garantía al acceso pleno a la justicia… que el derecho positivo mexicano reconozca las autoridades, normas y procedimientos de resolución de conflictos internos… y que mediante procedimientos simples sus juicios y decisiones sean convalidados por las autoridades jurisdiccionales del Estado”.

4.- No reconoce el derecho de los pueblos indios a su territorio. El texto presidencial omite la referencia a que el uso y disfrute de los recursos naturales se refiera a sus tierras y territorios, lo que si’ esta’ explícito en el texto de la COCOPA y en los Acuerdos de San Andrés. Estos establecen que el Gobierno Federal “ debe hacer efectivos los derechos y garantías que les corresponden -tales como- derecho al hábitat: uso y disfrute del territorio conforme al artículo 13.2 del Convenio de la OIT”.

5.- Omite el mecanismo establecido por los Acuerdos de San Andrés y el Convenio 169 de la OIT para determinar cómo se define como indigna un municipio, comunidad, organismo auxiliar del ayuntamiento e instancias afines.

El texto presidencial sólo habla de municipios mayoritariamente indígenas, pero omite el criterio definitorio incluido en el texto de la COCOPA. Esta omisión viola los Acuerdos de San Andrés y el mencionado Convenio internacional que establecen que “la conciencia de su identidad indígena deberá’ considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones” contenidas en dichos acuerdos.

6.- No reconoce, como lo hace el texto de la COCOPA y esta’ acordado en San Andrés, a las comunidades indígenas “como entidades de derecho público”.

7.- Tampoco reconoce el derecho de los pueblos indios a definir “los procedimientos para la elección de sus autoridades”. En el texto presidencial se establece que “en los municipios con población de mayoría indígena la legislación local -será la que- establecerá’ las bases y modalidades para asegurar la participación de las comunidades indígenas en la integración de los ayuntamientos…”. En cambio el texto de la COCOPA dice “que en los municipios, comunidades, organismos auxiliares del ayuntamiento e instancias afines… se reconocerá’ a sus habitantes el derecho para que definan, de acuerdo con las practicas políticas propias de la tradición de cada uno de ellos, los procedimientos para la elección de sus autoridades o representantes”.

Esta omisión viola lo acordado en San Andrés, que reconoce el derecho de los pueblos a “designar libremente a sus representantes, tanto comentarios como en los órganos de gobierno municipal, y a sus autoridades como pueblos indígenas, de conformidad con las instituciones y tradiciones propias de cada pueblo”.

 

IV.- La nueva propuesta del gobierno (15 De Marzo de 1998)

Tras quince meses de búsqueda infructuosa de un consenso, el Gobierno Federal presenta una nueva iniciativa. El Gobierno afirma que ésta está basada en la propuesta de la COCOPA (1996), y que se corresponde con lo firmado en los Acuerdos de San Miguel y San Andrés de Larraínzar.

Efectivamente, la nueva propuesta de reforma constitucional del Gobierno se acerca más a la propuesta de la COCOPA de 1996. Acepta la redefinición que hacía la COCOPA de numerosos artículos constitucionales (18,53,73,115,116). Pero las diferencias continúan siendo importantes, debido al desacuerdo referente a la formulación del artículo 4 (puntos V y VII, referentes al uso y disfrute de los recursos naturales en territorio indígena y a la propiedad y participación en los medios de comunicación). La discusión de la reforma del artículo 4 implica, también, una reforma del artículo 27 (referente a las formas y modalidades de la propiedad de la tierra). Ambos artículos constituyen los puntos básicos de la negociación, ya que en ellos radican las causas principales del conflicto chiapaneco.

 

V.- Condiciones del EZLN para retomar el diálogo (29 De Agosto de 1996)

1. Liberación de todos los presuntos zapatistas actualmente presos y de las bases de apoyo zapatistas detenidos en el norte de Chiapas.

2. Interlocutor gubernamental con capacidad de decisión, voluntad política de negociación y de respeto a la delegación zapatista.

3. Instalación de la Comisión de Seguimiento y Verificación, y cumplimiento de los acuerdos de la mesa 1, “Derechos y Cultura Indígenas”.

4. Propuestas serias y concretas de acuerdos para la mesa de “Democracia y Justicia” y compromiso de lograr acuerdos en este tema.

5. Fin al clima y persecución y hostigamiento militar y policiaco en contra de los indígenas chiapanecos y desaparecidos de los guardias blancas (o una ley que las reconozca institucionalmente y las uniforme para que no operen impunemente).

http://nopal.laneta.apc.org/consultaEZLN/documentos/acuerdos.htm

El significado de los Acuerdos de San Andrés para la Sociedad Civil
(una lectura de los Acuerdos desde la Selva de Concreto)

Javier Elorriaga

Diciembre 1996

El Diálogo de San Andrés ha significado profundas transformaciones en la manera de hacer política en México, por sus resultados y por su forma. Con su levantamiento armado del primero de enero de 1994 y con su decisión de escuchar a amplios sectores sociales, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional abrió un espacio de encuentro y un camino de movilización y participación para la sociedad civil.

Es importante entonces entender la forma particular de diálogo y negociación que permitió alcanzar acuerdos sobre Derechos y Cultura Indígena, y avanzar en su cumplimiento. Debemos clarificar el significado que tiene el reconocimiento de derechos colectivos y la ampliación de los derechos ciudadanos, que pueden reclamar como legítimos y válidos otros sectores de la sociedad: campesinos mestizos y habitantes de las ciudades.

Nuevas formas de hacer política

En San Andrés se construye una nueva forma de diálogo: con el gobierno y con la sociedad civil. Con el gobierno la negociación fue abierta y de cara a la sociedad. Sólo se llevaron a la negociación las propuestas que contaban con un amplio consenso entre los grupos, organizaciones y personalidades que participaron en el Diálogo: los zapatistas y la sociedad civil crearon ese espacio de discusión y construyeron juntos ese consenso.

San Andrés inaugura nuevos métodos, verdaderamente democráticos, de promover los cambios constitucionales que requiere México. El gobierno se ha negado a aceptar la figura de «iniciativa popular», que debe crear los mecanismos para que los ciudadanos puedan iniciar y proponer leyes al Congreso de la Unión y a las legislaturas locales. Sin embargo, por la vía de los hechos, el movimiento indígena logró crear conciencia nacional sobre la necesidad de las reformas constitucionales; precisó sus propuestas hasta llegar a formulaciones que tuvieran cabida en la Constitución; y junto al EZLN, arrancó al gobierno y a los legisladores a través de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), el compromiso de promover una reforma constitucional de consenso.

La lógica zapatista abre un camino para avanzar en la reforma del Estado. En vez de negociaciones ocultas y cupulares, o de foros controlados por las instancias gubernamentales, se va tejiendo consensos desde los diversos espacios locales, y con la participación de todos los sectores involucrados en los problemas.

En tiempos en que sólo habían progresado reformas regresivas, y bajo un modelo neoliberal que restringe o cancela los derechos sociales, los acuerdos de San Andrés amplían y aseguran el reconocimiento de derechos colectivos: para los indígenas, por supuesto, pero que pueden hacerse extensivos para el resto de la población.

Siguiendo la consigna zapatista de «mandar obedeciendo» y las tradiciones indígenas que viven la autoridad como un mandato de servicio a la comunidad, y no para los fines personales, los acuerdos de San Andrés pueden sentar las bases de una nueva relación entre gobernantes y gobernados. La propuesta zapatista es ampliar los derechos ciudadanos y crear nuevos espacios de participación.

La instalación de la Comisión de Seguimiento y Verificación, integrada por representantes del EZLN, del gobierno federal y estatal, y por organizaciones y personalidades de la sociedad civil de reconocido prestigio y calidad moral, crea un espacio fundamental para garantizar el cumplimiento de los acuerdos firmados en San Andrés; asegura la participación y la vigilancia de la sociedad y puede convertirse en un espacio de decisión ciudadana de orden nacional.

En el Diálogo de San Andrés, el encuentro entre los zapatistas y la sociedad civil creó las condiciones para fortalecer de un movimiento indígena nacional: se crearon nuevas organizaciones regionales, convergieron otras muchas y se amplió el horizonte de lucha. El espacio de negociación con el gobierno espacio civil de expresión permitió la construcción de consensos y organización: movilización social.

Hacia una nueva relación entre gobernantes y gobernados

Las reformas conquistadas por los indígenas son brechas nuevas para que otros sectores de la población reclamen y se apropien de nuevos derechos.

En San Andrés se acordó establecer una nueva relación entre el Estado y los pueblos indígenas, en la que el gobierno federal se comprometió a normar sus acciones de acuerdo con los siguientes principios:

Libre determinación y autonomía: el Estado se comprometió a no intervenir unilateralmente en la organización interna ni en los asuntos que competen a los pueblos indígenas en torno al aprovechamiento de sus recursos ni a sus prioridades. Esta previsión obliga al Estado a impulsar el criterio de corresponsabilidad, en los programas, presupuestos y proyectos, lo que se traduce en la necesaria participación de los pueblos indígenas.

Participación: el Estado debe impulsar la participación de los pueblos y comunidades en las acciones institucionales, en el diseño, operación y evaluación, y respetar sus formas de organización interna para fortalecer su capacidad de ser los actores decisivos de su propio desarrollo.

Pluralismo: debe ser política de Estado normar que su acción fomente en la sociedad una orientación pluralista, que combata activamente toda forma de discriminación y corrija las desigualdades económicas y sociales.

Sustentabilidad: asegurar la perduración de la naturaleza y la necesidad de que el Estado, de común acuerdo con los pueblos, impulsar acciones de rehabilitación de los territorios, y contribuir crear las condiciones que aseguren la sustentabilidad de las prácticas de producción y de vida.

Integralidad, señalando que el Estado debe impulsar la acción integral de las instituciones y niveles de gobierno que inciden en la vida de los pueblos, evitando las prácticas parciales que fraccionen las políticas públicas.

A partir de estos principios generales, que debieran hacerse extensivos al conjunto de municipios y comunidades en el campo y las ciudades, los acuerdos de San Andrés introducen la posibilidad de construir una nueva relación entre gobernantes y gobernados. En los acuerdos se especifica el derecho de los pueblos indígenas a participar en todas las instancias de gobierno, estableciendo la obligación del Estado de garantizar y respetar dichos espacios. Estas conquistas se expresan en tres ámbitos: en la comunidad, en el municipio y en el diseño y aplicación de las políticas públicas.

1. En la comunidad:

En las reformas a la Constitución se otorga a la comunidad el carácter de entidad de derecho público. Esto significa el reconocimiento de la personalidad jurídica de las comunidades no sólo en el terreno agrario, como ha sido hasta ahora, sino que se ampliarán sus competencias y atribuciones.

Esta conquista resulta significativa para todos los municipios, rurales y urbanos, porque sólo las agencias municipales cuentan con un mínimo reconocimiento oficial; ni las colonias ni los barrios urbanos ni los núcleos de población rurales cuentan con ningún tipo de atribuciones ni formas de representación en los ayuntamientos. En la vida diaria, los barrios y los poblados son los ámbitos inmediatos donde los ciudadanos buscan agruparse y actuar para resolver sus problemas; la reconstitución de las comunidades puede convertirse en un primer espacio para reactivar la vida colectiva.

En las reformas se establece que las autoridades quedan obligadas a realizar la transferencia de funciones y recursos a las comunidades, para que ellas mismas administren los recursos públicos que les corresponden. Además, las comunidades deben ser incorporadas en los ayuntamientos, nombrando a sus propios representantes.

El principio de autodesarrollo plantea que las propias comunidades deben determinar sus proyectos y programas. Por ello es necesario incorporar en las legislaciones locales y federales los mecanismos para la participación ciudadana en todos los niveles, para que los proyectos de desarrollo se diseñen tomando en consideración las aspiraciones, necesidades y prioridades de las poblaciones involucradas.

Las comunidades tienen derecho a designar libremente a sus representantes, tanto comunitarios como en los órganos de gobierno municipal, de conformidad con las instituciones y tradiciones de cada pueblo. Se establece, también, el derecho de las comunidades y municipios de asociarse con otras para la unión de esfuerzos y la coordinación de acciones, para optimizar sus recursos, impulsar proyectos de desarrollo regional y promover la defensa de sus intereses.

Si estos derechos conquistados por los indígenas se hicieran valer en los poblados rurales y en los barrios urbanos, serían los ciudadanos quienes ejercieran su derecho a organizarse y a elaborar sus propios proyectos de desarrollo, sin tener que sujetarse a los programas gubernamentales decididos desde el centro y orientados según los caprichos sexenales.

2. En los municipios:

En los acuerdos se reconoce que es necesaria una remunicipalización, para adecuar las demarcaciones territoriales a los procesos sociales y culturales que se han desarrollado en ellas, y se establece que la remunicipalización deberá ser resultado de la consulta a las poblaciones involucradas.

Los municipios indígenas conquistaron el reconocimiento a sus propias formas internas y democráticas de gobierno, como la toma de decisiones en asambleas, el cabildo abierto y la consulta popular. Estas formas resultan especialmente válidas para los municipios campesinos pequeños, donde es necesario desarrollar formas de democracia directa.

Se acordó, además, que los agentes municipales y figuras afines (como jefe de tenencia, comisario municipal, etc.) sean electos por los propios habitantes, y no designados por los presidentes municipales. Los ciudadanos tendrán derecho a remover a sus representantes, en caso de que no cumplan o traicionen la confianza del pueblo.

Los Acuerdos de San Andrés establecen que los ciudadanos deben tener el derecho a desconocer a sus autoridades municipales, y que los Congresos locales deben buscar los mecanismos para hacer respetar esta decisión. Se establece también la necesidad de reconocer el derecho de los ciudadanos a iniciar leyes o decretos, mediante propuestas a los Congresos locales, a través de sus autoridades municipales o por medio de la iniciativa popular. No hay ninguna razón para que estos derechos, que han sido reclamados continuamente en todo el país, se mantengan como exclusivos de los indígenas, sino que deben hacerse extensivos a toda la población.

Es de suma importancia destacar que se acordó legislar sobre los derechos de los pueblos a elegir a sus autoridades sin la necesaria participación de los partidos políticos. En este punto se abre la posibilidad de ganar el reconocimiento de las candidaturas independientes, para el conjunto de los ciudadanos.

También es muy importante la reforma constitucional que plantea que los ayuntamientos le darán participación a los núcleos de población en los planes de desarrollo municipal y sobre todo que se establecerán mecanismos de participación ciudadana para coadyuvar con los ayuntamientos en la programación, ejercicio, evaluación y control de los recursos, incluidos los federales, que se destinen al desarrollo social.

Por otra parte, se acordó desarrollar un proceso de descentralización de las facultades, funciones y recursos federales y estatales a los gobiernos municipales.

Se estableció que los municipios tienen el derecho de asociarse libremente entre sí para coordinarse y emprender acciones regionales que optimicen sus esfuerzos y recursos, aumentando así su capacidad de gestión y desarrollo. Las autoridades quedan obligadas a transferir los recursos, para que ellos mismos administren los fondos públicos que les corresponden. Esto resulta muy importante tanto para los municipios conurbados como para los rurales, ya que pueden emprender programas de desarrollo o de manejo sustentable de recursos en una escala que rebasa el ámbito municipal.

3. En las políticas públicas:

La nueva relación entre los pueblos indígenas y el Estado debe basarse en los principios de la consulta y acuerdo, y en la descentralización democrática. Por tanto, las políticas, leyes, programas y acciones públicas deben ser consultadas con los pueblos.

El Estado se compromete a sostener el principio de la integralidad y a propiciar la concurrencia de todas las instituciones y niveles de gobierno, evitando las prácticas parciales que fraccionen las políticas públicas. Para asegurar que su acción corresponda a las características de los diversos pueblos, y evitar la imposición de políticas y programas uniformadores, deberá garantizarse la participación ciudadana en todas las fases de la acción pública, incluyendo su concepción, planeación y evaluación.

El Estado se compromete también a llevar a cabo una transferencia de facultades, funciones y recursos a los municipios y comunidades, para que se distribuyan los fondos públicos que se les asignen. Puesto que las políticas públicas no sólo deben ser concebidas con los propios pueblos, sino implementadas con ellos, las actuales instituciones de desarrollo social deben transformarse en otras que conciban y operen conjunta y concertadamente con el Estado los propios pueblos.

Se planteó también el compromiso, por parte de los distintos niveles de gobierno e instituciones del Estado, no intervenir unilateralmente en los asuntos y decisiones de los pueblos y comunidades, en sus organizaciones y formas de representación y en sus estrategias vigentes de aprovechamiento de los recursos.

Hacia el fortalecimiento de los derechos colectivos

Los acuerdos de San Andrés tienen como eje el reconocimiento y el fortalecimiento de los derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas. Se refieren también a los derechos de sectores específicos de la población, que se pueden hacer extensivos a todo el país. Se trata de derechos particulares de los campesinos, los migrantes, las mujeres y en materia educativa.

1. Los campesinos:

En San Andrés se acordó «legislar para que se garantice la protección a la integridad de las tierras de los grupos indígenas»; y en las reformas constitucionales se estableció el reconocimiento de los derechos colectivos a sus tierras y territorios. Esto resulta relevante, porque va a contracorriente de las tendencias privatizadoras de las tierras ejidales y comunales que se han impuesto en México a raíz de las reformas al artículo 27 Constitucional. Queda pendiente para los indígenas, junto con los campesinos, reestablecer el espíritu original del Artículo 27, una demanda expresada insistentemente y que no pudo ganarse.

En materia agraria, los avances más significativos que pueden ser reclamados por los campesinos mestizos se refieren al compromiso del Estado con el desarrollo sustentable.

Se acordó impulsar el reconocimiento en la legislación del derecho de los pueblos y comunidades a recibir la indemnización correspondiente, cuando la explotación de los recursos naturales que el Estado realice ocasione daños en su hábitat que vulneren su reproducción cultural. Para los casos en que el daño ya se hubiera causado, se promoverá el establecimiento de mecanismos de revisión que permitan que de manera conjunta, el Estado y los afectados analicen el caso concreto. En ambos casos, los mecanismos compensatorios buscarán asegurar el desarrollo sustentable de los pueblos y comunidades.

Se establece también la necesidad de reglamentar un orden de preferencia que privilegie a las comunidades en el otorgamiento de concesiones para obtener los beneficios de la explotación y el aprovechamiento de los recursos naturales.

2. Los trabajadores migrantes:

El Estado debe impulsar políticas sociales específicas para proteger a los migrantes, tanto en el territorio nacional como más allá de las fronteras, con acciones institucionales de apoyo al trabajo y educación de las mujeres, y de salud y educación de niños y jóvenes. En las regiones rurales, dichas políticas deberán estar coordinadas en las zonas de aportación y de atracción de jornaleros agrícolas.

3. Las mujeres:

Las mujeres indígenas conquistaron en San Andrés el reconocimiento a su derecho a participar en condiciones de equidad con el varón en todo lo concerniente al gobierno y al desarrollo de los pueblos indígenas, teniendo intervención prioritaria en los proyectos económicos, educativos y de salud que le sean específicos.

4. La educación:

Se acordó que el Estado debe asegurar una educación que respete y aproveche los saberes de los pueblos; y que garantice su participación en la organización y formulación de los contenidos regionales y sobre diversidad cultural, que deberán ser incorporados a los planes y programas de estudio.

Junto con los indígenas: a reorientar las prioridades nacionales

Es necesario establecer una nueva relación entre el Estado y los pueblos indígenas. Esta relación, además de basarse en el respeto a su libre determinación, debe partir del reconocimiento y el cumplimiento del compromiso gubernamental de reorientar las políticas públicas para transformar las condiciones de pobreza y marginación que afectan a los pueblos indígenas.

En San Andrés se reconoció que es necesaria una nueva política de Estado, no de coyuntura, y el gobierno se comprometió a desarrollarla en el marco de una profunda reforma del Estado, que impulse acciones para la elevación de los niveles de bienestar, desarrollo y justicia.

Estos compromisos especifican la obligación del Estado de asegurar la educación y capacitación, de tal modo que respeten y aprovechen los saberes indígenas; se amplíe su acceso a la ciencia y la tecnología y se promueva una educación profesional que mejore sus perspectivas de desarrollo; se garantice la capacitación y asistencia técnica que mejore los procesos productivos; y se promueva la capacitación para la organización que eleve la capacidad de gestión de las comunidades.

Se estableció también la obligación del Estado de asegurar la satisfacción de necesidades básicas, garantizando las condiciones que permitan a los pueblos indígenas ocuparse de su alimentación, salud y servicios de vivienda. En esta política social se acordó impulsar programas prioritarios destinados a los niños y las mujeres.

Finalmente, se acordó que el Estado debe impulsar la base económica de los pueblos indígenas con estrategias específicas de desarrollo acordadas con ellos, que contribuyan a generar empleos y mejoren la dotación de servicios.

En lo que se refiere a las políticas sociales, los indígenas lograron imponer al Estado una serie de compromisos que van a contracorriente de las políticas neoliberales. Su cabal cumplimiento supone, entonces, una reorientación de las políticas públicas y una redefinición de las prioridades nacionales. Y esta es una tarea que involucra no sólo a los indígenas sino a toda la sociedad.

Lo que el gobierno no quiere cumplir. Sí, a los Acuerdos de San Andrés sin interpretación.

24 de enero de 1998

No hace falta ser muy perspicaz para saber que el gobierno federal no tiene intención de cumplir los Acuerdos que firmó en San Andrés Sacamch’en de los Pobres, Chiapas, el 16 de febrero de 1996 con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Lástima, en ellos están plasmados y firmados compromisos importantes por parte del gobierno que, de llevarse a la práctica, democratizarían al país.

Para desgracia de la credibilidad gubernamental, el documento de los Acuerdos de San Andrés existe, está firmado y circulan por el mundo miles de copias que cada día más personas leen con atención. Para desmentir las afirmaciones de que el gobierno “honrará los Acuerdos” pero que el problema estriba en la traducción jurídica de la Comisión de Concordia y Pacificación, basta con el simple y calmado acto de cotejar lo firmado en San Andrés contra lo que dicen el presidente Zedillo, el secretario de gobernación Francisco Labastida y Emilio Rabasa junior.

Basta ver la página 5 del documento original “Propuestas conjuntas que el gobierno federal y el EZLN se comprometen a enviar a las instancias de debate y decisión nacional, correspondientes al punto 1.4. de las Reglas de Procedimiento* [del Diálogo]” para leer el compromiso conjunto de:

Se propone al Congreso de la Unión reconocer, en la legislación nacional, a las comunidades como entidades de derecho público.

Después hay que hacer uso del cuadro comparativo publicado en diversos medios los primeros días de enero de 1997 en donde se contrastan la propuesta de reforma constitucional elaborada por la Cocopa el 29 de noviembre de 1996 y la contrapropuesta gubernamental. La iniciativa de ley de la Cocopa transcribe textual de los Acuerdos la figura jurídica de la comunidad como “entidad de derecho público” al proponer reformar el artículo 115 de la Constitución:

Las comunidades indígenas como entidades de derecho público y los municipios que reconozcan su pertenencia a un pueblo indígena tendrán la facultad para asociarse libremente a fin de coordinar sus acciones […].

En cambio, la contrapropuesta gubernamental interpreta a su modo los Acuerdos de San Andrés en el párrafo equivalente de su artículo 115, que anota:

las comunidades de los pueblos indígenas como entidades de interés público […].¿Quién, entonces, traduce mal los Acuerdos de San Andrés en un asunto tan toral como la caracterización jurídica de las comunidades indígenas?,

¿la Cocopa, que se apega a la letra y espíritu de los Acuerdos o el gobierno federal que de la manga hace surgir una figura jurídica que no aparece en lo absoluto en el texto de los Acuerdos? No es una diferencia de palabras en tanto la figura de la comunidad como entidad de derecho público, es una figura que le permite a la comunidad tener un peso en sus decisiones y en sus protecciones legales mucho más concreta y caracterizada que la del gobierno.

Otro ejemplo interesante de estas tergiversaciones gubernamentales a los Acuerdos puede cotejarse remitiéndose a las páginas 3 y 4 (en el original) del citado documento de “Propuestas conjuntas”, conocido también como Documento 2, en donde se dice en su inciso 5:

Se propone al Congreso de la Unión y a las Legislaturas de los estados de la República reconocer y establecer las características de libre determinación y los niveles y modalidades de autonomía, tomando en cuenta que ésta implica: a) Territorio. Todo pueblo indígena se asienta en un territorio que cubre la totalidad del hábitat que los pueblos indígenas ocupan o utilizan de alguna manera. El territorio es la base material de su reproducción como pueblo y expresa la unidad indisoluble hombre-tierra-naturaleza.

Los Acuerdos anotan también otras cuatro características que dan fuerza a la idea de la autonomía dentro del marco jurídico mexicano que especifican su ámbito de aplicación, sus competencias, la idea de coparticipación y corresponsabilidad de las comunidades en la planeación y ejecución de los proyectos de desarrollo e incluso su participación en los órganos de representación políticos local y nacional “a fin de construir un nuevo federalismo”.

Como se ve, no parecen ser propuestas que rompan con la unidad nacional. Haciendo eco de estas precisiones, la iniciativa de la Cocopa del 29 de noviembre de 1996 anotaba en el inciso X de su propuesta de reforma al artículo 115 que

Las Legislaturas de los estados podrán proceder a la remunicipalización de los territorios en que estén asentados los pueblos indígenas, lo cual deberá realizarse en consulta con las poblaciones involucradas.

Como se desprende de la lectura de la contrapropuesta, gubernamental en el mismo inciso X del artículo 115 se escamotea la noción de territorio, pese a que ésta no es un invento de la Cocopa sino una precisión importantísima de los Acuerdos en consonancia con el Convenio 169 de la OIT, pues como se ha dicho mucho, uno de los valores de San Andrés fue referirse y apegarse al Convenio 169 firmado y ratificado por el gobierno mexicano.

Esto es un botón de muestra. El cotejo de los Acuerdos de San Andrés contra las traducciones realizadas por Cocopa el 29 de noviembre de 1996 y la contrapropuesta gubernamental de mediados de diciembre del mismo año, será suficiente para que la gente entienda que el gobierno miente al afirmar que no quiere renegociar los acuerdos y que su intención es únicamente encontrar una forma jurídica fiel a ellos.

Hoy, a dos años de la firma de los Acuerdos de San Andrés el gobierno emite cuatro observaciones (dice que  a la iniciativa de la Cocopa) contenidas en 20 cuartillas, es decir en promedio de cinco cuartillas por observación divididas en incisos. Especular sobre cuáles son estas observaciones sería vacuo. En el fondo lo que sucede es que los Acuerdos de San Andrés significan compromisos de realizar una profunda reforma del Estado que no se agota en lo meramente electoral. Son compromisos que implican abrir espacios de participación ciudadana en muchos niveles, incluso en el diseño de políticas públicas. Son compromisos de realizar una reforma institucional que acota decididamente la unilateralidad de los proyectos, programas y presupuestos. Por encima de todo son compromisos tejidos democráticamente, es decir, el eZLN invitó a participar a una amplia capa de dirigentes y expertos en la materia para que no sólo opinara, sino para que decidiera en conjunto el producto de los Acuerdos. El resultado es un piso de acción popular para exigirle al gobierno un nuevo pacto social que le ata las manos a su autoritarismo; que le exige la revisión continua de sus actos de gobierno; que posibilita la reconstitución real de los pueblos indígenas como actores de su problemática, que sienta un precedente para otros muchos sectores del país. Esto es lo que el gobierno teme porque no está dispuesto a reformar el Estado más allá de acciones declarativas en el ámbito de lo electoral sin tocar los procesos reales de participación, base fundamental de una convivencia democrática.

Ramón Vera Herrera

* Los Acuerdos de San Andrés están publicados en Nunca más sin nosotros, Juan Pablos Editor, México, 1996, y en la revista Chiapas número 2, Era, 1996. El Instituto Nacional Indigenista ha publicado una edición facsimilar que permite el cotejo de las páginas.

PROBLEMAS, 01/01/98, LOS ACUERDOS DE SAN ANDRES: ENTRE LA PAZ Y LA GUERRA
Problemas del Desarrollo
País/Country: México
Publicación del Instituto de Investigaciones Económicas, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad Universitaria, México
Autor/Author: Ana Esther Ceceña Martorella*
Número/Number: 112.
Frecuencia/Frequency: Trimestral/Quarterly
Fecha/Date: 01/01/98

La guerra que inicia con el levantamiento zapatista el primero de enero de 1994 tiene raíces profundas y emerge de la impunidad creciente con la que el gran capital intenta determinar y someter todos los espacios de la vida y la reproducción en el planeta.

La voz que los más pequeños, los indígenas de Chiapas, lan- zan al mundo encuentra miles de oídos receptivos porque expresa un alarido de alerta, un llamado de emergencia contra la despo- sesión total y absoluta, contra la negación de la humanidad de ser promovida impunemente por las fuerzas de la modernidad.

El llamado zapatista permite descubrir, o confirmar, la unidad de lo diverso en el universo social contemporáneo. Las minorías expulsadas del poder, de los espacios de decisión, de los beneficios del progreso, estaban dispersas por todo el mundo pero en conjunto se convertían en una mayoría potencial, amenazante y prometedora.

Se reabrió la esperanza y con ella la posibilidad de construir utopías. El zapatismo se erigió como espacio de confluencia, de tránsito y construcción del sujeto colectivo mundial. Los encuentros se multiplicaron, no sin contradicciones, y los imaginarios empezaron vertiginosamente a tejer pasadizos que trabajan en un entramado articulador de voluntades creadas por una misma pero variada situación de opresión.

Esta esperanza creció cuando la participación colectiva detuvo la lucha armada y contribuyó a generar espacios de debate y decisión que constituyeron una respuesta alentadora a todas las formas de resistencia que consideraban insuficientes o inadecuadas las estructuras institucionales. El diálogo nacional se trasladó a San Andrés y una parte del debate internacional empezó a girar en torno a éste. La sociedad fue convocada a hablar, no a acatar, y San Andrés se convirtió en paradigma de una auténtica transformación democrática en la que todos ganan porque ninguno sale ganando. Sin imposiciones, con paciencia y, sobre todo, con un gran sentido de responsabilidad, la sociedad mexicana se reunió en San Andrés para participar en lo que sería el primer paso de su refundación.

San Andrés constituye, antes que nada, la primera ocasión en 500 años en que los pueblos indígenas participan como parte consciente de la nación mexicana. En ese sentido, tiene un carácter histórico invaluable y es un aporte definitivo a la democracia en el mundo, que es impensable si no se inicia con un respetuoso reconocimiento de todos los que, evidentemente diferentes, forman parte de la población mundial.

San Andrés tiene una trascendencia sustancial en muchos sentidos: es un proceso de negociación de la paz que se convierte en debate sobre la Nación, y sobre el concepto mismo de Nación y sus limitaciones, por la diversidad, representatividad y autenticidad de sus participantes; las decisiones se asumen como acuerdo y compromiso colectivo entre las distintas partes que componen la Nación y con ello la sociedad se coloca por encima del tradicional autoritarismo oficial con la aceptación de los representantes gubernamentales; tanto en el proceso como en los contenidos se reconoce la capacidad de los pueblos indígenas, en igualdad de circunstancias con el resto de los que componemos la Nación, a ejercer y exigir sus derechos ciudadanos; y, finalmente, San Andrés es un compromiso colectivo por la construcción de la paz y de todas las condiciones que la garanticen, es decir, es un compromiso por prevenir los conflictos sociales mediante la atención oportuna de sus posibles detonadores, a través del procedimiento democrático probado y validado en la mesa de diálogo entre el EZLN y el gobierno federal.

Siendo un logro tan importante, sin embargo, el compro- miso establecido en San Andrés nunca se lleva a la práctica. El gobierno mexicano promueve un desmantelamiento paulatino a través de la confusión y fuertes campañas de desprestigio de los contenidos de los Acuerdos, de los actores, de las instancias de mediación y coadyuvancia e incluso del diálogo como recurso para dirimir los conflictos.

Se acota la práctica partidista como única esfera posible de participación en el juego político y en la definición de los destinos nacionales al tiempo que, por un lado, se emprenden una serie de acciones tendientes a desestabilizar al Partido de la Revolución Democrática (PRD) a pesar de estar dentro de la legalidad aceptada y, por otro, se inicia una campaña, que no ha hecho más que crecer, en contra de cualquier forma de organización no partidaria de la sociedad civil como pueden ser las defensoras de los derechos humanos, las mismas comunidades, etcétera.

La dificultad en que el amplio consenso logrado por San Andrés coloca al gobierno mexicano plantea, primero que nada, un problema de legitimidad. El proyecto económico salinista de incorporación al progreso mediante el sometimiento irrestricto a los intereses hegemónicos de la región norteamericana y del gran capital trasnacional que tiene en ella su asiento implica una confrontación muy violenta con las tradiciones históricas, necesidades y convicciones del pueblo de México. Igualmente, un proyecto autoritario y excluyente como es el del gran capital, es incapaz de construir espacios de legitimación en el terreno político y en el económico, y mucho menos en las zonas que han participado históricamente como determinadas.

La violencia que requiere la incorporación de los recursos humanos y naturales de México al mercado mundial impide desarrollar simultáneamente cualquier iniciativa de reconocimiento a las luchas democráticas o, cuando éstas son muy vigorosas, exige diseñar estrategias de desmantelamiento.

De ahí que la guerra, pero no la de las comunidades indígenas del primero de enero sino la guerra institucionalizada, vaya tomando el control de la situación y extendiendo sus tentáculos. El levantamiento zapatista ya demostró su vocación pacifista y su compromiso con el diálogo como vía de negociación; pero la guerra del capital cada día se manifiesta más como su único camino de imposición de un modelo que mientras más exitoso desde su punto de vista, más ilegítimo se vuelve para la población.

Dentro de este esquema, el gobierno mexicano, desaten- diendo el mandato de su población, desarrolla una estrategia de guerra que busca cancelar las expectativas democráticas abiertas en San Andrés mediante el incumplimiento de los Acuerdos, tácticas y acciones divisionistas en la escena política nacional, la penetración militar en el territorio indígena de Chiapas y muchas otras regiones del país, el fortalecimiento del descontrol y la impunidad para propiciar un ambiente gene- ralizado de represión y para promover la desestructuración de todas las formas de organización de la vida y de la acción política que se sustentan en vínculos comunitarios, y para inducir la muerte por asfixia de aquéllos que en los Acuerdos de San Andrés reconoce como interlocutores y como conciudadanos.

La primera forma concreta y operacional que asumen los Acuerdos de San Andrés es la llamada Ley Cocopa que es resultado no sólo del consenso de San Andrés sino de un consenso ratificado por las partes negociadoras y un conjunto muy amplio de actores sociales. El intento por invalidar todo el proceso de negociación para justificar la guerra y el incumplimiento del gobierno ha llevado a un desorden en el que el Legislativo es arrastrado a corresponsabilizarse, a través de los dirigentes del Partido Acción Nacional (PAN), con una auténtica contrarreforma democrática.

La masacre de Acteal, en ese contexto, no sólo representa una deshonrosa entrada del gobierno de México y de quienes comparten y aplauden su estrategia en la historia universal de la infamia, sino que parece marcar el inicio de una escalada militar de gran envergadura para sofocar, que no resolver, un conflicto que no hará más que multiplicarse por todo el país y de una nueva etapa de lucha por conquistar la posibilidad de vivir con dignidad frente a un gobierno que el único espacio que pretende concederle a la dignidad es el de la muerte.

La dignidad y la convicción de que los seres humanos somos capaces de humanizar y decidir nuestra existencia y de encontrar formas colectivas de ejercicio de la democracia y construcción de la utopía; la rebelión de nuestro ser indígena y de nuestra resistencia ancestral dentro y fuera de nosotros; la conciencia de nuestra posibilidad de un futuro mejor construyendo un presente digno son mucho más fuertes, como es natural, que las fuerzas parapetadas detrás de tanques, aviones o cuernos de chivo.

La estrategia de la guerra del gobierno mexicano será derrotada por la estrategia de la razón y de la esperanza.

*Investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc.) de la UNAM, y Directora de la Revista Chiapas

http://ladb.unm.edu/econ/content/problemas/1998/january/acuerdos.html

MEXPAZ: BOLETÍN NO. 162, CHIAPAS CHIAPAS, MÉXICO
(18 DE FEBRERO DE 1998)

LA CAMPAÑA ZENOFÓBICA Y LOS ACUERDOS DE SAN ANDRÉS

El 16 de febrero se cumplieron dos años de la firma de los Acuerdos de San Andrés sobre la Mesa 1, Derechos y Cultura Indígena. A finales de eses mismo año de 1996, la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA) integrada por los legisladores representantes de los partidos políticos en el Congreso de la Unión, elaboró la propuesta de iniciativa de Ley sobre dichos Acuerdos la cual presentó a las Partes como no negociable. La respuesta del EZLN fue de aceptación a la propuesta de la COCOPA que, aunque no recogía todo lo firmado en los Acuerdos de San Andrés, si se mantenía en el espíritu de éstos. Por su parte del Gobierno Federal hace una contrapropuesta con 29 observaciones a la iniciativa -no negociables- de la COCOPA.

Este es el punto nodal de los Acuerdos de San Andrés. Durante estos dos años, diversos actores de todo tipo incluido el EZLN, han acusado al gobierno de traicionar su palabra para cumplir lo firmado, que en su lugar orquesta una campaña de desgaste contra la sociedad civil y el mismo EZLN, que militariza más la entidad, que crea paramilitares, que divide a las organizaciones campesinas, que quiere desaparecer   o por lo menos debilitar a la COCOPA y a la CONAI, que asesina, desaloja y crea desplazados en una guerra de baja intensidad, y muchos mecanismos más para buscar el modo de no cumplir con los Acuerdos constitucionalmente.

Durante este tiempo, miles de extranjeros y nacionales se hicieron presentes en diversos actos convocados por el EZLN como los encuentros Intercontinentales por la Humanidad y contra el Neoliberalismo. Del mismo modo, muchas delegaciones extranjeras visitaron los Aguascalientes y los Campamentos Civiles de Paz para ser testigos de la situación de los derechos humanos en Chiapas así como otras Ong’s extranjeras que visitaron la entidad.

A casi dos años de esta estrategia de desgaste y de guerra de baja intensidad, la masacre de Acteal produjo, entre otras muchas cosas, una reacción sin precedentes desde el levantamiento armado por parte de la sociedad civil internacional denunciando la situación y volviendo al centro del debate el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés. Esta presión internacional produjo impactos políticos de gran magnitud no solo para Chiapas sino para el país que ya se venían anunciando.

Cuando todos los sectores del país se pronunciaban sobre el diagnóstico de la situación en Chiapas, la CONAI y LA COCOPA, en enero del presente año, formulan 10 puntos claves para la reactivación del diálogo lo que obliga al gobierno a tomarlos en cuenta por ser las instancias de mediación y coadyuvancia a la negociación. Así, la presión política sobre el gobierno aumenta y la solidaridad internacional centra también sus reclamos sobre esos ejes:

1)  Cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés;

2)  Respeto a la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna;

3)  Disminuir la presencia militar;

4)  Desarmar a los grupos paramilitares;

5)  Acelerar la investigación sobre la masacre de Acteal;

6)  Atención a los desplazados;

7)  Indemnización de los deudos del conflicto;

8)  Liberación de presuntos zapatistas presos;

9)  Generar mecanismos de conciliación regional y;

10)   Reactivar los trabajos de la Comisión de Seguimiento y Verificación (COSEVER).

De este modo, el gobierno utiliza a la desacreditada Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que emita las recomendaciones que el gobierno siente la obligación de solucionar como fruto de la presión política. Así, la comisión recomienda la liberación de presos, el cese de funcionarios chiapanecos, la ayuda humanitaria a los desplazados, la indemnización a sus familiares, el desarme de los paramilitares y, ahora, recomienda reposicionar al Ejército Mexicano. Todas estas recomendaciones han sido acatadas parcialmente, con dificultades y otras no se han llevado a cabo. Sin embargo, éstas son las barajas que utiliza el gobierno para afirmar que está respondiendo a las demandas del EZLN a cambio de que acepte las 4 observaciones que ha enviado a la Comandancia sobre la propuesta de Ley. La posible reubicación de las tropas del ejército es ahora la última baraja política de presión contra el EZLN.

El EZLN, en voz del comandante Ezequiel, dio su respuesta en días pasados en una marcha que realizó en la ciudad de San Cristóbal de las Casas: no aceptaremos modificaciones a la propuesta de Ley de la COCOPA, “o todo o nada”. A esta respuesta, la Secretaría de Gobernación respondió fortaleciendo el discurso de que el EZLN no quiere el diálogo.

Sin embargo, esta presión política contra el gobierno tiene otro costo. Sin precedentes, lanza una campan-a contra los extranjeros en el Chiapas donde hacen eco las plumas de los medios impresos gubernamentales, los empresarios, el Partido de Acción Nacional (PAN) y algunos noticieros televisivos.

Hace algunos días, Televisión Azteca desciende en La Realidad cuando a su vez es rodeado por indígenas, extranjeros y nacionales del Campamento Civil de Paz. A su regreso, el helicóptero voló el techo de la escuela hiriendo a un niño y a una mujer. Este acontecimiento recrudece las opiniones sobre la injerencia extranjera en el conflicto armado hasta con argumento absurdos y manipulaciones de imágenes. A su vez, personal de migración intensifican la campan-a de persecución contra los extranjeros en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, deteniéndolos en las calles, arribando a domicilios, hoteles y negocios donde presuntamente se encuentran extranjeros. Esto se da en el contexto del arribo de casi 200 extranjeros de la Comisión Civil Internacional de Observación que aumenta las críticas gubernamentales contra la injerencia extranjera y exaltando el patriotismo y la soberanía mexicana. El Instituto Nacional de Migración (INM) informa que entre 1996 y 1997, ingresaron a la Zona de Conflicto 4,533 extranjeros de 276 organizaciones (96 Ong’s, 28 fundaciones, 64 instituciones académicas, 42 privadas, 45 religiosas; 71 diplomáticos la mayoría europeos); que 500 extranjeros con forma migratoria de turistas se encuentran permanentemente en la Zona de Conflicto y que al menos 400 extranjeros podrían ser deportados en las próximas semanas.

A estas alturas, ya han sido deportados dos extranjeros de nacionalidad estadounidense en los últimos 10 días.

Todos los actores que se han pronunciado por la defensa de la presencia de observadores extranjeros en Chiapas han sido acusados por el gobierno y por otros sectores allegados a él, de “traidores a la patria”. La CONAI es nuevamente sujeta de ataques por favorecer supuestamente la injerencia internacional, lo mismo que diversas organizaciones y hasta miembros de la COCOPA del PRD que han denunciado la manipulación de los medios de comunicación y la “campaña xenofóbica” del gobierno. Nuevamente se intenta desacreditar y debilitar a las instancias de mediación y coadyuvancia al tiempo en que el gobierno pide al EZLN que ponga fecha para discutir sus 4 puntos de observación a la propuesta de Ley de la COCOPA.

En medio de estos acontecimientos, fue duramente criticado el jurista Ignacio Burgoa al afirmar que los Acuerdos de San Andrés no tienen validez jurídica, que la COCOPA y la CONAI deben desaparecer, que el presidente Zedillo debe acabar con la rebelión indígena con el uso del Ejército Mexicano lo que aplaudiría la Nación, etc.

Por su lado, el gobernador interino de Chiapas ha lanzado varias iniciativas:

  1. La creación de una fuerza antimotín compuesta por 500 mujeres sin armas quienes serían ahora las que podrían enfrentar a las mujeres indígenas que en primera fila rechazan la presencia del ejército en las comunidades;
  2. Una iniciativa de paz que dará a conocer la próxima semana que ha generado la crítica en el sentido de minimizar los Acuerdos de San Andrés;
  3. Una oficina de atención a corresponsales de medios de comunicación para contrarrestar la información con el contenido gubernamental y;
  4. Creación    de    juzgados    de    paz    y    conciliación    indígena    argumentándola    como    una    “propuesta gubernamental de vanguardia”.

Todos estos acontecimientos parecieran encaminarse a varios objetivos:

  1. Desacreditar y debilitar a la CONAI y COCOPA;
  2. Desviar la atención sobre la investigación de la masacre de Acteal;
  3. Desviar la atención sobre el desarme de los grupos paramilitares lo cual no se ha hecho;
  4. Insistir en que el gobierno está realizando acciones para reanudar el diálogo y desacreditar al EZLN;
  5. Abrir nuevos frentes de negociación;
  6. Eliminar los ojos internacionales en Chiapas;
  7. Eliminar los municipios autónomos utilizando a los grupos paramilitares;
  8. Renegociar, en definitiva, los Acuerdos de San Andrés a su mínima expresión.

EL EJERCITO MEXICANO

El Ejército Mexicano continúa informando sobre su “labor social”, donde afirma que tiene 20 equipos que han ofrecido consultas médicas, servicio de odontología, vacunas, pacientes   evacuados,   servicios   de pintura, albañilería, plomería, limpieza de aulas escolares, limpieza de tinacos, construcción de caminos, desasolve de canales, reparación de aparatos electrodomésticos, reparación e instalaciones eléctricas, cortes de cabello, curaciones, inyecciones, pláticas de higiene y educación sexual.

La supuesta labor social del ejército y sus diversas acciones sustituye a la Secretaría de Salubridad y Asistencia (SSA), de Educación Pública (SEP), de Reforma Agraria (SRA), del Instituto Mexicano de la Salud (IMSS), del Desarrollo Integral para la Familia (DIF), del Instituto Nacional de Migración (INM), de la Policía de Seguridad Pública, a los poderes locales (presidencias municipales), etc. Sin embargo, el informe de estas acciones son irrisorias en relación a la población afectada. El objetivo primordial es poder acceder a las comunidades, cambiar la imagen del mismo ejército, obtener información y controlar el aparato de estado por su camuflaje en las secretarías y dependencias gubernamentales tanto estatales como federales.

En los últimos días, la prensa ha informado sobre la presencia de nuevos vehículos no vistos antes en la zona de La Realidad. Vehículos blindados con torretas artilladas y vehículos anfibios que han patrullado por la región.

LA AGENDA SOCIAL

  • 5 mil indígenas de las Regiones Autónomas Pluriétnicas (RAP) de los Altos, Selva y Fronteriza marcharon hacia la ciudad de Tuxtla Gutiérrez en días pasados para demandar la desmilitarización y el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés, entre otras demandas.
  • Los maestros de la Sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SENTE) realizaron marchas en varias ciudades del estado: ‹chucalco, Simojovel, Palenque, Ocosingo, San Cristóbal de las Casas, Tuxtla y Motozintla, quienes demandaron la salida del ejército mexicano de las comunidades, el desarme de los grupos paramilitares, castigo a los responsables de la masacre de Acteal y cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés.
  • Organizaciones campesinas e indígenas se reunieron en Ocosingo para analizar la situación de Chiapas y demandaron de igual modo, entre otras cosas, el cumplimiento de los Acuerdos.
  • Arribará próximamente la primera caravana del norte del país con toneladas de ayuda humanitaria procedentes del estado de Nuevo León.

LAS INVERSIONES PARA CHIAPAS

El gobierno impulsa la imagen de que México es un “país de oportunidades”. Así, varias empresas se aventuran a la inversión en Chiapas haciendo eco de que solo la inversión económica eliminará el problema político de los Acuerdos: El grupo Pulsar (de México); la Nestlé (de Suiza); la empresa Barry Callebout (de Francia) que al año consume 300 mil toneladas de granos de cacao que significa el 12% de la producción mundial; la empresa Herdez; el Fondo Chiapas de empresarios mexicanos que acaban de recibir 5 millones de dólares de la Corporación Financiera Internacional para América Latina y el Caribe que se suman a sus 7.8 millones de dólares del fondo; y la aprobación del Congreso Local de una empresa de participación mayoritaria que tendrá como objeto la operación, administración y manejo de los aeropuertos, aeródromos y pistas de aterrizaje en el estado de Chiapas. Sin embargo, todas estas empresas reforzarán o tendrán su inversión en la zona del Soconusco, donde la presencia simpatizante zapatista, de municipios autónomos, de grupos armados priístas y paramilitares se van acercando a la región. Estas inversiones subsidiarán los costos de las cuantiosas inversiones estatales que ha hecho el gobierno al estado de Chiapas y que no han generado impacto.

El mismo gobierno confirma que chiapas es el estado que más apoyos económicos ha recibido para la creación de empleos, proyectos productivos, etc., al mismo tiempo en que la toma de muchas presidencias municipales se han llevado a cabo en los últimos días acusando a los ediles de malversación de fondos públicos, de apoyar y financiar grupos paramilitares, etc.

Elaborado por :H.O. Mendoza

Chiapas al Día, No. 42 CIEPAC. Chiapas, México 19 de febrero de 1997

El Contexto del Primer Aniversario de la Firma de los Acuerdos Sobre Derechos y Cultura Indígena

El 16 de febrero de 1996, el gobierno federal y el EZLN firmaron los primeros acuerdos de la Mesa 1, Derechos y Cultura Indígena”. Después de un año de dichos acuerdos, el saldo por la paz es el siguiente.

LOS MECANISMOS DEL DIALOGO EN CRISIS

La Comisión de Seguimiento y Verificación (COSEVER) tuvo su primera reunión del año en San Cristóbal de las Casas. Sin embargo, debido a la dificultad de que la delegación del EZLN hiciera acto de presencia por obvias razones, la parte gubernamental se ausenta de dicha reunión. Por tanto, la dificultad de proponer otra agenda y el retraso en la definición de las tareas de la Comisión, se verán afectadas mientras no se reanude el diálogo ya que la delegación zapatista no saldrá de las montañas hasta que el Ejército no se retire y se den las condiciones mínimas de movilidad.

La Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA) sigue callada ante la negativa gubernamental de no aceptar las modificaciones constitucionales para incorporar los acuerdos que firmó con el EZLN sobre Derechos y Cultura Indígena. No olvidemos que la COCOPA es la que tiene en sus manos la decisión de calificar la situación de las negociaciones.

NUEVOS ACTOS VIOLENTOS EN EL ESTADO

En pocos días se han registrado 6 acciones violentes. Primero, la Alianza San Bartolomé de los Llanos, grupo paramilitar en la zona de los Valles Centrales y que cuenta con el apoyo del diputado priísta Eucario Orantes y su familia así como de la Seguridad Pública y la presidencia municipal de Venustiano Carranza, embosca nuevamente a campesinos de la Casa del Pueblo. Segundo, la Coordinación de Organismos No Gubernamentales por la Paz sufre su 4o. atentado de quema de sus oficinas. Tercero, indígenas secuestran al diputado priísta Lescieur Talavera y es liberado después. Cuarto, la organización urbana de BACOSAN en San Cristóbal vuelve a sufrir amenazas a miembros de su organización. Quinto, se registra un nuevo desalojo de campesinos en la comunidad de Palestina. Sexto, y el más grave, miembros de la Estación Norte, compuesto por la CONPAZ, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, SIPAZ y Global Exchange, fueron interceptados por el grupo paramilitar “Paz y Justicia” en el municipio de Tila. En medio de disparos, alguno estuvo a punto de ser asesinado y solo logró un rozón de bala en el cuerpo; otros miembros de la delegación huyeron al monte y otros no pudieron escapar y recibieron amenazas de violación sexual, intimidaciones y amenazas de muerte. Debido a los balazos, la Seguridad Pública no tuvo otro remedio que intervenir.

Estos acontecimientos son una muestra de la situación tensa que vive el estado. La represión y las intimidaciones van desde el campo a la ciudad; desde las organizaciones campesinas hasta las Organizaciones No Gubernamentales y organismos defensores de los derechos humanos. Por un lado, los secuestros van desde diputados priístas que pusieron a temblar al sistema judicial de Chiapas por la vulnerabilidad del mismo diputado y la imposibilidad de encontrarlo. Los indígenas muestran un peso fuerte para la negociación con el gobierno. Además, el grupo paramilitar “Paz y Justicia” goza de total impunidad en la zona.

EL EPR EN CHIAPAS

El Ejército Popular Revolucionario (EPR) dio a conocer en un comunicado que no boicoteará las elecciones federales del próximo 6 de julio. Informó de la existencia de otras 10 organizaciones armadas en l país por lo que buscará una unidad nacional. En el caso de Chiapas, en el municipio de Palenque han aparecido pintas alusivas al EPR mismas que han sido calificadas por las autoridades como hechos aislados. También denunciaron campesinos la presencia de 15 encapuchados presuntamente integrantes del EPR, que e distribuían propaganda. En el municipio de Tapachula, frontera con Guatemala, el EPR repartió diversos comunicados en donde denuncia la escala de violencia represiva del gobierno contra dirigentes sociales.

CHIAPAS EN CIFRAS
ASENTAMIENTOS HUMANOS

–   Fuentes de abastecimiento de AGUA POTABLE (1994):  178

–    Plantas de tratamiento de AGUAS RESIDUALES (1994): 9 (5 públicos y 4 privados en los municipios de Catazajá, Chiapa de Corzo, Huixtla, Ocosingo, Palenque, Reforma, Suchiapa, San Lucas, Venustiano Carranza).

–   Sistemas de DRENAJE Y ALCANTARILLADO (1994): 254

–  Total de PRESAS (1994): 6 (Cintalapa: Rosendo Salazar; La Concordia: La Angostura y el Portillo II; Chicoasén: Chicoasén; Ostuacán: Peñitas; Tecpatán: Malpaso).

–   Capacidad de almacenamiento total de agua en las PRESAS en 1994 (millones de metros cúbicos): 34 501 (La Angostura con 18.500, seguida de Malpaso con 12.960 millones de metros cúbicos).

–   TERRENOS NACIONALES posesionados en 1994: 49.490 hectáreas

–   ZONA FEDERAL en 1994 : 365.379 hectáreas

–   PROPIEDAD PRIVADA en 1994: 2.500.841 hectáreas (Ocosingo en primer lugar con  220.517).

–   PARQUES NACIONALES (1994): 3 (Chiapa de Corzo, Palenque, La Trinitaria).

–   MONUMENTOS NATURALES (1994): 2 (en Ocosingo).

–   ZONAS SUJETAS A CONSERVACIÓN (1994): 1 (San Cristóbal de las Casas).

–   Áreas de Protección de RECURSOS NATURALES (1994): 6 (La Concordia, Chanal, Ocosingo, Ocozocoautla, San Fernando, Villaflores).

–   Áreas de Protección de FLORA Y FAUNA (1994): 6 (Acacoyagua, Chilón, Jiquipilas, Ocosingo, Ocozocoautla, Tuxtla Gutiérrez).

–   Porcentaje Nacional de ESPECIES DE PLANTAS Y ANIMALES: 40% del total nacional de variedades de plantas; 36% de los especies mamíferos; 34% de los anfibios y reptiles; 66% de las aves; 20% de los peces de agua dulce; 80% de las mariposas.

–   RESERVA DE LA BIOSFERA (1994): 3 (Siltepec y dos en Ocosingo).

Gustavo Castro Soto
CIEPAC, A.C.

http://www.ciepac.org/bulletins/oldboletins/bolec42.htm el 07/09/2002

La Jornada. México D.F. Martes 16 de febrero de 1999

San Andrés: tres años, tres

Luis Hernández Navarro

Si durante la Colonia se discutía si los indios tenían o no alma, y a partir del cardenismo se reclamaba su necesaria desaparición en la identidad común del ser mexicano, a raíz del levantamiento zapatista de enero de 1994 y de la aprobación de los acuerdos de San Andrés sobre derechos y cultura indígenas se debate si deben o no tener derechos especiales.

La negativa a reconocer la existencia de su alma, de su identidad propia o de sus derechos es, más allá de las diferencias en el tiempo, parte de un mismo pensamiento: el que, bajo el argumento de la superioridad racial o del mestizaje como destino fatal, se niega a aceptar el derecho a la otredad de los que son culturalmente distintos.

Durante tres años se ha debatido la cuestión indígena con una intensidad, apasionamiento y virulencia desconocidos en nuestra historia reciente. Al calor de la discusión han emergido prejuicios e idealizaciones. Al lado de opiniones informadas y cultas han aparecido juicios desafortunados e ignorantes. La reflexión sobre la cuestión indígena parece, en ocasiones, un laberinto de equívocos del que no hay salida.

Este debate sobre los derechos indígenas y de algunas de sus consecuencias en la política nacional y en la formación de un nuevo actor (el movimiento indígena autónomo agrupado en el Congreso Nacional Indígena) se ha desarrollado a partir de la firma de los acuerdos de San Andrés. La cuestión indígena se ha colocado en el centro de la agenda política nacional. Los contornos de la identidad nacional, las políticas de combate a la pobreza, la democratización del país, la naturaleza de un nuevo régimen, las relaciones entre moral y política han adquirido nuevos contenidos. No habrá reforma del Estado sin solución a la cuestión indígena. No habrá paz en Chiapas al margen de una reforma constitucional que reconozca los derechos de los pobladores originarios de estas tierras.

La nueva lucha india, articulada e impulsada por el zapatismo, tiene profundas implicaciones para la formación de otro modelo de país. Impulsora de multiculturalismo democrático, es una fuerza central en la resistencia a una globalización que sirve a los intereses de los más poderosos, y una promotora de los derechos de las minorías y del combate a la exclusión. Gestora de un nuevo pacto nacional basado no sólo en los individuos sino también en los pueblos, estimula la reinvención del Estado y la nación que queremos.

Los acuerdos de San Andrés son la demostración de que los pueblos indios existen, están vivos y en pie de lucha. Son la evidencia de que los viejos y nuevos integracionismos, disfrazados de nacionalismo o universalismo, no han podido desaparecerlos, de que una parte de nuestra intelectualidad y nuestra clase política sigue profesando un liberalismo decimonónico trasnochado. El testimonio de que no son sólo «reliquias vivientes», sino actores políticos dotados de un proyecto de futuro, culturas acosadas, pero vivas poseedoras de una enorme vitalidad.

En San Andrés se oficiaron los funerales del indigenismo. El Estado mexicano tuvo que reconocer su orfandad teórica sobre la cuestión indígena y el fracaso de sus políticas. Todavía está instalado en el duelo. En su lugar se ha desarrollado un pensamiento nuevo, vigoroso y profundo que modificará la cultura y la política nacional. Un pensamiento surgido de años de resistencia y reflexión sobre lo propio y lo ajeno. Resultado de la gestación de una nueva intelectualidad indígena educada y con arraigo en las comunidades, de la formación de cientos de organizaciones locales y regionales con liderazgos auténticos y del conocimiento de las luchas indígenas en América Latina. Ese pensamiento, esos intelectuales y dirigentes, ese proceso organizativo, fueron los que tuvieron en San Andrés un punto de encuentro y convergencia, como nunca antes lo habían tenido.

San Andrés representa la fractura del ciclo de dominación ejercida sobre los pueblos indios, el resquicio por el que se meten, una vez más, a la disputa por el futuro. A tres años de la firma de los acuerdos, San Andrés se ha convertido en el símbolo del incumplimiento de la palabra presidencial pero, también, en referencia fundacional de un nuevo país. Este 21 de marzo, la consulta convocada por el EZLN mostrará que el futuro ya no es lo que era.

https://www.jornada.com.mx/1999/02/16/navarro.html

La Jornada. México D.F. Domingo 15 de febrero de 2004

San Andrés: los saldos de un incumplimiento

Francisco López Bárcenas

Hace ocho años, en un municipio del estado de Chiapas llamado San Andrés Sacamch’em de los Pobres, el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional firmaron unos acuerdos sobre derechos y cultura indígenas. Eran los primeros de una serie que debían conducir a la firma de la paz entre el gobierno y los rebeldes. Era también la esperanza de que en México entráramos al siglo XXI con los derechos indígenas reconocidos. Porque, aunque muchos reconocíamos que los acuerdos de San Andrés no contenían todos los reclamos de los pueblos indígenas, también éramos conscientes de que lo sustancial estaba en ellos y podía servir de base para comenzar a construir una nueva sociedad.

Pero ni el gobierno firmante ni su sucesor cumplieron con lo acordado, por más que los dos prometieron que lo harían. Ambos terminaron simulando que cumplían su palabra cuando en realidad lo que hacían era poner obstáculos para que los reclamos de los pueblos indígenas pudieran concretarse. La burocracia gubernamental también intentó apropiarse del discurso indígena, pero no pudo articularlo, porque la lógica de aquél es transformar el país para que sus derechos puedan concretarse, mientras la del gobierno es seguir fungiendo de administrador del gran capital, que es quien en realidad toma las decisiones fundamentales sobre el rumbo del país.

Agotada la posibilidad de que el gobierno reconociera los derechos de los pueblos indígenas, reformara sus instituciones y transformara sustancialmente sus políticas para que pudieran ejercerse, los pueblos indígenas regresaron a sus lugares de origen a construir su futuro, con la razón de sus argumentos y los resquicios que la legislación internacional y alguna nacional o estatal le dejaban, pero sobre todo, apostando a su propia capacidad de construir nuevos caminos para un nuevo fin: dejar de ser los sometidos de siempre y conquistar su derecho a la igualdad en la diferencia, en otras palabras, dejar de ser tratados como mexicanos de segunda o súbditos de los monarcas temporales en turno.

Los saldos de esa decisión arrojan resultados diversos. Por distintas partes del país se ven aparecer como hongos los gobiernos autónomos, algunas veces con declaración expresa de serlo y otras sin ella. Pero también de manera paralela a ellos se ve llegar la represión del Estado, la mayoría de las veces desde el mismo gobierno, pero en otras esa tarea queda a cargo de caciques regionales que funcionan como sus aliados, y no faltan quienes, camuflados con el discurso indígena, luchan contra ellos, sembrando la confusión o creando conflictos entre comunidades indígenas.

La otra línea de la resistencia indígena se encuentra en la lucha por el control territorial. Uno de sus efectos ha sido mostrar los centenares de conflictos agrarios que existen por todo el país, producto del despojo estatal hacia los pueblos indígenas, de los errores de la reforma agraria y de la necesidad que tiene el aparato estatal de mantener los conflictos para someter a los dueños de la tierra. En lugar de atender las causas profundas de esos conflictos, al actual gobierno lo que más se le ha ocurrido es consolidar una bolsa de dinero para repartir entre las partes si se ponen de acuerdo y llegan a un arreglo. Que esto no es la solución lo demuestra el hecho de que en algunos casos declarados resueltos por el gobierno, días después las partes siguen agrediéndose, o que mientras el Presidente de la República entrega legalmente la tierra que los indígenas han recuperado, otros actores declaran que el problema continúa.

En fin, el incumplimiento de los acuerdos de San Andrés por el gobierno no ha sido obstáculo para que los pueblos indígenas sigan viendo en él un documento muy importante, porque contiene sus derechos mínimos y ellos participaron en las discusiones que lo concretaron. Pero luchar por que su contenido se haga realidad les ha costado muchas lágrimas y sangre. Aunque no sólo los indígenas han perdido,

dentro de los saldos a la baja hay que contar la deslegitimación del gobierno de la transición, que prometió cumplir la palabra empeñada con los pueblos indígenas y no lo hizo. También pierde la sociedad, que no ha podido dejar atrás el régimen autoritario en que por décadas ha vivido. Es más, desde otro ángulo, se puede decir que en realidad pierden más el gobierno y la sociedad, porque los pueblos indígenas han ganado en presencia y dignidad.

http://www.jornada.unam.mx/2004/02/15/010a1pol.php?origen=opinion.php&fly=1

Ley COCOPA

29 de noviembre de 1996

Artículo 4.- La Nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquéllos que descienden de poblaciones que habitaban en el país al iniciarse la colonización y antes de que se establecieran las fronteras de los Estados Unidos Mexicanos, y que cualquiera que sea su situación jurídica, conservan sus propias instituciones sociales, económicos, culturales y políticas, o parte de ellas.

Los pueblos indígenas tienen el derecho a la libre determinación y, como expresión de ésta, a la autonomía como parte del Estado mexicano, para:

I.-Decidir sus formas internas de convivencia y de organización social, económica, política, y cultural;

II.-Aplicar sus sistemas normativos en la regulación y solución de conflictos internos, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, en particular, la dignidad e integridad de las mujeres; sus procedimientos, juicios y decisiones serán convalidados por las autoridades jurisdiccionales del Estado;

III.-Elegir a sus autoridades y ejercer sus formas de gobierno interno de acuerdo a sus normas en los ámbitos de su autonomía, garantizando la participación de las mujeres en condiciones de equidad;

IV.-Fortalecer su participación y representación política de acuerdo con sus especificidades culturales;

V.-Acceder de manera colectiva al uso y disfrute de los recursos naturales de sus tierras y territorios, entendidos éstos como la totalidad del hábitat que los pueblos indígenas usan u ocupan, salvo aquellos cuyo dominio directo corresponde a la Nación;

VI.-Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que configuren su cultura e identidad, y

VII.-Adquirir, operar y administrar sus propios medios de la comunicación.

La Federación, los estados y los municipios deberán, en el ámbito de sus respectivas competencias, y con el concurso de los pueblos indígenas, promover su desarrollo equitativo y sustentable y la educación bilingüe e intercultural. Asimismo, deberán impulsar el respeto y conocimiento de las diversas culturas existentes en la Nación y combatir toda forma de discriminación.

Las autoridades educativas federales, estatales y municipales, en consulta con los pueblos indígenas, definirán y desarrollarán programas educativos de contenido regional, en los que reconocerán su herencia cultural.

El Estado impulsará también programas específicos de protección de los derechos de los indígenas migrantes, tanto en el territorio nacional como en el extranjero.

Para garantizar el acceso pleno de los pueblos indígenas a la jurisdicción del Estado, en todos los juicios y procedimientos que involucren individual y colectivamente a indígenas, se tomarán en cuenta sus prácticas jurídicas y especificidades culturales, respetando los preceptos de esta Constitución. Los indígenas tendrán en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores, particulares o de oficio, que tengan conocimiento de sus lenguas y culturas.

El Estado establecerá las instituciones y políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los pueblos indígenas y su desarrollo integral, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con dichos pueblos.

Las Constituciones y las leyes de los Estados de la República, conforme a sus particulares características, establecerán las modalidades pertinentes para la aplicación de los principios señalados, garantizando los derechos que esta Constitución reconoce a los pueblos indígenas.

El varón y la mujer son iguales ante la ley…

Artículo 115.- Los Estados adoptarán…

I. Cada municipio…

II. Los municipios.

III. Los municipios, con el concurso de los estados…

IV. Los municipios administrarán libremente…

V. Los municipios…

En los planes de desarrollo municipal y en los programas que de ellos se deriven, los ayuntamientos le darán participación a los núcleos de población ubicados dentro de la circunscripción municipal, en los términos que establezca la legislación local. En cada municipio se establecerán mecanismos de participación ciudadana para coadyuvar con los ayuntamientos en la programación, ejercicio, evaluación y control de los recursos, incluidos los federales, que se destinen al desarrollo social.

VI. Cuando dos o más centros urbanos…

VII. El Ejecutivo Federal y los gobernadores…

VIII. Las leyes de los estados…

IX. Se respetará el ejercicio de la libre determinación de los pueblos indígenas en cada uno de los ámbitos y niveles en que hagan valer su autonomía, pudiendo abarcar uno o más pueblos indígenas, de acuerdo a las circunstancias particulares y específicas de cada entidad federativa.

Las comunidades indígenas como entidades de derecho público y los municipios que reconozcan su pertenencia a un pueblo indígena tendrán la facultad de asociarse libremente a fin de coordinar sus acciones. Las autoridades competentes realizarán la transferencia ordenada y paulatina de recursos, para que ellos mismos administren los fondos públicos que se les asignen. Corresponderá a las Legislaturas estatales determinar, en su caso, las funciones y facultades que pudieran transferírseles, y

X. En los municipios, comunidades, organismos auxiliares del ayuntamiento e instancias afines que asuman su pertenencia a un pueblo indígena, se reconocerá a sus habitantes el derecho para que definan, de acuerdo con las prácticas políticas propias de la tradición de cada uno de ellos, los procedimientos para la elección de sus autoridades o representantes y para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, en un marco que asegure la unidad del Estado nacional. La legislación local establecerá las bases y modalidades para asegurar el ejercicio pleno de este derecho.

Las Legislaturas de los Estados podrán proceder a la remunicipalización de los territorios en que estén asentados los pueblos indígenas, la cual deberá realizarse en consulta con las poblaciones involucradas.

Artículo 18.- Sólo por delito que merezca…

Los gobiernos…

Los gobernadores…

La Federación…

Los reos de nacionalidad…

Los indígenas podrán compurgar sus penas preferentemente en los establecimientos más cercanos a su domicilio, de modo que se propicie su reintegración a la comunidad como mecanismo esencial de readaptación social.

Artículo 26.- El Estado organizará…

Los fines del proyecto…

La ley facultará al Ejecutivo…

La legislación correspondiente establecerá los mecanismos necesarios para que en los planes y programas de desarrollo se tomen en cuenta a las comunidades y pueblos indígenas en sus necesidades y sus especificidades culturales. El Estado les garantizará su acceso equitativo a la distribución de la riqueza nacional….

En el sistema…

Artículo 53.- La demarcación territorial…

Para establecer la demarcación territorial de los distritos uninominales y las circunscripciones electorales plurinominales, deberá tomarse en cuenta la ubicación de los pueblos indígenas, a fin de asegurar su participación y representación políticas en el ámbito nacional….

Para la elección…

Artículo 73.- El Congreso tiene facultad:

I… XXVII

XXVIII.- Para expedir las leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, de los estados y de los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias, respecto de los pueblos y comunidades indígenas, con el objeto de cumplir los fines previstos en los artículos 4o. y 115 de esta Constitución;

Artículo 116.- El poder público de los estados…

I.-…

II. El número de representantes…

Los diputados de las legislaturas…

En la legislación electoral…

Para garantizar la representación de los pueblos indígenas en las legislaturas de los estados por el principio de mayoría relativa, los distritos electorales deberán ajustarse conforme a la distribución geográfica de dichos pueblos.

Fuente: http://www.ezln.org/san_andres/cocopa961129-sp.html

Conferencia de Prensa del Sen. Heberto Castillo y del Sen. López Velarde a Nombre de la Cocopa

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA. 24 DE ENERO DE 1997.

P.- Ayer el presidente Ernesto Zedillo aseguro que el aceptara la ley indígena siempre y cuando esta no sea excluyente. ¿Cabria la posibilidad de que esta propuesta excluye a comunidades indígenas?

R.- No; se esta preparando un documento que dará respuesta puntual a esta confusión. Hay un acuerdo, hay consenso, no tenemos nada mas que decir, solamente que han habido malas interpretaciones, confusiones. Ni ha propuesto la COCOPA fueros, ni ha propuesto nuevas naciones, ni ha propuesto nada que lastime la integridad de la Nación. Hay un documento que se dará a conocer en los próximos días.

P.- El EZLN informo que han habido movilizaciones de tropas. ¿Se tendrá que optar por una salida no pacifica?

R.- No tenemos mayor información. Estamos pendientes, siempre de que cuando se nos pide alguna interpretación lo hacemos con toda diligencia. No tenemos ninguna petición del EZLN para intervenir.

P.- ¿Van a ir a Gobernación o a la Presidencia?

R.- No ahorita estamos en esta situación que hemos señalado.

P.- Ustedes buscaban desde el martes el aval de las partes. ¿Esto significaría de alguna manera intentar reabrir una parte de la negociación?

R.- No señor, estamos nosotros como decimos aquí consultando con las partes y esta información que damos ahora es justamente uno de los puntos últimos que abordamos para tomar una determinación publica como se nos pidió.

P.- ¿Porque únicamente van a consultar con el EZLN y no con el gobierno?

R.- No hace falta. En diciembre fue la consulta y llevamos una propuesta y lo que esta pendiente es la resolución que nos pidió el EZLN.

P.- ¿Ante la actual crisis de las negociaciones podrían los legisladores abandonar la Comisión?

R.- No hay consenso pleno. Aquí tenemos esta reunión, es el informe que tenemos. Este acuerdo se tomo por consenso de todos los miembros, incluyendo a los compañeros del PT, y ahí deberán ustedes consultar.

P.- ¿Que paso con las diez propuestas que analiza la COCOPA?

R.- No se de esas diez propuestas. Podría yo hablar de diez de cinco o de xx. Analizamos todas las propuestas que hemos escuchado y vamos a seguir obteniendo puntos de vista de los asesores para conocer a fondo cual es la posición y cual es la mejor respuesta que podemos dar porque la Comisión lo que busca es ser coadyuvante para la paz, como lo ordena, como lo manda la ley del 11 de marzo de 1995.

P.- ¿Porque nada mas invitan a reunirse a los zapatistas? ¿Que, únicamente buscan flexibilizar esa parte?

R.- Nosotros hemos tenido reuniones con los asesores del gobierno, constitucionalistas, y hablamos con ellos ampliamente, porque queremos empaparnos de todas esas dudas que han surgido y sobre todo de los acuerdos de San Andrés que son los que están mal interpretados. Se han malinterpretado los Acuerdos de San Andrés, pienso que por desconocimiento de los mismos. Seria bueno que se den a conocer mas ampliamente porque muchas criticas obedecen precisamente a esto, que si las autonomías, que si la definición de pueblos indígenas, que si los territorios de los indígenas, pero todo esto esta contenido expresamente en los Acuerdos de San Andrés, que fueron firmados el 6 de febrero del año pasado por ambas partes.

P.- ¿Quienes son los que los han mal interpretado?

R.- Los han malinterpretado muchos analistas, escritores y locutores.

P.- Sin embargo el presidente sigue hablando de exclusiones.

R.- Yo pienso que si se observa la ley, se vera que esta ley, la iniciativa de ley que se presento, contiene exclusivamente los términos que aparecen en los acuerdos de San Andrés Larráinzar y esto lo informo el gobierno de la República, y quizá lo que paso fue que no se conocían a fondo como se comento alguna vez.

P.- ¿Quiere decir que el gobierno firmo un acuerdo que no conocía?

R.- Probablemente.

P.- Desde el punto de vista de ustedes, ¿esos acuerdos no desintegran a la Nación o no excluyen a nadie?

R.- No.

LÓPEZ VELARDE: Una aclaración. El acuerdo del pleno del Senado de la República del 20 de diciembre estableció la representación de la entonces comisión legislativa por fracción parlamentaria.

P.- Lo que pasa es que en la conferencia de antier se encontraba el senador Guillermo del Río y se decía que a pesar de que había sido excluido de su partido para ustedes seguiría siendo integrante de la COCOPA.

R.- Eso no fue lo que se dijo.

HEBERTO: Porque todavía no había un comunicado del PRD.

P.- Ustedes hablan de reunirse con representantes de los pueblos indígenas y del EZLN y ayer los representantes del Congreso Nacional Indígena les pidieron a ustedes que ya presenten el proyecto de iniciativa.

R.- Eso no obliga a nadie. Todos tienen libertad de expresión para dirigirse a la COCOPA y pedirnos como han habido muchos compañeros que se han dirigido a la COCOPA para pedir muchas cosas. La COCOPA lo que quiere conocer son los puntos de vista y directamente de los miembros del Congreso Nacional Indígena para fincar mejor sus definición publica que ha pedido el EZLN con la intención precisa de que la COCOPA sea coadyuvante del proceso de paz. Esto es la COCOPA no es el sujeto que esta a discusión o que debe estar a discusión en este proceso. La COCOPA pretende cumplir cabalmente el papel que le designo la ley y este papel es el de coadyuvante. Son las partes las que tienen que decidir. Nosotros lo que estamos haciendo es tratar de que las partes continúen con el dialogo que esta interrumpido, ese es nuestro papel. No es el papel protagónico, que si este documento fue elaborado por nosotros. Este documento proviene de los acuerdos de San Andrés Larráinzar y si los acuerdos de San Andrés son validos, habrá de calificar si están interpretados o no estos acuerdos.

P.- Podrían hacer ustedes algunas modificaciones a su propuesta tomando en cuanto los puntos de vista el Congreso Nacional Indígena y de las partes en conflicto.

R.- Eso no lo podría yo decir. La COCOPA mantiene su palabra. La COCOPA se ha distinguido que ante pone los intereses del país a los de grupo o de partido, y de esto tenemos que honrar a todos los miembros de la COCOPA que siendo de distintos partidos han sabido mantener esa posición y hemos buscado siempre ser útiles en el proceso y es lo que vamos a seguir haciendo.

P.- ¿Esto quiere decir que ustedes mantienen su iniciativa y la van a retirar nuevamente?

R.- No quiere decir eso. Quiere decir que nosotros estamos atendiendo a todas las sugerencias lucidas y nacionales que recibamos de las partes y queremos recibir plenamente las propuestas que tengan estas partes directamente, no a través de un comentario periodístico, porque puede venir ya interpretado. Queremos reunirnos directamente con los asesores, con quienes están participando en esta discusión.

Fuente: Archivo de la Lista chiapas-l. 24 Jan 1997

Reconocer a los pueblos indígenas en la Constitución General de la República, así como su derecho a la libre determinación (autonomía) para:

  • Decidir sus formas internas de convivir y organizarse.
  • Aplicar sus sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos.
  • Elegir a sus autoridades conforme a sus tradiciones.
  • Ejercer sus propias formas de gobierno interno.
  • Fortalecer su participación y representación de acuerdo a los rasgos específicos de sus culturas.
  • Acceder de manera colectiva al uso y disfrute de los recursos naturales en sus tierras y territorios.
  • Preservar y enriquecer sus lenguas y culturas.
  • Adquirir, operar y administrar sus propios medios de comunicación.

Reconocer los derechos indígenas en el ámbito nacional.

  • Promover su desarrollo; garantizar su acceso a la riqueza nacional; proteger a los indígenas migrantes (en el territorio nacional y más allá de las fronteras); reconocer su derecho a participar en los planes y programas de desarrollo.
  • Promover el respeto a su cultura y el reconocimiento de sus diversidades; su derecho a la educación bilingüe e intercultural y a programas educativos que reconozcan su herencia cultural, combatiendo toda forma de discriminación.
  • Garantizar su acceso pleno a la justicia, con reconocimiento de sus propias prácticas jurídicas y debiendo ser siempre asistidos por defensores e intérpretes que tengan conocimientos de sus lenguas y sus culturas, con el derecho a purgar sus penas, siempre que sea posible, en lugares cercanos a sus domicilios.
  • Dar participación ciudadana y representación política a los pueblos indígenas en el ámbito nacional, en las legislaturas de los estados y en el Congreso de la Unión. Establecer las instituciones políticas necesarias para garantizar el ejercicio pleno de estos derechos, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con dichos pueblos. Participar en las decisiones sobre las políticas públicas que afecten su vida de alguna manera.

http://www.laneta.apc.org/leyindigena/proponen.htm

PREGUNTAS

  1. ¿Quién hizo la «Ley Cocopa» y qué dice esta ley?
  2. ¿Es cierto que el EZLN no está dispuesto a que se le cambie ni un punto ni una coma a la «Ley Cocopa»?
  3. ¿Cuál es la posición de la Cocopa con respecto a la ley que ellos mismos hicieron y que ahora es tan importante como la paz misma?
  4. ¿La ley de la Cocopa es apoyada por los grupos indígenas del país o sólo por los zapatistas?
  5. ¿El reconocimiento de todos los usos y costumbres indígenas no representan riesgos para la nación?

1. ¿Quién hizo la «Ley Cocopa» y qué dice esta ley?

La llamada «Ley Cocopa» fue elaborada en diciembre de 1996 por los legisladores de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa). Los legisladores pertenecieron a los 4 partidos políticos más importantes: el PRI, el PAN, el PRD y el PT. Esta iniciativa de ley no la hicieron los zapatistas, sino los legisladores, es decir, los que hacen leyes en México. La llamada «Ley Cocopa» retoma lo más importante de los primeros Acuerdos de San Andrés, firmados por el gobierno y el EZLN en febrero de 1996: reconoce el derecho a la autonomía incluyente de los pueblos indígenas (es decir, que se reconoce su diferencia pero siguen siendo mexicanos) sin romper la unidad nacional, respetando los derechos humanos, especialmente de la mujer indígena. También señala que los pueblos indígenas deben ser tomados en cuenta en al toma de decisiones que los afecten. Que se debe respetar y promover su cultura. Y que se debe garantizar que su voz sea escuchada y atendida, y que tienen derecho a tener representaciones en el Congreso de la Unión y en los Congreso de los estados. En lo fundamental, la «ley cocopa» reconoce constitucionalmente una realidad: los pueblos indios son parte de México y tienen sus propias formas de organización social y política, es decir, tienen el derecho a ser indígenas y a ser mexicanos.

2. ¿Es cierto que el EZLN no está dispuesto a que se le cambie ni un punto ni una coma a la «Ley Cocopa»?

En el debate actual nadie está planteando que el problema de la «Ley Cocopa» sea de puntos y de comas. Los ataques a la ley son dirigidos a sus aspectos fundamentales (autonomía de los pueblos indios, territorialidad, derechos colectivos), no a meros problemas de redacción. Al defender la «Ley Cocopa» el EZLN está defendiendo los Acuerdos de San Andrés, que reflejan las demandas de los pueblos indios de México.

3. ¿Cuál es la posición de la Cocopa con respecto a la ley que ellos mismos hicieron y que ahora es tan importante como la paz misma?

Como órgano legislativo, la Cocopa no ha hecho hasta ningún pronunciamiento. Sus integrantes, a título individual, han hecho declaraciones contradictorias. Así que, respecto a la iniciativa de ley que elaboraron, la actual Cocopa tendrá que definirse.

4. ¿La ley de la Cocopa es apoyada por los grupos indígenas del país o sólo por los zapatistas?

La iniciativa de ley de la Cocopa es apoyada por representantes de organizaciones indígenas de todas las etnias de México, agrupadas en el Congreso Nacional Indígena. Además, durante los últimos 4 años ha sido analizada y discutida en muchas de las comunidades indígenas de todo el país. La apoyan indígenas del norte de México, del sur, del golfo de México, de Occidente, del sureste y del centro del país. En los últimos años, ninguna iniciativa de ley había recibido tal análisis, debate y respaldo de ciudadanos mexicanos, mayoritariamente de indígenas.

5. ¿El reconocimiento de todos los usos y costumbres indígenas no representan riesgos para la nación?

Hay usos y costumbres que no sirven en las comunidades indígenas, principalmente los que tienen que ver con la segregación de mujeres en la toma de decisiones, pero están siendo combatidos por las mismas comunidades, fundamentalmente por las mujeres indígenas organizadas. No estamos demandando el reconocimiento de una mala costumbre que nosotros mismos estamos empeñados en cambiar. Lo que demandamos es el reconocimiento a nuestro ser diferentes, a nuestra cultura, a nuestra historia, a nuestra lengua, a nuestras formas de gobernarnos, a nuestra forma de organización social. Por lo demás, volviendo al caso de las mujeres indígenas, la propia ley de la Cocopa hace hincapié en el respeto a la integridad de la mujer y a su participación política. Es por eso, entre otras cosas, que queremos que se apruebe esta ley en Congreso.

Última revisión: 30/03/01

http://www.ezln.org/faqs/la_ley_cocopa.htm

Raúl Gutiérrez

Quiero agradecer a todos su presencia en este evento. También agradecemos a los organizadores y a los ponentes por haber aceptado participar con nosotros. Ello habla de su interés porque en Chiapas se logre por fin una verdadera paz con justicia y dignidad. Aprovecho el momento para agradecer a todos los pueblos indígenas de México y en especial a las bases de apoyo del E.Z.L.N. por su resistencia de 509 años contra todos los intentos de colonización, desde los españoles, pasando por los mestizos mexicanos, los estadounidenses y ahora por el neoliberalismo globalizador. A pesar del paso del tiempo ellos nos siguen dando lecciones de fortaleza y dignidad.

Muchos habrán de pensar que el tema que hoy es motivo de reflexión en esta mesa, “la importancia de la Ley Cocopa” ya no es un tema de actualidad, que eventos como éste debieron de haberse realizado mucho tiempo atras.

Ciertamente, yo también creo que como Sociedad Civil nos hemos visto un tanto cuanto lentos para responder al llamado que nos hicieran el E.Z.L.N. y el Congreso Nacional Indígena en el mes de mayo pasado, tras la aprobación de la Ley Bartlett-Cevallos-Ortega (como la llamara el Subcomandante Marcos). Ahora bién, aunque nuestra respuesta es un poco tardía, numerosas movilizaciones se han realizado durante estos últimos seis meses en apoyo a la ley de la Cocopa y en contra de la Ley impuesta, realizadas principalmente por las comunidades indígenas a lo largo y ancho del país. Así, en una primera etapa, las movilizaciones se centraron en tratar de evitar que los congresos de los estados aprobaran la Ley Bartlet-Cevallos-Ortega y en organizar mesas de información y de discusión como ésta. Posteriormente y después de que la ley fuera elevada a rango constitucional por el presidente Fox en el mes de julio, las movilizaciones tomaron otro sendero, ahora se centraron en levantar amparos y demandas de controversia constitucional en contra de la ley aprobada. De hecho, apenas hace 15 días venció el plazo para interponer demandas de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y fueron mas de 300 las demandas interpuestas. Ahora, se está a la espera de la resolución de la Corte, que esperamos nos sea favorable, aunque con el PAN en el gobierno cualquier cosa se puede esperar.

También, apenas esta semana, poco mas de un centenar de diputados de todos los partidos, excluído por supuesto el PAN, dieron a conocer lo que llamaron “el manifiesto de San Lázaro” en el que reconocen la necesidad de reabrir la discusión en torno a la Ley de Derechos y Cultura Indígena ya que no satisfizo a los pueblos indígenas y no propició el reinicio del diálogo. Para no ir mas lejos, apenas ayer, el Presidente Fox, declaró en Europa que estaba dispuesto a redisctuir la Ley de Derechos y Cultura Indígena.

Por todos estos hechos, aunque un poco tarde, aún estamos muy a tiempo de abrir espacios de discusión como éste. Esperemos que no sea el único ni el último y que con estas acciones echemos a andar el reloj de la historia para que por fin se terminen “los 15 minutos mas largos de la historia”.

Texto presentado durante las Jornada cultural por la Ley COCOPA y contra la Ley impuesta. San Cristóbal de las Casas. 12 de octubre de 2001.

http://www.laneta.apc.org/menriquez/12oct2001/gutierrez.htm

Ley aprobada en el 2001

LVIII LEGISLATURA

DICTAMEN

DE LAS COMISIONES DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE ASUNTOS INDIGENAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO Y TERCER PARRAFOS AL ARTICULO 1; SE REFORMA EL ARTICULO 2; SE DEROGA EL PARRAFO PRIMERO DEL ARTICULO 4; Y SE ADICIONA UN SEXTO PARRAFO AL ARTICULO 18 Y UN ULTIMO PARRAFO A LA FRACCION TERCERA DEL ARTICULO 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

HONORABLE ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, fue turnada para su estudio y dictamen, la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo y tercer párrafos al artículo 1º; se reforma el artículo 2º; se deroga el párrafo primero del artículo 4º; y se adiciona un sexto párrafo al artículo 18 y un último párrafo a la fracción tercera del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, enviada por la Honorable Cámara de Senadores, de conformidad con el procedimiento que establece el artículo 72, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Conforme a las facultades que les son conferidas a las Comisiones por los artículos 39, 40, 44 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 60, 65, 87, 88, 93 y demás concordantes del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se presenta el siguiente:

DICTAMEN

I. DEL PROCESO LEGISLATIVO

A). Con fecha 25 de abril del año 2001, fue aprobado por las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas, de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado de la República, el dictamen sobre diversas iniciativas presentadas sobre la materia, a efecto de presentar al Pleno el proyecto de decreto que reforma los artículos 1º, 2º, 4º, 18 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B). En sesión pública celebrada por el Pleno de la Colegisladora, el 25 de abril del año 2001, fue aprobado por ésta el dictamen enunciado en el inciso A) de este apartado.

C). Recibida la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo y tercer párrafos al artículo 1º; se reforma artículo 2º; se deroga el párrafo primero del artículo 4º; y se adiciona un sexto párrafo al artículo 18 y un último párrafo a la fracción tercera del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el 26 de abril de 2001, el Presidente de la Mesa Directiva, en uso de sus facultades legales y reglamentarias que tiene atribuidas, acordó dar a la misma trámite de recibo y ordenó su turno a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Asuntos Indígenas, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

D). En reunión de las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Asuntos Indígenas celebrada el 26 de abril del año 2001, se dio el trámite de recibo correspondiente y se aprobó iniciar la discusión de la Minuta de referencia.

E). Con fecha 26 de abril del año 2001, en sesión de Comisiones, existiendo el quórum reglamentario, fue aprobado el presente dictamen, por lo que se pone a la consideración de esta Soberanía para su discusión y resolución constitucional.

II. MATERIA DE LA MINUTA.

En la minuta que es objeto del presente dictamen se propone la reforma del articulo 1º de la Constitución Federal, a efecto de que, en su primer párrafo, se reproduzca, el contenido normativo del texto vigente del propio articulo 1, que consagra el principio de igualdad y protección para todos los individuos en la Nación Mexicana; en el párrafo segundo se incorpora el texto del articulo 2º vigente, que contiene la prohibición de esclavitud y que asegura la libertad para todos los habitantes; y se adiciona un tercer párrafo que prohibe toda forma de discriminación, cuyo texto se inspira en los principios de los tratados internacionales en materia de derechos humanos.

En consecuencia, el texto propuesto en la minuta para el articulo 1º consagra los principios fundamentales en los cuales creemos todos los mexicanos y que contribuyen a perfilar nuestra identidad nacional: igualdad, libertad y prohibición de toda discriminación.

Es manifiesta la voluntad del Senado de la República de generar un espacio normativo para la materia indígena en el articulo 2º, al haberlo dejado vacío de disposición, por la reforma y adiciones al articulo 1º.

El nuevo articulo 2 que nos propone la minuta objeto de este dictamen, contiene los principios constitucionales de reconocimiento y protección a la cultura y los derechos de los indígenas, sus comunidades y sus pueblos. Esta técnica constitucional la inició nuestro Constituyente de 1917, para afirmar el compromiso prioritario de los mexicanos, reflejado en su norma suprema, con los temas de la mayor prioridad para el quehacer nacional: en el articulo 3º dio preferencia a la educación de los mexicanos; dedico el articulo 27 a atender la problemática de los campesinos y de la tenencia de la tierra y el articulo 123 para establecer las normas protectoras de la clase trabajadora. Esta técnica constitucional otorgó a nuestra constitución de 1917 la calificación, por primera vez en la historia del constitucionalismo mundial, de ser la primera constitución social.

Esta técnica constitucional ha inspirado al Poder Revisor de la Constitución en diversos momentos de nuestra historia constitucional. Hoy todos los mexicanos conocemos los beneficios de que el articulo 115 atienda, en forma destacada e integral, el desarrollo del municipio libre como la célula básica de la organización política y administrativa de nuestra patria; hemos reservado el articulo 116 para darnos las normas básicas en la integración de los tres poderes en los gobiernos de las entidades federativas; en el articulo 122 hemos aprendido la singularidad y complejidad del Distrito Federal y la evolución de sus normas es reflejo de la evolución de nuestra madurez política; y para no hacer excesiva esta enumeración, podemos concluirla destacando el contenido del articulo 130 que rige las relaciones entre las Iglesias y el Estado.

El nuevo articulo 2º que se nos propone, se inicia con una definición fundamental de que nuestra nación es única e indivisible.

En un segundo párrafo recoge el reconocimiento de nuestra naturaleza pluriétnica y pluricultural que se contenía en el primer párrafo del articulo 4º vigente, por ser el nuevo articulo 2º su propia y natural ubicación.

En sus siguientes disposiciones, el articulo 2º nos da la definición constitucional de los pueblos indígenas, de las comunidades indígenas y el criterio fundamental y los criterios adicionales para definir al indígena.

En sus disposiciones iniciales reconoce que la atención puntual, eficaz y eficiente de la protección de la cultura y los derechos indígenas, requiere que sean las constituciones estatales y leyes locales las que definan con precisión estos conceptos, puesto que la variedad étnica genera cosmovisiones diversas entre nuestras diversas etnias y, en consecuencia, en los territorios correspondientes en cada entidad federativa.

En el apartado A se señalan, en sus 8 fracciones, las materias sustantivas en las cuales la libre determinación y autonomía de los pueblos y las comunidades indígenas debe ser reconocida y garantizada: Formas internas de convivencia y de organización; ámbito de aplicación de sus propios sistemas normativos; elección de sus autoridades o representantes; medios para preservar y enriquecer sus lenguas y cultura; medios para conservar y mejorar su hábitat; acceso preferente a sus recursos naturales; elección de representantes ante los ayuntamientos y acceso pleno a la jurisdicción del estado. Todo ello en los términos que precisen las constituciones y leyes de los estados, porque son los ordenes normativos que pueden recoger mejor las situaciones y aspiraciones de los pueblos y comunidades indígenas en cada entidad federativa.

En el apartado B se contienen los instrumentos para lograr la igualdad de oportunidades para los indígenas, eliminar toda causa de discriminación y obtener para ellos los niveles de bienestar a que aspiramos todos los mexicanos. En nueve fracciones se atienden los rubros básicos para el logro de tan importantes objetivos: Impulso al desarrollo regional; incremento de los niveles en todos los ámbitos de educación; acceso efectivo a todos los servicios de salud con aprovechamiento de la medicina tradicional; mejoramiento de vivienda y ampliación de cobertura de los servicios sociales básicos; incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo; ampliación a la red de comunicaciones y posibilidad para los pueblos y las comunidades indígenas para adquirir y operar sus propios medios de comunicación; impulso a las actividades productivas y al desarrollo sustentable de las comunidades; establecimiento de políticas para la protección de los migrantes indígenas y sus familias; consulta a los pueblos indígenas para la elaboración de los planes Nacional, Estatal y municipales sobre el desarrollo integral.

El apartado B concluye con el mandato indispensable para el logro de estos objetivos: La asignación de recursos presupuestales tanto a nivel federal como en los niveles estatal y municipal, puesto que de lo contrario todo quedaría en buenas intenciones.

El ultimo párrafo del articulo 2º contiene un importante principio de igualdad, para que nadie pueda caer en la tentación de entender que la necesaria y comprometida normatividad para corregir las injusticias que en el pasado se han cometido contra los pueblos y las comunidades indígenas, constituye una preferencia que al mismo tiempo apoya pero discrimina. Los mismos derechos establecidos en este precepto para los indígenas, sus comunidades y sus pueblos, podrán ser reconocidos y otorgados a toda comunidad que les pueda ser equiparable, sin que sea necesario que la equiparación sea identidad plena y sin que sea necesario que los derechos se otorguen obligatoriamente en su totalidad sino solamente en el ámbito que provoca la equiparación. Y ello en los términos que la ley señale.

Se reforma el articulo 4º, para suprimir el párrafo primero, que como ya se ha dicho pasa a formar parte del contenido normativo del articulo 2º.

Se adiciona un sexto párrafo al articulo 18 para disponer que los sentenciados, según disponga la ley, podrán compurgar sus penas en los centros penitenciarios mas cercanos a su domicilio, sin limitar esta disposición a los indígenas, como se proponía en las iniciativas materia del dictamen de la Colegisladora, por tratarse de un derecho que debe otorgarse a todos los mexicanos y no solamente a los mexicanos indígenas.

La Minuta materia de este dictamen propone la adición de un ultimo párrafo de la fracción III del articulo 115, para establecer el derecho a las comunidades indígenas para coordinarse y asociarse, en los términos legalmente permitidos, para lograr su mejor desarrollo en esfuerzos conjuntos.

Esta descripción de la minuta debe terminar con mención a tres de los cuatro artículos transitorios que contiene, toda vez que el primero de ellos solamente establece que el decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Artículo Segundo Transitorio ordena que el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus atribuciones constitucionales, deberán realizar todas las acciones legislativas necesarias para contribuir en el cumplimiento de lo mandado en esta reforma constitucional.

El Articulo Tercero Transitorio contiene la disposición para las autoridades competentes, a efecto de que se tomen en consideración la ubicación de los pueblos y comunidades indígenas al establecer la demarcación territorial de los distritos uninominales, para lograr la mayor participación política de los mismos.

Finalmente, el articulo Cuarto transitorio ordena que el Poder Ejecutivo Federal de la mayor difusión al texto integro de la exposición de motivos y de la reforma constitucional, realizando su traducción y divulgación en las lenguas de los pueblos indígenas del país.

III.- VALORACIÓN DE LA MINUTA.

El dictamen alcanzado por el Senado es resultado de un profundo, responsable y tenaz trabajo legislativo en el que intervinieron todos los partidos políticos con un propósito común y bien definido. Más allá de las diferencias entre las distintas formaciones, los legisladores buscaron las coincidencias que existen, única forma posible de llegar a los consensos necesarios que exige el momento político y el proyecto de país que sólo con la participación de todos puede definirse.

El propósito fue proteger la identidad y tomar las medidas necesarias para la mejora permanente de la situación económica, social y política de los indígenas del país.

Estuvo presente la decisión de colaborar, en el proceso de la paz de Chiapas que la Nación entera quiere. Pero se acordó antes de todo, llegar al fondo del problema y no aprobar simplemente una iniciativa de reformas con criterio de aceptación textual y no crítica. Se afrontó, como lo hace ahora la Cámara de Diputados, la deplorable situación en que actualmente viven casi diez millones de compatriotas y lo justo de las demandas que presentan en un momento en que la conciencia de la población, la apertura del sistema político y la disposición de los legisladores, invita al dialogo y al alcance de un consenso social sobre bases reales y justas.

La iniciativa enviada por el Ejecutivo significa un enorme esfuerzo por lograr la paz. Pero el resultado inmediato no puede quedar limitado si se ignora que el problema indígena no se reduce a un estado de la Federación, ni a un momento preciso, limitado a un tiempo, sino a una marginación que se da en distintos matices en toda la República; la resolución de un problema tan grave no puede darse en simples declaraciones de principios, ni aún con el establecimiento de derechos, sino exige acciones concretas e inmediatas.

Por otra parte no puede ignorarse que se ha producido la inquietud, seria, fundamentada con argumentos, que el reconocimiento de las demandas indígenas tal como fueron resueltas en los acuerdos COCOPA-EZLN que conforman la iniciativa del C. Presidente, implique la división de la Nación y que la apertura política con que la República está dispuesta a responder, conduzca a movimientos de desagregación.

Se busca la paz, es cierto. Pero un paz duradera sólo puede lograrse en la igualdad y la justicia.

Al margen de los principios que han sustentado y mantienen, los partidos políticos nacionales, los miembros del Senado de la República alcanzaron a unificar sus criterios, después de largas y arduas sesiones de trabajo cuyo resultado es motivo del presente dictamen.

Hay clara conciencia de que la pluralidad se afirme, pero así mismo se refuerce la integración nacional aceptando las divergencias que al ser reconocidas dan mayor legitimidad, y por ende, fuerza al sistema político en su conjunto.

Hay el propósito de dar solución a un problema no resuelto en los dos siglos de vida independiente, complementando con los derechos indígenas, los principios de un proyecto nacional contenido en la Constitución pero a la vez ordenando acciones concretas inmediatas y sostenidas.

La aprobación del dictamen de la Cámara de Senadores en su sesión del 25 de abril se logró por unanimidad cumpliéndose felizmente un proceso de diálogo, con respeto a las posiciones del contrario, el compromiso y la capacidad de respetarlo. Los intereses de los partidos se han subordinado a los de la Nación.

Destaca en la minuta que envía el Senado a esta Cámara colegisladora el método de trabajo utilizado para elaborar el dictamen; se indica que en la propia exposición de motivos de la iniciativa que envió el Ejecutivo se previene acerca de interpretaciones equivocadas que puedan darse a algunas disposiciones del articulado original acordado entre la COCOPA y el EZLN; que después de las explicaciones recibidas del C. Secretario de Gobernación en reunión que se llevó a cabo el 30 de marzo pasado; que escuchando a grupos indígenas de diversas partes del país y de distintas filiaciones políticas, teniendo presente puntos de vista de especialistas en la materia jurídico constitucional, y después de haber escuchado la voz del EZLN y del Consejo Nacional Indígena, se consideró conveniente, dado el entendimiento coincidente de todos en el significado de los artículos, incluir en el texto las propias guías interpretativas que el Ejecutivo resaltó en la citada exposición de motivos, añadidas de todos los conceptos básicos que necesariamente surgen del articulado.

La minuta objeto de¡ presente dictamen propone la fusión de los textos vigentes inalterados de los artículos 1º y 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en un solo artículo 1º, adicionando un párrafo que contiene la exclusión de la discriminación de cualquier tipo de la vida social de la Nación.

El nuevo artículo contendría así los textos vigentes que expresan las manifestaciones fundamentales de la libertad, añadidos de un necesario complemento.

El artículo 1º vigente conservaría el texto actual que establece la capacidad del individuo de gozar y ejercer los derechos públicos subjetivos que establece la Constitución y en el segundo párrafo recogería el actual artículo 2º que condena la sujeción de un individuo hacia otro. Fundir ambas disposiciones resulta técnica y conceptualmente correcto ya que contendría la declaratoria más amplia, la garantía individual fundamental, que puede alcanzar el ser humano frente al poder social organizado y frente a sus semejantes.

Se añadiría de inmediato la igualdad fundamental del ser humano condenándose toda forma de discriminación.

La disposición resultante quedaría como el punto de partida de los derechos humanos y sociales, a la vez que establecería las bases del artículo siguiente, que reconoce la Nación en su conjunto y dentro de ella la particularidad indígena.

Ha sido preocupación que el reconocimiento constitucional de esta última debilite o de plano destruya aquella.

El nuevo artículo 2º constituye una verdadera carta de los derechos indígenas. Comienza con la afirmación contundente de la unidad e indivisibilidad de la nación.

Actualmente la constitución presupone la existencia de la Nación pero no la declara. Así, el vigente artículo 4º parte de ella para reconocer su composición pluriétnica; el artículo 25 se refiere a su soberanía que se declara solemnemente hasta el artículo 39 y el 27 establece los derechos reales que le corresponden. Queda claro que el reconocimiento de la pluralidad tiene que darse dentro de la unidad pues de otro modo se sentaría las bases del rompimiento.

La Nación Mexicana es resultado del sentimiento de unidad que empieza a manifestarse en la Independencia y que se va afirmando paulatinamente, que se fortalece frente a las amenazas exteriores pero que después busca su base en el logro de propósitos comunes. Se desarrolla en un proceso social y cultural de mestizaje, con la identificación y la valoración de una cultura propia y el acuerdo para la realización de un proyecto de conjunto. Es dentro de éste gran agregado que se destacan con sus particularidades pero formando parte indisoluble de él, los pueblos indígenas.

El reconocimiento se hace con apego estricto a la igualdad fundamental, ahora consagrado y reforzado en el nuevo articulo 1º. Es la diversidad dentro de la totalidad; los estatutos en función del origen étnico de las personas que existieron durante la colonia son discriminatorios. La separación del pueblo de españoles y pueblos de indios y el estatuto proteccionista para éstos implica una desigualdad de base. El punto de partida que ahora se establece es el reconocimiento de culturas diferentes a la mestiza general, pero dentro de esta, de acuerdo con el orden jurídico nacional y como esfuerzo fundado en la legitimidad.

Los indígenas no han sido asimilados dentro del gran conjunto nacional y han quedado negados a la sociedad mexicana que se ha conformado. Hay la decisión nacional de hacer efectivo a los indígenas lo que la Constitución y las leyes establecen a favor de todos los mexicanos así como proporcionarles mayores oportunidades para lograr su integración económica, social y política a la vida nacional.

Dentro del concepto de Nación, el artículo 2º propuesto ubica los de pueblo y comunidad indígenas. El concepto de pueblo es por naturaleza sociológico, cargado de significado emotivo y por tanto difícil de determinar jurídicamente. Se funda en hechos históricos, en un sentimiento de identidad y en la preservación de su propia cultura.

El de comunidad ha adquirido un sentido más real y concreto y por ello se le define como un grupo que forma una unidad social, económica y cultural, asentada en un territorio y que reconoce autoridades de acuerdo con sus usos y costumbres.

El derecho exige cabal precisión en la identificación de los destinatarios de sus normas y por ello la precisión de las personas jurídicas resulta indispensable.

La comunidad es culturalmente parte de un pueblo pero se distingue dentro de él y en ocasiones ha adquirido tal identificación que sólo por la voluntad manifiesta de ella y de otras, es posible reconstruir aquél. Hay también pueblos que podrían identificarse con comunidades y también comunidades aisladas que ya no se identifican con su pueblo. Las variedades sociales son complejas y varían según la cultura y la región.

Por ello son las constituciones y las leyes de los estados las que, en forma natural, deben hacer el reconocimiento de unos y otros de acuerdo con sus circunstancias particulares.

Tal reconocimiento sólo puede darse dentro del orden establecido por la Constitución, con respeto a las formas políticas vigentes, en especial el municipio libre.

El municipio libre es una institución flexible cuya organización permite un amplia gama de variantes. La expresión política natural de las comunidades se da en los municipios. Los ayuntamientos están al alcance de las poblaciones indígenas para ser integrados con su representación. En ellos pueden aquéllas actuar de acuerdo con sus usos y costumbres que adquieren pleno reconocimiento constitucional y legal.

El articulo propuesto establece el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de interés público con derechos y obligaciones.

La obligación básica es sujetarse y atenerse al marco constitucional.

Dentro del marco del municipio libre y de acuerdo con los ordenamientos estatales, las comunidades son grupos con ordenes jurídicos y órganos propios que crean y aplican aquel de acuerdo con usos y costumbres.

Las normas para el reconocimiento corresponde a las Constituciones y leyes de las entidades federativas.

Se reconocen y garantiza la libre determinación de los pueblos indígenas. El concepto mismo ha causado legitima inquietud pues la costumbre lo ha identificado con la decisión ilimitada que estrictamente hablando corresponde a la Nación.

La toma de las decisiones que el concepto necesariamente implica se precisa jurídicamente como la autonomía para gozar y ejercer una serie de derechos específicos que se establecen en el apartado A del artículo 2º que se propone.

La autonomía queda así entendida, dentro de la unidad de la Nación y acorde con el orden Constitucional vigente respecto al cual no establece excepción alguna.

Los derechos que forman el contenido de tal autonomía son:

La decisión sobre sus formas de convivencia y organización social, económica, política y cultural.

– Socioculturales; expresión libre de conocimientos, creencias, valores, lenguaje, costumbres, normas, prácticas religiosas. El reconocimiento implica no sólo respeto sino también preservación.

– Derechos de participación política; por una parte, las comunidades alcanzan su reconocimiento como personas de interés público dentro del marco del municipio libre y pueden elegir de acuerdo con su derecho tradicional sus formas propias de gobierno así como los representantes para su ejercicio.

Por otra parte adquieren un derecho de representación frente a las autoridades municipales, ejercido este también conforme a su derecho tradicional y que podrá darse básicamente en los municipios en que la población no alcance mayoría.

– Derechos económico territoriales; los pueblos indígenas tendrán derecho a la preservación de la naturaleza y de los recursos naturales que se encuentran ubicados en sus tierras o en la totalidad del hábitat que ocupan o disfrutan, así como preferencia en el uso y disfrute de los mismos.

No se están creando derechos reales. Por el contrario, se está poniendo a salvo el conjunto de los existentes que hayan sido adquiridos conforme a la Constitución y a las leyes.

Si bien queda claro que hay un derecho de preferencia éste queda también limitado por aquellos cuyo dominio directo corresponde a la Nación y por los previamente adquiridos por terceros conforme a la ley.

– Derechos individuales: los indígenas tienen como individuos, como mexicanos, y como ciudadanos los derechos que la Constitución otorga. Sin embargo es preciso fortalecer la protección de las áreas más débiles del conjunto, especialmente las mujeres y los infantes.

– Derecho a la jurisdicción del estado en condiciones equitativas; en todos los procedimientos y juicios del orden común que involucren a indígenas se asegura que están asistidos por interpretes y defensores que conozcan su lengua y cultura. En las leyes estatales se señalan los casos en que éstas se tomarán en cuenta.

Es importante destacar el reconocimiento a los sistemas normativos indígenas en la solución de sus conflictos internos. La práctica no es nueva en la República y varios estados reconocen en sus leyes su existencia que queda ahora elevada a norma constitucional.

El derecho indígena, como resultado de la reforma queda reconocido en tanto creación de la persona jurídica colectiva -pueblo o comunidad- que reconozcan las constituciones y leyes de los estados.

Determina, por tanto, su organización y la solución de sus conflictos internos.

Su reconocimiento ha de sujetarse a los principios de la Ley Suprema y al respeto de la dignidad e integridad de las mujeres.

Se deja a la ley estatal la determinación de los casos y procedimientos de validación de este derecho. Se refiere esta determinación a normas generales y no a la aprobación en cada caso de normas individualizadas.

La minuta que motiva el presente dictamen contiene un conjunto de acciones obligatorias para el Estado.

La reforma constitucional, al establecer un conjunto de derechos no da una solución automática a los problemas indígenas sino a tan sólo una guía a los órganos de gobierno federales y locales.

La propuesta avanza más.

Los derechos que establece el artículo se refuerzan con una obligación específica del Estado mexicano, a través de sus órganos, sean federales, estatales y municipales, de cumplir acciones concretas para abatir carencias y rezagos;

no son simples imperativos programáticos, sino obligaciones específicas. Estas acciones obligatorias constituyen una nueva figura dentro del orden jurídico mexicano. Aunque dependen de las disponibilidades presupuestales, las limitaciones de éstas no pueden condicionar su obligatoriedad sino sólo su monto que tendrá que determinarse en cada caso dejando por lo pronto la flexibilidad necesaria. Expresamente se obliga al establecimiento de partidas específicas destinadas al cumplimiento de las acciones y se prevé que se determinará la participación de las comunidades en el ejercicio y vigilancia de las mismas.

Es importante también señalar que las instituciones y políticas para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo de sus pueblos y comunidades deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.

El ultimo párrafo del articulo 2 dice textualmente:

«Sin prejuicio de los derechos aquí establecidos a favor de los indígenas, sus comunidades y pueblos, toda comunidad equiparable a aquellos tendrá en lo conducente los mismo derechos tal y como lo establezca la ley».

Del texto transcrito podemos obtener cuatro requisitos para que los derechos establecidos a favor de los indígenas, sus comunidades y pueblos, se otorguen a otras personas:

1.- Que estén constituidos en una comunidad, lo cual requiere que tengan características comunes que los identifiquen como integrantes de un grupo social, sin que pudiésemos jurídicamente exigir que satisfagan plenamente la definición de comunidad indígena que se contiene en el cuarto párrafo del propio articulo 2, puesto que esto haría inaplicable el párrafo en comento, y es principio general de interpretación constitucional que debe encontrarse el sentido que permita la aplicación del precepto.

2.- Que sea equiparable a las comunidades y pueblos indígenas, lo que exige una igualdad en alguna de las circunstancias de valor, estimación, potencia o eficacia de dos o mas cosas, lo que permite afirmar que no se requiere que exista identidad absoluta -lo que igualmente haría inútil el precepto-, sino que exista igualdad en alguno de los elementos fundamentales que explican y justifican la necesidad de legislar a favor de los indígenas, sus comunidades y sus pueblos.

En consecuencia, es indispensable identificar las motivaciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales que ha tenido el Poder Revisor de la Constitución para legislar constitucionalmente en materia de protección de la cultura y los derechos indígenas, entre las cuales identificamos las siguientes:

2.1 La discriminación, marginación y explotación de que han sido víctimas los indígenas, sus comunidades y sus pueblos desde la conquista de México;

2.2 La necesidad de reconocer que deben ser armónicas y paralelas las dos vertientes de atención a la cultura y a los derechos indígenas: la vertiente de asimilación a una cultura mestiza, y la vertiente de respeto a la conservación de su cultura, su lengua y sus usos y costumbres; y

2.3 El reconocimiento de su plenitud de derechos como mexicanos, reconociendo las diferencias que los distinguen y les dan identidad dentro de la comunidad nacional.

3.- Que no es necesario que a la comunidad que pueda considerarse como equiparable, se le reconozcan todos y cada uno de los derechos contenidos en el articulo 2, pues resulta claro que solo le serán aplicables aquellos derechos que se refieran a la materia de la equiparación, como claramente lo estable el texto constitucional al utilizar la expresión «en lo conducente».

4.- Que la equiparación y los derechos que en lo conducente sean reconocidos, se realice por ley.

Se propone la supresión del primer párrafo del vigente artículo 4º que se explica porque su contenido ha quedado absorbido en el nuevo artículo 2º.

La minuta contiene la propuesta de un párrafo final al artículo 18.

Responde ésta a la petición indígena de que el cumplimiento de las penas corporales impuestas por la comisión de delitos se cumplan en los centros de readaptación más cercanos a las comunidades.

La petición es justa y legítima y se elevó por tal razón a todo individuo por lo cual esta propuesta indígena enriquece los derechos humanos reconocidos por el orden aplicable a todos. Queda recogida en el párrafo final del artículo 18 vigente.

Se propone finalmente una adición al artículo 115 Constitucional a fin de dentro del marco del municipio libre permitir las asociaciones de comunidades indígenas.

Está Cámara de Diputados está consciente de que para el ejercicio de algunas de las facultades que según el artículo citado corresponden a la federación, en su oportunidad será necesario considerar la legislación pertinente.

Como resultado de lo anterior, estas Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Asuntos Indígenas, se permiten someter a la consideración del Pleno de la H. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión el siguiente:

«DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 1º, 2º, 4º, 18 Y 115 DE LA CONSTITUCIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS».

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adicionan un segundo y tercer párrafos al artículo 1º; se reforma en su integridad el artículo 2º y se deroga el párrafo primero del artículo 4º; se adicionan: un sexto párrafo al artículo 18º, un último párrafo a la fracción tercera del artículo 115º, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como cuatro Transitorios, para quedar como sigue:

ARTICULO 1º

En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece.

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

ARTICULO 2º

La Nación Mexicana es única e indivisible.

La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quienes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas.

Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquéllas que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres.

El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico.

A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para:

I. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural.

II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá los casos y procedimientos de validación por los jueces o tribunales correspondientes.

III. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando la participación de las mujeres en condiciones de equidad frente a los varones, en un marco que respete el pacto federal y la soberanía de los estados.

IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad.

V. Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras en los términos establecidos en esta Constitución.

VI. Acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en esta Constitución y a las leyes de la materia, así como a los derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad, al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las comunidades, salvo aquéllos que corresponden a las áreas estratégicas, en términos de esta Constitución. Para estos efectos las comunidades podrán asociarse en términos de ley.

VII. Elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los ayuntamientos.

Las constituciones y leyes de las entidades federativas reconocerán y regularán estos derechos en los municipios, con el propósito de fortalecer la participación y representación política de conformidad con sus tradiciones y normas internas.

VIII. Acceder plenamente a la jurisdicción del estado. Para garantizar ese derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos de esta Constitución. Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura.

Las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad, así como las normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de interés público.

B. La Federación, los Estados y los Municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.

Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, dichas autoridades, tienen la obligación de:

I. Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno, con la participación de las comunidades. Las autoridades municipales determinarán equitativamente las asignaciones presupuestales que las comunidades administrarán directamente para fines específicos.

II. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior. Establecer un sistema de becas para los estudiantes indígenas en todos los niveles. Definir y desarrollar programas educativos de contenido regional que reconozcan la herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con las leyes de la materia y en consulta con las comunidades indígenas. Impulsar el respeto y conocimiento de las diversas culturas existentes en la nación.

III. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de la cobertura del sistema nacional, aprovechando debidamente la medicina tradicional, así como apoyar la nutrición de los indígenas mediante programas de alimentación, en especial para la población infantil.

IV. Mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y de sus espacios para la convivencia y recreación, mediante acciones que faciliten el acceso al financiamiento público y privado para la construcción y mejoramiento de vivienda, así como ampliar la cobertura de los servicios sociales básicos.

V. Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo, mediante el apoyo a los proyectos productivos, la protección de su salud, el otorgamiento de estímulos para favorecer su educación y su participación en la toma de decisiones relacionadas con la vida comunitaria.

VI. Extender la red de comunicaciones que permita la integración de las comunidades, mediante la construcción y ampliación de vías de comunicación y telecomunicación. Establecer condiciones para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación, en los términos que las leyes de la materia determinen.

VII. Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades indígenas mediante acciones que permitan alcanzar la suficiencia de sus ingresos económicos, la aplicación de estímulos para las inversiones públicas y privadas que propicien la creación de empleos, la incorporación de tecnologías para incrementar su propia capacidad productiva, así como para asegurar el acceso equitativo a los sistemas de abasto y comercialización.

VIII. Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos indígenas, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, mediante acciones para garantizar los derechos laborales de los jornaleros agrícolas; mejorar las condiciones de salud de las mujeres; apoyar con programas especiales de educación y nutrición a niños y jóvenes de familias migrantes; velar por el respeto de sus derechos humanos y promover la difusión de sus culturas.

IX. Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los estatales y municipales, y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen.

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este apartado, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de las entidades federativas y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán las partidas específicas destinadas al cumplimiento de estas obligaciones en los presupuestos de egresos que aprueben, así como las formas y procedimientos para que las comunidades participen en el ejercicio y vigilancia de las mismas.

Sin perjuicio de los derechos aquí establecidos a favor de los indígenas, sus comunidades y pueblos, toda comunidad equiparable a aquéllos tendrá en lo conducente los mismos derechos tal y como lo establezca la ley.

ARTICULO 4º

(Se deroga el párrafo primero)

ARTICULO 18

…………….

……………

……………

……………

………..

Los sentenciados, en los casos y condiciones que establezca la ley, podrán compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de readaptación social.

ARTICULO 115

Fracción III

Último párrafo

Las comunidades indígenas, dentro del ámbito municipal, podrán coordinarse y asociarse en los términos y para los efectos que prevenga la ley.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

ARTÍCULO SEGUNDO. Al entrar en vigor estas reformas, el Congreso de la Unión y las Legislaturas de las entidades federativas deberán realizar las adecuaciones a las leyes federales y constituciones locales que procedan y reglamenten lo aquí estipulado.

ARTÍCULO TERCERO. Para establecer la demarcación territorial de los distritos uninominales deberá tomarse en consideración, cuando sea factible, la ubicación de los pueblos y comunidades indígenas, a fin de propiciar su participación política.

ARTÍCULO CUARTO. El titular del Poder Ejecutivo Federal dispondrá que el texto íntegro de la exposición de motivos y del cuerpo normativo del presente decreto, se traduzca a las lenguas de los pueblos indígenas del país y ordenará su difusión en sus comunidades.

Por la Comisión de Puntos Constitucionales:

Diputados: Salvador Rocha Díaz (rúbrica), Presidente; Juan Manuel Carreras López (rúbrica a favor), Secretario; Fanny Arellanes Cervantes (rúbrica), Secretaria; Martha Patricia Martínez Macías (rúbrica a favor), Secretaria; Ramón León Morales (rúbrica en contra por presentar Voto Particular), Secretario; Roberto Aguirre Solís (rúbrica a favor), Cuauhtémoc Cardona Benavides (rúbrica a favor), Raúl Cervantes Andrade (rúbrica a favor), Jaime Cervantes Rivera, Tomás Coronado Olmos (rúbrica a favor), José Gerardo de la Riva Pinal (rúbrica a favor), Oscar Alfonso del Real Muñoz (rúbrica a favor), Arturo Escobar y Vega (rúbrica a favor), Uuc-kib Espadas Ancona (rúbrica en contra con Voto Particular), Javier García González (rúbrica a favor), Alfredo Hernández Raigosa (rúbrica en contra por presentar Voto Particular), José de Jesús Hurtado Torres (rúbrica a favor), Oscar Romeo Maldonado Domínguez (rúbrica a favor), José César Nava Vázquez (rúbrica a favor), Beatriz Elena Paredes Rangel, Fernando Pérez Noriega (rúbrica a favor), Rafael Rodríguez Barrera (rúbrica a favor), José Elías Romero Apis (rúbrica a favor), María Eugenia Galván Antillón (rúbrica a favor), Mónica Leticia Serrano Peña, Felipe Solís Acero (rúbrica a favor), Agustín Trujillo Iniguez (rúbrica a favor), José Socorro Velázquez Hernández (rúbrica a favor), Jose Alejandro Zapata Perogordo (rúbrica a favor), Nahum Ildefonso Zorrilla Cuevas (abstención).

Por la Comisión de Asuntos Indígenas

Diputados: Héctor Sánchez López (voto en contra por la forma y fondo en que se llevó a cabo el procedimiento del contenido del Dictamen), Presidente, PRD; Bonifacio Castillo Cruz (rúbrica en contra por contener Voto Particular), Secretario, PRD; Vitálico Cándido Coheto Martínez (abstención), Secretario, PRI; José Feliciano Moo y Can (rúbrica a favor), Secretario, PRI; Pablo de Jesús Arnaud Carreño (rúbrica a favor), Secretario, PAN; Nicolás Lorenzo Alvarez Martínez (rúbrica a favor), Gumercindo Alvarez Sotelo (rúbrica a favor), Nelly Campos Quiroz (rúbrica a favor). Félix Castellanos Hernández, Nicasia García Domínguez; Augusto Gómez Villanueva (rúbrica a favor), Roger Antonio González Herrera (rúbrica a favor), Beatriz Guadalupe Grande López (rúbrica a favor), Santiago Guerrero Gutiérrez (abstención), José María Guillén Torres (rúbrica a favor), Auldárico Hernández Gerónimo, Justino Hernández Hilaria (rúbrica a favor), Francisco Ezequiel Jurado Contreras (rúbrica a favor), Santiago López Hernández (rúbrica a favor), Miguel Angel de Jesús Mantilla Martínez (rúbrica a favor), Celia Martínez Bárcenas (rúbrica a favor), Hermilio Monroy Pérez, José Melitón Morales Sánchez (rúbrica a favor), Manuel Winstano Orozco Garza (rúbrica a favor), Griselda Ramírez Guzmán (rúbrica a favor), Carlos Raymundo Toledo (rúbrica a favor), Francisco Ríos Alarcón (rúbrica a favor), Luis Miguel Santibáñez García (rúbrica a favor), Julio César Vidal Pérez, Samuel Yoselevitz Fraustro (rúbrica a favor)

http://www.laneta.apc.org/ceacatl/d-010428.htm

Hasta el 30 de julio de 2001 

Estado                              Aprobación                      Rechazo                    Fecha
                                   y número de votos         y número de votos

1. Aguascalientes ……………. 15 ……………………….. 8 ……………………….. 30 de mayo
2. Baja California Sur ………… 2 ………………………. 13 ……………………….. 14 de junio
3. Baja california Norte
4. Campeche ……………………. 29 ………………………… 4 ……………………….. 31 de mayo
5. Chihuahua
6. Chiapas ………………………….. 5 ………………………. 35 ……………………….. 28 de junio
7. Colima ………………………….. 24…………………………. 4 ……………………….. 29 de mayo
8. Coahuila ……………………….. 18 ………………………… 4 ……………………….. 12 de junio
9. Durango ……………………….. 15 ………………………… 5 ………………………..   6 de junio
10. Guanajuato …………………. 36 ………………………… 7 ……………………….. 31 de mayo
11. Guerrero……………………….. 1 ………………………. 45 ……………………….. 28 de junio
12. Hidalgo …………………………. 7 ………………………. 21 ……………………….. 28 de junio
13. Jalisco………………………….. 21 ………………………. 17 ……………………….. 21 de junio
14. Estado de México ……….. 13 ………………………. 52 ………………………..    6 de julio
15. Michoacán …………………… 18 ……………………….. 11 ……………………….. 12 de julio
16. Morelos* ……………………… 14 ……………………….. 16 ……………………….. 22 de junio
17. Nayarit …………………………. 20 …………………………. 8 ……………………….. 12 de julio
18. Nuevo León …………………. 28 …………………………. 3 ………………………..   1 de julio
19. Oaxaca …………………………… 7 ……………………….. 13 ………………………..   6 de junio
20. Puebla ………………………….. 31 ……………………….. 16 ………………………. 29 de mayo
21. Querétaro ……………………. 14 ……………………….. 11 ……………………….. 29 de mayo
22. Quintana Roo ………………. 15 …………………………. 5 ………………………..   7 de junio
23. San Luis Potosí …………….. 12 ……………………….. 15 ……………………….. 28 de junio
24. Sinaloa …………………………. 10 ……………………….. 26 ……………………….. 21 de junio
25. Sonora …………………………. 18 ……………………….. 15 ……………………….. 28 de junio
26. Tabasco ……………………….. 18 ……………………….. 13 ………………………..   9 de julio
27. Tamaulipas
28. Tlaxcala** ……………………. 20 …………………………. 4 ……………………….. 30 de junio
29. Veracruz ……………………… 30 ………………………….. 7 ……………………….. 24 de mayo
30. Yucatán
31. Zacatecas ……………………… 8 ………………………… 14 ………………………..   6 de junio

* La votación no tiene validez debido a que una decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación indica que cualquier ley deberá estar respaldada por las dos terceras partes del Congreso, y el rechazo fue por mayoría simple.
** El gobernador del estado veto la ley, por lo que podría ser discutida nuevamente en el Congreso local.
Nota 1: La Suprema Corte de Justicia de la Nación, el día 11 de julio, admitió  para su estudio la controversia promovida por el municipio poblano de Molcaxac contra la reforma Constitucional en materia de derechos y cultura indígena.
Nota 2: Faltaron por votar 4 estados, Yucatán, Tamaulipas, Baja California Norte y Chiuahua
Nota 3: La aprobación se dió en la legislatura federal con los votos del PRI y el PAN el pasado miércoles 18 de julio, el PRD y el PT votaron en contra y desconocieron la forma en que se realizó el albazo.
Nota 4: El poder ejecutivo y legislativo del estado de Oaxaca, ya interpuso una Controversia Constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra la ley indígena de los legisladores federales.

  • Los congresos recibieron la minuta de decreto de la Ley de Derechos y Cultura Indígenas entre el 3 y el 16 de mayo.
  • 23 congresos estatales con mayoría priísta.
  • La fórmula por la que se aprueban las reformas constitucionales varía de acuerdo a lo establecido en el reglamento interno del congreso. Si es por mayoría simple se requiere el voto de la mitad de los diputados más uno. Si es por mayoría calificada, se requiere el voto de las 2/3 partes de los diputados.
  • Cada congreso local tiene distintas fechas de inicio para los periodos ordinarios y extraordinarios.
  • Las comisiones encargadas de dictaminar la minuta tienen nombres y composición distintos.


Estado: Aguascalientes
Composición del Congreso: PAN-16, PRI-10, PRD-1
Situación de la Ley: Aprobada
Diputados: 27
Congreso
En esa reunión priístas y la perredista dijeron votar en contra, mientras que los panistas dijeron que los 16 votos serían a favor. El priísta Víctor Romo Córdoba y la perredista Norma González Martínez aseguraron que votarán en contra.
El 23 de mayo se discutieron las reformas, sin embargo, se pospuso la votación para el próximo 30 de mayo, después de la reunión sostenida por organizaciones no gubernamentales, quienes los convencieron de aplazar la votación.
Después de la segunda reunión con organizaciones, algunos panistas dijeron estar dispuestos a cambiar el sentido de su voto.
El 30 de mayo en la Cámara de Diputados del estado se refrendó, con 15 votos a favor y ocho en contra , la reforma constitucional en materia de derechos y cultura Indígenas que aprobó el Congreso de la Unión en abril. 13 panistas votaron a favor y 2 se abstuvieron; 2 priístas a favor y 7 en contra y la única perredista voto en contra.
Protesta social
El 22 de mayo, organizaciones integrantes del colectivo La Catrina Zapatista, conformada por el Frente Zapatista de Liberación Nacional (FZLN); Diversa; Centro de Promoción y Asesoría Comunitaria, (Cepacom); Fundación Aguascalientense de Lucha Contra el Sida, (Falcons); Conciencia Ecológica de Aguascalientes, A.C.; Colectivo Apuros; comunidades eclesiales de base, Ceb`s; Foro Cultural La Querencia; Asociación de Derechos Humanos de Aguascalientes, ADHA; Centro Cultural Tateyma; Cine Club Digital; Colectivo Magisterial de Aguascalientes; Asociación de Educación para la Paz y los Derechos Humanos, se reunieron con legisladores de las tres fracciones parlamentarias para solicitarles su voto en contra de las reformas. Después de argumentar las deficiencias del dictamen, les propusieron posponer la votación en el pleno, con el fin de tener mayores argumentos.
29 de mayo- Falcons, Diversa, comités de base, ADE, Frente Zapatista, Colectivo Apuros, Cepacom, Asociación de Derechos Humanos de Aguascalientes y ciudadanos, tuvieron una reunión con 6 diputados panistas y con miembros de las Comisiones Legislativa y Asuntos Constitucionales. En ella los panistas dijeron que dicha reunión no los obligaría a emitir un voto en sentido contrario al del dictamen, que sería a favor, puesto que sólo se trataba de debatir sobre los contenidos de las reformas a la ley.

Estado: Baja California
Composición del Congreso: PAN-11, PRI-11, PRD-3
Situación de la Ley: Aprobada
Diputados: 25
19 de julio. Las bancadas del PRI y PAN aprobaron el dictamen con 20 votos a favor. En contra, sufragaron los perredistas Efrén Macías Lezama y Gilberto Flores Muños, quienes informaron que se unirán a la propuesta de su partido de llevar la discusión a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Estado: Baja California Sur
Composición del Congreso: PRD-9, PRI- 4,PAN 4 (*), Independientes 3, PT-1
Situación de la Ley: Rechazada
Diputados: 21
(*) Sólo hay 3 diputados del PAN, uno falleció.
El pasado 14 de junio, el Congreso de BCS rechazo el dictamen con 13 votos a favor, 2 en contra y una abstención.
El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y de Justicia de la Legislatura , argumentó que ésta rechazó dicha reforma por tener «abismales» diferencias con la iniciativa de la Cocopa. » No podemos ni debemos aprobar una ley indígena que fue maquillada por el titular del Poder Ejecutivo de la Federación».

Estado: Campeche
Composición del Congreso: PRI-19, PAN-12, PRD-3, PT- 1
Situación de la Ley: Aprobada
Diputados: 35
Congreso
El 29 de mayo la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación del Congreso local validó el dictamen del Congreso de la Unión sobre la ley de derechos y cultura indígenas que será sometido al pleno en la sesión de este jueves 31 de mayo.
29 diputados del PRI y PAN aprobaron en el pleno del Congreso la reforma a la ley indígena. Sólo votaron en contra tres legisladores del PRD y uno del PT
Protesta social
Matusalén Cu Chan, presidente del Frente Mexicano por los Derechos Humanos, acudió al Congreso local para entregar un documento de la Comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas del Parlamento de Derechos Humanos, en el que se pide a los diputados que no validen el dictamen sobre la ley indígena.
El delegado del Instituto Nacional Indigenista (INI), Francisco Javier Noriega, pidió a los 35 representantes del la 57 Legislatura que no aprueben el dictamen enviado por el Congreso de la Unión.

Estado: Chihuahua
Composición del Congreso: PRI-18, PAN-11, PRD-3, Independiente-1
Situación de la Ley: Aprobada
Diputados: 33
Congreso
10 de julio. La diputación permanente aprobó convocar a un periodo extraordinario del Congreso, el próximo 17 de julio, para aprobar las reformas, a pesar de que las Comisiones unidas de Gobernación y de asuntos indígenas no se reunieron una sola vez para analizar la resolución del Senado y no existe dictamen previo.
10 de julio. Ante la presión de representantes de organizaciones no gubernamentales y comunidades indígenas, quienes asistieron a la sesión de la diputación permanente para exigir el rechazo de la reforma, los legisladores del PRI y PAN aseguraron que convocarán a un foro de consulta entre 12 y 13 de julio para antes de votar analizar las modificaciones.
17 de julio. Sin consulta ni discusión la reforma fue aprobada con 27 votos a favor (22 PRI y 5 del PAN), 3 en contra del PRD y 3 ausencias (PRI).
Protesta social
El 25 de mayo indígenas representantes de 67 comunidades -rarámuri, tepehuanes, entre otras- pidieron a legisladores no aprobar las reformas y solicitaron estar presentes y ser escuchados en la sesión ordinaria, para argumentar su rechazo a las reformas y convencerlos. Aseguran que el dictamen aprobado por el Congreso de la Unión no reconoce plenamente su autonomía y que no podría ser aprobado si los pueblos indios de Chihuahua no están de acuerdo.
10 de julio. Las tatamandones aseguraron que no hay posibilidad de convocar a un foro como o pretenden las autoridades, pues están sobre tiempo.
17 de julio. En medio de gritos de hombres, mujeres y niños tarahumaras fue que señalaban como traidores a los legisladores, fue aprobada la ley.
El obispo de Parral, Andrés Corral, señaló que la reforma fue aprobada por mayoriteo político y no por el interés de los grupos indígenas.

Estado: Colima
Composición del Congreso: PRI-13, PAN-8, PRD-3 PT-1
Situación de la Ley: Aprobada
Diputados: 25
Congreso
El 9 de mayo, el congreso local recibió la minuta sobre las reformas. El 29 de mayo se discutió dos horas y fue ratificada con 12 votos del PRI y 8 del PAN. Los tres perredistas y el petista votaron en contra.
Protesta social
Antes de que empezara la sesión, miembros del Comité Estatal de Derechos Humanos no gubernamental, encabezados por Efraín Naranjo Cortés, entregaron al presidente del Congreso, José María Valencia Delgado, un documento con mil 200 firmas de personas opositoras a la ratificación de la ley.

Estado: Chiapas
Composición del Congreso: PRI-26, PRD-6, PAN-5, PT-1, Frente Cívico-2
Situación de la Ley: Rechazada
Diputados: 40
Congreso
Entre los cinco diputados panistas no hay consenso.
Hay 14 legisladores del PRI y 1 del PT (vinculados al ex gobernador Albores Guillén) que votará a favor = 15
12 priístas que lograron un entendimiento con Salazar, votarán en contra; 6 legisladores del PRD y 1 del PT = 19
La Legislatura comenzó a analizar el dictamen el 29 de mayo y en esa semana iniciará reuniones con representantes de diferentes sectores para conocer sus propuestas.
El 28 de junio, de los 40 diputados 27 votaron en contra el dictamen del Congreso de la Unión. Contrario a lo que por años prevaleció en la legislatura, esta vez no hubo votos corporativos, sino que cada diputado votó en lo particular. Dos de los cinco panistas la rechazaron. Del la bancada priísta, compuesta por 26, 19 rechazaron las reformas, 2 las aprobaron y 5 no asistieron, entre ellos el dirigente estatal, Mario Carlos Culebro.
El argumento de rechazo fue: «es «ilegitima» porque no responde a los acuerdos de San Andrés. «niega a los pueblos y comunidades la personalidad jurídica necesaria para la defensa de sus legítimos derechos… los excluye del ejercicio de la libre determinación, aborta el propósito de construir regiones autónomas, les impide el dominio sobre sus tierras y territorios».
En los foros de consulta, el 90% de los participantes rechazo las reformas.
18 de julio. el gobernador Pablo Salazar, aseguró que diversos municipios del estado interpondrán controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia, para evitar la aplicación de la Ley Indígena
Protesta social
El 21 de mayo, unos 2 mil indígenas tzotziles, tzeltales y choles de Ocosingo, Altamirano y Chilón, entre otros, agrupados en la Coalición de Organizaciones Autónomas de Ocosingo (COAO) se manifestaron en Ocosingo en contra de la ley.
31 de mayo: representantes de 20 organizaciones advirtieron de una «nueva ofensiva neoliberal», por lo que anunciaron movilizaciones, exigieron a la Legislatura local que rechace la ley indígena aprobada por el Congreso de la Unión.
El 1 de junio, las organizaciones de San Cristóbal de las Casas, tendrán una reunión con 14 diputados de los diferentes partidos, con el fin de discutir la ley e intercambiar puntos de vista.
En le primer foro de nueve (promovidos por el gobierno chiapaneco), que se llevo acabo el 22 de junio, alcaldes de los Altos y representantes de varios pueblos indígenas; así como organizaciones no gubernamentales se manifestaron en contra la aprobación del dictamen de ley. La postura que más sorprendió fue la de los alcaldes priístas de la región de los Altos, quienes leyeron un documento en donde expresaron su posición «nos manifestamos contra la decisión tomada por los diputados federales con relación a la iniciativa de ley sobre derechos y cultura indígena, ya que no tomaron en cuenta el sentir ni la opinión de la sociedad que conforma esta región». Es la primera vez, desde 1994 que los quince ediles priístas apoyaron la posición EZLN.
El 24 de junio, más de mil indígenas de 12 organizaciones, habitantes de cinco municipios del estado marcharon en Ocosingo para expresar su rechazo a las reformas de derechos y cultura indígena aprobadas por el Congreso de la Unión.
El 25 de junio terminaron los foros organizados por el gobierno, éstos se llevaron a cabo en las regiones de San Cristóbal de las Casas, Ocosingo, Motozintla, Copainalá, Villa Flores, Yajalón, Las Margaritas, Somojovel y Palenque.
Margarito Chacoyan Yuk, representante de la comunidad lacandona, se manifestó por la aprobación de la ley. Habló sobre las afectaciones que grupos de otras etnias han hecho a su territorio, que comprende alrededor de 400 mil hectáreas de la selva Lacandona.
19 de julio. la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, la Organización Proletaria Emiliano Zapata y la Coalición de Organizaciones Autónomas, junto con funcionarios y diputados locales, organizarán manifestaciones para protestar contra la aprobación de la reforma.

Estado: Coahuila
Composición del Congreso: PRI-19, PAN-8, PRD-3, PT-1
Situación de la Ley: Aprobada
Diputados: 31 (hay información contradictoria en el total de legisladores).
Legisladores oaxaqueños encabezados por Aquiles López Sosa cabildearon con legisladores de este estado para el rechazo del dictamen del Senado. Sin embargo, en una reunión el pasado 7 de junio en el estado, el diputado local panista Jesús Pérez Valenzuela acusó al gobernador José Murat, de no resolver los problemas en su entidad y querer hacerlo en otras partes.
El 12 de junio el Congreso de Coahuila aprobó la reforma constitucional indígena. Con 18 votos a favor (12 del PRI, 5 del PAN y 1 de Unidad Democrática) y 14 en contra ( 7 del PRI, 2 del PRD, 2 del Partido Cardenista, 1 de Unidad Democrática, 1 del PT y 1 del PVEM), se aprobó la iniciativa federal.

Estado: Distrito Federal
El gobierno capitalino elaborará una iniciativa de ley de derechos indígenas para que la Asamblea Legislativa la estudie y la someta a votación.
En la instalación del Consejo de Consulta y Participación Indígena del DF, se indicó que en la capital del país se asientas 48 comunidades pertenecientes al pueblo nahua, principalmente en las delegaciones de Xochimilco, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Magdalena Contreras, Cuajimalpa y Alvaro Obregón.
Protesta Social
26 de julio. Se realizó una manifestación a las afueras del Senado en donde estuvieron el CNI, Red de la Sociedad Civil, Red de los Abogados por los Derechos Indígenas y Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Expresaron su inconformidad «por haber traicionado a los indígenas» al aprobar una ley que no resuelve los problemas de las etnias y que además divide al país.

Estado: Durango
Composición del Congreso: PRI-14, PAN-5, PRD-2, PT-2, Independientes-2
Situación de la Ley: Aprobada
Diputados: 25
Congreso
Las comisiones de Asuntos Indígenas y Puntos Constitucionales elaboraron un dictamen que aprueba la legislación, que se pondrá a discusión en la primera semana de junio.
La diputada indígena Virginia Flores estableció que en Durango la ley indígena será aprobada porque si bien no cumple las expectativas de los grupos indígenas, es un avance importante para las comunidades duranguenses que fueron consultadas la semana del 21 al 25 de mayo.
En el congreso hay 2 perredistas, Jaime Ruiz y Mónico Rentería, quienes han manifestado que votarán en contra.
La Ley fue aprobada el 5 de junio, con 14 votos (11 del PRI y 3 del PAN) y cinco en contra (2 del PRD, 2 del PT y un independiente), estuvieron ausentes 3 diputados del PRI y 3 del PAN.
Consulta
Se consultará la opinión de los grupos indígenas picholees, mexicaneros y tepehuanos.

Estado: Guanajuato
Composición del Congreso: PAN-22, PRI-9, PRD-2, PVEM-1, PAS-1, Independiente 1
Situación de la Ley: Aprobada
Diputados: 36
Congreso
El PAN ha manifestado que su voto será a favor de la minuta.
Salvador Rocha Díaz, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso de la Unión visitó a los diputados guanajuatenses para impulsar la aprobación de la ley y evitar que pase «lo mismo que en Querétaro».
El 29 de mayo fue rechazada la minuta de reformas por las comisiones dictaminadoras: Gobernación y Puntos Constitucionales. Sin embargo, se anticipa que los diputados panistas harán uso del voto particular para poder aprobarla en el pleno.
29 legisladores aprobaron este 31 de mayo la minuta para modificarla Constitución y validarla reforma indígena.
Los panistas cabildearon y convencieron a siete priístas de sumarse a la aprobación.
Los que votaron en contra los priístas Martín Ortiz y Miguel Montes García; los perredistas Antonio Rico y Miguel Luna; los legisladores del PAS Luis Enrique Torres León y Luis Fernando García Arias, y la pevemista Beatriz Manrique.
Protesta Social
El 30 de mayo las diferentes organizaciones civiles del estado, intentaron realizar un foro con la participación de diputados, quienes no aceptaron.
De acuerdo con información de la organización Foro San Miguelense, el diputado panista Luis Alberto Villareal, ha utilizado a los grupos indígenas de 12 municipios, entre los que se encuentran Tierra Blanca y Victoria, aprovechando el desconocimiento de los pueblos indios acerca de la iniciativa de la Cocopa.
Más de un centenar de indígenas chichimecas y grupos de enlace del EZLN protestaron a las afueras del Congreso por la aprobación de la Ley.

Estado: Guerrero
Composición del Congreso: PRI-30, PRD-14, PAN-1, PRS -1
Situación de la Ley: Rechazada
Diputados: 46
Congreso
Todos los partidos acordaron someterla a consulta, sobre todo ante grupos indígenas antes de decidir.
El 28 de junio, el Congreso rechazo el dictamen del Congreso de la Unión, con los votos del PRI y PRD, el único diputado panista la aprobó.
El rechazo ocurrió después de un intenso cabildeo en donde intervino el gobernador René Cisneros, comentando «si yo fuera diputado votaría en contra». El rechazo se fundamento en: «se observa una concepción liberal y no social de los pueblos indígenas, de no reconocerse con claridad la autonomía…se les considera incapaces de poder regirse por ellos mismo, de aplicar sus sistemas normativos…de agruparse en comunidades y en municipios para construir sus propios proyectos de desarrollo regional y productivo…se les niega la pertenencia al Estado mexicano al no reconocérseles como entidades de derecho público para contar con personalidad jurídica…»
Protesta Social
El pasado 13 de junio diversas organizaciones indígenas y militantes del PRD y PT tomaron las instalaciones del Congreso, para impedir que las fracciones parlamentarias del PRI, PRD, PAN y PRS, realizaran la sesión, en la que presumiblemente se aprobarían las reformas constitucionales. Los grupos indígenas provenían de 30 municipios habitados por las etnias amuzga, mixteca, tlapaneca y nahua.
Ante el temor de un albazo siete representantes del Consejo Guerrense 500 años de Resistencia Indígena iniciaron una huelga de hambre para exigir el voto en contra.
Del 12 al 14 de junio varias organizaciones no gubernamentales estuvieron tratando de dialogar con los legisladores del estado, éstos últimos se opusieron, acusando a varios dirigentes de haber provocado violencia. Se dictaron ordenes de aprensión a representantes de Tlachinollan y Consejo Guerrerense 500 años de Resistencia Indígena.
16 de julio. La Asamblea indígena Plural por la Autonomía -Agrupación Política Nacional (ANIPA-APN) y organizaciones del estado, afirmaron que hay ordenes de aprehensión libradas contra Martha Sánchez, Marcelino Díaz de Jesús, Omar Garibay y Abel Barrera.

Estado: Hidalgo
Composición del Congreso: PRI-18, PAN-7, PRD-3, PT-1
Situación de la Ley: Rechazada
Diputados: 28
Congreso
Todas las fracciones están a favor de las reformas.
28 de junio, con 21 votos a favor del PRI, PRD y PT y 7 en contra del PAN, el Congreso rechazó el dictamen del Congreso de la Unión.
Protesta Social
Alrededor de 200 militantes del PRD se manifestaron el pasado 31 de mayo, frente a la sede del Congreso para pedir a los 29 legisladores locales su voto en contra de la Ley.
A través de la Organización DERHGO, se han entregado materiales a los legisladores para que analicen su voto.
Reunión en donde asistieron 8 diputados, 120 indígenas de diferentes lugares de Valle del Mezquital y miembros de la sociedad civil.
Ante la protesta de activistas que rechazaban el dictamen se realizaba la votación.

Estado: Jalisco
Composición del Congreso: PAN-21, PRI-16, PRD-2, PVEM-1
Situación de la Ley: Aprobada
Diputados: 40
Congreso
Las modificaciones constitucionales fueron recibidas el 9 de mayo.
No se consulto a los pueblos indios ni a las organizaciones que trabajan el tema.
La legislatura aprobó por mayoría el dictamen, con 21 votos del PAN y 17 en contra (14 del PRI, 2 del PRD y 1 del PVEM); hubo dos ausencias priístas.
El diputado priísta Javier Guizar señalo que su fracción determinó rechazar la iniciativa en vista de que sus compañeros de los distritos 18 y 19 de la región nahua; del sitrito 15, de la Barca -habitado por grupos purépechas- y del distrito 1 de la comunidad huichola, consultaron a los grupos indígenas, quienes les manifestaron su negativa a la iniciativa de ley.
Protesta Social
El 7 de junio se reunirán a las afueras del Congreso organizaciones y comunidades indígenas, para la realización de una reunión paralela a la del Congreso.
Representantes de la Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos y del Congreso Nacional Indígena (CNI), mencionaron que la dinámica mostrada en los congresos de los estados – de votar a favor la propuesta de reforma- deja claro que los Acuerdos de San Andrés Larráinzar serán desechados, lo que avizora la permanencia del EZLN en la selva y la inminencia del recrudecimiento de los conflictos violentos y la posibilidad del surgimiento de nuevos grupos armados.
La Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía, Escritores Indígenas y la Unión de Comunidades Indígenas Huicholes convocaron a un encuentro el 29 de julio para analizar los procedimientos aplicados por los congresos locales.

Estado: Estado de México
Composición del Congreso: PRI-25, PRD-16,PAN-15, PT-2, Democracia Social-1, independientes-14, PVEM-2
Situación de la Ley: Rechazada
Diputados: 75
Congreso
El Presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, Valentín González, ha dicho que su postura es en contra del dictamen.
Los 14 diputados independientes aún no ha fijado su postura.
El Coordinador de la Fracción parlamentaria del PT, Oscar González, esta en contra del dictamen.
El Coordinador de la Fracción parlamentaria del PRD, votará en contra.
De acuerdo a la presencia indígena de cada uno de los diputados, si no tienen línea del partido, podrían votar en contra de la ley.
El 5 de julio, las comisiones unidas de Asuntos Indígenas, asuntos Constitucionales, Legislación y administración Municipal del Congreso rechazaron el dictamen enviado por el Congreso de la Unión. 13 de los 17 diputados que asistieron a la reunión de comisiones votaron en contra la iniciativa.
El 6 de julio el Congreso del estado rechazo la iniciativa de Ley. 52 diputados del PRI, PRD, PVEM, PDS y la fracción de independientes votaron en contra, sólo 13 panistas votaron a favor.
Protesta social
Consejo Directivo Indígena Nahua se manifiestan en contra del dictamen.
El 24 de mayo, Integrantes del Consejo Nacional Indígena del Estado de México exigieron a diputados locales no aprobar la reforma, por considerar que carece de los aspectos de autonomía más elementales de los pueblos indios de México.
Los indígenas integrantes de las etnias Mazahua, Otomí, Tlahuica y Matlazinca manifestaron su repudio a lo que calificaron como una Ley Indígena que no contiene los preceptos y disposiciones que les beneficien totalmente.
Al concluir el Foro Estatal sobre Derechos Indígenas, organizaciones y representantes de 65 etnias con presencia en el estado, demandaron la creación de una procuraduría indígena, la desaparición del Instituto Nacional Indigenista (INI) y el rechazo a las reformas constitucionales de orden federal.
26 de junio. Representantes del Comité de Defensa del Río Temascaltepec y Alianza de Pueblos Indígenas Mazahua y Otomíes, informaron que «60 de 75 diputados del Congreso del estado votarán contra la reforma constitucional; según resultado del cabildeo que realizaron ambas organizaciones.
19 de julio. la diputación del estado aprobó un punto de acuerdo para solicitar a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una revisión concertada, pública y transparente de los votos emitidos por las distintas legislaturas, para certificar la legalidad de los procedimientos.
26 de julio. Las comunidades mazahuas de San Miguel Xoltepec y San Antonio de la Laguna, en el municipio de Donato Guera, se ampararon contra de las reformas sobre derechos y cultura indígena, ya que viola los artículos 27 y 135 de la Constitución. En ambas comunidades habitan cerca de 10 mil indígenas mazahuas. Asesorados por el bufete jurídico Tierra y Libertad, quienes interpusieron un amparo ante los juzgados primero y segundo de distrito en material administrativa, señalando que el artículo 135 establece que después de las votaciones en los congresos locales, el Congreso de la Unión o la Comisión Permanente del mismo tendrá que hacer el cómputo de todas las legislaturas estatales, para después hacer la declaratoria de que la reforma o adición fue ya aprobada y forma parte de la Constitución. Sin embargo, los legisladores no respetaron este artículo, ni ha verificado si hubo o no irregularidades en las votaciones estatales, «La ley indígena no puede declararse aprobada, porque se hizo a un lado dicho artículo. Tenemos información de que en ocho legislaturas locales la aprobación fue por mayoría simple y eso tiene que revisarse», según declaraciones de Barbara Zomora y Santos García. También la ley, va en contra del artículo 27, el cual reconoce personalidad jurídica a las comunidades y la propiedad sobre sus tierras por asentamientos humanos y actividades productivas. La reforma establece que las comunidades tendrán «preferencia» en el usufructo de sus tierras, y con ello anula sus derechos establecidos en dicho artículo.

Estado: Michoacán
Composición del Congreso: PRI-18, PRD-7, PAN-4, independientes 1
Situación de la Ley:
Diputados: 30
Congreso
La atención de los diputados se está enfocando en las próximas elecciones.
El Congreso ha estado tomado por el contingente de maestros.
Se tiene contemplado por parte del Congreso la realización de 5 foros, tres en la región Purepecha en las tres primeras semanas de junio; y dos más en la región Mazahua y Otomí, para el mes de julio.
La diputada panista, Irene Villaseñor está cabildeando con los diputados para la aprobación de le ley.
Entre el 16 y 24 de junio se realizaron foros de consultas en las zonas indígenas para decidir el voto.
El diputado purépecha Alejandro Avilés informó que en los foros realizados entre la población indígena de los municipios de Erongarícuaro, Cherán, Chilchota y Aquila, la población rechazó la reforma constitucional.
La desición que tome la Legislatura será con base a los foros realizados.
10 de julio. El dictamen elaborado por la Comisión de Asuntos Indígenas esta en contra del dictamen y está acorde a las resoluciones de los foros de consulta efectuados entre mazahuas, otomíes, purépechas y nahuas de la entidad.
10 de junio. La bancada priísta aún no define su postura, por eso no entra a discusión al pleno.
Protesta social
En una reunión con diputados el 17 de mayo, indígenas de la agrupación Nación Purépecha, representantes del FZLN, Secretaría de la Reforma Agraria y Procuraduría Agraria solicitaron a los diputados que rechacen la iniciativa.
Miembros del Diálogo Utopía, agrupación cercana al EZLN, informaron que en ninguno de los foros realizados se presentaron diputados del PAN, y solamente lo hicieron Avilés del PRI, y Ana Lilia Guillén del PRD.
10 de julio.Alrededor de 150 indígenas, sobre todo purépechas, invadieron el recinto de sesiones y exigieron a los diputados discutir y votar contra el dictamen del Congreso de la Unión.

Estado: Morelos
Composición del Congreso: PAN-15, PRI-12 PRD -3
Situación de la Ley: Rechazada. Decisión sin efecto
Diputados: 30, se requiere de las 2/3 para aprobar o rechazar la ley
Congreso
El 23 de mayo se dio entrada a la minuta enviada por el Congreso de la Unión.
El debate se centrará en el pleno legislativo, donde el PAN cuenta con 14 diputados; el PRD, 3, y el PRI, 12, además de uno independiente. Ante un dictamen en contra, el PAN lo más que lograría sería regresar a comisiones el dictamen.
Las comisiones de Puntos Constitucionales y de Seguridad de Interés Público acordaron a desechar el predictamen sobre la ley, debido a que el PRI y PRD formaron un bloque para rechazar el ordenamiento.
El 22 de junio, con una votación cerrada de 16 en contra 14, los diputados del estado rechazaron el dictamen aprobada por el Congreso de la Unión, aunque la decisión no puede ser considerada ni a favor ni en contra, debido a que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que cualquier reforma constitucional en esta entidad deberá contar con el consenso de las dos terceras partes de los legisladores.
La votación causó desconcierto, algunos diputados manifestaron que el dictamen se regresara a comisiones para su replanteamiento, y otros explicaron que está agotado el procedimiento legislativo y, por lo tanto, la postura de Morelos queda así, ni a favor ni en contra.
Jorge Messeguer Guillén, coordinador de la fracción del PRD, mencionó que se tendrá que informar al Legislativo federal el sentido de la votación, por que no se alcanzaron los 20 votos ni a favor ni en contra.
9 de julio. El Poder Legislativo del estado pedirá al Congreso de la Unión una revisión a fondo de los votos estatales en torno a las reformas, ya que en 12 de los 23 sufragios emitidos en las distintas entidades deben ser considerados «inválidos de origen», pues no cumplen con lo estipulado en sus propias constituciones locales.
9 de julio. Después de un análisis, diputados del PRI y PRD de la Comisión de asuntos Constitucionales y Legislación detectaron que en 12 estados las reformas fueron aprobadas sólo por mayoría simple – 50% de los legisladores más uno- y no por mayoría calificada, aun cuando sus propias constituciones locales disponen que es necesario 75% de los diputados para aprobar o rechazar una enmienda constitucional federal.
Protesta social
El 22 de mayo, comunidades indígenas nahuas se reunieron con 6 diputados de todas las fracciones parlamentarias, miembros de las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Régimen interno, y Concertación Política, para manifestar su rechazo al dictamen y exigir se legislara en base a la propuesta elaborada por la Cocopa.
El 30 de mayo durante una sesión en el Congreso local, grupos de indígenas y organizaciones civiles, irrumpieron con gritos y mantas para descalificar la Ley «Bartlett-Cevallos-Ortega» y pidieron a los legisladores morelenses su rechazo absoluto.
Entregaron a los coordinadores de las bancadas panista, priísta y perredista, un importante número de firmas en contra, pero además, solicitaron reunirse para convencerlos de que la Ley sobre Derechos y Cultura Indígena aprobada, excluyó asuntos importantes para las comunidades indias del país.
Los municipios de Tlayacapan, Tepoztlán, Mazatepec, Ocuituco, Yecapixtls, Tlatozapna y Amacuzac, así como los comuneros de Santa Catarina y la ayudantía y ejidos de Santa María Alpuyeca se manifestaron contra la aprobación de dicha legislación.

Estado: Nayarit
Composición del Congreso: PRI-9, PAN-10, PRD-7, independientes-1, PCD-1,PT- 1, PRS-1
Situación de la Ley: Aprobada
Diputados: 30
Congreso
11 de julio. El dictamen sobre Cultura de Derechos Indígenas fue aprobado por el congreso local con 21 votos a favor y 9 en contra ( 9 del PRD, PT y el independiente).
10 de julio.Amalia García y Jesús Zambrano estuvieron en reunión con el gobernador del estado para convencerlo de rechazar la Ley, pues el gobierno del estado es producto de una alianza en la que participó el PRD.

Estado: Nuevo León
Composición del Congreso: PAN-23, PRI-16, PT-2, PRD- 1
Situación de la Ley: Aprobada
Diputados: 42
Congreso
Los principales lideres de las fracciones parlamentarias están esperando el desarrollo de la discusión en otros estados con importante población indígena.
El Congreso aprobó en la madrugada del 2 de julio, con 28 votos favor (23 del PAN y 5 del PRI) y 3 en contra (2 del PT y 1 del PRD). En lo que fue el último día del segundo periodo ordinario de sesiones. Sesión a la que sólo asistieron 36 de los 42 diputados.
Los legisladores del PT y PRD. «la línea viene del senador Diego Fernández de Cevallos, quien desde mayo llamó a todos los coordinadores de bancadas panistas locales para disciplinarlas a la hora de votar la reforma indígena
Protesta social
El 28 de mayo organizaciones civiles demandaron a los legisladores rechazar las reformas y que envíen un oficio al Congreso de la Unión, exigiendo que se apruebe sin cambios la iniciativa de la Cocopa.
Miembros de diversas ONG’s acudieron al Congreso local para exigir a los diputados el rechazo del dictamen, al mismo tiempo que se llevaba la votación.

Estado: Oaxaca
Composición del Congreso: PRI-25, PRD-13, PAN-4
Situación de la Ley: Rechazada
Diputados: 42
Las fracciones del PRI (25) y el PRD (13) se han manifestado en contra de las reformas, mientras que el PAN (4) manifestó que votará a favor.
El 5 de junio de 2001, el dictamen fue rechazado por los legisladores del PRI y PRD; los cuatro diputados del PAN votaron a favor.
Aquiles López Sosa, coordinador de la fracción priísta, sostuvo que la decisión de rechazar la reforma no puede ser entendida como un apoyo al EZLN, pero desde que se conoció el dictamen del Senado quedó claro que en los términos aprobados «no servía como instrumento para la paz»
«Si la mayoría de los congresos de los estados aprueban la reforma constitucional, el gobierno de Oaxaca interpondrá una controversia constitucional, porque su aplicación violaría la soberanía estatal y atentaría contra la estabilidad política y social de la entidad» , dijo el presidente de la legislatura oaxaqueña, Aquiles López Sosa.

Estado: Puebla
Composición del Congreso: PRI-26, PAN-8, PRD-3, PVEM-1, PT-1
Situación de la Ley: Aprobada
Diputados: 39
Congreso
A pesar de que se dijo que el dictamen se discutiría en pleno durante el segundo periodo ordinario de sesiones que inicia el 1 de junio, el 29 de mayo fue aprobado con el voto a favor de los priístas y panistas (31). Las fracciones del PRD, PT y PVEM sufragaron en contra (6).
Está pendiente la creación de la ley indígena del estado, sin embargo, el gobernador se reservó el envío de esta iniciativa para dar paso a la federal, aunque en el congreso ya se había trabajado en la creación de una nueva norma reglamentaria adecuada a la «realidad poblana».
Protesta Social
No obstante que les advirtieron que serían desalojados, 200 representantes de 14 grupos indígenas entraron a las galerías del Congreso, gritándoles «traidores» a los panistas y priístas.
El Sr. Benigno López, síndico del municipio de Molcaxac, presentó la primera controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia, por considerar violatoria de los municipios la propuesta de Ley. La controversia fue presentada el 4 de julio, en contra del Congreso local, el Congreso de la Unión y, por omisión, en contra del presidente Vicente Fox.
La demanda se basa en los siguientes puntos: es inconstitucional la aprobación porque modifica la forma de trabajo, la competencia y la estructura de los municipios y no les permitió a éstos emitir sus argumentos; porque viola las facultades de los municipios (garantizadas en la constitución) y viola la supremacía constitucional. También viola el artículo 27 de la Constitución, porque establece derechos menores o inferiores a los ya obtenidos en la carta magna; porque no se consultó para tal decisión a los 217 municipios del estado.
11 de julio. la Suprema Corte de Justicia declaró la procedencia de la controversia constitucional interpuesta por el ayuntamiento de
Molcaxac y emplazó a las partes demandadas para que en un plazo de 30 días hábiles responda a la demanda.

Estado: Querétaro
Composición del Congreso: PAN-12, PRI-8, PRD-2, PARM-1,PT-1, PVEM-1
Situación de la Ley: Aprobada
Diputados: 25
Congreso
El 22 de mayo, las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Asuntos Indígenas rechazaron las reformas constitucionales. Con los votos a favor de diputados priístas Maximino Pérez, Odilón Hernández y Jaime Escobedo y del legislador independiente Marco Antonio León, las comisiones aprobaron un dictamen de rechazo a las reformas, por no contar con el consenso de los pueblos indígenas. Los diputados panistas Ignacio Fernández y Salvador Piña votaron en contra del dictamen elaborado por las comisiones. El dictamen fue discutido el 24 de mayo en el pleno, donde las partes argumentaron su voto a favor y en contra. La primera votación quedó equilibrada, con 12 votos del PAN y 12 del PRI, PRD, PT y PARM, por lo que decidieron irse a una segunda vuelta, obteniendo los mismos resultados, por lo que se decidió turnarla a la sesión del próximo jueves 31. Destacó la ausencia de la diputada del PVEM, Ivonne Vandenpeerebom Jiménez, cuya secretaria había afirmado que votaría en contra.
El gobernador Ignacio Loyola Vera pidió al Congreso aprobar las reformas constitucionales. Dijo que hablaría con los diputados priístas para que «enmienden su error».
El coordinador de la fracción del PRI en el Congreso advirtió a los priístas que en caso de cambiar el sentido de su voto (es decir, que aprobaran las reformas) podrían ser expulsados del partido.
Por 14 votos contra 11, el Congreso aprobó la reforma en una sesión plenaria. 12 diputados del PAN la aprobaron, sumándose dos priístas que cambiaron de decisión; mientras seis del PRI, dos del PRD, uno del PT, otro del PVEM y uno independiente lo rechazaron.
A través de 4 comisiones, los diputados realizaron una consulta entre el 19 y 20 de mayo en 4 municipios de la entidad, donde se concentra la mayor población indígena: Amealco, Tolimán, Cadereyta y Ezequiel Montes (datos oficiales señalan que en el estado hay una población de 212 mil 786 indígenas, distribuidos en 98 comunidades asentadas en 6 municipios de 18). Se les presentó una síntesis de la reforma y un extracto de lo que se agrega.
Al concluir la consulta, los diputados informaron que la mayoría de los participantes solicitaron a los diputados que votaran en contra del dictamen, y que se constató que los pueblos indígenas no conocen la reforma constitucional.
Los diputados hicieron una invitación a la población en general para que emitieran su opinión del 18 al 21 de mayo.
Protesta social
El 24 de mayo, organizaciones sociales se encontraban en las afueras del Congreso para exigirles a los diputados que rechazaran las reformas a la ley.
Indígenas otomíes del municipio Cadereyta rechazaron durante un foro de consulta realizado por el Congreso, el dictamen y pidieron a los diputados que lo rechazaran.
En una reunión el 17 de mayo, integrantes de la Unión de Mujeres Indígenas y Campesinas (UMIC) solicitaron a los diputados rechazar la ley. En otra ocasión, el Frente Amplio por la Democracia (FAD) hizo lo mismo.
El 17 de mayo, alrededor de 50 indígenas otomíes marcharon en la capital y pidieron a legisladores votar en contra.
El 21 de mayo, unas 30 organizaciones sociales entregaron a los legisladores un documento en el que les exigieron votar en contra.
Con gritos de «judas, judas» y de «traidores» por parte de los indígenas otomíes y representantes de 33 organizaciones sociales que asistieron a la sesión, fue aprobada la ley.

Estado: Quintana Roo
Composición del Congreso: PRI-15, PRD-7, PAN-2, PT-1
Situación de la Ley: Aprobada
Diputados: 25
El 7 de junio el congreso del estado aprobó el dictamen enviado por el Congreso de la Unión.
La votación fue de 15 votos a favor (13 del PRI y 2 del PAN) y 6 en contra (5 del PRD y 1 del PT)
El diputado priísta Juan Manuel Lara Duarte, presidente de la Comisión de Ecología, Asuntos Agropecuarios, Forestales y Pesqueros, recordó que el Consejo Supremos Maya declaró que la ley no satisface las expectativas y por ello «mi voto será en contra», sin embargo, al final, votó a favor.
Otro priísta Forentino Balam Xiu, abandonó la sesión antes de la votación.
Marcelo Carreón, también priísta, no acudió al debata.
15 de junio. Máximo Pérez García, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso del estado, informó que las fracciones del PAN y PRI presentaron por separado iniciativas que pretenden otorgar autonomía a los pueblos indios.

Estado: San Luis Potosí
Composición del Congreso: PRI-14, PAN-11, PRD-2
Situación de la Ley: Rechazada
Diputados: 27
Congreso
La legislatura local rechazó el dicatmen, con 15 ( 13 del PRI y 2 del PRD) votos en contra y 12 votos a favor (11 del PAN y 1 del PRI).
Protesta social
El 24 de mayo, durante varias horas simpatizantes del EZLN impidieron el acceso a la Cámara de los 27 diputados. Los manifestantes les gritaban que las reformas no eran las de la Cocopa, además de que los legisladores habían prometido consultar con las diferentes pueblos indígenas en el estado. Las cosas se calmaron cuando arribaron los perredistas Ismael Trujillo Martínez y Sergio García Basauri, quienes calificaron como un albazo el sometimiento del dictamen al pleno legislativo, ya que no se había entregado el documento a los diputados 48 horas antes, como lo marca el reglamento interno. Por tanto, solicitaron excluir del orden del día el dictamen; el resto de los diputados aprobó la petición.
El 9 de junio se llevó cabo un foro de consulta en el municipio de Tanianhuitz de los Santos.
Foro en la Facultad de Derecho de la Universidad. Se contó con la presencia de la presidenta de la Comisión Estatal de DDHH y varios legisladores de los diferentes partidos.
Diversos grupos de la sociedad civil, entre ellas, la Escuela de Capacitación Cívica, realizó cabildeo con los diferentes legisladores para el rechazo del dictamen del Congreso de la Unión.
Mismas organizaciones se postraron hacia las afueras del edificio para protestar durante la votación en el Congreso.

Estado: Sinaloa
Composición del Congreso: PRI-24, PAN-11, PRD-5
Situación de la Ley: Rechazada
Diputados: 33
Congreso
La Comisión de Asuntos Indígenas de la Legislatura acordó proponer la realización de una consulta entre los grupos de indígenas del estado, antes de que se emita un dictamen favorable o en contra.
Con 26 votos en contra (21 del PRI y 5 del PRD) y 10 a favor (9 del PAN y 1 del PRI), el Congreso rechazo el dictamen sobre Derechos y Cultura Indígena por considerar que es limitada e insuficiente, pues no resuelve a fondo los problemas de los pueblos indios del país.
Estuvieron ausentes cuatro legisladores: 2 panistas, uno priísta y uno del PRD.
9 de junio: el gobernador Juan S. Millán presentará en breve la iniciativa que elaboraran un grupo de especialistas, basada en la legislación oaxaqueña. Según el gobernador, la iniciativa presentada por el Congreso de la Unión, será una legislación cuestionada «Yo no recuerdo un antecedente en que un número elevado de legislaturas locales hayan rechazado una ley ya aprobada por el Congreso de la Unión».
Protesta social
Líderes tradicionales de 22 pueblos indígenas rechazaron el 27 de mayo las reformas y pidieron que se les tomara en cuenta en el proceso legislativo local.

Estado: Sonora
Composición del Congreso: PAN-13, PRD-4, PRI-16
Situación de la Ley: Aprobada
Diputados: 33
Congreso
El coordinador de la bancada panista dijo que votarían a favor de la ley. Por su parte, Jesús Enríquez Burgos, coordinador de la fracción del PRI, dejó entrever la posibilidad de que el voto priísta se presentará dividido, pues existen legisladores que en sus distritos cuentan con presencia eminentemente indígena. Podrían sumarse al voto en contra los legisladores del PRD.
Pese a que las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Asuntos Indígenas emitieron un dictamen mediante el cual rechazaban en todos sus términos la minuta el proyecto de decreto de la iniciativa, en el Congreso se aprobó el dictamen, por 18 votos (13 PAN y 5 del PRI) a favor y 15 (11 del PRI y 4 del PRD) en contra.
16 de julio. el Congreso del estado analizará en su próximo periodo de ordinario de sesiones un anteproyecto de ley indígena estatal, con el cual se pretenderá contrarrestar las efectos negativos que traerá la legislación federal. Para ello se instaló una mesa técnica compuesta por legisladores de los tres partifdos políticos representado en la Cámara local, PRI; PRD y PAN.
Protesta social
El Consejo Tradicional de los Pueblos Indios de Sonora solicitó el 29 de mayo a los diputados locales votar contra la reforma, porque «la ley Cocopa fue mutilada y los indígenas quedamos a la mitad del camino».
Las organizaciones que han ido a dialogar con los legisladores han dicho que éstos no conocen los contenidos de la minuta ni saben cuáles son las demandas de los pueblos indígenas, sino que más bien el sentido del voto corresponde a la línea establecida por la dirigencia de su partido en la mayoría de los casos.
Organizaciones indígenas concentradas en el Congreso Nacional Indígena, se han manifestado en contra de las reformas a la ley, en diversas modalidades. En su reunión del 27 de mayo acordaron emprender una campaña de información y apoyar las acciones que realicen personas y grupos, así como estudiar la posibilidad de interponer un amparo para que no se aplique la ley en lo referente a los recursos naturales.
9 de julio. La tribu Yaqui, ve las posibilidades de un estallido social, ante el riesgo de que los derechos indígenas sean vulnerados con la ratificación que hace unos días el Congreso Local aprobó la iniciativa de ley. El dirigente yaqui manifestó que bajo esta situación el único camino que les ha dejado es el de las armas.

Estado: Tabasco
Composición del Congreso: PRI-16, PAN-2, PRD-12, PT- 1
Situación de la Ley: Aprobada
Diputados: 31
Congreso
El PRD tiene la «intención» de rechazarla.
El líder de la fracción del PRI, Florizel Medina Pereznieto, dijo que es un hecho que el dictamen se ratificará sin ningún problema. Dijo que se trabajará muy pronto para sacarla antes de que termine este periodo de sesiones, el 31 de mayo.
En sesión extraordinaria, la 57 Legislatura avaló por mayoría. 18 votos a favor (16 del PRI y 2 del PAN), 13 en contra (12 del PRD y1 del PT).
Durante la sesión se presento un conato de violencia, cuando hizo acto de presencia el ex candidato a diputado por el PRD Wilbert Narváez para protestar airadamente en contra los diputados del PRI – PAN, por su posición a favor del dictamen.
El coordinador de la bancada del PRD, Javier May Rodríguez hizo una petición, para que el dictamen se regresara a comisiones y se convocara a un foro estatal indígena, propuesta que fue ignorada, procediendo a la votación.

Estado: Tamaulipas
Composición del Congreso: PRI-20, PAN-6, PRD-6
Situación de la Ley: Indefinida
Diputados: 32
Congreso
El director de política social, Fidel Morales Cuellar, aseguró, el 25 de mayo, que no hay indígenas en la entidad, por lo que no están obligados a hacer valer una ley federal dirigida a un sector ajeno a Tamaulipas.
El Congreso acordó aplazar para julio el debate sobre la ley debido a que la comisión encargada de elaborar el dictamen se reunirá antes con legisladores federales y diputados del estado de Guerrero.

Estado: Tlaxcala
Composición del Congreso: PAN-3, PRD-9, PRI-17, PT-2, PVEM-1
Situación de la Ley: Aprobada por el Congreso Local, pero vetada por el gobernador.
Diputados: 32
Congreso
A partir del encuentro con las organizaciones, más de la mitad de los diputados manifestaron su rechazo a la minuta- entre ellos los perredistas (9)-, por no responder a la necesidad de los indígenas.
29 de junio. En sesión extraordinaria, con 20 votos a favor (PRI, PAN, PT y PVEM) y cuatro en contra del PRD, los restantes no asistieron.
Los diputados Luis Roberto Macías Layll y Pedro Aztatzi, del PRD «ni siquiera nos dieron oportunidad de integrar las propuestas que se recogieron en los foros de consulta pública que se realizaron con la participación de grupos étnicos, académicos e intelectuales».
El asesor jurídico del gobierno, Hugo Morales Alanís, manifestó que el gobernador Alfonso Sánchez Anaya, no descarta la posibilidad de ejercer su derecho de veto a la reforma, refrendada el 29 de junio, en virtud de que el proceso estuvo «plagado de irregularidades»
9 de julio. El gobernador Alfonso Sánchez, vetó la ley aprobada por el Congreso, bajo el argumento de que ésta carece del concepto de territorios indígenas.
10 de julio. La Comisión Permanente desechó la propuesta del gobernador Alfonso Sánchez de vetar y sugerir modificaciones a la iniciativa de ley, por carecer de atribuciones legales. «Aun cuando el Ejecutivo del estado tenga intención de participar en el proceso legislativo federal, sólo está facultado para intervenir en el proceso local, donde sí puede realizar observaciones respecto a las leyes y decretos que apruebe el Congreso del estado».
La Comisión Permanente instruyó al gobernador para publicar en el periódico oficial el decreto 120 de la LVI Legislatura Local, mediante el cual se aprobó el dictamen. La publicación debe de efectuarse en un plazo no mayor a 8 días a partir de la notificación al gobernador del estado.
19 de julio. los nueve diputados perredistas informaron que tienen casi listo los documentos con los que presentarán una solicitud de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia.
Protesta social
Representantes de organizaciones populares e indígenas manifestaron en un foro con legisladores su rechazo a las reformas el 28 de mayo.

Estado: Veracruz
Composición del Congreso: PAN-11, PRD-4, PRI-27, PT- 1, PVEM-1, CPD-1
Situación de la Ley: Aprobada
Diputados: 45
Congreso
El 22 de mayo, las Comisiones Unidas aprobaron un dictamen a favor de las reformas constitucionales. El dictamen fue aprobado por los priístas Francisco Montes de Oca, Ernesto Alarcón y Alicia González, y por el panista Sergio Penagos. Votaron en contra, el priísta Marcelo Ramírez y el perredista Joaquín Vivas.
Veracruz, primer estado que ratifica ley indígena.
En medio de manifestaciones de protesta de organizaciones indígenas y de la sociedad civil en el recinto legislativo, la Cámara de Diputados de Veracruz aprobó, prácticamente sin debate, el dictamen con el cual ratificó la también llamada ley Bartlett-Fernández de Cevallos. Los votos a favor fueron los de PRI -con excepción de Marcelo Ramírez- y PAN, mientras siete legisladores de PRD, PT y PVEM lo hicieron en contra. Esto es: 37 votos a favor y 7 en contra (1 de Convergencia por la Democracia no se sabe).
En el próximo periodo ordinario de sesiones en la Legislatura del Estado, que se iniciará en noviembre de este año, será presentada la iniciativa de ley de derechos y cultura indígena de la entidad, que incluirá la creación de tribunales especiales en asuntos indígenas, la figura del abogado defensor bilingüe, además de los principales conceptos de los acuerdos de San Andrés Larráinzar, aseguró el secretario de la Comisión de Asuntos Indígenas, Joaquín Vivas Enríquez.
9 de julio. El gobernador Miguel Alemán convocó a la realización de un plebiscito para el 26 de agosto próximo (con un costo de 50 millones de pesos) que estará a cargo del Instituto Electoral Veracruzano, para conocer la opinión de la ciudadanía en temas como decisiones administrativas, mejorar la procuración de justicia y el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho público.
Protesta social
La organización MAIZ y otras se han manifestado en contra de la aprobación de las reformas, además de haber realizado dos conferencias de prensa, y de dialogar con las seis fracciones parlamentarias y con la Comisión de Asuntos Indígenas.
El 23 de mayo, unas 45 organizaciones no gubernamentales solicitaron al Congreso que no ratificara la ley en cuestión, que la regresara al Congreso de la Unión y que el Ejecutivo federal se encargara de enviar a esta instancia la propuesta de la Cocopa.

Estado: Yucatán
Composición del Congreso: PAN-10, PRD-2, PRI-13, IND.-2
Situación de la Ley: Dividida
Diputados: 25 (*)
Convocarán a grupos indígenas para que pronuncien antes de tomar posición.
Protesta Social
La atención de los grupos esta centrada 100 por ciento en el resultado de las elecciones del pasado 27 de mayo
(*) Hubo elecciones el pasado 27 de mayo, aún no hay cifras oficiales.

Estado: Zacatecas
Composición del Congreso: PAN-6, PRD-13, PRI-7, PT-2
Situación de la Ley: Rechazada
Diputados: 28 (*)
Congreso
El Congreso dio entrada el 29 de mayo al dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales respecto de la minuta de proyecto de decreto del Congreso de la Unión en materia de derechos y cultura indígenas.
Jorge Eduardo Hiriart Estrada, coordinador de la fracción del PRD, presentó un voto particular contra el dictamen. Expuso que el voto de los perredistas (y cuatro diputados independientes) será negativo porque la iniciativa «no recoge el espíritu de los acuerdos de San Andrés Larráinzar ni del documento original de la Cocopa».
El 31 de mayo, la fracción del PAN boicoteó la sesión legislativa del Congreso local, al ver que la votación en contra de la ley se inclinaba en contra.
Con 13 votos (9 del PRD, 2 del PT y dos independientes) contra 7 (5 del PAN y 3 abstenciones del PRI), la reforma fue rechazada el 5 de junio de 2001.
Conforme a los artículos 91 y 116 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su reglamento interno, las abstenciones se sumaron a la mayoría. Así, que realmente la Ley fue rechazada con 16 votos.
A la sesión asistieron 23 de los 28 legisladores (dos curules están vacantes) por la ausencia de 2 del PRI, 2 del PRD y 3 del PAN
(*) En realidad son 30 diputados, pero en este momento sólo son 28, debido a que dos renunciaron a su cargo y los suplentes no pudieron asumirlo.


Cuadro elaborado con información recopilada de: El Universal, La Jornada, Alianza Cívica Chiapas, Comité de Defensa del Río de Temascaltepec, Foro San Miguelense, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Desarrollo Rural de Hidalgo, ACCEDE, IMDEC, Voz de Mujer, Frente Cívico Sinaloense, Voces de la Tierra y Movimiento Ciudadano por la Democracia.

18 de julio. La ley indígena fue decretada por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. La Comisión Permanente registró 26 26 votos a favor, 6 en contra -entre ellos el diputado priísta Samuel Aguilar- y 2 abstenciones, para aprobar la reforma, misma que de inmediato fue enviada al presidente Fox para su promulgación.

 

Implicaciones de la reforma sobre Derechos Indígenas aprobada en el Congreso.
Dolores González. SERAPAZ

El siguiente documento tiene una serie de cuadros comparativos que muestran las modificaciones e implicaciones de los cambios en la reforma de la ley aprobada por el Congreso, así como las diferencias entre lo que dice el Convenio 169 de la OIT, los Acuerdos de San Andrés, la Ley Cocopa y la Ley aprobada, en los siguientes temas:

Estructura de la reforma en los artículos constitucionales, Definiciones, Pueblo indígena,Libre determinación y Autonomía, Tierra, territorio y recursos naturales, Formas de organización interna, Impartición de justicia y sistemas normativos, Sustentabilidad Cultura e identidad, Medios de comunicación, Promoción y desarrollo integral, Protección a indígenas migrantes, Acceso pleno a la justicia, Garantizar derechos indígenas y desarrollo integral, Participación en planes de desarrollo, Demarcación territorial y redistritación para la representación política, Ámbitos de Autonomía, Comunidades indígenas y Otros derechos colectivos, terminando con unas Conclusiones.

Pinchar aquí para ver el cuadro.

 

CUADRO COMPARATIVO. DIFERENCIAS ENTRE LA INICIATIVA DE LA COCOPA Y EL DICTAMEN APROBADO POR EL SENADO EL 25 DE ABRIL DE 2001
Basado en el documento del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín pro Juárez, A.C. de fecha 26 de abril de 2001

El siguiente documento muestra el cuadro comparativo entre la Ley Cocopa y el dictamen aprobado por el Senado en los siguientes temas:
Libre determinación, Tierra, territorio y recursos naturales, Organización interna, Impartición de justicia y sistemas normativos, Participación y representación política, Sustentabilidad, Cultura e identidad, Medios de comunicación, Promoción y desarrollo integral, Acceso pleno a la justicia, Garantizar derechos indígenas y desarrollo integral, Disposiciones que garanticen derechos constitucionales, Participación en planes de desarrollo, Demarcación territorial, Municipios y Comunidades indígenas.

Pulsar aquí para ver el documento.

La «maldita trinidad» (que, como su nombre lo indica, está formada por cuatro: Diego, Jackson, Chucho y Bartlett) volvió a hacer de las suyas en el Senado

EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL
MÉXICO.

29 de Abril 2001.

A la Prensa Nacional e Internacional.
Damas y caballeros:

Va comunicado. ¿De manera que la «maldita trinidad» (que, como su nombre lo indica, está formada por cuatro: Diego, Jackson, Chucho y Bartlett) volvió a hacer de las suyas en el Senado? ¿Qué no les importa la guerra en Chiapas? ¡Claro que les importa! Por eso elaboraron esa reforma. Porque así aseguran que la guerra no termine, que los militares continúen con sus negocios sucios en Chiapas, que los zapatistas se mantengan en la clandestinidad, y que los indígenas sigan siendo objeto de limosnas y desprecios. Ya se ve ahora que el problema no era de «puntos y comas». Si algún nombre merece esa reforma es el de «Reconocimiento Constitucional de los Derechos y la Cultura de Latifundistas y Racistas.» ¿Y qué tal el Fox aplaudiendo la burla legislativa? Claro, como que él la apadrinó.

Quieren convertir en derrota la movilización de la Marcha por la Dignidad Indígena, pero la única derrota que aseguran es la futura de ellos ¿o a poco no hay memoria?

Si, ya sabemos lo que viene: gran campaña de medios sobre la «intransigencia zapatuda», aumento de la presión militar y policiaca, reactivación de grupos paramilitares, ofensiva, etcétera. Esta película ya la vimos y el desenlace es conocido (pregúntenle al Señor Zedillo).

Vale. Salud y que conste que por nosotros no quedó.

 

Desde las montañas del Sureste Mexicano.

Subcomandante Insurgente Marcos.
México, Abril del 2001.

La reforma constitucional aprobada en el Congreso de la Unión no responde en absoluto a las demandas de los pueblos indios de México, del Congreso Nacional Indígena, del EZLN, ni de la sociedad civil que se movilizó

COMUNICADO DEL COMITÉ CLANDESTINO REVOLUCIONARIO INDÍGENA-
COMANDANCIA GENERAL DEL EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL.
MÉXICO.

29 DE ABRIL DEL 2001.

AL PUEBLO DE MÉXICO:
A LOS PUEBLOS Y GOBIERNOS DEL MUNDO:

HERMANOS Y HERMANAS:

EL EZLN HA TOMADO CONOCIMIENTO DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL SOBRE DERECHOS Y CULTURA INDÍGENAS RECIENTEMENTE APROBADA EN EL CONGRESO DE LA UNIÓN. ÉSTA ES NUESTRA POSICIÓN:

PRIMERO.- LA REFORMA CONSTITUCIONAL APROBADA EN EL CONGRESO DE LA UNIÓN NO RESPONDE EN ABSOLUTO A LAS DEMANDAS DE LOS PUEBLOS INDIOS DE MÉXICO, DEL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA, DEL EZLN, NI DE LA SOCIEDAD CIVIL NACIONAL E INTERNACIONAL QUE SE MOVILIZÓ EN FECHAS RECIENTES.

SEGUNDO.- DICHA REFORMA TRAICIONA LOS ACUERDOS DE SAN ANDRÉS EN LO GENERAL Y, EN LO PARTICULAR, LA LLAMADA «INICIATIVA DE LEY DE LA COCOPA» EN LOS PUNTOS SUSTANCIALES: AUTONOMÍA Y LIBRE DETERMINACIÓN, LOS PUEBLOS INDIOS COMO SUJETOS DE DERECHO PÚBLICO, TIERRAS Y TERRITORIOS, USO Y DISFRUTE DE LOS RECURSOS NATURALES, ELECCIÓN DE AUTORIDADES MUNICIPALES Y DERECHO DE ASOCIACIÓN REGIONAL, ENTRE OTROS.

TERCERO.- LA REFORMA NO HACE SINO IMPEDIR EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS INDÍGENAS, Y REPRESENTA UNA GRAVE OFENSA A LOS PUEBLOS INDIOS, A LA SOCIEDAD CIVIL NACIONAL E INTERNACIONAL, Y A LA OPINIÓN PÚBLICA, PUES DESPRECIA LA MOVILIZACIÓN Y EL CONSENSO SIN PRECEDENTES QUE LA LUCHA INDÍGENA ALCANZÓ EN ESTOS TIEMPOS.

CUARTO.- EL SEÑOR FOX SALUDÓ LA ACTUAL REFORMA A SABIENDAS QUE NO ES NI LEJANAMENTE PARECIDA A LA QUE PRESENTÓ COMO PROPIA. DE ESTA MANERA SE DEMUESTRA QUE FOX SÓLO SIMULÓ HACER SUYA LA «INICIATIVA DE LA COCOPA» MIENTRAS NEGOCIABA CON LOS SECTORES DUROS DEL CONGRESO UNA REFORMA QUE NO RECONOCE LOS DERECHOS INDÍGENAS.

QUINTO.- CON ESTA REFORMA, LOS LEGISLADORES FEDERALES Y EL GOBIERNO FOXISTA CIERRAN LA PUERTA DEL DIÁLOGO Y LA PAZ, PUES EVITAN RESOLVER UNA DE LAS CAUSAS QUE ORIGINARON EL ALZAMIENTO ZAPATISTA; DAN RAZÓN DE SER A LOS DIFERENTES GRUPOS ARMADOS EN MÉXICO AL INVALIDAR UN PROCESO DE DIÁLOGO Y NEGOCIACIÓN; ELUDEN EL COMPROMISO HISTÓRICO DE SALDAR UNA CUENTA QUE MÉXICO ARRASTRA EN SUS CASI DOSCIENTOS AÑOS DE VIDA SOBERANA E INDEPENDIENTE; Y PRETENDE FRACCIONAR EL MOVIMIENTO INDÍGENA NACIONAL AL CEDER A LOS CONGRESOS ESTATALES UNA OBLIGACIÓN DEL LEGISLATIVO FEDERAL.

SEXTO.- EL EZLN FORMALMENTE DESCONOCE ESTA REFORMA CONSTITUCIONAL SOBRE DERECHOS Y CULTURA INDÍGENAS. NO RETOMA EL ESPÍRITU DE LOS ACUERDOS DE SAN ANDRÉS, NO RESPETA LA «INICIATIVA DE LEY DE LA COCOPA», IGNORA POR COMPLETO LA DEMANDA NACIONAL E INTERNACIONAL DE RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS Y LA CULTURA INDÍGENAS, SABOTEA EL INCIPIENTE PROCESO DE ACERCAMIENTO ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL Y EL EZLN, TRAICIONA LAS ESPERANZAS DE UNA SOLUCIÓN NEGOCIADA DE LA GUERRA EN CHIAPAS, Y REVELA EL DIVORCIO TOTAL DE LA CLASE POLÍTICA RESPECTO DE LAS DEMANDAS POPULARES.

SÉPTIMO.- EN CONSECUENCIA, EL EZLN COMUNICA LO SIGUIENTE:

A).- QUE HA INDICADO AL ARQUITECTO FERNANDO YÁÑEZ MUÑOZ QUE SUSPENDA TOTALMENTE SU TRABAJO DE CORREO ENTRE EL EZLN Y EL EJECUTIVO FEDERAL. NO HABRÁ MÁS CONTACTO ENTRE EL GOBIERNO DE FOX Y EL EZLN.

B).- QUE EL EZLN NO RETOMARÁ EL CAMINO DEL DIÁLOGO CON EL GOBIERNO FEDERAL HASTA QUE SEAN RECONOCIDOS CONSTITUCIONALMENTE LOS DERECHOS Y LA CULTURA INDÍGENAS DE ACUERDO A LA LLAMADA «INICIATIVA DE LEY DE LA COCOPA»

C).- QUE LOS ZAPATISTAS SEGUIREMOS EN RESISTENCIA Y EN REBELDÍA.

OCTAVO.- HACEMOS UN LLAMADO A LA SOCIEDAD CIVIL NACIONAL E INTERNACIONAL A QUE SE ORGANICE, Y CON MOVILIZACIONES EN MÉXICO Y EN EL MUNDO, JUNTO AL EZLN EXIJA AL GOBIERNO DE MÉXICO DAR MARCHA ATRÁS EN LA BURLA LEGISLATIVA Y CUMPLIR CON EL RECONOCIMIENTO CONSTITUCIONAL DE LOS DERECHOS Y CULTURA INDÍGENAS.

NOVENO.- HACEMOS UN LLAMADO ESPECIAL A LOS HERMANOS Y HERMANAS DEL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA PARA QUE SE ORGANICEN Y MANTENGAN FORMAS DE RESISTENCIA CIVIL EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.

¡DEMOCRACIA!
¡LIBERTAD!
¡JUSTICIA!

Desde las montañas del Sureste Mexicano.Por el Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General
del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

Subcomandante Insurgente Marcos.
México, Abril del 2001.

Textos sobre la Ley aprobada

El Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales fue adoptado en Ginebra, Suiza, por la 76a. Conferencia Internacional del Trabajo, en junio de 1989. Fue ratificado por México el 5 de septiembre de 1990 y avalado posteriormente en la Constitución del país de forma que entró en vigor el 5 de septiembre de 1991. Refleja el consenso logrado en la OIT en relación a los derechos de los pueblos indígenas y tribales dentro de los Estados-nación en los que viven y las responsabilidades de los gobiernos de proteger estos derechos. Se fundamenta en el respeto a las culturas y las formas de vida de los pueblos y reconoce sus derechos sobre las tierras y los recursos naturales de sus territorios y les garantiza el derecho a decir sobre sus prioridades a la hora de decir su desarrollo económico. Los principios de consulta y participación constituyen la piedra angular de dicho Convenio.


CONTENIDO
PREAMBULO

TEXTO

Parte I. Política General

Artículo 1 (punto 1, inciso a y b; punto 2 y 3)
Artículo 2 (punto 1; punto 2 incisos a, b y c)
Artículo 3 (puntos 1 y 2)
Articulo 4 (puntos 1,2 y 3)
Artículo 5 (incisos a, b y c)
Artículo 6 (punto 1, incisos a, b y c)
Artículo 7 (puntos 1, 2, 3 y 4)
Artículo 8 (puntos 1, 2 y 3)
Artículo 9 (puntos 1 y 2)
Artículo 10 (puntos 1 y 2)
Artículo 11
Artículo 12

Parte II. Tierras

Artículo 13 (puntos 1 y 2)
Artículo 14 (puntos 1, 2 y 3)
Artículo 15 (puntos 1 y 2)
Artículo 16 (puntos 1, 2, 3, 4 y 5)
Artículo 17 (puntos 1, 2 y 3)
Artículo 18
Artículo 19 (incisos a y b)

Parte III. Contratación y Condiciones de Empleo

Artículo 20 (punto 1; punto 2, incisos a, b, c y d; punto 3, incisos a, b, c y d; punto 4)

Parte IV. Formación Profesional, Artesanía e Industrias Rurales

Artículo 21
Artículo 22 (puntos 1, 2 y 3)
Artículo 23 (puntos 1 y 2)

Parte V. Seguridad Social y Salud

Artículo 24
Artículo 25 (puntos 1, 2, 3 y 4)

Parte VI. Educación y Medios de Comunicación

Artículo 26
Artículo 27 (puntos 1, 2 y 3)Artículo 28 (puntos 1, 2 y 3)
Artículo 29
Artículo 30 (puntos 1 y 2)
Artículo 31

Parte VII. Contactos y Cooperación a Través de las Fronteras

Artículo 32

Parte VIII. Administración

Artículo 33 (punto 1; punto 2, incisos a y b)

Parte IX. Disposiciones Generales

Artículo 34
Artículo 35

Parte X. Disposiciones Finales

Artículo 36
Artículo 37
Artículo 38 (puntos 1, 2 y 3)
Artículo 39 (puntos 1 y 2)
Artículo 40 (puntos 1 y 2)
Artículo 41
Artículo 42
Artículo 43 (punto 1, incisos a y b; punto 2)
Artículo 44

PREAMBULO

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:

* Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 7 junio 1989, en su septuagésima sexta reunión;

* Observando las normas internacionales enunciadas en el Convenio y en la Recomendación sobre poblaciones indígenas y tribales, 1957;

* Recordando los términos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y de los numerosos instrumentos internacionales sobre la prevención de la discriminación;

* Considerando que la evolución del derecho internacional desde 1957 y los cambios sobrevenidos en la situación de los pueblos indígenas y tribales en todas las regiones del mundo hacen aconsejable adoptar nuevas normas internacionales en la materia, a fin de eliminar la orientación hacia la asimilación de las normas anteriores;

* Reconociendo las aspiraciones de esos pueblos a asumir el control de sus propias instituciones y formas de vida y de su desarrollo económico y a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, dentro del marco de los Estados en que viven;

* Observando que en muchas partes del mundo esos pueblos no pueden gozar de los derechos humanos fundamentales en el mismo grado que el resto de la población de los Estados en que viven y que sus leyes, valores, costumbres y perspectivas han sufrido a menudo una erosión;

* Recordando la particular contribución de los pueblos indígenas y tribales a la diversidad cultural, a la armonía social y ecológica de la humanidad y a la cooperación y comprensión internacionales;

* Observando que las disposiciones que siguen han sido establecidas con la colaboración de las Naciones Unidas, de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y de la Organización Mundial de la Salud, así como del Instituto Indigenista Interamericano, a los niveles apropiados y en sus esferas respectivas, y que se tiene el propósito de continuar esa colaboración a fin de promover y asegurar la aplicación de estas disposiciones;

* Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones sobre la revisión parcial del Convenio sobre poblaciones indígenas y tribuales, 1957 (núm. 107), cuestión que constituye el cuarto punto del orden del día de la reunión, y

* Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un convenio internacional que revise el Convenio sobre poblaciones indígenas y tribales, 1957, adopta, con fecha veintisiete de junio de mil novecientos ochenta y nueve, el siguiente Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989:

T E X T O
Parte I. Política General
Artículo 1

1. El presente Convenio se aplica:

1. a los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones sociales, culturales y económicas les distingan de otros sectores de la colectividad nacional, y que estén regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial;

1. a los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

2. La conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente Convenio.

3. La utilización del término [ pueblos ] en este Convenio no deberá interpretarse en el sentido de que tenga implicación alguna en lo que atañe a los derechos que pueda conferirse a dicho término en el derecho internacional.

Artículo 2

1. Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad.

2. Esta acción deberá incluir medidas:

1. que aseguren a los miembros de dichos pueblos gozar, en pie de igualdad, de los derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás miembros de la población;

2. que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones;

3. que ayuden a los miembros de los pueblos interesados a eliminar las diferencias socioeconómicas que puedan existir entre los miembros indígenas y los demás miembros de la comunidad nacional, de una manera compatible con sus aspiraciones y formas de vida.

Artículo 3

1. Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación. Las disposiciones de este Convenio se aplicarán sin discriminación a los hombres y mujeres de esos pueblos.
2. No deberá emplearse ninguna forma de fuerza o de coerción que viole los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos interesados, incluidos los derechos contenidos en el presente Convenio.

Artículo 4

1. Deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados.
2. Tales medidas especiales no deberán ser contrarias a los deseos expresados libremente por los pueblos interesados.
3. El goce sin discriminación de los derechos generales de ciudadanía no deberá sufrir menoscabo alguno como consecuencia de tales medidas especiales.

Artículo 5

Al aplicar las disposiciones del presente Convenio:

1. deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales propios de dichos pueblos y deberá tomarse debidamente en consideración la índole de los problemas que se les plantean tanto colectiva como individualmente;
2. deberá respetarse la integridad de los valores, prácticas e instituciones de esos pueblos;
3. deberán adoptarse, con la participación y cooperación de los pueblos interesados, medidas encaminadas a allanar las dificultades que experimenten dichos pueblos al afrontar nuevas condiciones de vida y de trabajo.

Artículo 6

1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán:

1. consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente;

2. establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan;

3. establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin.

2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.
Artículo 7

1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente.

2. El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y del nivel de salud y educación de los pueblos interesados, con su participación y cooperación, deberá ser prioritario en los planes de desarrollo económico global de las regiones donde habitan. Los proyectos especiales de desarrollo para estas regiones deberán también elaborarse de modo que promuevan dicho mejoramiento.

3. Los gobiernos deberán velar por que, siempre que haya lugar, se efectúen estudios, en cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre esos pueblos. Los resultados de estos estudios deberán ser considerados como criterios fundamentales para la ejecución de las actividades mencionadas.

4. Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos interesados, para proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan.

Artículo 8

1. Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario.

2. Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Siempre que sea necesario, deberán establecerse procedimientos para solucionar los conflictos que puedan surgir en la aplicación de este principio.

3. La aplicación de los párrafos 1 y 2 de este artículo no deberá impedir a los miembros de dichos pueblos ejercer los derechos reconocidos a todos los ciudadanos del país y asumir las obligaciones correspondientes.

Artículo 9

1. En la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos internacionalmente reconocidos, deberán respetárselos métodos a los que los pueblos interesados recurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus miembros.

2. Las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones penales deberán tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos en la materia.

Artículo 10

1. Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de dichos pueblos deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales.

2. Deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento.

Artículo 11

La ley deberá prohibir y sancionar la imposición a miembros de los pueblos interesados de servicios personales obligatorios de cualquier índole, remunerados o no, excepto en los casos previstos por la ley para todos los ciudadanos.

Artículo 12

Los pueblos interesados deberán tener protección contra la violación de sus derechos, y poder iniciar procedimientos legales, sea personalmente o bien por conducto de sus organismos representativos, para asegurar el respeto efectivo de tales derechos. Deberán tomarse medidas para garantizar que los miembros de dichos pueblos puedan comprender y hacerse comprender en procedimientos legales, facilitándoles, si fuere necesario, intérpretes u otros medios eficaces.

Parte II. Tierras

Artículo 13

1. Al aplicar las disposiciones de esta parte del Convenio, los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación.
2. La utilización del término [ tierras ] en los artículos 15 y 16 deberá incluir el concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera.

Artículo 14

1. Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia. A este respecto, deberá prestarse particular atención a la situación de los pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes.

2. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión.

3. Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados.

Artículo 15

1. Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes n sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos.

2. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades.

Artículo 16

1. A reserva de lo dispuesto en los párrafos siguientes de este artículo, los pueblos interesados no deberán ser trasladados de las tierras que ocupan.

2. Cuando excepcionalmente el traslado y la reubicación de esos pueblos se consideren necesarios, sólo deberán efectuarse con su consentimiento, dado libremente y con pleno conocimiento de causa. Cuando no pueda obtenerse su consentimiento, el traslado y la reubicación sólo deberá tener lugar al término de procedimientos adecuados establecidos por la legislación nacional, incluidas encuestas públicas, cuando haya lugar, en que los pueblos interesados tengan la posibilidad de estar efectivamente representados.

3. Siempre que sea posible, estos pueblos deberán tener el derecho de regresar a sus tierras tradicionales en cuanto dejen de existir la causas que motivaron su traslado y reubicación.

4. Cuando el retorno no sea posible, tal como se determine por acuerdo o, en ausencia de tales acuerdos, por medio de procedimientos adecuados, dichos pueblos deberán recibir, en todos los casos posibles, tierras cuya calidad y cuyo estatuto jurídico sean por lo menos iguales a los de las tierras que ocupaban anteriormente, y que les permitan subvenir a sus necesidades y garantizar su desarrollo futuro. Cuando los pueblos interesados prefieran recibir una indemnización en dinero o en especie, deberá concedérseles dicha indemnización, con las garantías apropiadas.

5. Deberá indemnizarse plenamente a las personas trasladadas y reubicadas por cualquier pérdida o daño que hayan sufrido como consecuencia de su desplazamiento.

Artículo 17

1. Deberán respetarse las modalidades de transmisión de los derechos sobre la tierra entre los miembros de los pueblos interesados establecidas por dichos pueblos.

2. Deberá consultarse a los pueblos interesados siempre que se considere su capacidad de enajenar sus tierras o de transmitir de otra forma sus derechos sobre estas tierras fuera de su comunidad.

3. Deberá impedirse que personas extrañas a esos pueblos puedan aprovecharse de las costumbres de esos pueblos o de su desconocimiento de las leyes por parte de sus miembros para arrogarse la propiedad, la posesión o el uso de las tierras pertenecientes a ellos.

Artículo 18

La ley deberá prever sanciones apropiadas contra toda intrusión no autorizada en las tierras de los pueblos interesados o todo uso no autorizado de las mismas por personas ajenas a ellos, y los gobiernos deberán tomar medidas para impedir tales infracciones.

Artículo 19

Los programas agrarios nacionales deberán garantizar a los pueblos interesados condiciones equivalentes a las que disfruten otros sectores de la población, a los efectos de:

1. la asignación de tierras adicionales a dichos pueblos cuando las tierras de que dispongan sean insuficientes para garantizarles los elementos de una existencia normal o para hacer frente a su posible crecimiento numérico;

2. el otorgamiento de los medios necesarios para el desarrollo de las tierras que dichos pueblos ya poseen.

Parte III. Contratación y Condiciones de Empleo

Artículo 20

1. Los gobiernos deberán adoptar, en el marco de su legislación nacional y en cooperación con los pueblos interesados, medidas especiales para garantizar a los trabajadores pertenecientes a esos pueblos una protección eficaz en materia de contratación y condiciones de empleo, en la medida en que no estén protegidos eficazmente por la legislación aplicable a los trabajadores en general.

2. Los gobiernos deberán hacer cuanto esté en su poder por evitar cualquier discriminación entre los trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados y los demás trabajadores, especialmente en lo relativo a:

* acceso al empleo, incluidos los empleos calificados y las medidas de promoción y de ascenso;
* remuneración igual por trabajo de igual valor;
* asistencia médica y social, seguridad e higiene en el trabajo, todas las prestaciones de seguridad social y demás prestaciones derivadas del empleo, así como la vivienda;
* derecho de asociación, derecho a dedicarse libremente a todas las actividades sindicales para fines lícitos, y derecho a concluir convenios colectivos con empleadores o con organizaciones de empleadores.

3. Las medidas adoptadas deberán en particular garantizar que:

a. los trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados, incluidos los trabajadores estacionales, eventuales y migrantes empleados en la agricultura o en otras actividades, así como los empleados por contratistas de mano de obra, gocen de la protección que confieren la legislación y la práctica nacionales a otros trabajadores de estas categorías en los mismos sectores, y sean plenamente informados de sus derechos con arreglo a la legislación laboral y de los recursos de que disponen;

b. los trabajadores pertenecientes a estos pueblos no estén sometidos a condiciones de trabajo peligrosas para su salud, en particular como consecuencia de su exposición a plaguicidas o a otras sustancias tóxicas;

c. los trabajadores pertenecientes a estos pueblos no estén sujetos a sistemas de contratación coercitivos, incluidas todas las formas de servidumbre por deudas;

d. los trabajadores pertenecientes a estos pueblos gocen de igualdad de oportunidades y de trato para hombres y mujeres en el empleo y de protección contra el hostigamiento sexual.

4. Deberá prestarse especial atención a la creación de servicios adecuados de inspección del trabajo en las regiones donde ejerzan actividades asalariadas trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados, a fin de garantizar el cumplimiento de las disposiciones de esta parte del presente Convenio.

Parte IV. Formación Profesional, Artesanía e Industrias Rurales

Artículo 21

Los miembros de los pueblos interesados deberán poder disponer de medios de formación profesional por lo menos iguales a los de los demás ciudadanos.

Artículo 22

1. Deberán tomarse medidas para promover la participación voluntaria de miembros de los pueblos interesados en programas de formación profesional de aplicación general.

2. Cuando los programas de formación profesional de aplicación general existentes no respondan a las necesidades especiales de los pueblos interesados, los gobiernos deberán asegurar, con la participación de dichos pueblos, que se pongan a su disposición programas y medios especiales de formación.

3. Estos programas especiales de formación deberán basarse en el entorno económico, las condiciones sociales y culturales y las necesidades concretas de los pueblos interesados. Todo estudio a este respecto deberá realizarse en cooperación con esos pueblos, los cuales deberán ser consultados sobre la organización y el funcionamiento de tales programas. Cuando sea posible, esos pueblos deberán asumir progresivamente la responsabilidad de la organización y el funcionamiento de tales programas especiales de formación, si así lo deciden.

Artículo 23

1. La artesanía, las industrias rurales y comunitarias y las actividades tradicionales y relacionadas con la economía de subsistencia de los pueblos interesados, como la caza, la pesca, la caza con trampas y la recolección, deberán reconocerse como factores importantes del mantenimiento de su cultura y de su autosuficiencia y desarrollo económicos. Con la participación de esos pueblos, y siempre que haya lugar, los gobiernos deberán velar por que se fortalezcan y fomenten dichas actividades.

2. A petición de los pueblos interesados, deberá facilitárseles, cuando sea posible, una asistencia técnica y financiera apropiada que tenga en cuenta las técnicas tradicionales y las características culturales de esos pueblos y la importancia de un desarrollo sostenido y equitativo.

Parte V. Seguridad Social y Salud

Artículo 24

Los regímenes de seguridad social deberán extenderse progresivamente a los pueblos interesados y aplicárseles sin discriminación alguna.

Artículo 25

1. Los gobiernos deberán velar por que se pongan a disposición de los pueblos interesados servicios de salud adecuados o proporcionar a dichos pueblos los medios que les permitan organizar y prestar tales servicios bajo su propia responsabilidad y control, a fin de que puedan gozar del máximo nivel posible de salud física y mental.

2. Los servicios de salud deberán organizarse, en la medida de lo posible, a nivel comunitario. Estos servicios deberán planearse y administrarse en cooperación con los pueblos interesados y tener en cuenta sus condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales, así como sus métodos de prevención, prácticas curativas y medicamentos tradicionales.

3. El sistema de asistencia sanitaria deberá dar la preferencia a la formación y al empleo de personal sanitario de la comunidad local y centrarse en los cuidados primarios de salud, manteniendo al mismo tiempo estrechos vínculos con los demás niveles de asistencia sanitaria.

4. La prestación de tales servicios de salud deberá coordinarse con las demás medidas sociales, económicas y culturales que se tomen en el país.

Parte VI. Educación y Medios de Comunicación

Artículo 26

Deberán adoptarse medidas para garantizar a los miembros de los pueblos interesados la posibilidad de adquirir una educación a todos los niveles, por lo menos en pie de igualdad con el resto de la comunidad nacional.

Artículo 27

1. Los programas y los servicios de educación destinados a los pueblos interesados deberán desarrollarse y aplicarse en cooperación con éstos a fin de responder a sus necesidades particulares, y deberán abarcar su historia, sus conocimientos y técnicas, sus sistemas de valores y todas sus demás aspiraciones sociales, económicas y culturales.

2. La autoridad competente deberá asegurar la formación de miembros de estos pueblos y su participación en la formulación y ejecución de programas de educación, con miras a transferir progresivamente a dichos pueblos la responsabilidad de la realización de esos programas, cuando haya lugar.

3. Además, los gobiernos deberán reconocer el derecho de esos pueblos a crear sus propias instituciones y medios de educación, siempre que tales instituciones satisfagan las normas mínimas establecidas por la autoridad competente en consulta con esos pueblos. Deberán facilitárseles recursos apropiados con tal fin.

Artículo 28

1. Siempre que sea viable, deberá enseñarse a los niños de los pueblos interesados a leer y a escribir en su propia lengua indígena o en la lengua que más comúnmente se hable en el grupo a que pertenezcan. Cuando ello no sea viable, las autoridades competentes deberán celebrar consultas con esos pueblos con miras a la adopción de medidas que permitan alcanzar este objetivo.

2. Deberán tomarse medidas adecuadas para asegurar que esos pueblos tengan la oportunidad de llegar a dominar la lengua nacional o una de las lenguas oficiales del país.

3. Deberán adoptarse disposiciones para preservar las lenguas indígenas de los pueblos interesados y promover el desarrollo y la práctica de las mismas.

Artículo 29

Un objetivo de la educación de los niños de los pueblos interesados deberá ser impartirles conocimientos generales y aptitudes que les ayuden a participar plenamente y en pie de igualdad en la vida de su propia comunidad y en la de la comunidad nacional.

Artículo 30

1. Los gobiernos deberán adoptar medidas acordes a las tradiciones y culturas de los pueblos interesados, a fin de darles a conocer sus derechos y obligaciones, especialmente en lo que atañe al trabajo, a las posibilidades económicas, a las cuestiones de educación y salud, a los servicios sociales y a los derechos dimanantes del presente Convenio.

2. A tal fin, deberá recurrirse, si fuere necesario, a traducciones escritas y a la utilización de los medios de comunicación de masas en las lenguas de dichos pueblos.

Artículo 31

Deberán adoptarse medidas de carácter educativo en todos los sectores de la comunidad nacional, y especialmente en los que estén en contacto más directo con los pueblos interesados, con objeto de eliminar los prejuicios que pudieran tener con respecto a esos pueblos. A tal fin, deberán hacerse esfuerzos por asegurar que los libros de historia y demás material didáctico ofrezcan una descripción equitativa, exacta e instructiva de las sociedades y culturas de los pueblos interesados.

Parte VII. Contactos y Cooperación a Través de las Fronteras

Artículo 32

Los gobiernos deberán tomar medidas apropiadas, incluso por medio de acuerdos internacionales, para facilitar los contactos y la cooperación entre pueblos indígenas y tribales a través de las fronteras, incluidas las actividades en las esferas económica, social, cultural, espiritual y del medio ambiente.

Parte VIII. Administración Artículo 33

1. La autoridad gubernamental responsable de las cuestiones que abarca el presente Convenio deberá asegurarse de que existen instituciones u otros mecanismos apropiados para administrar los programas que afecten a los pueblos interesados, y de que tales instituciones o mecanismos disponen de los medios necesarios para el cabal desempeño de sus funciones.

2. Tales programas deberán incluir:

1. la planificación, coordinación, ejecución y evaluación, en cooperación con los pueblos interesados, de las medidas previstas en el presente Convenio;
2. la proposición de medidas legislativas y de otra índole a las autoridades competentes y el control de la aplicación de las medidas adoptadas en cooperación con los pueblos interesados.

Parte IX. Disposiciones Generales

Artículo 34

La naturaleza y el alcance de las medidas que se adopten para dar efecto al presente Convenio deberán determinarse con flexibilidad, teniendo en cuenta las condiciones propias de cada país.

Artículo 35

La aplicación de las disposiciones del presente Convenio no deberá menoscabar los derechos y las ventajas garantizados a los pueblos interesados en virtud de otros convenios y recomendaciones, instrumentos internacionales, tratados, o leyes, laudos, costumbres o acuerdos nacionales.

Parte X. Disposiciones Finales

Artículo 36

Este Convenio revisa el Convenio sobre poblaciones indígenas y tribales, 1957.

Artículo 37

Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo.

Artículo 38

1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la Organización Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el Director General.

2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificaciones de dos Miembros hayan sido registradas por el Director General.

3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada Miembro, doce meses después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación.

Artículo 39

1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo a la expiración de un período de diez años, a partir de la fecha en que se haya puesto inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada, para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto hasta un año después de la fecha en que se haya registrado.

2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo de un año después de la expiración del período de diez años mencionado en el párrafo precedente, no haga uso del derecho de denuncia previsto en este artículo quedará obligado durante un nuevo período de diez años, y en lo sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expiración de cada período de diez años, en las condiciones previstas en este artículo.

Artículo 40

1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará a todos los Miembros de la Organización Internacional del Trabajo el registro de cuantas ratificaciones, declaraciones y denuncias le comuniquen los Miembros de la Organización.

2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segunda ratificación que le haya sido comunicada, el Director General llamará la atención de los Miembros de la Organización sobre la fecha en que entrará en vigor el presente Convenio.

Artículo 41

El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al Secretario General de las Naciones Unidas, a los efectos del registro y de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, una información completa sobre todas las ratificaciones, declaraciones y actas de denuncia que haya registrado de acuerdo con los artículos precedentes.

Artículo 42

Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo presentará a la Conferencia una memoria sobre la aplicación del Convenio, y considerará la conveniencia de incluir en el orden del día de la Conferencia la cuestión de su revisión total o parcial.

Artículo 43

1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que implique una revisión total o parcial del presente, y a menos que el nuevo convenio contenga disposiciones en contrario:

1. la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicará, ipso jure, la denuncia inmediata de este Convenio, no obstante las disposiciones contenidas en el artículo 39, siempre que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor;

2. a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor, el presente Convenio cesará de estar abierto a la ratificación por los Miembros.

2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y contenido actuales, para los Miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el convenio revisor.

Artículo 44

Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente auténticas.

Ana Esther Ceceña

Antes de su aprobación, la ley de Derechos y Cultura Indígena ya es objeto de una contrareforma. El dictamen aprobado en el Senado de la República pone en riesgo las posibilidades de la democracia y la legitimidad de las instituciones que han sido creadas para representar a la nación.

La iniciativa de ley presentada por el Presidente Fox al Congreso desde el primer día de su mandato es una propuesta emanada de uno de los debates nacionales de mayor envergadura. Los Acuerdos de San Andrés son resultado de un replanteamiento de la nación y del significado de la democracia en un mundo en que el derecho a la igualdad pasa, necesariamente, por el reconocimiento de la diferencia.

Lo indígena forma parte del ser nacional conformado por culturas superpuestas y en interlocución, que ocultas en la historia han sido, paradójicamente, puestas en evidencia por la modernidad. Es innegable la presencia indígena en el mestizaje que caracteriza a la mexicanidad contemporánea, la que no podría reconocerse sin los aportes de las culturas que precedieron a la constitución de la nación y se han desarrollado, aunque con inmensas limitaciones, dentro de ella.

En los Acuerdos de San Andrés, y en la formulación jurídica elaborada desde 1996 por la Comisión de Concordia y Pacificación (conocida como ley Cocopa), se estableció realmente una nueva concepción de la sociedad mexicana mucho más moderna y madura, apegada a su realidad y consecuente con las legislaciones internacionales suscritas por México.

La importancia histórica de esta ley consiste en el reconocimiento de sujetos políticos de naturaleza distinta, atendiendo a la diversidad de culturas que da sustancia a la sociedad mexicana. Así, la ley Cocopa sanciona la existencia de sujetos colectivos que, para ejercer su derecho, no seguirán siendo obligados a individualizarse adoptando una personalidad que no les corresponde: los Pueblos Indios («…son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el país al iniciarse la colonización y antes de que se establecieran las fronteras de los Estados Unidos Mexicanos, y que cualquiera que sea su situación jurídica, conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas»).

Este reconocimiento otorga a los Pueblos Indios, puesto que se reconocen como sujetos políticos, la facultad de autodeterminarse y organizar su vida de conformidad con sus propias costumbres y visiones, y «acceder de manera colectiva al uso y disfrute de los recursos naturales de sus tierras y territorios, entendidas éstas como la totalidad del hábitat que los pueblos indígenas usan u ocupan, salvo aquellos cuyo dominio directo corresponde a la Nación». Y, dentro de sus tierras y territorios, «…el ejercicio de la libre determinación de los pueblos indígenas en cada uno de los ámbitos y niveles en que hagan valer su autonomía, pudiendo abarcar uno o más pueblos indígenas, de acuerdo a las circunstancias particulares y específicas de cada entidad federativa. Las comunidades indígenas como entidades de derecho público y los municipios que reconozcan su pertenencia a un pueblo indígena tendrán la facultad de asociarse libremente a fin de coordinar sus acciones.»

Ésta, que es la parte medular de la ley Cocopa, otorga a México la oportunidad de instaurar un régimen democrático ejemplar en que la igualdad ante la ley no implique la despersonalización de los sujetos ni la individualización de los colectivos y en que ninguna diferencia implique inferioridad.

Este nuevo concepto de la nación y la democracia ha sido compartido por grandes sectores de la sociedad mexicana. Primero, deteniendo la guerra y participando directamente en los diálogos de San Andrés y en la construcción de los Acuerdos firmados; más adelante, si sólo mencionamos los momentos más significativos, en la amplia consulta nacional convocada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1997 y en la que se pronunciaron tres millones de mexicanos, indígenas y no indígenas, por la aprobación de la ley; y, finalmente, con la presencia masiva que acompañó la Marcha de la Dignidad Indígena y que se convirtió en clamor por el cumplimiento de las tres señales para reanudar el diálogo (aprobación de la ley; liberación de los presos zapatistas y retiro del ejército de 7 posiciones militares).

Sin embargo, en la democracia que padecemos, no sólo hay intolerancia hacia los mexicanos comunes, individuales o colectivos, sino que parece demostrarse que hay una ciudadanía estamental en la que los ciudadanos no son iguales ante la ley. La ciudadanía adquiere connotaciones distintas tratándose de empresarios, funcionarios y especuladores o de trabajadores, campesinos, estudiantes, burócratas y pobres.

La ley de Derechos y Cultura Indígena se encuentra en dificultades porque su aprobación no favorece los grandes negocios previstos en el Plan Puebla Panamá y los legisladores han preferido introducirle modificaciones contrarias al mandato de la sociedad y a la alta responsabilidad de crear condiciones para que en el país florezca la democracia y no la guerra.

Los Pueblos Indios de este país piden autonomía y el dictamen aprobado en el Senado les ofrece crear empleos. Ellos dicen que no vienen por migajas sino a reclamar el reconocimiento que les corresponde como mexicanos y los condenan a ser entidades «de interés público», igual que lo puede ser un monumento histórico o una reserva ecológica, en vez de sancionarlos como sujetos con igualdad de derechos.

El reconocimiento de los pueblos y comunidades es dejado para legislaciones menores («El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas»).

Aunque se habla de la libre determinación y autonomía sus sistemas normativos no son «convalidados» y esto implica, entonces, que no hay igualdad ante la ley. Puesto que no son sujetos de derecho, no son iguales que el resto de la población nacional a la que sí se le reconocen sus «usos y costumbres» otorgándoles sanción jurídica. No es verdad que se reconoce la diferencia cuando ésta no tiene una expresión jurídica correspondiente. Los pueblos indios serán tutelados puesto que son entidades de interés público de acuerdo con el dictamen.

La «composición pluricultural» de la nación, que es reconocida tanto en la ley Cocopa como en el dictamen, implica el reconocimiento de significados distintos de territorio y naturaleza.

El territorio en la cosmovisión maya es el símbolo de la dualidad original que se manifiesta tanto en el conjunto montaña-valle como en la masculinidad-feminidad. Para los pueblos mayas la tierra, nuestra madre, siempre está acompañada por la montaña que es la representación de la masculinidad. Y es sólo mediante la combinación de ambos que mana la vida de la tierra (Gudrun Lohmeyer:2001). El territorio tiene un sentido histórico y cultural que no puede ser disociado de la existencia de los pueblos indios como tales. Por eso en San Andrés la referencia al territorio es indispensable para poder garantizar la autodeterminación sobre los diferentes aspectos de la vida colectiva de los pueblos indios y su eliminación en el Dictamen del Senado deja sin sustento toda mención a la autonomía.

No hay ningún indicio que nos permita suponer que los legisladores actuaron de manera descuidada al evaluar la ley Cocopa y emitir su dictamen. Lo que sí es posible identificar dentro de las modificaciones introducidas es una gran similitud con algunos de los planteamientos del Plan Puebla Panamá, en su versión ejecutiva.

En un nuevo apartado que los senadores adicionan a la ley se establece: «Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades indígenas mediante acciones que permitan alcanzar la suficiencia de sus ingresos económicos, la aplicación de estímulos para las inversiones públicas y privadas que propicien la creación de empleos, la incorporación de tecnologías para incrementar su propia capacidad productiva, así como para asegurar el acceso equitativo a los sistemas de abasto y comercialización.» Nada más ajeno a la autonomía que se reclama que sancionar, eso sí constitucionalmente, la manera como los pueblos indios tendrán que ser tutelados para lograr la «suficiencia económica».

Posiciones como ésta fueron rechazadas en San Andrés y quedaron fuera de los Acuerdos y la ley Cocopa por ser contradictorios con el reconocimiento de la autodeterminación que implica el de las modalidades de organización productiva y uso del territorio de los pueblos indios.

Sin embargo, no son contradictorias con lo asentado en el Plan Puebla Panamá que propone, entre sus objetivos, «promover inversiones productivas que amplíen la oferta de empleos..» y «promover la concertación de planes y estrategias conjuntas de desarrollo entre la región Sur-Sureste de México y los países de Centroamérica».

Por supuesto, para ello es necesario vaciar de contenido y de posibilidades reales (territoriales) la demanda de autonomía y el ejercicio de la libre determinación, al tiempo que se elimina toda referencia al uso colectivo de la tierra y el territorio y se establece, en cambio, la tenencia individual como única reconocida constitucionalmente.

En la medida que los indígenas no aspiren más que a conseguir un empleo se respetará su libre determinación; en la medida que los indígenas migrantes estén dispuestos a emplearse como jornaleros se buscará garantizar sus derechos, en la medida que los Pueblos Indios no pretendan tener dignidad, pueden lograr el reconocimiento.

¿De qué manera se va a garantizar que los legisladores acaten el mandato del pueblo? Si con una movilización masiva y prolongada como la que ha suscitado la aprobación de la ley de Derechos y Cultura Indígena no se sienten interpelados, ¿cuántas sublevaciones más necesitamos para que en este país pueda construirse la democracia?

http://www.ezln.org/san_andres/cecena010430.htm

SIPAZ

Agosto 2001

SIPAZ se dirige a ustedes para transmitirles un llamado a la solidaridad con carácter urgente de las organizaciones sociales y de derechos humanos mexicanas, pidiendo su adhesión a una campaña internacional que han iniciado contra la ley indígena aprobada por el Congreso mexicano en abril pasado.

La ley que hoy motiva esta campaña internacional ha sido rechazada por todas las organizaciones indígenas nucleadas en el Congreso Nacional Indígena (del cual es parte el EZLN), así como por las organizaciones sociales y populares. El motivo del rechazo es que la ley aprobada (con carácter de reforma constitucional) no es fiel a los Acuerdos de San Andrés firmados por el gobierno federal y el EZLN en 1996, ni al proyecto elaborado por la comisión legislativa COCOPA, la que se encargo de darle forma legal a dichos Acuerdos. A su vez, es contradictoria con el Convenio 169 de la OIT, sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que México ha ratificado.

A diferencia de esos tres documentos mencionados, la ley aprobada está inspirada en una concepción que históricamente ha tratado a los indígenas como objetos de políticas públicas, y no como sujetos de derechos. Por lo mismo, recorta derechos fundamentales reconocidos en los Acuerdos de San Andrés, en la ley COCOPA y en el Convenio 169 de la OIT, como el derecho de los pueblos indios al ejercicio de la autonomía en sus tierras y territorios, al uso de los recursos naturales existentes en ellos, y el derecho a elegir sus autoridades según sus tradiciones, y a asociarse en municipios y regiones indígenas.

La reforma fue aprobada por el Congreso federal y la mayoría de los Congresos estatales, y ahora debe ser promulgada por el Poder Ejecutivo para entrar en vigor. Es por eso que se esta realizando esta campaña internacional, a fin de presionar para impedir la promulgación, que es inminente, o por lo menos, para denunciar ante los organismos internacionales especializados los motivos del rechazo popular a dicha ley.

la Comisión Internacional de la Misión Civil por la Paz y la Red Nacional de DDHH Todos los Derechos para Todos, México han elaborado dos cartas que están dirigidas a instancias de verificación de normas internacionales sobre derechos de los pueblos indígenas, para dar a conocer la situación actual de la reforma constitucional y las implicaciones que tienen en el reconocimiento de los derechos indígenas, así como el cumplimiento por parte del gobierno mexicano de normas internacionales en materia indígena.

Una carta esta dirigida a la Comisión de Expertos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que es responsable de verificar la aplicación de las normas y convenio internacionales del trabajo. En esta comunicación pedimos que se demande al gobierno mexicano que en la reforma constitucional respete los derechos reconocidos por el Convenio 169 de la OIT , así como el seguimiento en el proceso de paz.

El segundo llamamiento está dirigido al Dr. Rodolfo Stavenhaguen, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas y expresa nuestra preocupación sobre la falta de reconocimiento a los derechos Indígenas fundamentales en el proyecto de reformas constitucionales, el cual además pone en riesgo el proceso de paz en Chiapas.

Por eso queremos pedirles de mandar su adhesión – no sólo como organización sino como individuo – para la campaña a los siguientes correos electrónicos: radpi@laneta.apc.org, tvega@sjsocial.org, mmaza@sjsocial.org.

Atentamente,

SIPAZ

CARTA I

Ciudad de México, 10 de Agosto de 2001

Sr. Dr. Juan Somavía
Director-General
Oficina Internacional del Trabajo
4, route des Morillons
CH-1211 Ginebra 22

Suiza

c/c Normes, ETM Lima, ETM San José;OIT México.


La aprobación del Proyecto de Ley de Reforma Constitucional en Materia de Derechos y Cultura Indígena aprobada por la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión de la República Mexicana, en su sesión de 18 de Julio del año en curso, y hasta la fecha pendiente de promulgación por el Presidente del Ejecutivo, constituye un grave retroceso para el reconocimiento de los derechos internacionalmente reconocidos a los pueblos indígenas que forman parte integral de México. Una ley de las características de la aprobada, y el proceso que condujo a su aprobación, van en contra de la voluntad expresa de estos pueblos, cristalizada en la Iniciativa de la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA); del proceso de paz todavía en curso con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), plasmado en los Acuerdos de San Andrés Larráinzar; y de los derechos que emanan del Convenio No. 169 de la OIT.

La aprobación del Proyecto de Reforma constitucional no es sino la última expresión de la falta de voluntad política por parte del Estado mexicano para dar cabida al reconocimiento de los pueblos indígenas, sus culturas, instituciones y derechos en los términos que se reconocen en el Convenio No. 169. Cuando se cumplen diez años de su ratificación, e independientemente del discurso público de los poderes del Estado, y a pesar del continuo llamamiento de los pueblos indígenas del país, el Convenio en México no ha pasado de ser una mera declaración de principios, carente de desarrollo legislativo y de medidas gubernamentales concretas que hagan posible su aplicación efectiva.

Por medio de esta comunicación, los abajo firmantes denunciamos la aprobación del Proyecto de Reforma Constitucional como última expresión del olvido al que el Estado mexicano ha relegado el Convenio No. 169 de la OIT; y hacemos un llamamiento a la Oficina Internacional del Trabajo y a los órganos de control de normas internacionales del trabajo para que exijan a este Estado el pleno cumplimiento y desarrollo del Convenio, que redunde en un reconocimiento pleno de los pueblos indígenas y de sus derechos.

Antecedentes del Proyecto de Reforma Constitucional.

1. El 27 de Junio de 1989, la 76ª sesión de la Conferencia Internacional del Trabajo, reunida en Ginebra, adopta el Convenio sobre Poblaciones Indígenas y Tribales (No. 169). La delegación del gobierno mexicano vota a favor de esta reforma.

2. De conformidad con el artículo 89 Fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Senado de la República ratifica este Tratado Internacional el 11 de julio de 1990. El Presidente de la República deposita esta ratificación ante la Oficina Internacional del Trabajo el 5 de Septiembre de 1990. A raíz de esta ratificación, el Convenio entra en vigor un año después. En los términos expresados por el Estado mexicano ante la Conferencia Internacional del Trabajo: México fue el primer país latinoamericano que ratificó el Convenio núm. 169. Con ello reiteró el reconocimiento a su composición pluricultural, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, y asumió todas sus responsabilidades para proteger y promover el desarrollo de sus lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos y formas específicas de organización social.

3. Coincidente con la ratificación del Convenio No. 169, en 1992 se reforma el artículo 4º de la Constitución Federal, para reconocer que La Nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. La Ley protegerá y promoverá el desarrollo de sus lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos y formas específicas de organización social, y garantizará a sus integrantes el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado…» 4. Asimismo, la sección VII del art. 27 de la Constitución es reformado para disponer que «la ley protegerá la integridad de la tierra de los grupos indígenas». Sin embargo, la misma reforma elimina las garantías de imprescriptibilidad, inembargabilidad e inalienabilidad de las tierras ejidales, una de las formas de tenencia de la tierra más común entre los pueblos indígenas de México.

5. Otras reformas legislativas afectaron al Código Penal Federal; al Código Federal de Procedimientos Penales; y a la Ley Agraria. Asimismo, algunos congresos estatales procedieron a reformar sus respectivas constituciones para acomodar el reconocimiento del art. 4 constitucional, así como a aprobar leyes específicas en materia indígena (hasta la fecha: Chiapas, Chihuahua, Oaxaca, Quintana Roo y Veracruz)

6. El primero de Enero de 1994, hace su aparición el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) demandando una serie de derechos y políticas de atención para los pueblos y comunidades indígenas de Chiapas y al mismo tiempo, para el resto de las entidades federativas que constituyen la Nación Mexicana.

7. El Comisión de Expertos de la OIT en Aplicación de Convenios y Recomendaciones mostró su inquietud sobre la situación de los derechos de los pueblos indígenas en México en los siguientes términos: La Comisión toma nota de que la ausencia de una protección elemental de los derechos de los trabajadores indígenas y de sus condiciones de trabajo fue una de las causas del estallido de violencia de los pueblos indígenas del estado de Chiapas que se produjo a principios de 1994.

8. Tras el fracaso de iniciativas anteriores, en Marzo de 1995 se abre la negociación entre el EZLN y el Ejecutivo Federal en el marco de la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas. En Octubre de ese mismo año, el Gobierno y el EZLN logran llegar a 57 puntos de consenso sobre derechos y cultura indígenas a través de las distintas mesas de diálogo de San Andrés. Junto con estas mesas de diálogo se convocó el Foro Nacional de Cultura y Derechos Indígenas, que contó con la participación de 500 representantes de 35 pueblos indígenas. De este foro saldrá lo que posteriormente será conocido como el Congreso Nacional Indígena (CNI), que se constituye como un espacio permanente de encuentro y diálogo de los pueblos indígenas por el reconocimiento constitucional de sus derechos.

9. Paralelamente, el Congreso de la Nación, junto con la Secretaría de Gobernación del Ejecutivo, convocan el 10 de Octubre de 1995 a la Consulta Nacional sobre Derecho y Participación Indígenas. De acuerdo con el Gobierno, se trató de un «amplio proceso de consulta nacional sobre derechos y participación indígena, con la participación de casi 12.000 participantes divididos en 30 foros, que dieron como resultado cerca de 9.000 propuestas con el fin de promover reformas al marco constitucional y legal correspondiente así como también […] encuentros con comunidades y pueblos indígenas que cubrieron aproximadamente a 11.000 personas».

10. Los resultados coincidentes de ambas consultas sirvieron de base para la firma de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar entre el EZLN y el Ejecutivo, el 16 de Febrero de 1996. El contenido de estos acuerdos se basa en gran parte en el Convenio No. 169. La Comisión de Expertos de la OIT, «tomando en consideración que el Convenio fue utilizado como un marco de referencia en las negociaciones mencionadas […] pide al pide al Gobierno que continúe suministrando informaciones sobre la evolución de la situación en cuanto a la aplicación práctica de los acuerdos alcanzados en las rondas de negociación.

11. El 11 de Octubre de 1996, el I Congreso Nacional Indígena demanda el cumplimiento «inmediato y completo» de los Acuerdos de San Andrés y proclama el lema «Nunca más un México sin nosotros».

12. Dentro de los Acuerdos se prevé la «[c]reación de un nuevo marco jurídico que establezca la nueva relación entre los pueblos indígenas y el Estado». La iniciativa de constitucional fue encomendada por las partes en conflicto a la Comisión de Concordia y Pacificación del Legislativo Federal (COCOPA). El 29 de Noviembre de 1996, la COCOPA presenta una Iniciativa de Reforma Constitucional, basada en el Convenio Nº 169 y en el contenido de los Acuerdos de San Andrés. La Comisión de Expertos de la OIT hace un llamamiento al Gobierno para que «la mantenga informada sobre el curso seguido, en el Congreso de la Unión, de la iniciativa de reformas que será sometido en su próximo período de sesiones y que hace explícitos y garantiza los derechos indígenas y reconoce sus usos y costumbres de una manera más amplia.

13. Si bien no recoge todos los puntos de los Acuerdos de San Andrés, la Iniciativa COCOPA es aceptada tanto por el EZLN como por la mayoría de las organizaciones indígenas del país, pero no así por el Ejecutivo Federal. La negociaciones entre el EZLN y el Ejecutivo Federal, así como las consultas entre éste y las distintas organizaciones indígenas, se paralizan desde Diciembre de 1996.

14. El 21 de Marzo de 1999, se celebra la Consulta Nacional por el Respeto de los Derechos de los Pueblos Indios y por el Fin de la Guerra de Exterminio. Participaron casi 3.000.000 de personas, el 95% de las cuales ratificó el consenso representado en los Acuerdos de San Andrés y en la Iniciativa COCOPA.

15. De acuerdo con el Informe de la Comisión de Expertos de 1999, «es motivo de preocupación la aparente falta de un diálogo entre el Gobierno y los pueblos indígenas que contribuiría a la resolución de los problemas que les afectan. Asimismo, la Comisión demandó al Gobierno «que reexamine las medidas que está tomando con relación a los problemas con que tropiezan los pueblos indígenas del país».

16. Al año siguiente, el Grupo de Trabajadores del Comité de Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la Conferencia hicieron constar en referencia al Convenio Nº 169 en México que los Estados Miembros que ratifican un convenio deben ser capaces de poner en práctica inmediatamente sus obligaciones; al tiempo que «una ratificación no puede ser sólo contemplada como una declaración de buenas intenciones». Asimismo, el Comité hizo un llamamiento a la apertura de «un diálogo con vistas a buscar una solución a los graves problemas que este caso refleja […]en el que se incluyan, entre otros, […] los verdaderos representantes de los pueblos indígenas a los que esto concierne.

17. El 2 de Diciembre de 2000 el EZLN celebra la designación de Luis H. Álvarez como comisionado para el diálogo en Chiapas por parte del nuevo gobierno y establece la aprobación de la Iniciativa COCOPA como condición para reiniciar este diálogo. El 5 de Diciembre de 2000, el Titular del Poder Ejecutivo Federal mexicano, Lic. Vicente Fox Quesada, presenta ante el Senado de la República la Iniciativa de Reformas Constitucionales elaborado por la COCOPA. La Cámara de origen es el Senado.

18. El 24 de Febrero de 2001 comienza la denominada Marcha por la Dignidad Indígena (también conocida como la Marcha del Color de la Tierra) desde diversas comunidades zapatistas de los Altos de Chiapas. Entre sus objetivos se encuentra el de dialogar con el Congreso y convencerlo de que apruebe la Ley COCOPA. El 4 de Marzo, el III Congreso Nacional Indígena, celebrado en la Comunidad Purépecha de Nurío, adopta la Declaración por el Reconocimiento Constitucional de Nuestros Derechos Colectivos, donde se demanda el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés y la aprobación de la Ley COCOPA. Tras recepciones masivas en 13 estados, la Marcha llega a la Ciudad de México. El 28 de Marzo el EZLN habla desde la tribuna del Congreso de la Unión.

19. El 25 de Abril 2001 el Senado de la República, modificando la iniciativa presidencial, aprueba el dictamen sobre el Proyecto de Decreto en materia indígena por el que se pretende adicionan un segundo y tercer párrafos al artículo 1º, se reforma el artículo 2º, se deroga el párrafo primero del artículo 4º, se adiciona un sexto párrafo al artículo 18 y un último párrafo a la fracción tercera del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El dictamen modifica substancialmente la Ley COCOPA e incorpora sólo parte de los acuerdos de San Andrés. La discusión se traslada a la Cámara de Diputados. El 28 de Abril la Camara de Diputados aprueba la reforma. Rigoberta Menchú considera que «no es la alternativa ignorar a los pueblos indígenas». El 30 de abril el EZLN rechaza el dictamen del Senado.

20. Se suceden las denuncias contra el proyecto de reforma. El 1 de Mayo de 2001, el CNI hace público su rechazo a la iniciativa del Senado en tanto que «representa una burla para nuestros pueblos y una afrenta mayor para la sociedad mexicana, que decidió respaldar nuestra justa causa.» El 11 de Mayo, la Conferencia del Milenio de los Pueblos Indígenas, reunida en Panamá, rechaza la reforma y exige al Congreso mexicano «escuchar la voz de los pueblos indígenas del mundo y sociedad civil que os hemos hermanado con la lucha de los pueblos indígenas de México, y tomar en cuenta el Convenio 169 de la OIT, ley suprema vigente en México de acuerdo con su Constitución Política». El 19 de Junio, 3.000 personalidades, organizaciones y colectivos firman el documento Por el reconocimiento de los derechos y cultura indígenas. Entre ellos se encuentran José Saramago, Alain Touraine y la Hebe de Bonafini. El 2 de Julio, Samuel Ruíz encabeza un manifiesto en el que se considera a la reforma como «contraria» a los pueblos indios, y «una amenaza para la paz».

21. De acuerdo con el procedimiento establecido en al art. 135 constitucional, la reforma es turnada de inmediato a las legislaturas de los estados. La iniciativa fue rechazada en Baja California Sur, Chiapas, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, y Zacatecas, que concentran el mayor porcentaje de población indígena. El 18 de julio de 2001, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión realiza el cómputo de votos de las legislaturas locales, declara que la minuta fue aprobada por 16 congresos, que son la mayoría más uno, y se consuma la reforma. Algunos partidos políticos y gobernadores de estados denuncian irregularidades formales en el proceso de aprobación. Hasta la fecha, la reforma no ha sido promulgada por el Poder Ejecutivo Federal, por lo que hasta la fecha no ha entrado todavía en vigor.

22. El día 9 de julio de 2001, el Municipio de Molcaxac (Puebla), presenta una controversia constitucional en contra del proyecto de reforma constitucional. Entre los conceptos de invalidez alegados se encuentra la violación del derecho a la consulta en los términos del art. 6 del Convenio Nº 169. Le siguen otras iniciativas del Gobernador de Oaxaca y de los municipios de Copalillo (Guerrero), y Texcatepec (Veracruz). Por su parte, las dos comunidades mazahuas de San Miguel Xoltepec y Santa Cruz Atizapán presentaron un recurso de amparo constitucional contra el proyecto de reforma por violación de sus derechos.

23. El día 20 de julio de 2001 la COCOPA critica la aprobación de la reforma. El día 2 de Agosto, la COCOPA explicó que se ha decidido presentar una propuesta de reformas para los conceptos jurídicos sobre personas, territorialidad, usos y costumbres, goce y disfrute de los recursos naturales y ser objetos y sujetos de interés público.

El Convenio Nº 169 en México: «Una declaración de buenas intenciones».

24. De acuerdo con el art. 19 la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, los Estados que ratifican los convenios adoptados por la Conferencia se comprometen a poner en efectivamente práctica sus disposiciones. La puesta en práctica del Convenio Nº 169 supone toda una serie de medidas administrativas, legislativas e incluso constitucionales. Estamos hablando de una auténtica revisión de los parámetros que han dominado la relación entre el Estado y los pueblos indígenas durante lustros, y que han impedido y todavía impiden a los pueblos indígenas de gozar en pie de igualdad reconocidos a todos y todas sin discriminación.

25. El reconocimiento de la validez y necesidad de respeto a sus culturas, incluidos sus instituciones y sistemas normativos propios, del derecho a la propiedad y uso de la tierra y recursos naturales; del derecho a ser consultados en todo acto del Estado capaz de afectarles de forma directa o a la participación en los procesos políticos, económicos y sociales del país del que forman parte son las vías definidas por el Convenio Nº 169 para reformular las relaciones entre pueblos indígenas y Estados («Nunca más un México sin nosotros»), y por lo tanto para que la igualdad de derechos de estos pueblos pueda hacerse efectiva.

26. La reformulación de la relación entre pueblos y Estados es sin duda un proceso a largo plazo y lleno de dificultades, pero que requiere de estos últimos, en los términos del propio Convenio Nº 169, de la asunción de la «responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática» (art. 2.1).

27. En el caso de México, contrario a las declaraciones públicas del gobierno, el Estado no ha asumido «todas sus responsabilidades para proteger y promover el desarrollo de sus lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos y formas específicas de organización social». Desde que México ratificó el Convenio Nº 169 en 1992, los derechos que éste reconoce y las obligaciones que impone no han sido incorporados a la agenda de los sucesivos gobiernos. La reforma constitucional de 1991 no hizo mucho más para asegurar una protección efectiva de los derechos reconocidos en el Convenio: hasta la fecha, ni el art. 4, ni el para. 7 del art. 27 constitucionales han tenido desarrollo legislativo o reglamentario, convirtiéndose en meras reiteraciones de los objetivos ya marcados en el Convenio. Lo mismo puede decirse de las leyes elaborados por algunos estados, algunas de ellas en contra de la voluntad expresa de las propias organizaciones y comunidades indígenas.

28. El reconocimiento de los derechos sin el establecimiento de sus garantías hace este reconocimiento inútil. De nada sirve reiterar el reconocimiento de las instituciones representativas indígenas o de sus sistemas normativos (arts. 8 y 9 del Convenio Nº 169) si no se instituyen vías para su ejercicio y defensa, así procedimientos para solucionar los conflictos que puedan surgir de este reconocimiento (art.8.2). De nada sirve reiterar el reconocimiento del derecho a la consulta y a la participación (arts 6, 7 y 16) si no se buscan marcos institucionales específicos que definan las condiciones de ejercicio de este derecho y la representatividad de los pueblos indígenas atendiendo a criterios de objetividad, razonabilidad y seguridad jurídica. De nada sirve reiterar el reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas a la propiedad o posesión, y uso de sus territorios, si no se procede a clarificar el marco jurídico para su ejercicio, ni se dan los mínimos requisitos previos como la necesaria titulación de las tierras indígenas (art. 14.2). En definitiva, el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en un marco de autonomía requiere de una voluntad y esfuerzo políticos que van más allá de medidas puramente tuitivas. Bajo el discurso oficial existe un vacío jurídico e institucional en los ámbitos esenciales para la vida colectiva de estos pueblos que permite la violación sistemática de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. A diez años de su ratificación, México sólo ha sabido repetir los principios del Convenio Nº 169 sin ponerlos en práctica, a riesgo de convertirlos en principios vacíos de contenido.

29. La falta de voluntad política para el cumplimiento del Convenio Nº 169 ha traído como consecuencia no pocas violaciones de los derechos de los pueblos indígenas. La Comisión de Expertos se ha referido a algunos casos especialmente graves, como los derechos a las garantías judiciales de los pueblos indígenas de Oaxaca; el conflicto de tierras de los Chimalapas, la explotación minera y forestal en la sierra Tarahumara o los perjuicios potenciales derivados de los planes de desarrollo del istmo de Tehuantepec. Así mismo, el Estado Mexicano ha sido objeto hasta en dos ocasiones de reclamación (art. 24 de la Constitución de la OIT) por violación de artículos específicos del Convenio Nº 169.

30. Sólo a partir de 1994, y por causas ajenas a su voluntad política, se abrió la vía del diálogo con los pueblos indígenas y de la reforma del Estado para acomodar los derechos colectivos de estos pueblos. La Iniciativa de Reformas Constitucionales elaborada por la COCOPA en 1996 reflejaba el derecho de los pueblos indígenas a mantener sus formas de representación política y sistemas normativos, garantizaba el acceso pleno a la justicia, el reconocimiento de sus territorios, el respeto de sus manifestaciones culturales, el aseguramiento de la capacitación y educación, la garantía de sus necesidades básicas. Reflejaba por tanto los puntos principales en materia de derechos y cultura indígena recogidos en los Acuerdos de San Andrés y reconocidos jurídicamente en el Convenio Nº 169 de la OIT. Asimismo, la Ley COCOPA constituía el fruto de un amplio proceso de consulta con los pueblos indígenas (el eje fundamental del Convenio), lo que la convertía en una expresión privilegiada y sin precedentes del consenso de los pueblos indígenas del país. En último término, conforme a las dinámicas políticas anteriormente señaladas, constituía un elemento fundamental para alcanzar la paz en Chiapas.

31. La Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones supo ver en el proceso que culmina en la celebración de los Acuerdos de San Andrés y la Iniciativa de la COCOPA una oportunidad histórica para un reconocimiento explícito y una mayor garantía de los derechos indígenas, sus usos y costumbres tal y como se establece en el Convenio Nº 169 de la OIT; así como el fruto de una amplia consulta, a todos los niveles, representativa y con miras a alcanzar un consenso en los términos de su artículo 6. Desde 1996, tanto el Comité de Expertos como la Conferencia Internacional del Trabajo han persistido en su llamamiento al diálogo entre el Estado mexicano y los pueblos indígenas del país, así como al aseguramiento de la participación de éstos en la búsqueda de soluciones para sus problemas

32. Tanto la Marcha del Color de la Tierra como la iniciativa presidencial de someter a la consideración el Congreso la Iniciativa de la COCOPA fueron acogidas con optimismo por los pueblos indígenas de México y gran parte de la sociedad civil como la vuelta al diálogo y consenso que animó San Andrés, así como una oportunidad histórica para el reconocimiento constitucional de los derechos colectivos de estos pueblos en los términos del Convenio Nº 169 de la OIT.

33. Sin embargo, el Proyecto de Ley de Reforma Constitucional finalmente aprobado por el Congreso Federal el 18 de Julio de 2001 y pendiente de promulgación por el Ejecutivo, supone una desnaturalización de la Ley COCOPA y por tanto de los puntos de encuentro de San Andrés en cuestiones tan fundamentales como la personalidad jurídica de los pueblos indígenas, territorialidad, usos y costumbres, y goce y disfrute de los recursos naturales. Por lo mismo, se pone en riesgo la protección efectiva y desarrollo pleno de los derechos reconocidos en el Convenio Nº 169 de la OIT. El Convenio ni siquiera aparece citado en el texto del dictamen del Senado.

La reforma constitucional pone en riesgo el cumplimiento del Convenio Nº 169.

34. Varios intelectuales, académicos y expertos mexicanos han denunciado que el Proyecto de Reforma Constitucional viola las obligaciones asumidas por México al ratificar el Convenio No. 169 de la OIT. Para Francisco López Bárcenas, Director de Procuración de Justicia del Instituto Nacional Indigenista, «[n]i por asomo está el contenido del Convenio 169 de la OIT, el cual establece que los pueblos indígenas tienen derecho a que se les reconozca la propiedad y posesión de sus recursos naturales, así como su derecho a utilizarlos, administrarlos y conservarlos, y cuando éstos pertenezcan a la nación acordar formas de consulta para su aprovechamiento, los beneficios que obtendrán los pueblos indígenas y la forma de prevenir daños o repararlos».

35. En los términos en que ha sido aprobada por el Convenio, la Reforma Constitucional pone en riesgo la efectividad de los derechos reconocidos en el Convenio Nº 169 en lo relativo a tres cuestiones fundamentales.

Personalidad

36. Primeramente, el Proyecto de Reforma Constitucional, en contra de lo expresamente dispuesto en la Iniciativa COCOPA, no reconoce la personalidad jurídica de las comunidades y pueblos indígenas, que quedan relegados a meras entidades de interés público (art.2.a. del Proyecto de Reforma). Esto supone un grave riesgo para el ejercicio del derecho de estos pueblos a la protección legal contra la violación de sus derechos (que, en los términos del art. 12 del Convenio, incluye la posibilidad de iniciar procedimientos legales, personalmente o a través de sus organismos representativos»). Con esto, no se reconoce a los pueblos indígenas como actores y sujetos en la organización del Estado, sino que se les considera como meros objetos receptores de las políticas públicas diseñadas por éste. No se incluye por tanto un reconocimiento de los pueblos indígenas en cuanto pueblos, en los términos recogidos en el art. 1 del Convenio.

Territorios, tierras y recursos naturales

37. Por otra parte, la reforma constitucional afecta de manera negativa a la protección de los derechos de los pueblos indígenas a la propiedad y posesión, uso y disfrute de sus territorios, incluídos los recursos naturales (art. 13-15 Convenio). El art. 2 .A. del Proyecto de Reforma se limita a enunciar el derecho de los pueblos indígenas, en el ámbito de su autonomía, a «conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras» (para. V), así como al «uso y disfrute preferente en los lugares que habitan y ocupan las comunidades», sin perjuicio de «los derechos adquiridos por terceros» y la existencia de «áreas estratégicas». El para. VI reconoce el derecho a «acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en esta Constitución […]». Estos artículos se encuentran lejos de reflejar lo establecido en el Convenio por las siguientes razones:

38. En lo que se refiere al derecho de los pueblos indígenas a la propiedad o posesión de la tierra (Art. 14 del Convenio), el art. 27.VII de la Constitución mexicana se limita a anunciar que «la ley protegerá la integridad de las tierras de los grupos indígenas». Este precepto no ha sido regulado por la Ley Reglamentaria del Art. 27, que se limita a reenviar la cuestión a una legislación posterior, hasta la fecha inexistente. En este contexto normativo, el hecho de que la reforma no mencione expresamente el derecho a la propiedad de la tierra supone que el sistema constitucional mexicano no reconocerá ese derecho esencial para la supervivencia cultural y material de estos pueblos.

39. En este mismo sentido, el «preservar la integridad de sus tierras» no garantiza que se asegure un título jurídico de propiedad o posesión, ni supone una obligación positiva por parte del Estado de proceder a la identificación y titulación de las tierras de los pueblos indígenas (art. 14.2) ni para la asignación de tierras adicionales dentro de programas agrarios (art. 19.a), en cuanto que garantías adicionales reconocidas en el Convenio al reconocimiento del derecho de propiedad o posesión. Del mismo modo, no quedaría reconocido el derecho de los pueblos indígenas a «utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia» (art. 14.1).

40. Asimismo, el art. 2 para. VI reconoce el derecho a «acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en esta Constitución […]». La Constitución mexicana sólo reconoce en su art. 27 tres formas de propiedad de la tierra: pequeña propiedad, comunal y ejidal. De esta manera, la reforma constitucional deja sin reconocimiento a otras formas de ocupación y uso tradicional comunes en los pueblos indígenas mexicanos. De este modo, se estaría de nuevo conculcando el art. 14 del Convenio (derecho a la propiedad o posesión de la tierra que «tradicionalmente ocupan» que, según la interpretación del Comité de Expertos de la OIT «ocupan de manera tradicional», e independientemente de la existencia de título jurídico o no).

41. El proyecto de reforma constitucional no reconoce la territorialidad indígena, un concepto basado no sólo en la protección jurídica a la propiedad de la tierra en los términos anteriormente señalados, sino que incluye «la importancia especial que para las culturas y los valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con la tierras o territorios» (art. 13.1 del Convenio). Así, a título de ejemplo, aspectos como la protección a los lugares sagrados y religiosos de estos pueblos quedarían excluidos del objetivo de «preservar la integridad de sus tierras».

42. El Proyecto de Reforma Constitucional reconoce un el derecho al «uso y disfrute de los recursos naturales de los lugares que habitan u ocupan las comunidades». Sin embargo, este derecho se ve subordinado, por un lado, al reconocimiento de los «derechos adquiridos por terceros»; y, por otro, a las «áreas estratégicas» definidas por Estado. La Constitución mexicana define estas áreas estratégicas en su artículo 27.6°. El artículo 15.2 del Convenio permite limitar el derecho preferente de los pueblos indígenas a los recursos naturales existentes en sus territorios en los casos en los que éstos se consideren propiedad exclusiva del Estado (supeditado, como es sabido, a la consulta a estos pueblos). Sin embargo, la protección especial de los recursos naturales existentes en las tierras indígenas (art. 15.1 del Convenio) es claramente incompatible con el reconocimiento previo a los derechos de terceros. El derecho de los pueblos indígenas se verá vacío de contenido en aquellos casos, bastante frecuentes, en los que los pueblos carecen de títulos legales válidos sobre sus tierras, mientras que estos títulos pertenecen a terceros. Terceros que, en muchos casos, han hecho uso del desconocimientos de las leyes para arrogarse la propiedad, posesión o uso de las tierras originalmente pertenecientes a estos pueblos (art. 17.2), así como a los recursos naturales existentes en ellas.

Acción coordinada y sistemática

43. Un tercer riesgo atañe a la responsabilidad del Estado mexicano para desarrollar una «acción coordinada y sistemática» tendente a la protección de la integridad y de los derechos de estos pueblos, en los términos establecidos en el art. 2.1 del Convenio. Conforme al art. 2.A del Proyecto de Reforma, «las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones en cada entidad […]». Esta disposición plantea serios problemas de limitación competencial, en tanto que la Constitución mexicana establece como ámbitos de responsabilidad federal exclusiva cuestiones fundamentales para los pueblos indígenas, como son tierras, bosques, aguas, minas, medioambiente y otras (art. 73 de la Constitución mexicana). En este sentido, el proyecto de reforma constitucional abriría un vacío legal en aspectos esenciales del Convenio, al tiempo que daría lugar a una compleja situación normativa que pondría en serias dificultades la posibilidad de establecer unas mínimas garantías comunes y un marco jurídico homogéneo. Por otro lado, la distribución de competencia en materia indígena entre las distintas entidades federales añadiría dificultades para el libre desarrollo de la vida cultural, social y económica de aquellos pueblos que están asentados en más de una de estas entidades, como es el caso de los huastecos (teenek), los huicholes (wixarrikas), los mixtecos (ñuu savi), los nahuas (macehuales) ó los zapotecos (ben’zaa). En último término, se estaría poniendo trabas a la aplicación plena del Convenio No. 169 en México, violentando así lo dispuesto en la Constitución de la OIT respecto a las obligaciones de los estados federales derivados de la ratificación de los convenios internacionales del trabajo) (19.7.b.i y ii).

44. En último término, si a la vaguedad de los principios recogidos en el Proyecto de Ley (que reenvía gran parte de la regulación a legislación de carácter reglamentaria o estatal) se le uniera una falta de voluntad efectiva para el desarrollo del Convenio similar ha la mostrada por el Estado mexicano hasta la fecha, el resultado sería una situación de vacío (cuando no de confusión) en términos legislativos e institucionales aún más grave que a la existente en la actualidad, lo que podría redundar en graves perjuicios para los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas mexicanos.

El proceso de reforma constitucional no ha tenido en cuenta a los pueblos indígenas.

45. Por último, el proyecto de reforma, cuya elaboración va en contra de sus deseos libremente expresados (art. 4.2 del Convenio), pasa por alto un esfuerzo sin precedentes tendente a la búsqueda de consenso, y pone así en grave riesgo el proceso de definición de una nueva relación entre el Estado mexicano y los pueblos indígenas del país. La reforma pretende el reconocimiento del derecho de la autonomía de los pueblos indígenas sin tomarlos en cuenta como sujetos autónomos. Por si fuera poco, dentro del contexto político inaugurado el 1 de Enero 1994 pone en grave riesgo el logro de una paz duradera en Chiapas.

46. El propio proceso de reforma constitucional ha violado el derecho de los pueblos indígenas ha ser consultados respecto a todas las medidas que les afecten directamente, en los términos establecidos en el art. 6 del Convenio Nº 169 de la OIT. En clara contraposición con el proceso de consulta y participación popular de estos pueblos que llevó a la celebración de los Acuerdos de San Andrés y, posteriormente, a la elaboración de la Iniciativa de la COCOPA, los pueblos indígenas no han tomado parte activa en el proceso legislativo tendente a la reforma constitucional. El texto del dictamen del Senado era substancialmente distinto a los que fueron objeto de consulta en las ocasiones anteriores, y por lo tanto debió ser sometido de nuevo a la consideración de los pueblos indígenas y de sus representantes. Los actos de información y audiencia pública llevadas a cabo por la Subcomisión Plural de Análisis en Materia de Reforma Constitucional del Senado, pese al discurso oficial, no pueden ser considerados como actos de consulta en el sentido del Convenio. Estos actos no contaron ni con los requisitos de representatividad a todos los niveles (en términos mínimamente razonables y objetivos); ni con la adecuación a las circunstancias concretas del caso; ni con el objetivo de lograr un acuerdo o buscar un consenso ni, como quedó demostrado ex post facto, con el requisito de la buena fe.

47. Argumentar que el proceso de reforma constitucional contó con la consulta y participación de los pueblos indígenas supone dejar vacíos de contenido a estos derechos, que a todas luces pueden y deben ser distinguidos de actos de consulta pro forma y tendentes a la legitimación de decisiones tomadas de forma autónoma, cuando no de espalda a la voluntad libremente expresada de estos pueblos.

Conclusión y recomendaciones.

48. En definitiva, el Proyecto de Reforma Constitucional es un exponente más de la falta de voluntad política por parte del Estado mexicano para llevar a la práctica los derechos reconocidos en el Convenio Nº 169, al tiempo que un reflejo más de la falta de diálogo y búsqueda de consenso con los pueblos interesados. La eventual entrada en vigor de la reforma constitucional en los términos en los que ha sido planteada supondría un grave retroceso para la situación de los pueblos indígenas en México. Cuando se cumplen diez años después de la ratificación del Convenio, no pueden darse más pasos atrás.

49. Por lo anteriormente expuesto, los abajo firmantes: a) Denunciamos que el Proyecto de Reforma Constitucional incumple las obligaciones internacionales adquiridas por el gobierno mexicano al ratificar el Convenio No. 169.

b) Demandamos de los órganos de control de la Organización Internacional del Trabajo que exija al Gobierno el cumplimiento efectivo y desarrollo en profundidad de las disposiciones del Convenio, y que continúe con su labor de seguimiento de los procesos de paz y de reforma constitucional inaugurados en San Andrés.

C) Por último, solicitamos de la Oficina Internacional del Trabajo que adopte una posición más decidida respecto al caso mexicano, prestando su asistencia técnica para que el Convenio sea puesto en práctica a través de medias legislativas y acomodos institucionales concretos.

Respetuosamente,

En la Ciudad de México, a 12 de Agosto de 2001
CARTA II

Dr. Rodolfo Stavenhaguen
Relator Especial sobre la Situación de los Derechos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas P r e s e n t e

Ciudad de México a 10 de agosto de 2001

Las personas y organizaciones que signamos el presente documento lo felicitamos por su reciente nombramiento pues creemos que su trayectoria y conocimiento sobre el tema de los pueblos indígenas es una garantía de que cumplirá el mandato de trabajar por la vigencia efectiva de los derechos de los pueblos indígenas del mundo.

Nos dirigimos a usted en virtud de lo dispuesto en la Resolución de la Comisión de Derechos Humanos (UN Doc E/CN.4/Res/2001/57, 24 Abril 2001), en la cual a falta de un mecanismo en la Comisión con un mandato especifico de vigilar el respeto y disfrute de los derechos de los indígenas y consciente de la condición de vulnerabilidad en la que se encuentran estos pueblos- se establece nombrar un relator especial con el mandato (entre otros) de :

a) Recabar, solicitar, recibir e intercambiar información y comunicación de todas las fuentes pertinentes sobre las violaciones de los derechos humanos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas.

Y con el fin cooperar con el desempeño de las funciones y deberes que le han sido encomendados, le remitimos la presente comunicación, a través de la cual queremos manifestarle nuestra preocupación por el actual proceso de modificaciones a la Constitución Mexicana, que en relación con el reconocimiento a los Derechos de los Pueblos Indígenas, tiene lugar en nuestro país. De consumarse la Reforma sobre Derechos y Cultura Indígenas se pondría en riesgo el goce efectivo de los derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas mexicanos. Así mismo se cerraría vías para alcanzar la paz en Chiapas y en otras partes del país.

Antecedentes del Proyecto de Reforma Constitucional.

1. El 27 de Junio de 1989, la 76ª sesión de la Conferencia Internacional del Trabajo, reunida en Ginebra, adopta el Convenio sobre Poblaciones Indígenas y Tribales (No. 169). La delegación del gobierno mexicano vota a favor de esta reforma.

2. De conformidad con el artículo 89 Fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Senado de la República ratifica este Tratado Internacional el 11 de julio de 1990. El Presidente de la República deposita esta ratificación ante la Oficina Internacional del Trabajo el 5 de Septiembre de 1990. A raíz de esta ratificación, el Convenio entra en vigor un año después. En los términos expresados por el Estado mexicano ante la Conferencia Internacional del Trabajo: México fue el primer país latinoamericano que ratificó el Convenio núm. 169. Con ello reiteró el reconocimiento a su composición pluricultural, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, y asumió todas sus responsabilidades para proteger y promover el desarrollo de sus lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos y formas específicas de organización social.

3. Coincidente con la ratificación del Convenio No. 169, en 1992 se reforma el artículo 4º de la Constitución Federal, para reconocer que La Nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. La Ley protegerá y promoverá el desarrollo de sus lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos y formas específicas de organización social, y garantizará a sus integrantes el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado…» 4. Asimismo, la sección VII del art. 27 de la Constitución es reformado para disponer que «la ley protegerá la integridad de la tierra de los grupos indígenas». Sin embargo, la misma reforma elimina las garantías de imprescriptibilidad, inembargabilidad e inalienabilidad de las tierras ejidales, una de las formas de tenencia de la tierra más común entre los pueblos indígenas de México.

5. Otras reformas legislativas afectaron al Código Penal Federal; al Código Federal de Procedimientos Penales; y a la Ley Agraria. Asimismo, algunos congresos estatales procedieron a reformar sus respectivas constituciones para acomodar el reconocimiento del art. 4 constitucional, así como a aprobar leyes específicas en materia indígena (hasta la fecha: Chiapas, Chihuahua, Oaxaca, Quintana Roo y Veracruz)

6. El primero de Enero de 1994, hace su aparición el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) demandando una serie de derechos y políticas de atención para los pueblos y comunidades indígenas de Chiapas y al mismo tiempo, para el resto de las entidades federativas que constituyen la Nación Mexicana.

7. Tras el fracaso de iniciativas anteriores, en Marzo de 1995 se abre la negociación entre el EZLN y el Ejecutivo Federal en el marco de la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas. En Octubre de ese mismo año, el Gobierno y el EZLN logran llegar a 57 puntos de consenso sobre derechos y cultura indígenas a través de las distintas mesas de diálogo de San Andrés. Junto con estas mesas de diálogo se convocó el Foro Nacional de Cultura y Derechos Indígenas, que contó con la participación de 500 representantes de 35 pueblos indígenas. De este foro saldrá lo que posteriormente será conocido como el Congreso Nacional Indígena (CNI), que se constituye como un espacio permanente de encuentro y diálogo de los pueblos indígenas por el reconocimiento constitucional de sus derechos.

8. Paralelamente, el Congreso de la Nación, junto con la Secretaría de Gobernación del Ejecutivo, convocan el 10 de Octubre de 1995 a la Consulta Nacional sobre Derecho y Participación Indígenas. De acuerdo con el Gobierno, se trató de un «amplio proceso de consulta nacional sobre derechos y participación indígena, con la participación de casi 12.000 participantes divididos en 30 foros, que dieron como resultado cerca de 9.000 propuestas con el fin de promover reformas al marco constitucional y legal correspondiente así como también […] encuentros con comunidades y pueblos indígenas que cubrieron aproximadamente a 11.000 personas».

9. Los resultados coincidentes de ambas consultas sirvieron de base para la firma de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar entre el EZLN y el Ejecutivo, el 16 de Febrero de 1996. Por estos acuerdos el Gobierno Federal se comprometería, a la luz del Convenio 169, a reconocer a los pueblos indígenas en la Constitución General, a ampliar su participación y representación, a garantizar sus derechos políticos, el acceso pleno a la justicia, al reconocimiento a sus territorios, a promover las manifestaciones culturales de los pueblos indígenas, a asegurar la educación y capacitación, a impulsar la producción, reconocer en la legislación nacional a las comunidades indígenas como entidades de derecho público y su capacidad para organizarse autónomamente, todo esto en un nuevo marco jurídico.

10. El 11 de Octubre de 1996, el I Congreso Nacional Indígena demanda el cumplimiento «inmediato y completo» de los Acuerdos de San Andrés y proclama el lema «Nunca más un México sin nosotros».

11. Dentro de los Acuerdos se prevé la «[c]reación de un nuevo marco jurídico que establezca la nueva relación entre los pueblos indígenas y el Estado». La iniciativa de constitucional fue encomendada por las partes en conflicto a la Comisión de Concordia y Pacificación del Legislativo Federal (COCOPA). El 29 de Noviembre de 1996, la COCOPA presenta una Iniciativa de Reforma Constitucional, basada en el Convenio Nº 169 y en el contenido de los Acuerdos de San Andrés.

12. Si bien no recoge todos los puntos de los Acuerdos de San Andrés, la Iniciativa COCOPA es aceptada tanto por el EZLN como por la mayoría de las organizaciones indígenas del país, pero no así por el Ejecutivo Federal. La negociaciones entre el EZLN y el Ejecutivo Federal, así como las consultas entre éste y las distintas organizaciones indígenas, se paralizan desde Diciembre de 1996.

13. El 21 de Marzo de 1999, se celebra la Consulta Nacional por el Respeto de los Derechos de los Pueblos Indios y por el Fin de la Guerra de Exterminio. Participaron casi 3.000.000 de personas, el 95% de las cuales ratificó el consenso representado en los Acuerdos de San Andrés y en la Iniciativa COCOPA.

14. El 2 de Diciembre de 2000 el EZLN celebra la designación de Luis H. Álvarez como comisionado para el diálogo en Chiapas por parte del nuevo gobierno y establece la aprobación de la Iniciativa COCOPA como condición para reiniciar este diálogo. El 5 de Diciembre de 2000, el Titular del Poder Ejecutivo Federal mexicano, Lic. Vicente Fox Quesada, presenta ante el Senado de la República la Iniciativa de Reformas Constitucionales elaborado por la COCOPA. La Cámara de origen es el Senado.

15. El 24 de Febrero de 2001 comienza la denominada Marcha por la Dignidad Indígena (también conocida como la Marcha del Color de la Tierra) desde diversas comunidades zapatistas de los Altos de Chiapas. Entre sus objetivos se encuentra el de dialogar con el Congreso y convencerlo de que apruebe la Ley COCOPA. El 4 de Marzo, el III Congreso Nacional Indígena, celebrado en la Comunidad Purépecha de Nurío, adopta la Declaración por el Reconocimiento Constitucional de Nuestros Derechos Colectivos, donde se demanda el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés y la aprobación de la Ley COCOPA. Tras recepciones masivas en 13 estados, la Marcha llega a la Ciudad de México. El 28 de Marzo el EZLN habla desde la tribuna del Congreso de la Unión.

16. El 25 de Abril 2001 el Senado de la República, modificando la iniciativa presidencial, aprueba el dictamen sobre el Proyecto de Decreto en materia indígena por el que se pretende adicionan un segundo y tercer párrafos al artículo 1º, se reforma el artículo 2º, se deroga el párrafo primero del artículo 4º, se adiciona un sexto párrafo al artículo 18 y un último párrafo a la fracción tercera del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El dictamen modifica substancialmente la Ley COCOPA e incorpora sólo parte de los acuerdos de San Andrés. La discusión se traslada a la Cámara de Diputados. El 28 de Abril la Camara de Diputados aprueba la reforma. Rigoberta Menchú considera que «no es la alternativa ignorar a los pueblos indígenas». El 30 de abril el EZLN rechaza el dictamen del Senado.

17. Se suceden las denuncias contra el proyecto de reforma. El 1 de Mayo de 2001, el CNI hace público su rechazo a la iniciativa del Senado en tanto que «representa una burla para nuestros pueblos y una afrenta mayor para la sociedad mexicana, que decidió respaldar nuestra justa causa.» El 11 de Mayo, la Conferencia del Milenio de los Pueblos Indígenas, reunida en Panamá, rechaza la reforma y exige al Congreso mexicano «escuchar la voz de los pueblos indígenas del mundo y sociedad civil que os hemos hermanado con la lucha de los pueblos indígenas de México, y tomar en cuenta el Convenio 169 de la OIT, ley suprema vigente en México de acuerdo con su Constitución Política». El 19 de Junio, 3.000 personalidades, organizaciones y colectivos firman el documento Por el reconocimiento de los derechos y cultura indígenas. Entre ellos se encuentran José Saramago, Alain Touraine y la Hebe de Bonafini. El 2 de Julio, Samuel Ruíz encabeza un manifiesto en el que se considera a la reforma como «contraria» a los pueblos indios, y «una amenaza para la paz».

18. De acuerdo con el procedimiento establecido en al art. 135 constitucional, la reforma es turnada de inmediato a las legislaturas de los estados. La iniciativa fue rechazada en Baja California Sur, Chiapas, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, y Zacatecas, que concentran el mayor porcentaje de población indígena. El 18 de julio de 2001, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión realiza el cómputo de votos de las legislaturas locales, declara que la minuta fue aprobada por 16 congresos, que son la mayoría más uno, y se consuma la reforma. Algunos partidos políticos y gobernadores de estados denuncian irregularidades formales en el proceso de aprobación. Hasta la fecha, la reforma no ha sido promulgada por el Poder Ejecutivo Federal, por lo que hasta la fecha no ha entrado todavía en vigor.

19. El día 9 de julio de 2001, el Municipio de Molcaxac (Puebla), presenta una controversia constitucional en contra del proyecto de reforma constitucional. Entre los conceptos de invalidez alegados se encuentra la violación del derecho a la consulta en los términos del art. 6 del Convenio Nº 169. Le siguen otras iniciativas del Gobernador de Oaxaca y de los municipios de Copalillo (Guerrero), y Texcatepec (Veracruz). Por su parte, las dos comunidades mazahuas de San Miguel Xoltepec y Santa Cruz Atizapán presentaron un recurso de amparo constitucional contra el proyecto de reforma por violación de sus derechos.

20. El día 20 de julio de 2001 la COCOPA critica la aprobación de la reforma. El día 2 de Agosto, la COCOPA explicó que se ha decidido presentar una propuesta de reformas para los conceptos jurídicos sobre personas, territorialidad, usos y costumbres, goce y disfrute de los recursos naturales y ser objetos y sujetos de interés público.

Recomendaciones emitidas por los órganos de Naciones Unidas y otros actores internacionales

21. El proceso descrito en los antecedentes, tuvo repercusiones en diversos órganos de Naciones Unidas. En primer lugar la reforma al artículo 27 constitucional en 1992 fue considerada como una amenaza a los derechos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas en este sentido, el Comité de Derechos Humanos expresó que esta reforma afectaba los derechos reconocidos en el artículos 1° y 27 del PICP. De acuerdo con el Comité, la reforma constitucional protegía «únicamente ciertas categorías de derechos respecto de las tierras indígenas y continúa dejando expuestas a las poblaciones indígenas a amplias violaciones de derechos humanos» En este sentido, el Comité recomendaba que: El Estado parte debería tomar las medidas necesarias para garantizar a las comunidades indígenas el respeto a los derechos y libertades que les corresponde individualmente y como grupo, erradicar los abusos a que se les somete, respetar su costumbres y cultura, así como sus formas tradicionales de vida permitiéndoles el disfrute de sus tierras y recursos naturales. Así mismo, se deben tomas medidas adecuadas para incrementar su participación en las instituciones del país, así como el ejercicio del derecho a la libre determinación.

22. En el mismo sentido el Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, mostró su «especial preocupación por el trato desigual que se da a la población indígena en el proceso de distribución de la tierra, incluida su restitución y por la solución violenta e ilegal de muchos litigios relacionados por la tierra, así como por la enmienda del artículo 27 de la Constitución (….)». Nuevamente en 1997 el Comité mostró su preocupación por el «proceso de distribución y demarcación de tierras que no parece haber respetado plenamente el derecho de tierras de las poblaciones autóctonas»

23. El estallido del conflicto en Chiapas en enero de 1994 volvió a colocar la situación de los pueblos indígenas de México en la agenda internacional. Los distintos órganos de derechos humanos de Naciones Unidas, así como los órganos de supervisión de la Organización Internacional del Trabajo, expresaron su preocupación por el desarrollo del conflicto, así como por las causas profundas que estaban en su origen.

24. El Comisión de Expertos de la OIT en Aplicación de Convenios y Recomendaciones mostró su inquietud sobre la situación de los derechos de los pueblos indígenas en México en los siguientes términos: La Comisión toma nota de que la ausencia de una protección elemental de los derechos de los trabajadores indígenas y de sus condiciones de trabajo fue una de las causas del estallido de violencia de los pueblos indígenas del estado de Chiapas que se produjo a principios de 1994.

25. Por su parte, el Comité para la eliminación de la discriminación racial expresó su inquietud » por los informes acerca de grandes conflictos en el Estado de Chiapas que afectan en particular algunas poblaciones indígenas en México»; y llamó la atención del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación.

26. El proceso de diálogo entre el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional y el Gobierno Federal para llegar a acuerdos que hicieran posible la paz y resuelvan las causas que dieron origen al conflicto, recibió el apoyo de numerosas instancias de Naciones Unidas.

27. De una parte, la Comisión de Expertos de la OIT, «tomando en consideración que el Convenio (169) fue utilizado como un marco de referencia en las negociaciones mencionadas […] pide al pide al Gobierno que continúe suministrando informaciones sobre la evolución de la situación en cuanto a la aplicación práctica de los acuerdos alcanzados en las rondas de negociación. Asimismo, la Iniciativa de Reforma Constitucional de la COCOPA fue bienvenida por la Comisión de Expertos, quien hizo un llamamiento al Gobierno para que «la mantenga informada sobre el curso seguido, en el Congreso de la Unión, de la iniciativa de reformas que será sometido en su próximo período de sesiones y que hace explícitos y garantiza los derechos indígenas y reconoce sus usos y costumbres de una manera más amplia.

28. A su vez, el Comité para la eliminación de la Discriminación Racial subrayó: los esfuerzos que, desde 1994, ha realizado el Estado Parte para reestablecer la paz en el Estado de Chiapas, en particular, la creación en 1995 de la Comisión de Concordia y Pacificación y, diciembre de 1996, de la Comisión de Seguimiento y Verificación de los Acuerdos de Paz, fueron muy bien acogidas. Las investigaciones llevadas a cabo por la Comisión Nacional de Derechos Humanos acerca de las denuncias que la población civil presentó por violaciones de derechos humanos, así como la concertación del Acuerdo de 16 de febrero de 1996 sobre los Derechos y la Cultura Autóctonas (Indígenas) constituyen un avance indudable en el proceso de pacificación.

29. Por último, el fracaso de las negociaciones entre el Gobierno y el EZLN debido a la negativa del primero a aceptar la Iniciativa COCOPA fue seguida con gran preocupación por los distintos órganos de Naciones Unidas y de la OIT, quienes asociaron la ausencia de diálogo con la falta de solución de los problemas aquejan que a los pueblos indígenas mexicanos, así como con el empeoramiento de la situación de los derechos humanos de estos pueblos.

30. De acuerdo con el Informe de la Comisión de Expertos de 1999, «es motivo de preocupación la aparente falta de un diálogo entre el Gobierno y los pueblos indígenas que contribuiría a la resolución de los problemas que les afectan. Asimismo, la Comisión demandó al Gobierno «que reexamine las medidas que está tomando con relación a los problemas con que tropiezan los pueblos indígenas del país».

31. Al año siguiente, el Grupo de Trabajadores del Comité de Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la Conferencia hicieron constar en referencia al Convenio Nº 169 en México que los Estados Miembros que ratifican un convenio deben ser capaces de poner en práctica inmediatamente sus obligaciones; al tiempo que «una ratificación no puede ser sólo contemplada como una declaración de buenas intenciones». Asimismo, el Comité hizo un llamamiento a la apertura de «un diálogo con vistas a buscar una solución a los graves problemas que este caso refleja […]en el que se incluyan, entre otros, […] los verdaderos representantes de los pueblos indígenas a los que esto concierne.

32. El Comité para la eliminación de la Discriminación Racial destacó que «la situación en el Estado de Chiapas sigue siendo inestable y muy preocupante ya que las negociaciones políticas se encuentras suspendidas actualmente a pesar de los esfuerzos anunciados tanto por las autoridades gubernamentales como por el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional. Esta tensa situación agrava las condiciones de precariedad de las poblaciones autóctonas que residen en esa región.»

33. Por su parte, la Subcomisión para la Prevención de la Discriminación y Protección de las Minorías (Subcomisión para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos) dando cuenta de que «los desarrollos en la situación de los derechos humanos en México se están volviendo cada vez más preocupantes, particularmente en lo que se refiere a las poblaciones indígenas» resolvió

1. Solicitar a las autoridades mexicanas que garantice el pleno respeto a los instrumentos internacionales de los que México es parte, y, con este fin, que le otorgue la más alta prioridad a:

(a) De un lado, combatir la impunidad de los responsables de graves violaciones de derechos humanos, especialmente aquellos que afectan a muchos miembros de las poblaciones indígenas.

(b) De otro lado, apoyar la acción de los defensores de derechos humanos y garantizar su seguridad.

2. Convoca a los signatarios de los Acuerdos de San Andrés a que retomen el proceso que permita el diálogo.

34. La última llamada a retomar los Acuerdos de San Andrés y el proceso de reforma constitucional pendiente vino de la mano de la visita de la Presidenta-Relatora del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Poblaciones Indígenas, Erica-Irene A. Daes, que visitó el país en el año 2000. Una de sus recomendaciones fue precisamente la vuelta al espíritu que animó San Andrés: La Presidenta recomienda que el Gobierno y el EZLN retomen el diálogo para que los Acuerdos de San Andrés sean implementados para beneficio de los pueblos indígenas de México y de todos los mexicanos.

35. Para ello, Naciones Unidas estarían dispuestas a intervenir si así se le pidieran las dos partes. Asimismo, colocando a los Acuerdos en su contexto político y jurídico, la Presidente indicó que Los Acuerdos de San Andrés y este diálogo tienen una profunda significación histórica y simbólica para la promoción de los derechos humanos de los pueblos indígenas de México y de la vida política mexicana en general.

36. De acuerdo con la Presidenta del Grupo de Trabajo, el respeto a los Acuerdos de San Andrés estaba vinculado al proceso de reforma constitucional y legislativa iniciada llamada a dar plena eficacia al contenido del Convenio No. 169: La Presidenta recomienda una reforma legislativa comprehensiva a nivel federal relativa a cuestiones indígenas, con el objetivo de incorporar y regular en leyes específicas el Convenio 169/1989 de la OIT. La Presidenta lamenta que esta reforma legislativa se encuentre cautiva de la parálisis de los Acuerdos de San Andrés y subraya que el Gobierno, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional [EZLN], el Parlamento y los partidos políticos deben dar pasos inmediatos y creativos para revertir esta tendencia y adoptar esta importante legislación.

37. En conclusión, la situación de deterioro de los derechos humanos de los pueblos indígenas como consecuencia del estancamiento del proceso de diálogo de San Andrés y de reforma constitucional de la COCOPA puede resumirse en una de las últimas recomendaciones de los órganos de Naciones Unidas, que solicitó al gobierno mexicano «que mantenga una mayor vigilancia en la defensa de los derechos fundamentales de los autóctonos (… ) los cuales son habitualmente victimas de intimidaciones, violencias y graves violaciones de los derechos humanos.»

El proceso de paz, la reforma constitucional y los derechos humanos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas de México.

38. La Reforma Constitucional que aprobó el Congreso, pasa por alto un esfuerzo tendente a la búsqueda de consensos, el proceso de definición de una nueva relación entre el Estado Mexicano y los pueblos indígenas y de promulgarse pone en riesgo el proceso de paz en Chiapas.

39. El propio proceso de reforma constitucional ha violado el derecho de los pueblos indígenas ha ser consultados respecto a todas las medidas que les afecten directamente, en los términos establecidos en el art. 6 del Convenio Nº 169 de la OIT. En clara contraposición con el proceso de consulta y participación popular de estos pueblos que llevó a la celebración de los Acuerdos de San Andrés y, posteriormente, a la elaboración de la Iniciativa de la COCOPA, los pueblos indígenas no han tomado parte activa en el proceso legislativo tendente a la reforma constitucional.

40. Además, esta Reforma pone en peligro la efectividad de los derechos humanos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas establecidos en diversos instrumentos internacionales, como el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Convención Americana de Derechos Humanos y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, pues en los términos en que está elaborada, dejaría a medio camino el reconocimiento constitucional de los derechos de estos pueblos.

41. Entre ellos, el derecho a la libre autodeterminación (art. 1 PIDCP y PIDESC); el derecho a la participación en la dirección de los asuntos públicos (art. 25 PIDCP y 23.1.a CA); el derecho a la personalidad colectiva ( art. 16 PICP y el art. 3 CA).

La vuelta a San Andrés como condición para la protección y promoción de los derechos humanos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas de México.

42. El Proyecto de Reforma Constitucional no tuvo en cuenta el proceso de diálogo constructivo y búsqueda de consenso que se inauguró con los Acuerdos de San Andrés y cristalizó más tarde en la Iniciativa COCOPA. Tanto los unos como la otra representan la expresión de las reivindicaciones históricas de los pueblos indígenas del país y de su anhelo de formar parte activa de la Nación mexicana: «Nunca más un México sin nosotros». El proyecto de reforma, cuya elaboración va en contra de sus deseos libremente expresados (art. 4.2 del Convenio No. 169), pasa por alto un esfuerzo sin precedentes tendente a la búsqueda de consenso, y pone así en grave riesgo el proceso de definición de una nueva relación entre el Estado mexicano y los pueblos indígenas del país. La reforma pretende así el reconocimiento del derecho de la autonomía de los pueblos indígenas sin tomarlos en cuenta como sujetos autónomos.

43. Asimismo, tal y como señaló la Comisión de Expertos de la OIT, la Iniciativa COCOPA representa una fórmula válida para avanzar en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. En particular, y frente al déficit de reconocimiento que presenta la reforma constitucional en discusión, la Iniciativa COCOPA refleja con más fidelidad los derechos reconocidos en el Convenio No. 169 y otros instrumentos internacionales, y en particular en lo que se refiere al reconocimiento de la personalidad colectiva de estos pueblos y de sus instituciones propias; del derecho de estos pueblos a la propiedad de la tierra y al aprovechamiento de los recursos naturales; de su derecho a participar en el proceso de desarrollo.

44. Por último, como señaló el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, tanto los acuerdos como la COCOPA representaron y todavía representan avances significativos en la búsqueda de una salida pacífica al conflicto en Chiapas y en otras partes del país. Dentro del contexto político inaugurado el 1 de Enero 1994, el Proyecto de Reforma pone en grave riesgo el logro de una paz duradera en Chiapas.

45. En resumen, la iniciativa que contiene la propuesta de la COCOPA debe ser retomada porque responde a importantes reclamos de los pueblos indígenas, reconocidos por los instrumentos internacionales mencionados en párrafos anteriores y porque recoge parte de los Acuerdos de San Andrés celebrados en consulta y participación de las principales representaciones indígenas. Dentro del contexto actual, el desarrollo constitucional en torno a las directrices de la Iniciativa COCOPA y el respeto a los Acuerdos de San Andrés se han convertido en condición para la protección efectiva y el avance en el reconocimiento de los derechos humanos, individuales y colectivos, de los pueblos indígenas en México.

C o n c l u s i ó n

46. El Proyecto de Reforma Indígena adoptado por el Congreso de la Unión supone un grave riesgo para el reconocimiento y protección de los derechos humanos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas en México, al tiempo que marca un retroceso en los procesos de diálogo y búsqueda de consenso inaugurados con los Acuerdos de San Andrés y plasmados en la Iniciativa COCOPA, condiciones para el logro de la paz en Chiapas y el avance general de la situación de los derechos humanos en México.

S o l i c i t a m o s :

57. Por todo lo anteriormente expuesto solicitamos que en desempeño de su mandato recomiende al Estado Mexicano que, en cumplimiento de sus compromisos internacionales: a) Revise y modifique la Reforma sobre Derechos y Cultura Indígena para que cumpla con lo dispuesto en el Convenio 169 de la OIT, así como los demás instrumentos internacionales y recomendaciones emitidas por los diversos órganos de Naciones Unidas y la OEA en materia de Derechos de los Pueblos Indígenas, que han sido recogidos en forma consensuada en los Acuerdos de San Andrés y retomados en la propuesta elaborada por la COCOPA,

b) Modifique el artículo 27 Constitucional para llevarlo a su espíritu original de inembargabilidad, imprescriptibilidad e inalienabilidad de la tierra para proteger a las comunidades indígenas de la pérdida de su propiedad colectiva,

c) Realice estudios en conjunto con los Pueblos Indígenas para evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre esos pueblos y consulten a los pueblos en caso de proyectos de desarrollo que afecten el territorio que ocupan, particularmente el Plan Puebla Panamá,

d) Modifique su política social y económica, pues no responde a la situación de pobreza de los pueblos indígenas que va en detrimento, para que resuelva los problemas de salud, educación, alimentación, vivienda, trabajo y propiedad colectiva,

e) Que en torno a la administración de justicia, disponga los suficientes traductores en los juicios donde intervenga una parte indígena para evitar juicios en un idioma ajeno al del presunto responsable, así como disponer el adecuado personal para hacer los peritajes antropológicos cuando así se requiera para el respeto del derecho a la justicia que tienen los distintos pueblos indígenas que componen el país,

f) Que retire al Ejército Mexicano de las comunidades indígenas del país, particularmente de Chiapas, cumpliendo la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz digna en Chiapas y creando las condiciones de distensión que permitan la reanudación del diálogo,

g) Investigue y si es el caso, castigue y remueva a los funcionarios, elementos del Ejército Mexicano y de Seguridad Pública que se encuentran involucrados en todas aquellas violaciones a los derechos humanos de los Pueblos Indígenas y sus miembros que han quedado impunes, incluso aquellas relacionadas con la guerra desatada desde el 1º. de enero de 1994,

h) Retome el esfuerzo de diálogo y búsqueda de consensos que animó el proceso iniciado desde 1995.

Atentamente

http://www.sipaz.org

Alejandro Castillo Morga

13 enero 2013

Sumario
Introducción.
I. La riqueza de los Acuerdos de San Andrés.
II. La cuestión indígena en el momento actual.
III. Marco referencial de la sabiduría indígena.
IV. Análisis crítico de los Acuerdos de San Andrés.
V. Implicaciones ético-políticas de la sabiduría indígena en la ética social.

Introducción

¿Es posible hacer un análisis de la sabiduría indígena por medio de los Acuerdos de San Andrés? Aquí presentamos algunas aproximaciones. Si bien la sabiduría indígena es un cúmulo de aspectos vividos en la cotidianidad de los pueblos indígenas, es susceptible de estudio en tanto pensamiento sistemático, dado que hay testimonios y estudios acerca de su existencia en diferentes etapas históricas y desde diferentes disciplinas modernas.

Los Acuerdos de San Andrés son un pretexto para mostrar la riqueza del pensamiento indígena, pues un hecho conflictivo como el que les dio origen muestra la capacidad y agudeza argumentativa con la que los pueblos han defendido su derecho a existir y a ser reconocidos con su propia cultura e instituciones.

Tanto los Acuerdos de San Andrés como el proceso de paz son susceptibles de un análisis ético-teológico en tanto que los hechos y documentos producidos en ese momento son un compendio que deja ver a los pueblos indígenas como un actor político y un sujeto colectivo completamente dinámico y consecuente con sus modos propios de pensar y de organizarse.

Este hecho no puede dejar indiferente a la comunidad de fe, tanto para renovar su modo de entender los procesos actuales como para estar a la altura de los cambios recientes. El contexto intercultural e interreligioso, visto desde el ámbito indígena, tiene sus propias peculiaridades y además plantea preguntas acuciantes al modo de entender la fe y al consiguiente testimonio de esperanza, con tal de que sea realmente esperanza cierta . Éticamente estos desafíos son impostergables, por lo que la tarea aquí emprendida es tan sólo un aporte entre muchos esfuerzos y contribuciones existentes.

I

¿Por qué tienen vigencia los Acuerdos de San Andrés? Veamos el siguiente testimonio. El pueblo indígena purhépecha de Cherán, en Michoacán, México, jamás imaginó el alcance que tendría la convocatoria de algunas mujeres cansadas de vivir con miedo y bajo amenazas; ellas llamaron a los vecinos de la comunidad a organizarse para detener la violencia creciente como consecuencia de la llamada guerra contra el narcotráfico .

El 15 de abril de 2011, las mujeres colocaron un retén para controlar e identificar a los talamontes que ilegalmente extraían madera de los bosques comunitarios. Estos infractores actuaban con impunidad, ya que estaban protegidos por el crimen organizado y con la complicidad de los cuerpos policíacos del estado. A partir de esa fecha el pueblo entero se organizó y, lentamente, reivindicó sus formas de gobierno tradicionales apelando a los convenios y tratados internacionales en materia de derechos de los pueblos indígenas, alegando que los partidos políticos y el gobierno del estado no atendían sus reclamos de seguridad y justicia.

Finalmente, el 5 de febrero de este año el pueblo logró establecer un Concejo Autónomo que fue elegido por medio de sus usos y costumbres, el cual quedó conformado por 12 representantes. La asamblea del pueblo determinó eliminar los sueldos para el servicio de autoridad, además de establecer la ronda comunitaria , que se encarga de la seguridad del pueblo y de vigilar que no continúe la extracción ilegal de la madera, entre otras iniciativas. El proceso legal para la convalidación de su forma de gobierno aún continúa y, aunque tampoco se ha detenido el asedio del crimen organizado, el pueblo purhépecha ha reivindicado una manera de hacer política basada en sus usos y costumbres , es decir, según los principios contenidos en los Acuerdos de San Andrés.

Más que una nota de prensa, este hecho sugiere la importancia del tema que nos ocupa; más aún, tratándose de la realidad mexicana, los pueblos indígenas no pueden seguir siendo marginados, ni mucho menos ajenos a la destrucción del tejido social y la crisis de las instituciones democráticas del Estado. Por el contrario, los pueblos indígenas demuestran palpablemente que tienen mucho que aportar para la recomposición de la política bajo principios normativos, inspirados en su sabiduría.

Para hacer comprensible el contenido ético y político de la sabiduría indígena es preciso hacer un análisis crítico de documentos y testimonios. Éste es el caso de los Acuerdos de San Andrés, un documento que permite acercarse al contenido de la sabiduría indígena y, al mismo tiempo, lograr un entendimiento con el conjunto de la sociedad debido a que se expresan en categorías de comprensión e interés común.

El tema indígena cobró especial importancia en las últimas décadas debido a la creciente resistencia y organización de los pueblos, que por más de cinco siglos han sido un sujeto colectivo discriminado y cuyos recursos naturales han sido expoliados. Hoy, las tendencias del mercado global parecen tener en la mira importantes reservas naturales para explotar su riqueza. Los pueblos no son ajenos a estas pretensiones, por lo que toman su propio camino para evitar ser arrasados por tales planes. Pero la resistencia y la defensa de los pueblos no pueden sino alimentar un discurso de paz y esperanza. Este estudio se propone alimentar estas estrategias que apuntan a la defensa de la vida de los pueblos y de la vida en su conjunto.

II

Monseñor Samuel Ruiz García (1924-2011) señaló en su carta pastoral En esta nueva hora de gracia la relevancia del conflicto indígena en el sureste mexicano. Sin ser la única causa, el levantamiento indígena favoreció que otros pueblos se organizaran y que el resto de la población mexicana también cobrara conciencia de los derechos de los pueblos, así como que se revalorasen la historia y cultura nacionales. Por otra parte, la evolución política del conflicto convocó a la sociedad civil a participar activamente en la democratización del país y obligó a la sociedad política a buscar nuevos caminos para atender las raíces de la ancestral marginación de los pueblos indígenas, así como a establecer vías concretas para la reforma democrática del Estado. A nivel internacional se colocó el tema de los pueblos indígenas en primera importancia, además de mostrar las injusticias provocadas por el neoliberalismo. (Ruiz García, S., 2004:5)

Por lo anterior, los acuerdos alcanzados en la primera mesa de diálogo, conocidos como Acuerdos de San Andrés , son un programa vivo que se propone generar una nueva cultura política y una comprensión más clara de los derechos de los pueblos indígenas. Lo anterior supone no sólo una nueva relación de los pueblos indígenas con la sociedad entera, sino que plantea un nuevo horizonte para la pluralidad, la libertad y autonomía de los pueblos, con el fin de favorecer la convivencia democrática, pacífica y justa entre todos los sectores de la sociedad.

Los Acuerdos de San Andrés, aún vigentes a pesar de la abrupta interrupción del proceso de paz, son un documento que inaugura una etapa democrática en México. Contienen una gran carga ética y política que tiene como trasfondo la sabiduría indígena y la apuesta al diálogo por parte de los pueblos. Asimismo, son una referencia obligada para entender la relevancia de las demandas indígenas en el contexto actual; de ahí que sean un programa de acción aún pendiente para tantos pueblos de otras regiones del país.

En el contexto del proceso de paz, la iglesia local de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, fue un actor clave para propiciar el diálogo y el entendimiento entre las partes en conflicto. En el ámbito creyente quedan tareas pendientes, como la de seguir acompañando la esperanza de los pueblos y renovar la propia esperanza cristiana a la luz de estas experiencias. Esto propiciaría la revisión crítica y el replanteamiento de la esperanza por medio del diálogo entre diferentes modos de concebir la utopía.

Es posible hacer una revisión del contenido ético y político de la sabiduría indígena a través del análisis de los Acuerdos de San Andrés; releerlos desde una perspectiva ética social, como un reposicionamiento de la esperanza cristiana y su diálogo crítico con las utopías actuales.

Asimismo, es importante destacar que el marco referencial de la discusión en torno del tema indígena se realiza desde la filosofía intercultural, el debate postcolonial y su crítica desde el pensamiento decolonial, y el debate sobre el pluralismo religioso. Estos aspectos son un preámbulo para definir tanto el horizonte epistemológico como el locus enuntiationis metodológico desde el cual es analizado el tema.

La diversidad de elementos que compone la sabiduría indígena sugiere una cierta complejidad para hacer una delimitación positiva. Sin embargo, se tratará siempre de definir un núcleo conceptual para la articulación de los elementos que dinamizan la vida de los pueblos en su transcurso histórico y hasta la actualidad. La relación histórica de los pueblos indígenas con otros pueblos, de la cristiandad hasta la sociedad contemporánea (es decir las épocas mexica, poshispánica y la actual), muestra la existencia de ese núcleo de sabiduría que permanece intacto pero no inmóvil, gracias a que se mantiene en la dinámica de despojarse de algunos elementos y asimilar nuevos.

También es importante señalar cuál ha sido la situación de los pueblos indígenas, especialmente en el último tercio del siglo XX: las causas del conflicto armado en Chiapas y el papel de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Se presentará una historia del proceso de paz y los actores políticos que formaron parte de las mesas del diálogo; esto será imprescindible para comprender el contenido de los Acuerdos de San Andrés, fruto de la primera mesa de negociación de la paz. Los Acuerdos de San Andrés son un texto que sugiere un programa completamente actual para la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas. Su entramado está conformado por principios como el pluralismo, la sustentabilidad, el respeto, la participación democrática y la libre determinación, entre otros, inspirados en la sabiduría indígena y el diálogo con diversos sectores sociales.

El contenido ético y político de la sabiduría indígena en el ámbito propio de la ética, para luego hacer una lectura desde la ética social, se pretende mostrar como el contenido material de la ética -expresada en la materialidad de los derechos que reclaman los pueblos-, el momento de construcción intersubjetiva de acuerdos y la factibilidad de éstos. Lo anterior puede expresarse teológicamente mediante la hermenéutica de la encarnación, la hermenéutica de la comunidad y la hermenéutica de la esperanza.

El desafío final de este aporte es explicitar una comprensión de la esperanza desde el contenido de la sabiduría indígena, una esperanza que también puede ser entendida en términos cristianos y que dialoga con las utopías que dan vida a diversos sectores de la sociedad. Este apartado sugiere que la esperanza es práctica política o no es esperanza cristiana (Mardones, J. M., 1983).

II

En el contexto reciente, cada vez más la sabiduría de los pueblos indígenas ha cobrado un lugar propio. Ha sido considerada por el pensamiento colonial como un pensamiento premoderno y como una forma de vida en minoría de edad , la cual es abandonada por las culturas una vez que alcanzan la edad adulta por medio de la civilización.

Por lo tanto, a la sabiduría indígena se le ha negado originalidad; los testimonios, incluso los históricos, han sido falseados bajo el argumento de que, en todo caso, fueron recogidos por estudiosos occidentales, quienes se encargaron de darles orden (León Portilla, M., 2001, 2009). Se inventaron muchas políticas para sacar a los pueblos indígenas de su ignorancia e integrarlos a la civilización, impulsar su desarrollo, etcétera, pero siempre con modelos que ignoraron su propia cultura (Díaz Polanco, H., 2009).

Por su parte, el pensamiento postcolonial ha sugerido que los pueblos dejen de considerarse víctimas para poder alcanzar y realizar plenamente su libertad. Esto implica dejar de ver su historia y su cultura con resentimiento y nostalgia para que aflore el verdadero espíritu de la libertad. Tal postura ha encontrado respuesta en el pensamiento decolonial, que afirma que no se trata simplemente de superar una conciencia atrofiada por la conquista, sino de dejar de pensar desde las categorías del conquistador para romper los moldes interpretativos al leer la propia cultura (Rabasa, J., 2008; Mignolo, W., 2008, 2009).

Además de estas discusiones en el campo del estudio de la cultura de los pueblos, la filosofía o la sociología, en el ámbito teológico también es importante remarcar la fuerza de lo religioso en la construcción de alternativas y su diálogo con otros sectores que buscan los mismos objetivos, aun desde otras religiones y cosmovisiones (López Hernández, E., 2009; Vigil, J. M., 2004). Es un hecho innegable que la sobrevivencia de los pueblos indígenas se debe a su tenaz resistencia para saber qué asumir de las nuevas condiciones en las que se reconfigura su modo de vivir en relación con el resto de la sociedad en cada etapa histórica.

Pero pese a todos los cambios ocurridos, los pueblos indígenas no han renunciado a su forma de ser; siguen practicando sus tradiciones y fiestas, lo que les da motivos para seguir viviendo aún en condiciones adversas. Cuando nos referimos a la sabiduría indígena nos referimos a aquellas maneras de asumir la vida sobre el sustento de su propia cosmovisión; una energía cultural y religiosa capaz de mover (ética) y transformar (política) la vida de un pueblo (López Hernández, E., 2011). El contenido ético-político de la sabiduría indígena es evidente, pero es necesario hacer una exposición sistemática de sus elementos y de su propia metodología (Garibay, J., 2000) para visualizar con justicia sus alcances.

III

La sabiduría indígena es estudiada de manera muy diversa por cada disciplina que ha intentado sistematizarla. Sin embargo, los estudiosos del tema coinciden en plasmar una definición a partir de sus experiencias de contacto con el legado de los pueblos indígenas. Es importante dejar claro que el uso del término sabiduría indígena pretende expresar la complejidad e integralidad del pensamiento indígena. La división del conocimiento humano en disciplinas es una característica moderna; en cambio, al referirnos al cúmulo de aprendizajes y enseñanzas basado en la cosmovisión de los pueblos nos referimos a un contenido que abarca más que el campo propio de una disciplina particular. La categoría sabiduría indígena expresa y supone muchos elementos amalgamados para entender los contenidos filosóficos, pedagógicos, teológicos y otros, en un lenguaje narrativo simbólico racional. De ahí que sea recurrente el uso de mitos .

En el caso de la teología, es preciso encontrar el sentido religioso de la vida de los pueblos a través de la celebración de sus fiestas, sus ritos y tradiciones orales. En ellas se percibe un caudal de símbolos y expresiones que da cuenta de un modo de ser, una tradición celosamente conservada y transmitida. Pero la teología indígena es consciente de que en esas prácticas van implicados elementos no sólo religiosos sino también morales, jurídicos, pedagógicos y, desde luego, filosóficos (López Hernández, E., 1997). De este modo, para mostrar la riqueza e integralidad de la sabiduría indígena, y con el fin de atender a una definición como lo exige este estudio, se echará mano de testimonios existentes orales o escritos, así como de estudios sistemáticos de la filosofía y teología indígena (Lenkersdorf, C., 2005; Rabasa, J., 2009; León Portilla, M., 2001, 2009; López Hernández, E., 2009).

La complejidad y riqueza de la sabiduría indígena han atravesado por un trayecto de reelaboración, es decir, el proceso histórico por el que han pasado los pueblos reconoce que hay elementos que se perdieron. Sin embargo, también existieron elementos que fueron valorados por el conquistador. Lo más importante es lo que los mismos pueblos han reivindicado, afirmado y defendido como propio. Este proceso dinámico fue llevado a cabo en cada etapa histórica (Recondo, D., 2007; López Bárcenas, F., 2009).

IV

Es preciso ubicar el contenido de los Acuerdos de San Andrés en el contexto del proceso de su gestación; es decir, la situación de los pueblos indígenas había llegado a condiciones de una marginación intolerable. Sin tener otro camino más que la rebelión, los indígenas decidieron organizar su autodefensa debido al creciente acoso impune de que eran objeto por parte de los grupos de seguridad de los grandes terratenientes y potentados de Chiapas.

El conflicto indígena en el sureste mexicano no es simplemente una guerrilla tradicional más, sino que se trata de un movimiento que decide poner fin a la marginación y al olvido, inspirado en su propia sabiduría y decidido a tomar un papel en el conjunto de la sociedad mexicana. Su aparición es enigmática, para ser escuchados toman las armas, para ser visibles se cubren el rostro, para exponer su pliego de demandas no lo hacen solos sino que llaman a los demás sectores marginados de la sociedad (Michel, G., 2002). Es un movimiento indígena que da qué pensar, todas sus expresiones son previstas por las asambleas de los pueblos y nada de lo que expresan como demandas son peticiones particulares o improvisadas.

El proceso pastoral de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, así como el proceso de afirmación del sujeto colectivo pueblos indígenas , fueron elementos clave para la recuperación de la sabiduría indígena, más tarde expresada en la teología indígena, en la recuperación de la historia de los pueblos y en la formación de la conciencia política que tuvo su máxima expresión en el debate y la definición de los Acuerdos de San Andrés (Lenkersdorf, C., 2005; Aubry, A., 2003; De Vos, J., 2001, 2010).

Del mismo modo, el proceso de diálogo por la paz y su evolución política sorprendió a propios y extraños en la manera en que los actores políticos expresaron un genuino interés y un sentido del momento histórico sin el cual los Acuerdos de San Andrés no se habrían alcanzado. No obstante, el proceso en su conjunto fracasó debido a los intereses sectarios de la clase política y los poderes fácticos nacionales e internacionales (CONAI 2002).

Los Acuerdos de San Andrés son y serán un parteaguas en la lucha por el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Así mismo, su importancia está determinada porque su construcción fue conducida por el liderazgo indígena y por su estrategia incluyente, lo que permitió una participación representativa y amplia de los más diversos sectores de la sociedad mexicana. De ahí que, aunque el contenido se refiere a las demandas indígenas, su riqueza radica en que el programa de acción es una invitación a repensarse en el conjunto de la diversidad de pueblos y en el establecimiento de una nueva relación con la sociedad entera.

Para no desaprovechar esta riqueza, el estudio de los Acuerdos de San Andrés será realizado con la ayuda del análisis sociocultural del discurso, es decir, se pretende hacer un análisis no sólo del texto sino de las condiciones de su producción, circulación y recepción a fin de plantear la sabiduría indígena como producto colectivo en un diálogo plural amplio. Ello implica presentar al sujeto que produce y al intérprete de esa sabiduría, así como los mecanismos de significación en que se expresa. De este análisis se pretende extraer el contenido ético y político de la sabiduría indígena (Reygadas, P., 2005).

V

El análisis del contenido ético de la sabiduría indígena pretender señalar la relación entre su contenido material, la importancia de los Acuerdos como ejercicio consensual y también su intencionalidad normativa para una práctica política incluyente. La ética como reflexión crítica de las prácticas concretas ayuda a entender en cómo el ethos de un pueblo o conglomerado humano determina el sentido de sus objetivos de vida, lo que lleva a reorientar sus prácticas; el discurso ético como tal es necesariamente práctico, es decir, histórico (Vico, J., 1993; Drösser, G., 2004; Vidal, M., 2001). En este sentido, el análisis de los Acuerdos de San Andrés nos permite dar un ejemplo del modo en cómo el discurso ético puede ser construido y proyectado en un acuerdo político normativo.

Por otra parte, los contenidos de la sabiduría indígena como argumentación racional sugerente son susceptibles de análisis en el sentido ético de su narrativa (Privitera, S., 1992); es decir, la forma narrativa es un elemento fundamental en la construcción del discurso y necesariamente es susceptible de un análisis ético, por su contenido y por la intención de sus proposiciones (Robles Hernández, S.,-Cardoso Jiménez, R., 2007; Drösser, G., 2004).

Una aproximación de los contenidos ético-políticos de la sabiduría indígena desde la ética teológica permitirá retomar el contenido ético expresado en la teología india, no simplemente como una expresión de la religiosidad popular, sino como un cúmulo de prácticas adoptadas por el pueblo, basadas en el consentimiento y en la responsabilidad de sostener y mejorar la vida en comunidad. Lo anterior invita a preguntarse por el sentido de la sabiduría indígena y su caudal de esperanza, la cual parte de una comprensión de la intervención de Dios en la historia, se confirma en la vida de la comunidad creyente y ofrece elementos para entender y actuar en el momento histórico. (Moltmann, J., 2011; Libanio, J. B., 1992).

La discusión sobre las utopías se centra en los aspectos de su viabilidad y en cómo es asumida en proyectos concretos. Ha sido muy cuestionado el hecho de que ciertas utopías tienden a la polarización y, sobre todo, que el exacerbamiento del mesianismo dé como resultado la estigmatización de un sector social. La propuesta indígena, así como la teología indígena, contiene un mensaje de esperanza en términos de inclusión y de paz, como ellos mismos lo expresan en afirmaciones como: una casa para todos , un mundo donde quepan muchos mundos .

La propuesta utópica indígena no pretende colocarse como una nueva vanguardia que suplanta a las demás existentes, sino que ofrece su propuesta consciente de que existen otras muchas maneras de dar soluciones a los problemas presentes y a las perspectivas de futuro desde cada comunidad. Esta apertura y disponibilidad es una característica de la actitud indígena, inspirada en su sabiduría; en momentos de convulsión y polarización, es necesario llamar al mutuo entendimiento y a lograr acuerdos sin polarización, pero sin negación de la dignidad de ningún sector social, empezando por los sectores históricamente marginados. Estos y otros elementos llevan a replantearse lo que se entiende por esperanza cristiana en un contexto intercultural e interreligioso.

Publicado el 14 de enero de 2013

https://desinformemonos.org/los-acuerdos-de-san-andres-un-producto-vivo-y-actual-de-la-sabiduria-indigena/
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Controversias Constitucionales

Carmen Herrera

Con los recursos de controversia constitucional promovidos por autoridades indígenas, el gobierno mexicano tiene la oportunidad de responder a la demanda de los pueblos indígenas y terminar con la exclusión de la institucionalidad del Estado, que hasta el momento los ha obligado a renunciar a su identidad cultural y política para acceder al reclamo de cualquier derecho.

Después del incumplimiento de los Acuerdos de San Andrés por parte del poder ejecutivo en 1996 y la cerrazón de los poderes legislativos de la Unión y las entidades federativas, que aprobaron una reforma constitucional distinta al consenso de San Andrés formulado por la Comisión de Concordia y Pacificación, hoy el turno es de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si actúa independiente y abiertamente, como se refleja en sus últimas resoluciones, la Corte puede escuchar los argumentos claramente planteados en las controversias:

a. Con la reforma aprobada, los legisladores y el poder ejecutivo federal violaron los procedimientos para reformar la Constitución Política Mexicana, contenidos en su artículo 135, así como en las leyes orgánicas de los poderes legislativos de varios estados, al no cumplir los requisitos exigidos en el proceso de una reforma.

b. Durante el proceso de discusión y aprobación de la reforma, los legisladores y el presidente de la República negaron a los pueblos indígenas el derecho a ser consultados sobre el contenido de la reforma, en los términos del artículo 6º del Convenio 169 de la OIT, violando con ello los artículos 14, 16 y 133 de la Constitución, y el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Los legisladores y el presidente de la República tenían la obligación de respetar las garantías de debido proceso que para los pueblos indígenas es el derecho a ser consultados.

c. Con la reforma impugnada, se alteró la forma de organización y autonomía municipal, contenidas en el artículo 115 constitucional y en las leyes orgánicas de los municipios demandantes, sin que los legisladores les hayan dado oportunidad de participar en el proceso de discusión y aprobación en defensa de sus intereses. Con esta reforma, se impuso al municipio nuevas cargas y obligaciones y se alteró su forma de organización.

d. Durante el proceso de reforma, tampoco se permitió a los municipios demandantes, como entidades de gobierno, velar por los intereses de los pueblos indígenas que forman parte de los mismos, tal como obliga el artículo 2 del Convenio 169 de la OIT, con lo cual se viola también el artículo 133 constitucional. Se negó a los municipios demandantes la posibilidad de garantizar que se consultara a los pueblos indígenas sobre el contenido de la reforma y de resguardar los demás derechos ya reconocidos por el Estado mexicano en el Convenio 169.

e. Los actos inconstitucionales que las autoridades demandadas llevaron a cabo, violaron también el artículo 128 de la propia Constitución.

Con estos argumentos, más de 300 municipios de Puebla, Veracruz, Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Jalisco, Michoacán, Morelos, entre otros, acudieron ante la Suprema Corte, a partir de julio del año 2001, demandando a las autoridades que participaron en la aprobación de la reforma constitucional en materia indígena publicada el 14 de agosto de 2001: a las cámaras de senadores y de diputados, a la comisión permanente del Congreso de la Unión, a las legislaturas estatales que aprobaron la reforma y al presidente de la República.

Con base en la Ley Reglamentaria del Artículo 105 Constitucional, entre agosto y octubre de 2001 la Suprema Corte admitió a trámite las demandas y las notificó a las autoridades demandadas, dándoles un plazo para que presentaran su contestación. Desde fines de noviembre, vencido el plazo, la Suprema Corte se encuentra integrando los expedientes y dando trámite a las diferentes reclamaciones por inconformidades durante el trámite.

En los próximos días se espera que la Suprema Corte inicie la etapa de audiencia de pruebas y alegatos. Audiencias de carácter público en donde se desahogarán pruebas ofrecidas previamente –como testimoniales o periciales–, documentos y cualquier otra prueba que ofrezcan los municipios o las autoridades demandadas.

El reto es que la Suprema Corte efectivamente fije las fechas de audiencias y brinde a las partes oportunidad suficiente de ofrecer pruebas. Que programe las audiencias con carácter público para que se presenten los alegatos por cada parte, señalando las razones por las cuales la Suprema Corte deba resolver en el sentido que soliciten. Agotada la audiencia de pruebas y alegatos, los expedientes quedarán en manos de la Suprema Corte para estudio y resolución.

De los desafíos políticos que la Suprema Corte enfrentará, el más importante se refiere a su capacidad de respuesta a los pueblos indígenas, que por primera vez en toda la historia de la institucionalidad del Estado mexicano acudieron ante ese alto tribunal en busca de justicia, entendida como reconocimiento de existencia, como inclusión sin necesidad de renuncia a su identidad y tradiciones, como garantía y resguardo de un Estado de Derecho al que aspiran como mexicanos, donde no tenga cabida la arbitrariedad.

Algunos retos jurídicos que tiene la Suprema Corte durante el trámite de las controversias y al momento de emitir resolución son:

1. Su actuación no debe dejar de lado su calidad de garante de que los pueblos indígenas, como cualquier otra persona individual o colectiva sujeta a su jurisdicción, tengan acceso efectivo a un recurso sencillo, rápido y eficaz, que sea resuelto de manera imparcial e independiente, como lo exigen los artículos 13 y 17 de la Constitución Política Mexicana; el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y los artículos 3.1, 4.1.3., 8.1 y 12 del Convenio 169 de la OIT.

2. Al aplicar el derecho a las controver sias constitucionales sometidas a su resolución, debe tomar en cuenta los procedimientos y normatividad que integran el derecho positivo mexicano, y el derecho de los pueblos indígenas, cuya vigencia fue reconocida por el Estado mexicano al ratificar el Convenio 169 de la oit; recordar que, de acuerdo al artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, «Una parte [Estado] no podrá invocar disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado….»

3. Pronunciarse sobre el alcance de las facultades del Constituyente Permanente para reformar la Constitución afectando derechos y garantías previamente reconocidas por la propia Constitución o los Tratados celebrados, como el Convenio 169 de la OIT y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

4. Establecer los procedimientos que debe seguir el Constituyente Permanente y todo acto legislativo para garantizar el respeto del derecho a la consulta de los pueblos indígenas, contenido en el artículo 6º del Convenio 169 de la OIT.

5. Clarificar los procedimientos que deben seguir las legislaturas de las entidades federativas, cuando actúan como parte del Constituyente Permanente, para pronunciarse respecto de una reforma constitucional.

6. Desde luego, dejar sin efecto la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2001.

Si bien es cierto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el más alto poder en materia de justicia en nuestro sistema jurídico, también lo es porque su rango de acción tiene orientaciones fundamentales que le dan contenido y sentido a su poder: su calidad de garante del Estado de Derecho, del estricto respeto de los derechos humanos; su rol dinamizador del derecho de acuerdo a las aspiraciones de la sociedad, y el no poder apartarse de la tendencia de la comunidad internacional a terminar de una vez por todas con la exclusión y discriminación que siguen viviendo los pueblos indígenas. No es un alto poder a secas. Es un alto poder con contenidos e imperativos ineludibles.

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Carmen Herra es abogada, coordinadora del Área Jurídica del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez e integrante del equipo de abogados responsables del trámite de las controversias ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Fuente: Ojarasca 59. (Suplemento de La Jornada). Marzo 2002

A USTEDES NUESTROS HERMANOS DEL EJERCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL.

Cuando en su mirada vimos sus pupilas miramos la vida y la historia que de nuestras tierras respiramos al arar.

Bastó que de sus manos levantaran el grito de libertad para saber que nuestro General Zapata miraba en sus miradas, fue así como nos supimos ustedes al escucharlos.

Nos faltaba un 1 de enero para entendernos uno en nuestras demandas, lo sabíamos y desde la selva reconocimos que ahora abría que juntar las voces para hacer llegar fuerte nuestra palabra al alma de nuestro pueblo.

Y lo entendieron, desde allá abrieron el espacio de dialogo para que nosotros nos encontráramos, desde la montaña hicimos de la palabra diversa el camino de nuestros pueblos, ahí construimos en nuestro encuentro la voluntad de nuestro futuro.

Y así dijimos, que nuestra lucha pasaba por el reconocimiento a nuestra existencia, la valoración de nuestro pasado, y la inclusión de nuestro destino a la palabra hablada de nuestro pueblo.

Así junto a ustedes hermanos zapatistas dejamos que el poder dijera su palabra con los hechos para saber si importábamos para ellos o seguíamos siendo un objeto de su curiosidad y de olvido permanente.

Desde entonces, siete años han pasado y nada ha pasado, el mismo poderoso a quién había que recordarle que existíamos ahora seguimos recordándole que seguimos vivos y que tenemos una lucha que es la lucha de todos nuestros tiempos, la dignidad.

Hace un año y cuatro meses que sus pasos tenían que caminar los pasos de nuestros pueblos para decirles a todos nuestros hermanos indígenas que los derechos no se regalan sino que se pelean y gritan al corazón de nuestro México para que de sus entrañas siempre siga viva la razón de nuestra conciencia.

Supieron hacer llegar nuestra palabra y nuestra lucha para que en México y en el mundo se supiera que exigimos el reconocimiento de nuestros derechos indígenas, que se supiera que junto con ustedes hermanos queremos un México distinto, mejor un México con justicia y dignidad.

Peleamos para que esa voz fuera escuchada por el poder, llegamos a la Tribuna de quienes deciden por todos, hablamos para nuestra voz llegara a los corazones de los que quieren hablar por todos.

Y no, nuestra voz se perdió en el compromiso de quienes nunca se comprometen por todos, sino es por sus propios intereses y así nuevamente nos hicieron a un lado, nos mandaron al cuarto de servicio en los temas importantes de nuestro país, ignoraron nuevamente más de 550 años de desprecio y exclusión, nos condenaron al cansancio y al olvido. Eso quisieron, pero no.

Cuando el 28 de marzo ustedes hermanos zapatistas regresaron a Chipas, la marcha no se acabó, así como tampoco había empezado el 24 de febrero del año pasado, ya veníamos de un camino de brechas trazadas y destinos en los ojos.


LA MARCHA ZAPATISTA SIGUE…

No se acabo cuando se fueron a Chiapas. Sigue, porque aquí estamos, aquí frente a otro Poder de la Unión y en el corazón del Poder Judicial en México, aquí desde dentro cuestionando a los legisladores y al Ejecutivo su desprecio por nuestros derechos y egoísmo por incluirnos dentro del proyecto de nación que queremos construir los siempre excluidos.

Sabemos que la situación en Chipas hermanos zapatistas como siempre no es fácil, que la presencia del Ejercito sigue hostigando a sus comunidades, que la amenaza de desalojo en Montes Azules es una provocación del mal Gobierno para darle una salida de exterminio a la palabra incomoda y la vida digna que supieron demostrar.

Aquí seguimos, seguiremos y no dejaremos de luchar para que ahora la Suprema Corte de su palabra y por fin escuchemos la voz de un poder acostumbrado a callar y a ceñirse a la voluntad de quienes ellos saben servir.

No dejaremos que nuestra palabra asimilada en el corazón de nuestro pueblo se pierda por el gran deseo de los que imponen y quieren guiar nuestro destino al mar de los olvidos.

Les decimos ustedes hermanos zapatistas que esos legisladores cometieron errores, por su desesperación aprobaron la reforma con grandes deficiencias –como siempre lo han hecho- y quisieron que nos calláramos y aceptáramos se acción como única e irremediable. No fue así, acudimos adonde no imaginaban que podíamos ir, venimos aquí a donde ellos se creen inmunes, llegamos a un Poder donde ahora no saben con quién estar, nosotros les decimos a ellos que el camino es la verdad y la razón.

A ustedes hermanos zapatistas les decimos que no se han ido, que nunca se irán de nuestro pueblo, que Zapata cabalga junto a ustedes y que nosotros los pueblos indígenas caminamos los pasos que tantas veces caminaron nuestros ancestros, que Morelos, que Zapata, que ustedes son el camino de nuestra conciencia.


VIVAN LOS PUEBLOS INDÍGENAS
VIVA MORELOS
VIVA ZAPATA
VIVA EL EZLN


MUNICIPIOS INDÍGENAS DE TEPOZTLAN, TLAYACAPAN, TEPALCINGO Y YECAPIXTLA, MORELOS. COMUNIDADES INDÍGENAS DE SANTA CATARINA, XOXOCOTLA, HUEYAPAN, CUENTEPEC. MORELOS.
Frente a la Suprema Corte de justicia de la Nación.
México D.F. a 13 de junio de 2002.

Guadalupe Espinoza Saudedo

México, D. F. a 23 de junio de 2002.

A raíz de la publicación en el Diario Oficial de la Federación el día 14 de agosto del 2001, de la reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígena, diversos municipios de varios Estados del país con población indígena, promovieron controversias constitucionales en contra de dicha reforma, porque no reconoce los principales derechos de los pueblos indígenas y además de que se violaron las normas que rigen el procedimiento de reformas a la Constitución por parte del órgano reformador de la misma.

Una vez publicada representantes de pueblos indígenas y abogados nos dimos a la tarea de ver la manera en que y como podríamos impugnar dicha reforma. Resultando uno de los medios más adecuados e idóneos la controversia constitucional, la cual utilizarían los municipios, a través de sus Síndicos Procuradores, como representantes legales, para presentarlas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, llegando a un número aproximado de 339 controversias.

Es importante decir que el contenido de los artículos 1, 2, 4, 18 y 115 constitucionales no se están impugnando, sino el procedimiento de cómo se llegó a dicha reforma.

Cabe destacar que promovieron aparte de las controversias, acciones de inconstitucionalidad, éstas por las fracciones partidarias de las legislaturas de Tabasco, Tlaxcala, Oaxaca, entre otras. Así mismo también promovieron 18 juicios de amparo, desde las comunidades rarámuris en Chihuahua, los purépechas en Michoacán, los nahuas en el D. F., los ñañús en Hidalgo, hasta las comunidades indígenas del Estado de Chiapas. Muchos de esos juicios aún están pendientes de resolución por parte de los órganos encargados de impartir justicia.

En las controversias se demandó al Presidente de la república Vicente Fox, a la Cámara de Diputados, a la de Senadores y a las 31 legislaturas de los Estados de la Unión, principalmente el hecho de que se violó el procedimientos de reformas y en que no se consultó a los pueblos indígenas del país.

Actualmente el asunto está ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la etapa de desahogo de pruebas y alegatos.

Alrededor de 30 controversias aún se encuentran sin celebrarse la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos, porque interpusieron recursos de reclamación, ante el rechazamiento por parte del Ministro de la Corte de las pruebas periciales y testimoniales.
Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no admitieron las pruebas testimoniales y periciales, diversas a las documentales, bajo el argumento de que se estaba impugnando una norma general, por lo tanto dijeron debían de rechazar tales probanzas porque el derecho no se prueba, que solo los hechos estaban sujetos a prueba; pero en realidad no se está cuestionando el fondo ni el contenido sino la forma. Otro argumento que esgrimieron era que primero iban a resolver si eran procedentes o improcedentes las controversias constitucionales contra el Constituyente Permanente, siendo que eso ya está resuelto con el juicio de amparo promovido por Manuel Camacho Solís, mediante el que cuestionó el proceso de reformas al Art. 122 constitucional, que le impedía ser Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en virtud de que ya había sido Regente (el cual ganó), aunque si bien no es jurisprudencia, sí es una tesis y un criterio muy válido y que bien se puede aplicar a los presentes casos. Por lo tanto el que primero se va a revisar si es procedente o improcedente la demanda de controversia constitucional contra el Constituyente Permanente, ya está superado por la práctica y por la teoría jurídica, aunque en el presente caso no sea el amparo, sino la controversia constitucional. Quizá el problema de fondo para la Corte no sea si es procedente o improcedente la demanda, sino declarar la propia invalidez de la reforma constitucional o quizá yendo mas allá a la reposición del procedimiento de la reforma, dando pauta para que en un escenario positivo, ahora sí se incluyan las demandas de los pueblos indígenas en la reforma constitucional. Lo cual vendría a revolucionar todo el orden jurídico-político del modelo de Estado-nación que actualmente tenemos.

POSIBLES ESCENARIOS

1. Que la Corte no entre al fondo de lo planteado en las demandas, y solo vea si puede o no revisar el actuar del Poder Constituyente Permanente. En caso de ver si tiene facultades o no sería negativo para los pueblos indígenas, pues jurídicamente no vería ni tan siquiera sus demandas.

UNA VEZ QUE DETERMINE QUE SÍ TIENE FACULTADES PARA REVISAR LA ACTUACIÓN DEL ÓRGANO REFORMADOR DE LA CONSTITUCIÓN

2. Que la Corte declare la invalidez de la reforma constitucional en materia indígena, en las aproximadamente 321 controversias vivas o en algunas, sin ordenar la reposición del procedimiento de reforma. En este caso con una que se gane el Estado mexicano se deslegitimaría, porque las controversias son en relación a la Constitución Federal. En este caso la norma fundamental que rige al país adolecería de vicios y como cabeza de la pirámide de sistema jurídico mexicano, todo lo demás correría la misma suerte.

3. Que declare la invalidez y además ordene la reposición del procedimiento. En este sentido con una que se gane, si bien la Ley Reglamentaria del artículo 105 de la Constitución, dice que surte efectos entre las partes, en este caso no estamos cuestionando el fondo, sino la forma, por lo tanto el efecto si sería general porque nos iríamos a la reposición del procedimiento de reformas a la Constitución.

4. Que la Corte determine que hay violaciones menores en el procedimiento en el Poder Legislativo Federal, ya sea en la Cámara de Diputados o Senadores, o en las entidades federativas, y en consecuencia ordene a esas entidades subsanar las irregularidades cometidas. Una vez subsanadas la reforma quedaría firme, lo cual sería negativo para los pueblos indígenas.

5. Que una vez declarada inválida e inconstitucional el proceso de reforma constitucional, el Poder Constituyente Permanente, vuelva a iniciar el proceso de reforma en materia indígena y se apegue al marco legal, pero que en esencia no se reconozcan los derechos que los pueblos indígenas demandan.

6. Que resuelva que el actuar del Poder Constituyente Permanente considere que estuvo bien. En este caso sería negativo para los municipios, pero sobre todo para los pueblos indios del país, que mirarían que el camino legal e institucional está cerrado. Ya no habría al menos en el país ningún otro órgano del Estado al cual acudir, puesto que ya estarían fallando en su contra el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y ahora el Judicial. Habría una crisis de Estado y de gobernabilidad en el país.

Con las resoluciones de la Corte veremos que tan dispuesta está a propiciar el cambio del modelo de Estado-nación que tenemos. Veremos también que tan avanzados están para dar pauta al reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas del país, porque en todo caso sería el Poder Legislativo, quien los reconociera, ya que éste es el encargado de legislar y elaborar las leyes.

http://www.ciepac.org/procesodepaz/contges0502.htm

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
COMUNICADO DE PRENSA No. 2002/066
México, D.F., 6 de septiembre de 2002

RESUELVE EL SCJN CONTROVERSIAS CONTITUCIONALES EN MATERIA INDÍGENA

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió hoy, por mayoría de 8 votos, declarar improcedente las controversias constitucionales presentadas por diversos municipios del país en contra del procedimiento de reforma constitucional en materia del derechos y cultura indígena.

Tal determinación fue tomada por el Tribunal Pleno, como consecuencia de que el articulo 105 constitucional, en su fracción I -que establece los asuntos competencia de la SCJN en matera de controversias constitucionales-, no faculta a este cuerpo colegiado a revisar los procedimientos de reforma constitucional, en virtud de que el llamado «Órgano Reformador» no es de igual naturaleza que aquellos que realizan las funciones de gobierno, aunque se conforma por el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados, porque le corresponde, en forma exclusiva, acordar las reformas y adiciones a la Constitución. Por ello no es susceptible de ningún tipo de control judicial.

Por consiguiente, como el Órgano Reformador no es sujeto en contra del cual se pueda promover la controversia constitucional, no procede la revisión de sus actos — es decir, de reformar constitucional — por parte de este Alto Tribunal.

De esta manera, en la resolución de las controversias constitucionales, la Suprema Corte estuvo impedida constitucionalmente para pronunciarse sobre el fondo de las mismas.

El Pleno de la SCJN, por mayoría de ministros, estableció también que, si bien los municipios sustancialmente demandan la invalidez del proceso de reforma y no el contenido de los artículos modificados, los actos impugnados en la controversia formaron parte del mismo proceso, por lo que jurídicamente no pueden separarse de su objeto fundamental, que es la aprobación y declaración de la reforma de la Constitución.

Sostuvo, asimismo, que el Órgano Reformador, al establecer la procedencia de las controversias constitucionales con motivo de «disposiciones generales» que se estimen contrarias a la Constitución, se refirió a las leyes ordinarias y reglamentos, ya sea federales o locales, inclusive tratados internacionales, más no a las reformas y adiciones constitucionales, ni al proceso que les da origen.

Cabe señalar que de julio a octubre de 2001, municipios de los estados de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Morelos, Veracruz, Michoacán, Jalisco, Puebla, Tabasco, Hidalgo y Tlaxcala, plantearon 330 controversias constitucionales en contra de las reformas a los artículos 1, 2, 4, 18 y 115 de la Constitución Federal.

En la sesión plenaria, los Ministros analizaron inicialmente dos proyectos de resolución: uno de la Ministra Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila, que proponía la improcedencia de las controversias constitucionales, y otro, del Ministro Mariano Azuela Guitrón, que planteaba superar el aspecto de improcedencia, para entrar al análisis de los argumentos formulados en la demanda, pero que estimaba que no asistía la razón jurídica a los demandantes.

Corte anula controversias a Ley Indígena
viernes 6 de septiembre, 01:07 PM

(CNI en Línea) La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró improcedente las controversias promovidas por mas de 320 municipios contra las reformas a la Constitución en materia de derechos y cultura indígena.

Con ocho votos a favor y tres en contra, la Corte determinó que no tiene facultades para examinar una reforma constitucional, ya que no es procedente que estudie los argumentos de los municipios inconformes.

Sólo tres ministros consideraron que la Corte sí debía examinar los argumentos planteados en las controversias, sin embargo consideraron que la reforma de agosto del año pasado es válida en todos sus aspectos y debe permanecer tal y como fue aprobada.

El principal argumento para estimar que la Suprema Corte no tiene dichas facultades es que el artículo 105 de la Constitución no considera que se puedan impugnar las acciones del poder reformador, que es el que se integra por el Congreso de la Unión y por todas las legislaturas del país, cuando se lleva a cabo una reforma a la Constitución.

Del total de controversias interpuestas, 302 fueren presentadas por municipios de Oaxaca; el resto las promovieron ayuntamientos de Puebla, Veracruz, Tabasco , Michoacán; Jalisco, Chiapas, Guerrero, Hidalgo y Morelos.

SAC-Con información de Notimex

http://www.laneta.apc.org/ceacatl/Archivo/020906_SCJN_comunicado.htm

A continuación les presentamos una síntesis sobre las diferentes posiciones políticas que se dieron el viernes 6 de septiembre después que se dio a conocer el fallo de la Corte, consideramos importante conocer las primeras declaraciones que se hicieron para entender cuales son las diferentes posiciones al respecto.
Atentamente,
José Luis Castro

A continuación damos a conocer las posiciones dadas a conocer a partir del fallo de la Corte de los diferentes actores de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial responsables en este proceso y de la posición de representantes indígenas y de la sociedad civil, esperando contribuir de esta manera a entender el mapa político que se está dando en este momento en el reconocimiento constitucional de los derechos indígenas.

Las declaraciones fueron recogidas específicamente el día viernes 6 de septiembre en los diferente medios de comunicación, después de que se conoció el fallo de la Corte. Consideramos importante tenerlas muy presentes, ya que en los posteriores días se han venido matizando las posiciones de los grupos más conservadores.
Suprema Corte de Justicia de la Nación

El día viernes 6 de septiembre de 2002, La Suprema Justicia de la Nación (SCJN) dio a conocer mediante un comunicado de prensa denominado RESUELVE LA SCJN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES EN MATERIA INDÍGENA su fallo en el que se informa que el Pleno de la Suprema Corte resolvió por mayoría de 8 votos y tres en contra, declarar improcedentes las controversias constitucionales presentadas por diferentes municipios del país en contra del procedimiento de reformas constitucionales en materia de derechos y cultura indígena.

Tal determinación fue tomada por el Tribunal Pleno, según el criterio de que el artículo 105 constitucional, en su fracción I, no faculta a ese cuerpo colegiado a revisar los procedimientos de reforma constitucional promovidos por el «Órgano Reformador» (Congreso de la Unión; Cámara de Senadores y Diputados y las 31 legislaturas de los Estados). Por ello, no es susceptible de ningún tipo de control judicial.

Por consiguiente, como el Órgano Reformador no es sujeto en contra del cual se pueda promover la controversia constitucional, no procede la revisión de sus actos por ese Alto Tribunal

En síntesis, esto quiere decir que la Corte se declara incompetente constitucionalmente para revisar las controversias promovidas, por lo que declaró improcedentes 322 de los 330 recursos presentados en Contra de la Reforma conocida como Bartlett-Cevallos-Ortega promovidas por 11 Estados de la República: Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Guerrero, Veracruz, Morelos, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla, Michoacán y Jalisco.

Cabe señalar que la Corte tomo su decisión de manera encubierta y en sorpresiva sesión en viernes a las 11:00 horas, cuando regularmente sesionan martes y jueves regularmente después de las 12 :00 horas, sin convocatoria previa en la que no se le notificó a ninguno de los demandantes ni sus abogados, ni a ningún tipo de prensa.

Por otra parte, los municipios que interpusieron recursos de reclamación en el momento que no les fueron aceptadas testimoniales y pruebas en materia de derecho indígena, derecho constitucional e internacional, seguramente serán sobreseídas por haberse fallado ya al respecto.

Con todo lo anterior queremos remarcar que no se está validando jurídicamente la reforma indígena aprobada el 21 de agosto en el Diario Oficial de la Federación como se ha mencionado en algunas declaraciones oficiales y de legisladores del PAN y del PRI, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se declaró constitucionalmente incompetente para revisar tanto el fondo como el contenido de la misma reforma, por lo que este órgano no puede avalar o descalificar el proceso de aprobación de la reforma indígena.

A continuación se presentan las declaraciones más importantes en base a la resolución de la Corte.

Secretaría de Gobernación

La Secretaría de Gobernación expreso su respeto absoluto a la resolución emitida por la Corte, precisó que el gobierno mantiene su disposición de contribuir a la plena observancia y también a la ampliación de estos derechos, mediante la reforma a la legislación federal y que el tema indígena seguirá siendo una prioridad en la agenda nacional.

Comisionado para el Diálogo y la Negociación en Chiapas

En declaración de Luis H. Alvarez expreso que respetuosamente toma nota de la resolución de la Corte y que el gobierno del presidente Fox mantiene su disposición a contribuir a la plena observancia y también a la ampliación de esos derechos mediante la reforma a la legislación federal y aplicar las disposiciones constitucionales a las leyes locales, de acuerdo a con las particularidades de los pueblos y comunidades indígenas de cada entidad.

Por otra parte mencionó que mantiene inalterable su disposición de reanudar las conversaciones con el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional.

Miembros de la COCOPA

El fallo de la Corte ante las controversias constitucionales, obligó a que dentro de la COCOPA se reabriera la discusión en el tema indígena y se convoque a una reunión urgente para analizar el fallo de la Corte y tener una participación más activa ante los diferentes escenarios que se presentan, entre las que se encuentra opiniones encontradas entre ellos mismos como se enumeran en seguida.

El presidente del Congreso del Estado de Chiapas y miembro de la COCOPA, el diputado perredista Jorge Antonio Morales Messner señaló que la decisión de la SCJN hace que se aleje la paz y la reconciliación en Chiapas, porque además se contravienen y violentan las disposiciones del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

El Senador Demetrio Sodi declaró que en la COCOPA ya no podemos seguir en una actitud pasiva ; hay que actuar de inmediato si queremos que haya paz en Chiapas, y la mejor forma de lograrlo según Sodi, es impulsar lo que se ha llamado la reforma de la reforma para subsanar las lagunas e ineficiencias por lo que confirmo que tiene lista ya una iniciativa para modificar los artículos 2 y 115 constitucionales con el objetivo de realizar cambios en cinco puntos básicos.

El diputado perredista Emilio Ulloa expuso que todos los integrantes de la COCOPA tienen que replantearse que la reforma constitucional en materia indígena no logró el acercamiento buscado con el EZLN y los demás pueblos indios del país. Así que los más sano es reabrir la discusión en el Congreso de la Unión.

Sin embargo por su parte la senadora del PAN Luisa María Calderón afirmo que ya es imposible realizar una «reforma de la reforma», sino que procede impulsar las modificaciones a 17 leyes secundarias.

Oficina de la Presidencia para la Atención de los Pueblos Indígenas

La titular de ésta oficina, Xóchitl Galvez declaró que el fallo de la Corte complica el proceso para la paz en Chiapas, sin embargo expresó que si la Corte determinó que la ley es procedente, se pueden alcanzar algunas reglamentarias, como en el caso de las leyes de telecomunicaciones y de radio y televisión.

Gobierno del Estado Chiapas

Mediante un desplegado en el que se define la posición del Gobierno de Chiapas con relación a la resolución de la Corte, expresa que la declaración de improcedencia representa el fin de una etapa más en el proceso de búsqueda de la paz definitiva para el estado de Chiapas

Que la ratificación de la Ley sobre la Cultura y los Derechos Indígenas aprobada por el Constituyente Permanente como norma suprema del país implica la existencia de un nuevo escenario que obliga a replantear la posición de las partes involucradas y así mismo define que en el escenario que aparece en el horizonte chiapaneco exige al Gobierno Federal generar una nueva estrategia integral para establecer condiciones propicias para restablecer el diálogo con el EZLN y proponer nuevas alternativas para los pueblos indios de todo México.

Gobierno del Estado de Oaxaca

El gobernador del Estado, José Murat expreso que las reformas a la Constitución en Materia de Derechos y Cultura Indígenas, es una reforma que de origen fue viciada por algunos integrantes del Senado de la República. Para ello consideró que predominaron más todo tipo de intereses que la ideología de quienes participaron en ésta, así como de las necesidades vitales de un gran sector de la población mexicana.

Por ello exhortó a las comunidades indígenas a seguir pugnando para que el derecho público no sea exclusivo de ciertas castas y determinados grupos. Ya que no existe razón alguna por la cual los habitantes de las comunidades indígenas del país continúen sometidos por carecer de un verdadero apoyo jurídico.

Partido Acción Nacional (PAN)

El Comité Ejecutivo Nacional del PAN se mostró satisfecho por la resolución de la Corte que consideró improcedentes las controversias y puntualizó que se trata de un fallo resultado de un profundo análisis que se enmarca en el respeto y en la decisión de poderes vigente. Por lo que el fallo fue resultado de una correcta interpretación del marco legal y que favorece la aplicación de los avances alcanzados en torno al pleno respeto, reconocimiento y defensa de los derechos humanos en zonas indígenas.

En un comunicado de prensa, la dirigencia manifestó su esperanza de que la sociedad mexicana reconozca la decisión de que la SCJN por su legitimo ejercicio de interpretación de la ley y la resolución definitiva del conflicto.

El Coordinador de la fracción panista en la Cámara de Senadores Diego Fernández de Cevallos expresó que dicho tribunal dio la razón al Congreso en torno a la reforma indígena, pero ello no cierra la puerta a eventuales modificaciones o adiciones a la misma, incluso de carácter constitucional.

La senadora Luisa María Calderón informo que el senado se tendrán paneles especiales y seguiremos con la legislación secundaria que mandata la propia reforma.

El diputado Fernando Pérez Noriega planteó que lo que debe de hacer el Congreso son adecuaciones a diversas leyes secundarias, para verificar que ninguna de ellas contravenga el texto constitucional, así mismo descartó que su partido a acceder a rediscutir el tema pues esta agotado.

El senador Felipe de Jesús Vicencio Alvarez, declaró que no se ve condiciones propicias para plantar cambios a la reforma aprobada, los cuales, en todo caso, deberán presentarse en las discusiones sobre la reforma del Estado.

Partido Revolucionario Institucional (PRI)

Roberto Madrazo Pintado declaró que la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de declarar improcedentes las controversias constitucionales contra la reforma indígena, ratificó la validez se legisló para diez millones de indígenas, se cumple con los Acuerdos de San Andrés, pero no se legisló sólo para el EZLN, sino para beneficio de todas las 62 etnias de México, que están siendo protegidas por las modificaciones.

La fracción de senadores priistas emitió un comunicado en el que manifestó su más profundo reconocimiento al rigor jurídico de la Suprema Corte, cuya resolución fortalecerá el papel positivo del Congreso en la democracia mexicana.

El chiapaneco José Antonio Aguilar Bodegas, secretario de la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado, dijo que la Suprema Corte validó la legislación, por lo que se mantiene vigente y se debe de aprovechar en beneficio de los grupos étnicos.

El senador Humberto Roque Villanueva opino que veía favorable que la Corte haya resuelto favorablemente al Senado de la República y de hecho al Congreso de la Unión lo que tenía que ver con las reformas a la Constitución en materia de Derechos y Cultura Indígena.

Partido de la Revolución Democrática (PRD)

Se manifestó por parte de ese partido que si bien respeta la resolución de la Corte, no comparte la decisión de los ministros porque estos no quisieron meterse a fondo para acotar el poder presidencial o ponerle un control al Congreso, que si bien es quien define nuestra Constitución y nuestras leyes, tampoco debe caer en excesos.

Rosario Robles exigió que se plantee una reforma indígena de acuerdo con este derecho a la autonomía y al reconocimiento de los pueblos indígenas.

El coordinador de los diputados del PRD, Martí Batres Guadarrama, manifestó que si había elementos para considerar inconstitucional el procedimiento por el que se aprobó la reforma indígena, en virtud de que el computo y el conteo de los congresos locales se hizo de manera inadecuada y que la decisión de la Corte no ayuda a la solución del conflicto en Chiapas ni hace justicia a los millones de indígenas del país.

Partido del Trabajo (PT)

El diputado José Narro, expreso su rechazo a la decisión judicial, y exigió que el presidente Vicente Fox, retome su responsabilidad y busque los acuerdos necesarios para salvar la condición de 10 millones de mexicanos.

Afirmó que la Corte tenía elementos suficientes para corroborar que se había violentado el procedimiento legislativo a la hora de aprobación por lo que ya no hay otro camino que el de volver a legislar.

En concordancia con esta declaración, por parte de 170 legisladores de todas las fuerzas políticas a excepción del PAN habían presentado en San Lázaro, la Iniciativa de la COCOPA para dar solución integral a una de las tres señales demandas por el EZLN para el reinicio del diálogo y lograr la paz justa y digna para Chiapas y que ante la decisión de la Corte, se piensa rediscutir su pertinencia para hincar su proceso legislativo.

Posición algunos representantes de los Pueblos Indígenas

Con este fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se cierran los caminos políticos y legales a los pueblos indígenas del país ya que las leyes deberían avanzar para que velen por un desarrollo pacífico entre los pueblos de México.

Lo que se evidencio con el fallo de la Corte, fue una supremacía de la visión mestiza por sobre las demandas de reconocimiento constitucional de derechos por parte de los pueblos indígenas por lo que se cierra la posibilidad de alcanzar la paz a corto y mediano plazo al provocar que otros movimientos busquen caminos beligerantes en Estados de la República en donde de por sí la situación es conflictiva.

Aunque en parte era previsible este fallo dado que la Corte se negó a tomar en cuenta una serie de pruebas que se le quisieron presentar.

No nos queda mas que ejercer en la práctica cotidiana nuestros derechos como pueblos, como la libre asociación, autonomía, autogestión, defensa de nuestras raíces y de nuestros recursos naturales por las vías pacíficas aunque estas sean enmarcadas dentro de las leyes mestizas como ilegales.

Sin embargo pese al fallo emitido por la Corte, para el Gobierno de México el reconocimiento constitucional de los derechos indígenas de acuerdo a los Acuerdos de San Andrés sigue siendo una asignatura pendiente dentro de la agenda nacional.

Por lo que la única opción jurídica que nos queda para inconformarnos a los pueblos indígenas, son las instancias internacionales como son; la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Organización de las Naciones Unidas y la Organización Internacional del Trabajo en donde se encuentra en revisión por un grupo especial, que determinará si el Estado violó el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.

Posición de algunos sectores de la sociedad civil que han acompañado el proceso del movimiento indígena

En un pronunciamiento conjunto, más de cien organizaciones indígenas, defensoras de derechos humanos y personalidades, expresaron que con la decisión de la Corte demuestra su falta de voluntad y capacidad para ser verdadero garante de la Constitución, además de su carencia de autonomía frente a los demás poderes y que el camino de la legalidad esta agotado y el reconocimiento constitucional de los derechos indígenas conforme a los Acuerdos de San Andrés y la COCOPA nuevamente han sido pisoteados.

La decisión de la SCJN cierra las puertas a la solución pacífica del conflicto armado en Chiapas ya que esta resolución de la Corte aleja la paz y la reconciliación en ese estado chiapaneco y cierra las puertas al EZLN para que luche por los derechos de los pueblos indígenas por la vía legal, con lo que se no se fortalecerá la gobernabilidad en este país sino todo lo contrario.

Por otra parte organizaciones civiles al manifestarse contra el fallo de la Corte, denunciaron que en la sesión para dar a conocer el dictamen de la Corte, no participó ninguno de los demandantes ni sus abogados, pues no fueron notificados, es decir, la decisión se tomó sin ellos lo supieran.

Así mismo expresaron que es nuevamente, la hora de la sociedad civil y las organizaciones sociales, pues no podemos ver pasivamente cómo otro de los poderes de la Unión, le da la espalda a las legítimas inconformidades de los indígenas.

Por lo que convocaron a una manifestación de repudio, afuera de la Corte ya que inicia una nueva etapa de lucha que sólo podrá prever resultados positivos si todos nos movilizamos y aportamos en lo posible.

Entre las diferentes declaraciones que vertieron por parte de organizaciones de derechos humanos encontramos las siguientes.

* La determinación del Poder Judicial es desilusionante porque esta vía era la ultima oportunidad de componer el proceso legislativo y de que finalmente se reconocieran los derechos de los pueblos originarios de México.

* Se considera que esta decisión deja ver las verdaderas políticas que tiene el Estado Mexicano en materia de derechos indígenas.

* Los caminos jurídicos se agotaron internamente, por lo que los pueblos tienen otras opciones para inconformarse con la resolución de la Corte, una de las más viables es presentar una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Además, habrá que esperar la resolución de la OIT sobre las reclamaciones que presento un grupo de sindicatos aduciendo que el procedimiento para determinar la reforma indígena fue inadecuada, porque se violo el derecho a la consulta de los pueblos indígenas, que establece el Convenio 169 de la OIT.

* Una vez más se confirma que en México no hay posibilidades de obtener justicia en materia de derechos humanos por lo cual ahora sólo queda recurrir a las instancias internacionales.

* Las la reforma constitucional, además de que está mal hecha, viola tratados internacionales, derechos civiles, políticos, sociales, culturales y humanos de los indígenas y eso, que es evidente, es sobre lo que solicitamos a la Corte pronunciarse.

* El hecho de que la Corte se haya ido por el camino más fácil pone a los defensores de los derechos humanos entre la espada y la pared, ya que siempre se pide a los afectados que tengan paciencia, que sus problemas deben resolverse vía el estado de derecho.

* Con este fallo la Corte evidenció que no hay ninguna instancia en el país que proteja los derechos indígenas.

http://www.laneta.apc.org/ceacatl/020906posiciones.htm

Los pueblos indígenas mexicanos históricamente han vivido una realidad de pobreza, despojo de tierras, violencia política, abusos policíacos y militares, así como de exclusión de las políticas gubernamentales. A pesar de ello, gracias a su resistencia y en ejercicio de su capacidad de propuesta, apostaron por el diálogo que dio como resultado los Acuerdos de San Andrés y la propuesta de la CoCoPa.

El Presidente Fox presentó la iniciativa pero no la defendió como sí lo ha hecho con otras propuestas como el IVA y ahora la de privatización de la industria eléctrica. Los legisladores distorsionaron la iniciativa CoCoPa y la hicieron rehén de sus negociaciones e intereses partidarios y pese a la reacción en contra de su dictamen inicial y del voto en contra de las entidades con mayor presencia indígena, terminaron aprobándola hace un año, sin importar que se estaba cerrando la posibilidad de reanudar el diálogo. Así los Poderes Ejecutivo y Legislativo le daban la espalda a los acuerdos firmados con los pueblos indígenas.

Ante ello los pueblos a través de 330 municipios indígenas acudieron a la Corte con la expectativa de que ésta diera muestras de que el Estado posee mecanismos de control frente a violaciones a la Constitución por parte de órganos gubernamentales. Pretendían la aplicación del convenio 169 de la OIT y de los derechos ahí reconocidos como el derecho a la consulta.

El día de ayer, la Corte notificó la resolución negativa de las reclamaciones presentadas contra el rechazo de las pruebas ofrecidas por los municipios, demostrando su desdén frente a la demanda de garantías de debido proceso y de una impartición de justicia que tome en cuenta los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Citó a los municipios a desahogar audiencias los días 11 y 12 de septiembre próximos, cita que es más bien una burla y una muestra de la distancia que se tiene con el principio de dignidad que ha caracterizado a los pueblos indígenas.

Hoy a través de los medios de comunicación, nos enteramos de que la Corte en Pleno decidió declarar la improcedencia de 322 controversias, bajo el argumento de que la Corte no tiene facultad de control sobre los actos del llamado órgano reformador de la Constitución. Con ello, deja a los legisladores una potestad ilimitada para desvirtuar a la Constitución misma si así lo deciden y pasar sobre los derechos fundamentales reconocidos en ella y en los convenios internacionales.

Una resolución como la que hoy difundieron los medios de comunicación, sólo demuestra la falta de voluntad y capacidad de la Corte para ser verdadero garante de la Constitución, así como su carencia de autonomía frente a los demás poderes, dejando su actuación sin contrapeso alguno. No sería extraño que la prepotencia que prevalece en el Congreso de la Unión se vea reforzada para sacar adelante la reforma laboral y la de energía eléctrica.

La noticia conocida el día de hoy representa una agresión a los pueblos indígenas de México. Constituye también una burla a quienes hemos apostado a la construcción de un México mas justo, democrático e incluyente. Así lo ha querido la Corte y con ello han reproducido la discriminación, el racismo y toda la actitud colonialista al cual han estado sometido los pueblos indígenas de México. Con la resolución de la Corte, la paz en México se ha alejado y el reconocimiento constitucional de los derechos indígenas conforme a los acuerdos de San Andrés y la iniciativa de la CoCoPa, ha sido nuevamente pisoteado.

El camino de la legalidad está agotado. Las puertas del Estado mexicano se han cerrado para los pueblos indígenas. Ninguno de los tres poderes del Estado ha tenido la capacidad, para responder en términos justos y dignos, a las demandas de los pueblos indígenas. En consecuencia nadie tiene ya la autoridad moral para juzgar el camino que libremente escojan los pueblos indígenas para conseguir sus justos propósitos de autonomía y dignidad. Ellos sabrán, como históricamente lo han demostrado, cuál es ese camino y cuál es esa esperanza.


México, D. F. 6 de Septiembre de 2002.

SERVICIOS DEL PUEBLO MIXE
UNION DE ORGANIZACIONES DE LA SIERRA JUÁREZ DE OAXACA
RED OAXAQUEÑA DE DERECHOS HUMANOS
TALLER DE INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA UKEN KE UKEN
TEQUIO JURÍDICO, A.C.
CENTRO DE DERECHOS INDÍGENAS “FLOR Y CANTO”, A.C.
CENTRO DE DERECHOS HUMANOS “ÑUU’JI KANDII”, A.C.
ACCIÓN DE LOS CRISTIANOS PARA LA ABOLICIÓN DE LA TORTURA, OAXACA, A.C.
COMISIÓN REGIONAL DE DERECHOS HUMANOS “MAHATMA GANDHI”, A.C.
CENTRO DE DERECHOS HUMANOS “TEPEYAC” DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC, A.C.
CENTRO REGIONAL DE DERECHOS HUMANOS “BARTOLOME CARRASCO BRISEÑO”, A.C.
ORGANIZACIÓN DE PUEBLOS INDÍGENAS DE LA CHIANTLA, A.C.
ACADEMIA JALISCIENSE DE DERECHOS HUMANOS, A.C. (AJDH)
ACCIÓN DE LOS CRISTIANOS PARA LA ABOLICIÓN DE LA TORTURA. A.C. (ACAT)
ASOCIACIÓN CIVIL PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS CIUDADANOS «MIGUEL HIDALGO», A.C.
ASOCIACIÓN JALISCIENSE DE APOYO A LOS GRUPOS INDÍGENAS (AJAGI)
CENTRO DE DERECHOS HUMANOS DE LA MONTAÑA (TLACHINOLLAN, AC.)
CENTRO DE DERECHOS HUMANOS «LOS PRÍNCIPES»
CENTRO DE DERECHOS HUMANOS «FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS», A.C.
CENTRO DE DERECHOS HUMANOS «FRAY FRANCISCO DE VITORIA O.P.», A.C.
CENTRO DE DERECHOS HUMANOS «MIGUEL AGUSTÍN PRO JUÁREZ», A.C. (PRODH)
CENTRO DE DERECHOS INDÍGENAS A. C. (CEDIAC)
CENTRO DE DERECHOS HUMANOS “FRAY MATÍAS DE CÓRDOVA”. A.C.
CENTRO DE ESTUDIOS FRONTERIZOS Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS, A.C.
CENTRO DE DERECHOS HUMANOS “DON SERGIO”, A.C.
CENTRO DE PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS, A.C.
CENTRO POTOSINO DE DERECHOS HUMANOS, A.C. (CEPODHAC)
CENTRO REGIONAL DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN.
CENTRO DE REFLEXIÓN Y ACCIÓN LABORAL (CEREAL)
CIUDADANÍA LAGUNERA POR LOS DERECHOS HUMANOS, A.C.
CIUDADANOS EN APOYO A LOS DERECHOS HUMANOS, A.C. (CADHAC)
COLECTIVO EDUCACIÓN PARA LA PAZ. (CEPAZ)
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA ASAMBLEA DE BARRIOS
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS «LA VOZ DE LOS SIN VOZ»
COMISIÓN DE SOLIDARIDAD Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS, A.C. (COSYDDHAC)
COMISIÓN INDEPENDIENTE DE DERECHOS HUMANOS DE MORELOS, A.C.
COMISIÓN INTERCONGREGACIONAL «JUSTICIA, PAZ Y VIDA»
COMISIÓN PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS, A.C.
COMITÉ DE DEFENSA Y APOYO A COMUNIDADES Y PUEBLOS INDIOS (CODACPI),
COMITÉ DE DEFENSA DE LAS LIBERTADES INDÍGENAS (CDLI)
COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS AJUSCO
COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS DE COMALCALCO
COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS «FR. PEDRO LORENZO DE LA NADA, O.P.»,
COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS DE COLIMA (NO GUBERNAMENTAL)
COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS Y ORIENTACIÓN MIGUEL HIDALGO, A.C. (CODHOMHAC)
COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS PUEBLO NUEVO, A.C.
COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS DE TABASCO, A.C. (CODEHUTAB)
COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS DE LA SIERRA NORTE DE VERACRUZ, AC.
COMITÉ SERGIO MÉNDEZ ARCEO PRO DERECHOS HUMANOS DE TULANCINGO, HGO., A.C.
COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS «SEMBRADOR DE LA ESPERANZA». A. C.
FRENTE CÍVICO SINALOENSE. SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS
FAMILIA FRANCISCANA INTERNACIONAL – MÉXICO (FIMEX)
GRUPO INDIGNACIÓN, AC
INSTITUTO GUERRERENSE DE DERECHOS HUMANOS, A.C.
INSTITUTO MEXICANO PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO, A.C. (IMDEC),
PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS Y EDUCACIÓN PARA LA PAZ – ITESO
PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS. UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA. SANTA FE.
PROGRAMA UNIVERSITARIO DE DERECHOS HUMANOS. UIA-LEÓN
RESPUESTA ALTERNATIVA, A.C.
SERVICIO DE DERECHOS HUMANOS Y DESARROLLO COMUNITARIO
SERVICIO PAZ Y JUSTICIA. MÉXICO. (SERPAJ)
TALLER UNIVERSITARIO DE DERECHOS HUMANOS (TUDH)
CONSEJO GUERRERENSE 500 AÑOS DE RESISTENCIA INDÍGENA
ORGANIZACIÓN INDEPENDIENTE DE PUEBLOS MIXTECOS Y TLAPANECOS DE AYUTLA, GRO.
COORDINADORA DE AUTORIDADES COMUNITARIAS DE LA COSTA MONTAÑA SAN LUIS ACATLÁN
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVON
INSTITUTO GUERRERENSE DE DERECHOS HUMANOS, CHILPANCINGO, GRO
SERAPAZ
PAZ CON DEMOCRACIA
RED DE LA SOCIEDAD CIVIL
MISIÓN CIVIL POR LA PAZ
MOVIMIENTO POR LA PAZ CON JUSTICIA Y DIGNIDAD
SIN FRONTERAS
PLATAFORMA SOCIAL Y CULTURAL YATZALTEÑA
ASAMBLEA DE MIGRANTES INDÍGENAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ORGANIZACIÓN SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO
RED DE ABOGADOS Y ABOGADAS POR LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS
FRENTE UNIDO TABASQEÑO
CE-ACATL, A.C.
CENTRO DE ACOMPAÑAMIENTO COMUNITARIO DE OAXACA, A.C.
RED MEXICANA DE ACCIÓN FRENTE AL LIBRE COMERCIO, RMALC, A.C.
SERVICIOS PARA UNA EDUCACIÓN ALTERNATIVA, EDUCA, A.C.
CENTRO REGIONAL DE CAPACITACIÓN A MUJERES DEL BAJÍO, A.C.
MIGUEL ALVAREZ
MIGUEL CONCHA
CARLOS FASCIO
DOLORES GONZALEZ
MAGDALENA GÓMEZ
VICTOR FLORES OLEA
GUILLERMO BRICEÑO
ALFREDO LÓPEZ AUSTIN
JUAN BAÑUELOS
CONCEPCIÓN CALVILLO VIUDA DE NAVA
SALVADOR NAVA
NURIA FERNÁNDEZ
HÉCTOR DE LA CUEVA
PABLO GONZALEZ CASANOVA
ARMANDO BARTRA
GONZALO ITUARTE
GILBERTO LÓPEZ Y RIVAS
DON SAMUEL RUIZ GARCÍA
VÍCTOR SUÁREZ CARRERA

http://www.sjsocial.org/PRODH/Noticias/resolucionCorte.htm

7 de septiembre de 2002

El pasado viernes 6 de septiembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaro improcedentes las controversias constitucionales interpuestas ente ella.

La noticia fue conocida por los abogados a través de los medios de comunicación, y hasta el martes 10 de septiembre la resolución fue notificada formalmente a las autoridades en sus domicilios legales.

Los Argumentos de la Corte para declarar improcedentes las controversias constitucionales.

La Corte señalo que las controversias constitucionales son improcedentes por que el órgano reformador (Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, legislaturas de los Estados) no puede ser controlado, por la Corte ni por ningún otro poder.

La Corte señala que de acuerdo con el artículo 105 constitucional, en su fracción I – que establece los asuntos de competencia de las SCJN en materia de controversias constitucionales-, no faculta a este cuerpo colegiado a revisar los procedimiento de reforma constitucional, en virtud de que el llamado “Órgano Reformador” no es de igual naturaleza que aquellos que realizan las funciones de gobierno, aunque se conforma por el Congreso del a Unión y las legislaturas de los estados, porque le corresponde, en forma exclusiva, acordar las reformas y adiciones a la Constitución. Por ello, no es susceptible de ningún tipo de control constitucional.

Esto quiere decir que el órgano Reformador no es sujeto en contra del cual se pueda promover la controversia constitucional, por lo que la corte no pide revisar sus actos.

De esta manera, en la resolución de las controversias constitucionales, la Suprema Corte sostienen que esta impedida constitucionalmente para pronunciarse sobre el fondo de las mismas.

El Pleno de la SCJN, (por la mayoría de 8 ministros de 11) estableció también que, si bien los municipios sustancialmente demandas la invalidez del proceso de reformas y no el contenido de los artículos modificados. Los actos impugnaos en las controversias tomaron parte del mismo proceso, por lo que jurídicamente no pueden separarse de su objeto fundamental, que es la apropiación y declaratoria de reforma de la Constitución.

Sostuvo, asimismo, que el Órgano Reformador, al establecer la procedencia de las controversias constitucionales con motivo de las “disposiciones generales” que se estimen contrarias a la Constitución, se refirió a las leyes ordinarias y reglamentos, ya sena federales o locales, inclusive tratados internacionales, más no a las reformas y adiciones constitucionales, ni al proceso que les da origen.

En la sesión plenaria, los Ministros analizaron inicialmente dos proyectos de resolución: uno de la Ministra Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila, que proponía la improcedencia de las controversias constitucionales; y otro, del Ministro Mariano Azuela Güitron, que planteaba superar el aspecto de improcedencia, para entrar al análisis de los argumentos formulados en la demanda, pero que estimaba que no asistía la razón jurídica a los demandantes.

Ante esta Resolución, los argumentos jurídicos que nosotros podemos manejar, son:

Que la Constitución, sí establece un sistema de control de la constitucionalidad de todos los actos, sin excepción alguna, que llevan de los órganos que integran el Órgano reformador, y lo estableció precisamente en el mecanismo previsto en el artículo 105 de la Constitución, a cargo de la H. Corte.

El Poder Constituyente, fundador originario del régimen del derecho vigente en la República mexicana, no estableció un régimen de excepción de la aplicación del mecanismo de control de constitucionalidad previsto en el artículo 105, para los actos que realizaran los órganos que integran el Órgano reformador en virtud de la función contenida en el artículo 135. Tampoco estableció privilegios ni permisividades que pudieran poner en riesgo la soberanía popular; por el contrario, estableció la institución de la controversia constitucional, como medio de control que asegurara que la actuación inconstitucional de los órganos que forman parte del Órgano reformador fueran sancionados con una declaración de inconstitucionalidad por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Y no previó el Constituyente de 1917 un régimen de excepción respecto de los actos que realizan los órganos que integran el Órgano reformador del virtud de la función contenida en el artículo 135, porque hizo una clara distinción entre la naturaleza jurídica y política de un Poder Constituyente y la de un Órgano reformador. Mientras que el Poder Constituyente tuvo su origen en el consenso social de otorgarle mandato expreso, amplísimo y perentorio de crear la Constitución, el Órgano reformador tuvo su origen en el texto constitucional, cuyo mandato quedó delimitado exclusiva y expresamente a la función contenida en el
artículo 135 de la propia Constitución.

Ello explica sin lugar a dudas, la aplicación del mecanismo de control de la constitucionalidad contenida en el artículo 105 constitucional, de los actos que en virtud de la función contenida en el artículo 135, realizan los órganos que integran el Órgano reformador. De esa manera queda reafirmada y garantizada la soberanía popular y la supremacía del orden constitucional contenidas en la Constitución.

Fundamento Constitucional.

ARTICULO 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

I. De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre:

b). La Federación y un municipio;

i). Un Estado y uno de sus municipios, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales;
j). Un Estado y un municipio de otro Estado, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales, …

Conclusión

Con su resolución la Corte niega todo lo solicitado, implica que deja a los legisladores con las manos libres para reformar la Constitución Federal, institucionalizando el autoritarismo y poniendo en riesgo el proceso de democratización del país y la vigencia de los derechos humanos. La resolución emitida puede generar desánimo para una parte del movimiento indígena y probable radicalización de otra, alejara la posibilidad de resolver la situación de exclusión en que se ha mantenido a los pueblos indígenas en México, la aplicación del Convenio 169, así como la búsqueda de paz en Chiapas. Implica también que los pueblos desde su lucha por la autonomía continúen enfrentando los cacicazgos locales que podrían sentirse fortalecidos, así como la presencia agresiva de inversión privada que continuará impunemente tratando de explotar los recursos naturales que pertenecen a los pueblos indígenas.

La noticia conocida el 6 de septiembre de 2002, representa una agresión a los pueblos indígenas de México. Constituye también una burla a quienes hemos apostado a la construcción de un México más justo, democrático e incluyente. Así lo ha querido la Corte y con ello han reproducido la discriminación, el racismo y toda la actitud colonialista al cual han estado sometidos los pueblos indígenas. Con la resolución de la Corte, la paz en México se ha alejado y el reconocimiento constitucional de los derechos indígenas conforme a los Acuerdo de San Andrés, ha sido nuevamente pisoteado.

El camino de la legalidad está agotado. Las puertas del Estado mexicano se han cerrado para los Pueblos Indígenas. Ninguno de los tres poderes del Estado ha tenido capacidad, para responder en términos justos y dignos, a las demandas de los pueblos indígenas. En consecuencia nadie tiene ya la autoridad moral para juzgar el camino que libremente escojan los pueblos indígenas para conseguir sus justos propósitos de autonomía y dignidad. Ellos sabrán, como históricamente lo han demostrado, cuál es ese camino, cuáles serán las resistencias y hacia donde puede andar la esperanza.

http://www.sjsocial.org/PRODH/especiales/cronologia_indigena/

Informe elaborado por SIPAZ

«Nosotros hemos luchado mucho, pero hemos avanzado poco. Hemos tocado muchas puertas a nivel estatal y federal, y hasta internacional, pero poco caso nos han hecho. ¿Por qué no nos hacen caso las autoridades? Nuestra misma gente nos pregunta: ¿a qué venimos a la ciudad si nunca nos toman en cuenta? ¿Hasta cuándo nos van a escuchar?, o ¿es necesario que se levante otra vez el EZLN para que nos escuchen?»(Autoridades indígenas reunidas en el Distrito Federal el 12/9/02).

A un año de haberlas recibido, el 6 de septiembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió declarar improcedentes las controversias constitucionales presentadas por diversos municipios indígenas en contra del procedimiento de reforma constitucional en materia de derechos indígenas (ver Coyuntura en el informe).

La resolución se fundamentó en que, según la Corte, el articulo 105 constitucional, fracción I -que establece los asuntos de competencia de la SCJN en materia de controversias constitucionales- no faculta al máximo órgano judicial a revisar los procedimientos de reforma constitucional, ya que el llamado Órgano Reformador no es de igual naturaleza que aquellos que realizan las funciones de gobierno (aunque lo conforman el Congreso federal y las legislaturas de los estados). En pocas palabras, la Corte consideró que no tiene facultad para juzgar la constitucionalidad de las reformas a la Constitución emanadas del Poder Legislativo.

Las reacciones

Las reacciones no se hicieron esperar. Organizaciones indígenas de Chiapas expresaron su profunda decepción por el fallo. En una declaración conjunta afirmaron: «…. volvemos a ser excluidos. No somos nada para ellos (…) ninguno de los tres poderes está escuchando ni entendiendo nuestra lucha y han cerrado las puertas para la paz con justicia y dignidad. Y el estado Mexicano sólo está preocupado en intereses transnacionales y en el Plan Puebla-Panamá».

Desde el 6 de septiembre hasta hoy, las organizaciones indígenas han venido realizando de manera pacífica acciones de protesta locales y de carácter nacional: marchas, bloqueos, plantones, actos y encuentros, que en su mayor parte fueron ignorados por los grandes medios de comunicación. En todas ellas el énfasis estuvo en la decisión de desconocer la reforma indígena y ejercer la autonomía que se les niega por la vía de los hechos.

Las concentraciones principales fueron el Encuentro Nacional de Pueblos Indios (Chilpancingo, Guerrero, 12 y 13 de septiembre) y el III Foro Nacional en Defensa de la Medicina Tradicional (Atlapulco, Estado de México, de 14 al 16). En el primero, 200 representantes de 36 organizaciones convocaron a los pueblos indios a articular su movimiento y emprender iniciativas conjuntas para el ejercicio directo de la autonomía, y a la sociedad civil a unir fuerzas para la construcción de un proyecto de nación plural y democrático. En el segundo, unos 500 delegados de 29 pueblos originarios dieron a conocer la 1ª Declaración de M’enhuani, en la cual afirmaron su reconocimiento de los Acuerdos de San Andrés como única ley en materia indígena, y llamaron a los pueblos indios a fortalecer todas las expresiones de autonomía en las distintas regiones del país.

Asimismo, se acordó realizar el 12 de octubre una gran jornada de protesta y movilización nacional e internacional. También algunas organizaciones nucleadas en el Congreso Nacional Indígena anunciaron que continuarán la batalla legal, interponiendo recursos de amparo para evitar que la reforma se aplique en sus territorios, y recurriendo a la OIT y al sistema interamericano.

El EZLN, sin embargo, hasta el momento ha guardado silencio. Un «silencio elocuente», según interpretó Felipe Arizmendi, obispo de San Cristóbal de las Casas: » Su respuesta la ha dado con su silencio; para ellos esa es la forma de responder, ellos piensan que desde el momento en que no se aceptan las propuestas que ellos han hecho, los compromisos que se hicieron con ellos de parte del gobierno, consideran que es inútil del diálogo».

Una de las críticas más fuertes a la SCJN provino de un amplio y reconocido sector de la sociedad civil, conformado por ONGs, los principales centros de DDHH, organizaciones sociales, académicos e intelectuales destacados, quienes calificaron al fallo como una «burla» que reproduce «la discriminación, el racismo y toda la actitud colonialista» a la que han estado sometidos los indígenas de México. El comunicado concluye afirmando que «nadie tiene ya autoridad moral para juzgar el camino que libremente escojan los pueblos para conseguir sus justos propósitos de autonomía y dignidad».

La Conferencia Episcopal Mexicana emitió un comunicado donde convoca a la sociedad mexicana a un Diálogo Nacional -al que contribuya la comunidad internacional- para buscar hacer realidad las palabras del Papa en su reciente visita a México: «México necesita a sus indígenas, y los indígenas necesitan a México». Los obispos católicos afirman: «… como Iglesia, queremos fortalecer nuestro compromiso con los indígenas. No es posible seguir viviendo en un México dividido por el racismo y la discriminación; los pueblos indios merecen con justicia un reconocimiento a sus culturas, a su modo de ver y a su autonomía».

Desde el mundo protestante, el líder de la Iglesia Presbiteriana, Pastor Abner López, exhortó al Congreso a tener la suficiente sensibilidad para revisar las reformas constitucionales en materia indígena, pues de otra forma será prácticamente imposible continuar el diálogo de paz entre el EZLN y el gobierno federal. También criticó al gobierno del presidente Fox, pues su preocupación por los pueblos indígenas ha sido «sólo en apariencia».

El gobierno de Chiapas sostuvo que la decisión de la Corte «no puede ser vista como el fin del camino, sino como el inicio de una nueva etapa de la que deben surgir nuevas iniciativas de paz». Afirmó también que el Congreso de la Unión debe evaluar la posibilidad de impulsar una reforma adicional, pues «Ningún esfuerzo es excesivo en estos tiempos si con ello se expresa la voluntad inquebrantable de responder a los pueblos indios y abonar la paz». Asimismo, afirmó que la disposición al diálogo y la negociación del gobierno de Chiapas «se mantienen inalterables».

A nivel político, el rechazo categórico provino del PRD, mientras que en el PRI se expresaron diferentes opiniones, desde quienes pidieron abocarse de inmediato a considerar «la reforma de la reforma» hasta los que afirmaron que el tema no necesita ni debe ser reconsiderado. La mayoría de los legisladores del PAN aprobaron el fallo de la SCJN. Las expresiones al interior de la COCOPA fueron un reflejo de esta falta de consenso respecto al tema.

El Poder Ejecutivo –a través del Secretario de Gobernación Santiago Creel y del Comisionado para la Paz en Chiapas, Luis H. Álvarez- manifestó su estricto respeto a la resolución de la SCJN, al mismo tiempo que «mantendrá permanentemente abiertos los canales para un diálogo respetuoso con el Poder Legislativo y con otros actores sociales y políticos, a fin de consolidar el reconocimiento de los derechos de los indígenas en el marco jurídico nacional». También reiteró su disposición «inalterable» a reanudar las conversaciones con el EZLN.

Análisis

El fallo de la SCJN representa un golpe para las esperanzas de reanudación del proceso de paz en Chiapas, y para hacer efectivos los derechos de los pueblos indígenas de México. Después de haberse sentido abandonados por el Ejecutivo y traicionados por el Legislativo, los pueblos indígenas esperaban que el Poder Judicial les diera la razón para invalidar una reforma cuya legalidad es cuestionable -en la medida que el procedimiento para su aprobación estuvo viciado- y que carece de legitimidad, puesto que fue rechazada por quienes supuestamente son sus beneficiarios.

Llama la atención que la Corte demorara más de un año para tomar una resolución que ni siquiera se refirió al contenido o el procedimiento de aprobación de la reforma impugnada, por considerar que no tenía facultades para ello. Sin embargo, esa decisión tan postergada se dio a conocer en el momento de mayor conflictividad política y vulnerabilidad social en Chiapas, inmediatamente después de una escalada de violencia que cobró las vidas de varios dirigentes civiles zapatistas.

En este contexto, la resolución de la SCJN, lejos de contribuir a la distensión de la situación, es probable que agregue un factor de radicalización a la dinámica de confrontación que hoy se vive en Chiapas y en otros estados del país, reafirmando la convicción de quienes creen que las vías legales para plantear pacíficamente sus demandas se han cerrado.

Por otro lado, es preocupante el precedente que sienta esta resolución para el futuro de las instituciones democráticas mexicanas: si el máximo órgano del Poder Judicial no se considera facultado para velar por la constitucionalidad de las reformas a la Carta Magna, ¿a qué institución del Estado corresponde esa función esencial?

Es también preocupante la señal que el Estado mexicano envía al mundo respecto a su voluntad de cumplir los compromisos asumidos, tanto a nivel nacional (en los Acuerdos de San Andrés) como internacional (al ratificar el Convenio 169 de la OIT). La SCJN ha dejado pasar una oportunidad histórica para (en un mismo pronunciamiento) hacer valer las demandas y derechos de los pueblos indígenas, contribuir al fortalecimiento de la institucionalidad democrática e impulsar el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por México.

Esperamos que, a pesar de este sombrío panorama, los diferentes actores involucrados en este conflicto -que trasciende las fronteras de Chiapas para enfrentar una vez más al Estado mexicano con sus pueblos originarios- harán los mayores esfuerzos para buscar, con responsabilidad y honestidad, los caminos de entendimiento necesarios para desbloquear la actual situación.

Asimismo, consideramos que cualquier solución, para que sea sustentable, debe anteponer -por encima de los intereses económicos y políticos, sectoriales y transnacionales- el legítimo derecho de los pueblos indígenas a ejercer sus formas de organización social, económica y política, así como a preservar sus territorios y los recursos naturales existentes en ellos, que son la garantía de su existencia presente y la esperanza de un futuro mejor para sus descendientes.

http://www.sipaz.org/vol7no3/indexs.htm

¡QUE LA INDIGNACION LEVANTE!
ACTO ENFRENTE DE LA SCJN DESPUES DEL FALLO DECLARANDO IMPROCEDENTES LAS CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES EN MATERIA INDÍGENA

DAMIÁN G. CAMACHO GUZMÁN.
ABOGADO EN LAS CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES DE
TLAYACAPAN, TEPOZTLAN, YECAPIXTLA Y TEPALCINGO.

Nuevamente el poder enseña su verdadero propósito para los sectores excluidos de México, nuevamente quienes tienen la verdad como única dadiva de imposición vinieron a decirle a los pueblos indígenas que no existen, que son historia pasada, que son memoria olvidada. Así como hace 510 años, los pueblos indígenas para ellos están condenados al exterminio. Nuevamente.

Sólo faltaba oír una voz más del Estado Mexicano para dejar claro que los ignorados seguirán siendo excluidos de toda decisión entorno a ellos, que el designio unánime de quienes de la política hicieron su propiedad no los considera por lógica competencia estructural. Que no hace falta que vengan otros a alterar el statu quo que llena de privilegio su verborrea petulante.

Hoy pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dado un golpe más a los pueblos indígenas y a todos los que de la verdad y justicia queremos que se vista la palabra México. El fallo del Poder Judicial Federal al declarar improcedentes la controversias constitucionales viene a confirmar el lugar en donde se encuentran los juzgadores que deciden los conflictos en nuestra sociedad, el lugar del autoritarismo, de la miopía social y cultural, del sometimiento político, el lugar del imperio del estado de derecho como consigna política por quienes la palabra justicia sólo existe en el diccionario de la falsedad.

Vergüenza da saber que 11 personas en la Suprema Corte, que 500 personas en la Cámara de Diputados, que 128 personas en la Cámara de Senadores, o bien, una persona en la Presidencia de la Republica deciden por todos en México. Tiempo es para reconocer que la existencia de un Poder Judicial sin independencia, sin el escrutinio directo de la sociedad, sin la firme convicción del encuentro con la justicia constituye un verdadero cáncer para el país que deseamos transformar. Así como, la existencia de un Poder Legislativo caracterizado por las pugnas e intereses de partidos políticos que sólo parten a la sociedad y que representan la mínima expresión del pensamiento político de México, constituye un grave obstáculo para la democracia que queremos construir. Al igual, que la existencia de la figura del Presidente de la Republica, reproducción monárquica del verticalismo impositivo del sistema político, que en sí junto con los otros poderes han venido a demostrar su ineficacia para la conducción del país y la sobrada facultad arrebatada de que nuestra soberanía se deposite en sus manos constituye el más serio peligro para abrazar la justicia, la democracia, la libertad y la paz en México.

No oyeron hace más de un año la palabra de los pueblos indígenas y de la sociedad para buscar una nueva forma de hacer política en donde los pensamientos y mundos de los más fuera también considerada dentro de proyecto de Nación que vienen construyendo, y hoy nuevamente con la resolución de la Corte no quisieron escuchar ese grito. Uno a uno, todos esos poderes han hecho menos la demanda social que viene de las cañadas, de los montes, de la sierra, de la selva, de los llanos, de la ciudad, así al viejo estilo de la negociación cupular creen que la demanda que viene con un grito de cinco siglos será callada con los arreglos partidistas, creen que todo seguirá igual si le apuestan a la amenaza violenta como remedio silenciador del hambre contenida. Sin embargo, la necedad de los que en sus ojos miran la esperanza no tiene fin.

Tampoco quieren saber que ya estamos hartos de ellos, que ya nos cansamos, que no los queremos, que tampoco nos hace falta su estructura de laberinto político y administrativa que marea a todos, que seguiremos luchando porque sabemos que la resolución que han dictado viene a recordarnos que ustedes mismos son producto de un sistema político que solo se vistió con el eslogan del «cambio» pero que el fondo es la misma concepción la que lo sostiene.

Hoy pues, venimos a advertirles que de la madre tierra saldrá la lucha que sus hijos indígenas y campesinos darán por defenderla, así como no se resisten a ser olvidados en el reconocimiento de sus derechos colectivos, tampoco se resisten a que se privaticen sus ejidos, de esa unión también vendrá la lucha que de las ciudades los obreros llenen de dignidad para defender los derechos laborales que de la sangre se regó para alcanzarlos y los recursos energéticos que garantizan la soberanía de nuestro país, y así, juntos todos juntos en contra del sistema económico de muerte, de miseria y de dolor que es el neoliberalismo, bandera del imperio que riega odio y desprecio para aquellos que creamos en un mundo mejor, de justicia, democracia y paz.

¡PORQUE SIEMPRE HEMOS TENIDO NADA,
POR ESO QUEREMOS TODO!

México, Distrito Federal a 9 de Septiembre de 2002.

www.laneta.apc.org/ceacatl/Archivo/020909_Damian.htm

Miguel León-Portilla

Desposeídos, marginados, discriminados y parias en su propia tierra han subsistido penosamente los pueblos indígenas de México a través de cinco siglos. En el país ya independiente, apenas en 1992 se tomó en cuenta en la Constitución su presencia. Reformado su artículo IV, se reconoció la naturaleza pluricultural de México, «sustentada originalmente en sus pueblos indígenas». Sin embargo, tal reconocimiento, además del referente a la pluralidad de lenguas, no trajo consigo respuestas satisfactorias a requerimientos y demandas que los dichos pueblos continúan expresando y que son condición necesaria para su pleno desarrollo y participación en la vida social, política y económica del país.

Tan sólo el conflicto que se ha producido en Chiapas obligó al Estado mexicano a establecer un diálogo en el que se puntualizaron tales demandas. Se formularon así los llamados acuerdos de San Andrés Larráinzar. Puntos clave en la discusión fueron el reconocimiento de los pueblos indígenas como entidades de derecho público y con autonomía en sus respectivos territorios, de cuyos recursos debían ellos ser beneficiarios; su derecho a estar representados en los órganos legislativos y, por supuesto, a preservar sus lenguas y diferencias culturales.

No obstante tales acuerdos, cuando el Ejecutivo de la nación turnó a las cámaras un proyecto de reformas a varios artículos de la Constitución y a otras disposiciones, los legisladores procedieron desvirtuando los puntos clave de lo que habían sido los acuerdos de San Andrés. Los pueblos indígenas quedaron, en consecuencia, no sólo de hecho, sino también en el orden jurídico, nuevamente marginados y discriminados.

En reiterado intento, los indígenas promovieron muchos de ellos controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia en relación con las dichas reformas. La resolución de ésta ha sido declarar improcedentes tales controversias. Quien formuló el proyecto de resolución, la ministra Olga Sánchez Cordero, declaró que su dictamen era «estrictamente jurídico y constitucional en este asunto, con independencia de mi sentimiento de solidaridad personal con las comunidades indígenas».

Esta resolución de la Suprema Corte ha provocado rechazo en grandes sectores de la sociedad. Algunos la han considerado al modo de Poncio Pilatos, que sencillamente se lava las manos frente el problema de fondo. Ante esta situación cabe pensar en algunos de los escenarios que podrán presentarse. Uno es la reaparición y el incremento de actos de violencia y represión, de los que ha habido últimamente brotes no sólo en Chiapas, sino también en otros estados. Otro escenario podrá darse en poco tiempo. Estamos en vísperas de las campañas electorales para renovar una parte de los miembros del Congreso de la Unión. ¿Se esgrimirán en las campañas de los candidatos de los varios partidos argumentos y promesas de reconsideración de las reformas constitucionales que se han hecho en materia indígena? ¿Negarse a revisar lo legislado contribuirá al triunfo o a la derrota de los candidatos de un partido? ¿Qué otras consecuencias podrá tener desentenderse y despreciar las demandas de los pueblos indígenas?

Un tercer escenario que a todas luces es el deseable, por no decir necesario, es justamente abocarse cuanto antes a revisar las reformas que se han hecho y reformar de nuevo, en consonancia con las demandas y los acuerdos, los artículos de la Constitución y de otras leyes que, en materia indígena, lo requieran. Y en esto el Presidente de la República puede jugar un papel muy importante. Recordemos que fue él quien sometió al Congreso un proyecto mucho más apegado a los acuerdos de San Andrés y a lo propuesto por la Cocopa.

El presidente Vicente Fox debe conocer el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Este documento ha sido ratificado por México y en consecuencia tiene aquí fuerza de ley. Mucho de lo que en el Convenio 169 se establece concuerda sustancialmente con las demandas de los pueblos indígenas. Si el Presidente exige el cumplimiento de lo establecido en él, estará dando un paso de obvias consecuencias.

¿Aprovechará el presidente Fox esta coyuntura para fortalecer su imagen política? ¿Será él, como titular del Poder Ejecutivo, o los integrantes del Legislativo los que actuarán en este asunto de prioridad nacional y elemental justicia?

Si una de estas posibilidades, o ambas, se convierten en realidad, entonces la resolución de la Suprema Corte de Justicia, paradójicamente, habrá sido detonante de un proceso que otorgará a los indígenas lo que con derecho reclaman. Reavivarán así la esperanza de situarse en el ser pleno del país, con la riqueza de su personalidad, fincada en su legado cultural que tanto ha contribuido a configurar el rostro y el corazón de México.

http://www.laneta.apc.org/ceacatl/020907leonportilla.htm

Chiapas al Día, No. 308
CIEPAC
13 de septiembre del 2002


El viernes 6 de septiembre del 2002 el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), rechazó las Controversias Constitucionales que se presentaron contra la llamada “Ley Bartlett-Cevallos” referente a los derechos y cultura indígenas. Esto ha provocado fuertes reacciones de diversos sectores de la sociedad, aunque el EZLN sigue en silencio estremecedor. Pero, ¿qué fue lo que pasó?

¿Qué significa esto? Hagamos un poco de memoria. En febrero de 1996 el EZLN y el gobierno federal, específicamente el Poder Ejecutivo, firmaron los Acuerdos de San Andrés sobre la Mesa I, “Derechos y Cultura Indígena”. Luego de un largo proceso de diálogo y negociación, y en medio de mentiras, trampas y mañas por parte del gobierno federal, así como una mayor militarización y paramilitarización, quedó pendiente la formulación de los cambios constitucionales que reflejaran dichos acuerdos. En ese mismo año, la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), como representantes del Poder Legislativo y formada por senadores y diputados federales así como legisladores chiapanecos, formularon una propuesta que se suponía las dos partes respetarían. A esta iniciativa constitucional se le llamó luego “Ley Cocopa”.

Sin embargo, el Poder Ejecutivo en manos del entonces presidente Ernesto Zedillo se retractó y se negó a aceptar el consenso del Poder Ejecutivo. Propuso más de 30 observaciones a la “Ley Cocopa”; luego convirtió las mismas en 4 para aparentar voluntad política de una negociación que ya se había cerrado, acordado y firmado. Desde entonces, las negociaciones se interrumpieron. El EZLN y muchos sectores de la sociedad mexicana exigían al gobierno federal que cumpliera su palabra. (sobre detalles de este proceso se puede consultar www.ciepac.org en el capítulo “Proceso de Paz”. Otros partidos políticos elaboraron sus propias iniciativas de ley sobre los derechos y cultura indígena intentando saltarse el proceso de consulta, diálogo y negociación con la sociedad. Y así pasaron seis años en medio de una violencia que se fue agudizando y que encuentra un clímax peligroso al día de hoy, fruto del hostigamiento de los grupos paramilitares.

El entonces candidato a la presidencia por el Partido de Acción Nacional (PAN), como un modo de capitalizar el descontento popular acumulado contra el Partido Revolucionario Institucional (PRI) que había ostentado el poder presidencial durante más de 70 años, prometió a los mexicanos que retomaría la llamada “Ley Cocopa” para dar cumplimiento a los Acuerdos de San Andrés. Una vez ganada la presidencia, Vicente Fox al frente del Poder Ejecutivo envía el 5 de diciembre del 2000 la “Ley Cocopa” al Congreso de la Unión para que fuese aprobada, pero ahora fue al revés. El Poder Legislativo fue quien la rechazó. El PAN, encabezando la mayoría del Congreso y convertido ahora en el partido oficial, forma una alianza con el PRI. Fox pretendió así quedar bien con la sociedad. Para él quedó saldada la promesa que hizo a la sociedad mexicana y ahora la culpa era de los legisladores. Mientras, su partido, desde otra trinchera, negaba nuevamente el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés y comenzaron a gestar un engendro de contrarreforma para eliminar derechos indígenas constitucionalmente.

En marzo del 2001 los senadores Bartlett del PRI y Cevallos del PAN, comienzan a promover otra iniciativa constitucional que luego se denominó la “Ley Bartlett-Cevallos”, muy distinta a la “Ley Cocopa”. Esta propuesta de reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígenas se da en el contexto del impulso que Fox daba al Plan Puebla-Panamá, al Área de Libre Comercio de Las Américas (ALCA), a la reforma energética y laboral. La “Ley Bartlett-Cevallos” proponía adicionar un segundo y tercer párrafos al artículo 1º, reformar el artículo 2º, eliminar el párrafo primero del artículo 4º, adicionar un sexto párrafo al artículo 18, y un último párrafo a la fracción tercera del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, todo el proceso de negociación de San Andrés con el EZLN terminaría en esta burla.

El EZLN prevé este escenario y se lanzan en marcha hacia la Ciudad de México los Comandantes y el Subcomandante Marcos de manera inusitada entre febrero y marzo del 2001, con el fin de que el Congreso de la Unión escuchara sus razones de aprobar la “Ley Cocopa”. El apoyo de la sociedad mexicana fue impresionante. Mientras tanto, el Poder Legislativo se negaba a recibir a los indígenas para escucharlos en la máxima tribuna del pueblo, y sus legisladores de la Cocopa se mantenían en estado vegetativo. Por su lado, Vicente Fox, como Poncio Pilatos, se lavaba las manos ante la muchedumbre que le exigía cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés.

Pese a los gritos de la sociedad mexicana, el Congreso de la Unión aprueba la contrarreforma indígena de la “Ley Bartlett-Cevallos” el 24 de abril del 2001. El Poder Legislativo le da la espalda al diálogo y a la negociación, y nuevamente le da la razón al levantamiento indígena de 1994. Los legisladores, es más, unos cuantos legisladores, tomaron como rehén el proceso que llevó años y se otorgaron el derecho de decidir por el pueblo de México lo que más conviene a los más de 10 millones de indígenas. Redactaron su propuesta y la impusieron con mentiras y mañas al país.

El siguiente paso para consumar esta traición consistiría en que los poderes legislativos de cada entidad del país aprobaran por mayoría esta iniciativa de ley. El PAN y el PRI aceleraron el paso para que cada entidad reuniera a sus legisladores y votaran lo más rápido posible. El 18 de julio el Congreso de la Unión decide que la votación se ha llevado a cabo. Pero fue en estos tres meses, de abril a julio del 2001, que las irregularidades para votar a favor o en contra de la “Ley Bartlett-Cevallos” afloraron por la mayoría de los Congresos estatales del país. De los 31 estados de la república:

1) Dos estados, Yucatán y Tamaulipas, viendo que su votación ya no modificaría el resultado, se ahorraron el costo político de tal decisión. Sin embargo, esta era ilegal. No se puede hacer el cómputo final hasta que absolutamente todos los congresos del país hayan votado de manera legal.

2) 9 congresos locales que cuentan con la mayoría de la población indígena del país rechazaron la “Ley Bartlett-Cevallos”. Estos son: Guerrero, Hidalgo, San Luis Potosí, Baja California Sur, Chiapas, Estado de México, Oaxaca, Sinaloa y Zacatecas.

3) 19 estados aprobaron la “Ley Bartlett-Cevallos”, entre los que se encuentran: Veracruz, Puebla, Colima, Aguascalientes, Querétaro, Campeche, Baja California Norte, Guanajuato, Durango, Quintana Roo, Coahuila, Jalisco, Sonora, Tlaxcala, Nuevo León, Tabasco, Nayarit, Michoacán y Chihuahua. Sin embargo, entre ellos:

1) 8 Congresos estatales no votaron con el número de votos de los diputados que se requerían, por lo que deberían haberse invalidado. Estos fueron los Congresos de Jalisco, Aguascalientes, Querétaro, Sonora, Tabasco, Coahuila, Michoacán y Quintana Roo.

2) 6 Congresos no mandaron a la federación su decreto, lo que también se tendría que haber invalidado.

3) 13 Congresos estatales votaron adecuadamente y enviaron su aprobación al Congreso de la Unión, pero como se requiere la aprobación del 50% de ellos más uno para ser mayoría, y por tanto que proceda una modificación constitucional, no llegarían a 16 Congresos estatales, por lo que también debería haberse invalidado. (Los resultados y mapa pueden consultarse en www.ciepac.org en el capítulo de Boletines, año 2001.

Pese a estas irregularidades, en alianza los partidos PAN y PRI se apresuran a dar por legal y cerrado el cómputo de los votos el 18 de julio del 2001. Luego, el presidente Fox publica en el Diario Oficial de la Federación del 14 agosto del mismo año la contrarreforma indígena. Y es en este lapso de los siguientes 30 días que habría oportunidad para presentar inconformidades legales a tal decisión.

Entonces, ¿qué se hizo? Sin ser especialistas en la materia nos atrevemos a dar una explicación que intentaremos sea sencilla. Sólo existen tres medios de control para que no se viole la Constitución, y que fueron usados luego de que se publicara oficialmente le “Ley Bartlett-Cevallos”. Uno es para las personas, otro para los partidos políticos y otro para las autoridades:

1) Juicio de Amparo: es para las personas, cuando se considera que una nueva ley viola sus derechos individuales. Este recurso fue usado por comunidades rarámuris de Chihuahua, indígenas náhuas del Distrito Federal, purépechas de Michoacán e indígenas de Chiapas. Todas ellas fueron desechadas por supuestamente improcedentes. Además planteaba, entre otras interrogantes ¿cómo mientras a millones de personas se les aplicara una ley, una sola persona estaría exenta de ella? Sin embargo, esto fue un hecho histórico. Desde la creación de la Constitución en 1917, nunca se había presentado en el país un juicio de amparo contra una reforma constitucional.

2) Acción de Inconstitucionalidad: sólo la pueden presentar los partidos políticos o minorías de los congresos legislativos cuando reclaman que la nueva ley contradice otras leyes o la misma Constitución. Este recurso fue promovido por las fracciones partidistas de los Congresos estatales de Tabasco, Tlaxcala y Oaxaca, entre otros, que también fueron desechados. Esto también fue un hecho histórico ya que este recurso fue creado hasta 1994 en el contexto del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) y del inicio del fin del PRI en el poder. Quedó así el último recurso:

3) Controversia Constitucional: sólo la pueden presentar las autoridades de algún nivel de gobierno (federal, estatal o municipal) para invalidar alguna norma general (leyes o tratados), o actos concretos, cuando se viola o contradice otras leyes, la misma Constitución, o cuando se invade la competencia de otro nivel de gobierno. De este recurso se presentaron 339, provenientes de los ayuntamientos de Puebla, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Michoacán, Chiapas, Guerrero, Hidalgo y Morelos. Muchas se desecharon “improcedentes” argumentando que el que acusa no es el adecuado, que no se hizo a tiempo y en forma, entre otros pretextos. Pero bastaría con darle la razón a una sola controversia para lograr el objetivo de los que interpusieron este recurso. Sin embargo, las Controversias no impugnaron el contenido de la “Ley Bartlett-Cevallos”, sino su procedimiento de cómo se llegó a dicha reforma. Sin embargo, esto también fue un hecho histórico ya que jamás se había presentado en el país una Controversia Constitucional, y menos 300 de una sola vez. Ni siquiera este recurso fue usado cuando se modificó el artículo 27 constitucional para privatizar el ejido.

¿Quién decide? Sólo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) del Poder Judicial, máximo órgano de justicia del país, es quien recibe y resuelve sobre una Controversia Constitucional cuando está en juego la Constitución. La SCJN está compuesta por once ministros y bastan siete u ocho para poder funcionar y tomar decisiones, según el caso. Afortunadamente para los ministros de la SCJN, no existen tiempos legalmente definidos para resolver alguna controversia que se presente, por lo que se presta a tiempos e intereses políticos. Estos ministros duran 15 años en el cargo y los actuales iniciaron su período en 1995, cuando el presidente Ernesto Zedillo removió a los anteriores y propuso al Congreso de la Unión los nuevos nombramientos para adecuarse a las exigencias del TLCAN, del Plan Puebla-Panamá, del ALCA, y otros acuerdos comerciales. Así, magistrados electos por un gobierno priísta, avalan ahora la continuidad de un gobierno panista. Y es aquí donde se cierra el círculo del poder del Estado y se fragua la tercera traición, ahora por parte del Poder Judicial. Veamos.

El que interpone la Controversia puede presentar tres tipos de pruebas: documentales, testimoniales o periciales. En el caso de las controversias que nos ocupan, la SCJN negó como válidas las testimoniales y periciales, y sólo aceptó algunas documentales. Luego, la SCJN tiene que dar una respuesta a las demandas cuya sentencia puede ser de tres tipos:

1) Sobreseimiento: que anula el reclamo porque el que se queja no es el indicado para hacerlo, o por no haberse hecho los trámites correctamente, independientemente si el que se queja tiene o no razón.

2) Estimatoria: que sí se violó la Constitución y tiene razón el que presentó la Controversia.

3) Desestimatoria: que no se violó la Constitución con el acto o la ley propuesta y el que se quejó, por tanto, no tienen la razón.

Si la SCJN estima que el que se quejó tiene la razón, los magistrados deben indicar a partir de dónde se repone el procedimiento, a partir de qué momento se violó la Constitución. Los efectos de las sentencias son a dos niveles:

1) Generales: que afecta a todos, pero solamente cuando se previene contra una norma general; entre el Poder Ejecutivo y Legislativo; entre poderes de los estados; o entre 2 organismos del Distrito Federal.

2) Entre las Partes: que afectan sólo entre municipios o dos entidades del país.<Cuando todavía la SCJN no daba sentencia a las controversias, en el mes de julio del 2002 la Oficina de Representación para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Instituto Nacional Indigenista (INI) anunciaban una convocatoria para una consulta nacional denominada “Pueblos indígenas, políticas públicas y reforma institucional”, con el fin de “Revisar, definir y operar nuevas políticas públicas y acciones de gobierno que impulsen una nueva institucionalidad integral de un Estado pluricultural”; “Avanzar hacia el establecimiento de la nueva relación de los pueblos y comunidades indígenas con el Estado y el conjunto de la sociedad” y “realizar la reforma del INI”. En otras palabras, otra burla.<Luego de un año en que la SCJN prologó la resolución sobre las controversias, el 6 de septiembre afirma que no tiene competencia para resolverlas. Por tanto, la contrarreforma queda tal cual y pretenden que todo haya acabado ahí. O sea, otra burla más.

CONCLUSION:

En otras palabras, el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial violaron las leyes que quisieron, los acuerdos políticos y con la sociedad; se burlaron del país, y los mexicanos quedamos rehenes de una estructura de Estado en manos de intereses ajenos a la mayoría empobrecida. Es la estructura del Estado, todo el poder del estado contra los pueblos indígenas y la sociedad.

El Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, cierran las puertas a la paz. La vía constitucional, institucional y legal se han cerrado. El gobierno también cierra las puertas a la credibilidad al camino del diálogo y la negociación toda vez que no cumplió; al proceso político-electoral toda vez que los partidos políticos y la Cocopa no respondieron a la altura del reto histórico que le demandó el pueblo de México y cerró los oídos a los pueblos indígenas. La vía de la movilización política como mecanismo de presión también ha sido sistemáticamente reprimida o simplemente no se escucha. Así, el gobierno ha cerrado todas las puertas luego de más de ocho años de administrar el conflicto, jugar a escuchar, manipular y burlar; mentir, aparentar y reprimir.

Ante la falta de democracia, el Estado se impone por la vía de la coerción, de los decretos y de las imposiciones con mentiras, chantajes y engaños. La claudicación de la soberanía nacional ante las políticas de Washington se da a costa del pueblo; negociando sin atender sus necesidades sino las del gran capital. Ya no negocia con el pueblo, ya ni siquiera se toma la molestia de aparentar simples consultas.

Independientemente de las controversias, la “Ley Cocopa” no fue nunca aprobada por amenazar fuertemente los intereses transnacionales de cara a la integración del PPP y el ALCA. Tres factores han estado en juego: el sujeto, el objeto y su territorio. Esto es, la definición de pueblos indígenas con autonomía territorial sobre recursos estratégicos frente a la ola expansiva privatizadora. El gas, el petróleo, el agua, el banco genético de la biodiversidad y variedades de minerales, entre otros recursos claves para los intereses transnacionales, no permitirían otorgarle a los pueblos indios derechos territoriales que amenazaran sus inversiones. Lo colectivo amenaza a lo privado, el beneficio público amenaza las inversiones privadas. Por ello el derecho al uso y usufructo de los recursos naturales; los pueblos indígenas como verdaderos sujetos de derecho, con autonomía y territorio propio; así como la explotación colectiva de la tierra, habría que eliminarla del mapa. En otras palabras, los pueblos indios deberían eliminarse e incorporar su fuerza de trabajo al mundo privado del capital.

La decisión de la SCJN tuvo también tiempos políticos. Durante más de un año alargó el proceso y jugó con él. Resolvió en medio del clímax político más difícil para Chiapas, cuando los grupos paramilitares están causando muertos y más poblados desplazados de las bases de apoyo zapatistas. La decisión de la SCJN llega en medio de la escalada de violencia, después de la victoria de los campesinos de Atenco contra el mega proyecto del nuevo aeropuerto internacional, y del Informe Presidencial del 1º de septiembre para evitar enturbiarle el momento al Presidente Fox. Pero tenía que sacar una resolución antes de que la sesión ordinaria del Congreso de la Unión diera inicio al análisis del informe presidencial y luego las comparecencias de los secretarios de estado ante los legisladores. También se preveía entre septiembre y diciembre la discusión de la siguiente propuesta de ley de ingresos y egresos; la discusión sobre la reforma eléctrica del país; la situación de los fraudes de Pemex y los desafueros de legisladores priístas acusados de corrupción; y además dan inicio las campañas electorales por la renovación del Congreso para el próximo año, entre otros temas candentes para los legisladores.

El gobierno no consultó para aprobar la “Ley Bartlett-Cevallos”, lo que sí ocurrió como fruto de un proceso de negociaciones la “Ley Cocopa”. Del mismo modo no se consultó a los pueblos indígenas el PPP ni el ALCA, ni los tratados de libre comercio que han sepultado al campo en la miseria. En otras palabras, se violó también el Convenio 169 de la OIT que México ha firmado, en cuyo artículo 6º. dice: “1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente; b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole, responsables de políticas y programas que les conciernan; c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin. 2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas”.

Si todas las puertas están cerradas, ¿quién tiene la autoridad moral para juzgar el camino que libremente elijan los pueblos indígenas en la búsqueda legítima por lograr su autonomía, su desarrollo, el pleno respeto a sus derechos?

Fuentes: artículos de análisis de Guadalupe Espinoza Sauceda, Abigail Zúñiga, Leobardo Sánchez Piña y Margarita Peña Bracamontes.

Gustavo Castro Soto
CIEPAC, A.C.

Masiosare, suplemento dominical de La Jornada. México D.F.. 15 de septiembre de 2002

La decisión de la Suprema Corte respecto de las controversias constitucionales y las acciones de los pueblos indios podrán abrir de nuevo el debate parlamentario sobre la reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígenas.
El autor plantea que, si se quiere asegurar el desarrollo de los pueblos indios, uno de los puntos que habría que «afinar» es el de la sustentabilidad y los recursos naturales. Esto, con el fin de que los pueblos indígenas tengan el derecho exclusivo a la concesión de los recursos naturales que estén en sus territorios y que no sean de los reservados a la nación

DESDE QUE FUE APROBADA por el Congreso, la reforma constitucional en materia de derechos de los pueblos indios no ha dejado de ser objetada por su insuficiencia frente a las demandas de esos pueblos y de las organizaciones que los representan. Los procesos de controversias constitucionales y las solicitudes de amparo ante el Poder Judicial de la Federación en contra de la reforma, las declaraciones recurrentes de voceros indígenas, de dirigentes sociales y políticos, de legisladores, acreditan que el tema sigue abierto para amplios sectores de la sociedad mexicana por ser un asunto central en la amplísima agenda nacional no resuelta.

Por eso, ante la permanente exigencia de revisión de ese texto, conviene recordar y, en alguna medida, replantear los aspectos esenciales, a fin de que en la indispensable rediscusión en las instancias legislativas, sean precisamente esos temas fundamentales los que se aborden.

Las objeciones

Es importante tratar nuevamente los principales puntos objetados recordando que fueron tres los elementos que mayor rechazo despertaron frente a la reforma constitucional tal y como fue aprobada, y que, dentro de ellos, uno tiene que ver directamente con la capacidad y la posibilidad de sustentación territorial, económica, y por tanto social y cultural, de esos pueblos.

El primero de esos puntos se refiere al carácter de entidad de interés público que le fue conferida a la comunidad indígena en la reforma, a diferencia del de entidad de derecho público que se incluía en la propuesta Cocopa y que fue defendida por las organizaciones indígenas.

El segundo ha sido el punto de la reforma que remite a las legislaturas estatales (y no a la federal) el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas en las entidades federativas, y que sujeta las características de libre determinación y autonomía de los pueblos a las constituciones y leyes de las propias entidades federativas.

Y el tercero es el que tiene que ver con el hecho de que para los pueblos indígenas no habría quedado establecido el derecho al uso colectivo de sus recursos naturales.

Sin desconocer la importancia que tienen los dos primeros puntos, conviene resaltar los términos en los que ha sido planteada la posibilidad constitucional de que los pueblos indios accedan al uso de los recursos de los territorios donde están asentados. Para esto es imprescindible hacer referencia a la estructura de la propiedad nacional establecida en la Constitución, y tocar el aspecto de los bienes territoriales a los que pueden tener acceso los pueblos indios; esto, sin dejar de considerar los aspectos políticos y administrativos que habría que salvar o instrumentar para hacer efectivo ese derecho.

Recursos naturales en la Constitución

I.- Según el artículo 27 constitucional, las tierras y aguas del territorio nacional son propiedad de la nación. Lo que realmente señala este enunciado, más allá de las razones o sinrazones de origen histórico, es que cualquiera de esos bienes (evidentemente cuando no sean de la propiedad o del dominio público) puede ser afectado por causas de utilidad pública, y que en materia de propiedad el interés público priva sobre el interés privado.

Y específicamente, en lo que se refiere al uso y a la explotación de los recursos del suelo, del subsuelo y de las aguas, constitucionalmente están dadas las siguientes posibilidades:

a) Aquellos recursos que no únicamente son propiedad nacional, sino que sólo pueden ser explotados por organismos públicos, por «la nación» dicen los párrafos quinto y sexto del 27 constitucional. Tales son los casos del petróleo y de los carburos de hidrógeno, y también de minerales radioactivos; o de la generación, conducción y distribución de la energía eléctrica para el servicio público, así como del aprovechamiento de los combustibles nucleares, que además son considerados como parte de las áreas estratégicas por el artículo 28 constitucional. En todos estos casos, hasta ahora, no se permiten las concesiones a particulares.

b) A diferencia de los bienes y de las actividades citados, los recursos del suelo y del subsuelo (particularmente los minerales) y las aguas (marinas interiores, lagos y ríos) que mencionan los párrafos cuarto y quinto del 27 constitucional, sin dejar de ser propiedad de la nación, pueden ser otorgados en concesión a particulares o a entidades privadas o sociales para su explotación. Es decir, que pueden ser aprovechados (agrícola, industrial, comercialmente) por personas diversas a los organismos públicos, sin que se les transmita la propiedad. Son los bienes a los que se refieren, entre otras, la Ley Minera (que los enumera en su artículo 4) y la Ley de Aguas Nacionales.

Esto significa que, en el caso de las tierras o territorios donde están asentados los pueblos indios, los recursos naturales (como lo son los minerales o las aguas nacionales) pueden ser explotados por empresas privadas mediante el otorgamiento de concesiones, salvo aquellos que nada más pueden serlo por organismos estatales (como los hidrocarburos). Cabe adelantar que aún suponiendo que algunos de esos pueblos pudieran solicitar la concesión para explotar, por ejemplo, un mineral del subsuelo, su desventaja frente a empresas privadas sería enorme dadas las posibilidades competitivas que el mercado otorga a esas empresas, como sería el caso en cualquier licitación pública para una concesión.

Si consideramos que la sustentabilidad económica, cultural y ecológica, que la existencia misma de los pueblos indígenas requiere del elemento material depositado en los recursos naturales, es obligado observar qué es lo que proponen sobre este punto los acuerdos de San Andrés, el texto de la Cocopa y el texto constitucional actual, tal como quedó después de la reforma de julio de 2001 en materia de derechos y cultura indígenas.

Derecho de preferencia

II.- En el apartado V del documento dos de los Acuerdos de San Andrés, apartado que se refiere a las reformas constitucionales y legales, se estableció como compromiso enviar como propuesta a las instancias de debate y decisión nacionales (para el caso el Congreso de la Unión), el de reglamentar un orden de preferencia, que «…privilegie a las comunidades indígenas en el otorgamiento de concesiones para obtener los beneficios de la explotación y aprovechamiento de los recursos naturales». De acuerdo con este texto, hay que entender que en el caso de los recursos naturales de la nación cuya propiedad no es transferible, pero cuya explotación y aprovechamiento es concesionable, tendrían preferencia las comunidades indígenas por encima de cualquier otra entidad privada. Con ser clara la idea, no deja de encerrar dos riesgos: aunque las comunidades tuvieran la preferencia, en el caso de que no la aprovecharan por falta de recursos o por problemas de organización, esos bienes podrían ser explotados por otras personas; además, al referirse el texto a las comunidades, podría entenderse que los pueblos indígenas (concepto cultural-étnico-lingüístico-jurídico, pero no político-administrativo) no podrían utilizar esa preferencia para las concesiones bajo otras formas administrativas (ejidos, asociaciones, empresas sociales) que no fueran la comunidad.

En la propuesta de la Cocopa se señaló que los pueblos indígenas «tienen el derecho … a la autonomía como parte del Estado mexicano para… IV acceder de manera colectiva al uso y disfrute de los recursos naturales de sus tierras y territorios, entendidas éstas como la totalidad del hábitat que los pueblos indígenas usan salvo aquellos cuyo dominio directo corresponde a la nación».

El derecho que la iniciativa Cocopa define, cubre la parte colectiva, dentro de la cual tendría que entenderse que quedan comprendidas formas político-administrativas (comunidades, comisarías, tal vez municipios) o sociales-económicas (ejidos, propiedades comunales, u otras formas de asociación productivas), pero no establece ni la preferencia ni mucho menos la exclusividad de los pueblos indígenas para el uso de los recursos naturales de sus territorios.

Es decir, que si en tierras y territorios indígenas existieran yacimientos minerales de los que constitucionalmente es propietaria la nación pero que son concesionables, el pueblo indígena de que se tratare tendría el derecho de ser concesionario a través de alguna organización colectiva, pero tal derecho también lo tendrían otros (léase empresas privadas). En esta circunstancia, el derecho al uso y disfrute de esos recursos sería mucho más fácil de ser ejercido por quien estuviera en posición económica preferente (evidentemente entidades privadas y mejor aún si son transnacionales) que por quienes están en la peor de las situaciones económicas (desde luego los pueblos indios).Así, en esta perspectiva, para los pueblos indios ese derecho sería, en el mejor de los casos, declarativo.

En el texto constitucional actual, como quedó después de la cuestionada reforma de 2001, la factibilidad del acceso de los pueblos indígenas a los recursos naturales está mencionada en el párrafo VI del apartado A del Artículo 2. Ahí, se establece el derecho de pueblos y comunidades indígenas para acceder «…al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las comunidades…» Reducido declarativamente, ya que no se refiere a tierras o territorios sino a «lugares», el derecho indígena también se limita a una sola entidad, que son las comunidades, aunque señala que esas pueden asociarse en «términos de ley».

No deja de ser importante que si bien no se hace referencia al acceso o al uso «colectivo» de los recursos, el derecho está establecido para los pueblos y para las comunidades indígenas, lo que remite precisamente a entidades sociales y colectivas y no a los individuos. Además, ese derecho se establece como «preferente», lo que habría que interpretar (igual que en el texto de los acuerdos de San Andrés pero que no quedó establecido en la iniciativa Cocopa), como una posibilidad con las desventajas señaladas frente a los intereses privados o privatizadores.

Cabe señalar que el derecho de preferencia que se estableció en los acuerdos de San Andrés sería viable si los propios acuerdos se contemplaran y cumplieran integralmente, toda vez que en ellos se incluyen aspectos sobre la autonomía, sobre políticas públicas, desarrollo, justicia, etcétera. (además de las menciones y de la referencia al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo), que sí permitirían que los pueblos indios aprovecharan su carácter de preferentes en el acceso a los recursos naturales. Pero fuera del contexto de los Acuerdos de San Andrés, ese derecho de preferencia (y no de exclusividad) es insuficiente.

Billete mata derecho

III. La visión panorámica sobre la estructura de la propiedad nacional de la Constitución y sobre la posibilidad de acceso de los pueblos indios a los recursos naturales que se encuentran en sus territorios, según el texto actual de la Constitución, los acuerdos de San Andrés y la propuesta de la Cocopa, permite algunos comentarios.
a) En ninguno de los tres casos, el derecho de los pueblos indios al aprovechamiento y explotación de los recursos naturales de sus territorios queda plenamente garantizado. Si bien en los tres textos se establece el derecho de los pueblos a acceder o aprovechar los recursos, en uno de ellos (el de la Cocopa) no solamente no queda como exclusivo sino ni siquiera como preferente, y en los otros dos queda como preferente pero no como exclusivo. Esto significa, en cualquiera de los casos, que esos recursos también pueden ser aprovechados por entidades privadas distintas a las organizaciones de los propios pueblos indios.

Y como se ha señalado, en caso de competencia «empresarial y de mercado» para el otorgamiento de concesiones para el aprovechamiento de esos recursos, lo más seguro es que quienes las obtuvieran fueran empresas privadas y no organizaciones de los propios pueblos indios, aunque estos últimos tuvieran constitucionalmente de manera declarativa el derecho «preferente», y peor aún si no cuentan con esa preferencia sino solamente con el derecho establecido en términos generales.

La garantía para los pueblos indios de que la explotación de los recursos de sus tierras y territorios le correspondería a ellos, solamente estará dada si constitucionalmente se establece ese derecho como exclusivo para los mismos pueblos indios.

b)Un esquema de propiedad constitucional, en el que la propiedad originaria le siga correspondiendo a la nación, en el que se siga manteniendo como exclusiva de la propia nación (a través de empresas públicas) la explotación de los recursos que marca actualmente el artículo 27, y en el que cuando se trate de las tierras y territorios indígenas los recursos concesionables sólo pudieran serlo para esos pueblos, permitiría una base de sustentabilidad por una parte nacional y por la otra para los mismos pueblos.

La nación seguiría conservando el dominio directo y el aprovechamiento también directo de los recursos llamados estratégicos, y los pueblos indios, como sectores de la nación que no pueden acceder al aprovechamiento de esos recursos estratégicos, podrían basar su desarrollo económico y su sustentabilidad en la posibilidad de obtener de manera exclusiva concesiones sobre la gama de recursos que, siendo del dominio de la nación, pueden ser concesionados.

Un esquema como el que se menciona permitiría a las organizaciones de los pueblos indios mejores condiciones para negociar los términos del aprovechamiento de los recursos naturales y aún de la fuerza de trabajo, particularmente frente a iniciativas como las del Plan Puebla– Panamá, que contempla poner al servicio del capital y de la empresa privada los recursos naturales y la fuerza de trabajo de las regiones que el plan abarca (y que comprenden a diversos pueblos indios).

Es claro que las posibilidades de concesiones de recursos naturales que no se encuentren en territorios que ocupan los pueblos indios seguirían quedando en los términos constitucionales y de las leyes reglamentarias actuales.

Conviene recordar que dos de las formas por excelencia de la propiedad social, la ejidal y la comunal, en materia agraria y en relación a la producción agropecuaria, han sido, durante décadas, gravemente disminuidas por la política económica hacia el campo y también porque, particularmente los ejidos, fueron convertidos en encuadramientos clientelares más que en organizaciones para la producción. En la medida en que muchas comunidades agrarias y no pocos ejidos estaban y están integrados por miembros de pueblos indígenas, el decaimiento de esas formas de propiedad ha afectado negativamente el desarrollo económico de esos pueblos. Las reformas de 1992 al Artículo 27 constitucional, que abrieron el camino a la privatización legal de ejidos y comunidades (que en la práctica se venía dando desde años atrás por sus malas condiciones económicas), formalizaron el paulatino decrecimiento de esas mismas formas de propiedad social-agrarias.

La importancia de la entidad de derecho público

Un esquema de propiedad y de concesión de recursos naturales para los pueblos indios como el que se ha descrito, permitiría la recuperación de la propiedad social de esos pueblos y podría repercutir favorablemente en la supervivencia de formas sociales como la ejidal y la comunal.

Al ser los pueblos indígenas realidades de población histórico-étnico-lingüísticas, con reconocimiento jurídico constitucional general, el derecho que se les otorga o llegue a otorgarse para el aprovechamiento de los recursos naturales, está dado de manera general, en términos declarativos. Por tanto, su ejercicio directo tendría que darse a través de figuras político-administrativas (municipios, comunidades, comisarías) o socio-productivas (empresas sociales, ejidos o comunidades agrarias), que se reconocieran como pertenecientes a esos pueblos o como integradas por ellos mismos.

Estas formas administrativas y de organización económica son las que permitirían específicamente el ejercicio del derecho de los pueblos indios a la explotación de los recursos de sus tierras o territorios.

Y aquí cabe mencionar que (en lo que toca a otro de los tres puntos más cuestionados de la reforma constitucional) la diferencia entre el carácter de entidades de derecho público y no de interés público de las comunidades, es importante, ya que en el primer caso se estaría hablando de una entidad de rango constitucional-político-administrativa (que sería particularmente importante en los ámbitos municipales) y en el segundo (tal como quedó) se trata de una entidad que sería del interés del orden público-administrativo pero sin ser estrictamente parte de él. En otros términos, en esta última opción, la que quedó establecida en la Constitución, la comunidad no sería parte de las instancias de gobierno (político-administrativas) aunque sea sujeto de su interés.

Esta diferencia da lugar a posibilidades distintas para el control y el acceso de las comunidades a los recursos naturales.

De lo nacional a lo local

IV. Por otra parte, al haber quedado establecido en la reforma constitucional que «el reconocimiento de los pueblos y comunidades se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas», y que las características de libre determinación y autonomía quedarán establecidas por las constituciones y leyes de las entidades federativas, cuestiones sustanciales pierdan su carácter nacional y quedan remitidas a las coyunturas locales.

Dentro de la importancia que tiene lo constitucional como espacio de definición y de declaración de derechos, su remisión al ámbito estatal y su exclusión del ámbito federal minimizan la importancia de los pueblos indios y se establece así una suerte de contradicción con el enunciado general del artículo 2 constitucional sobre la composición pluricultural de la nación mexicana.

Además, se dejó de observar que las fronteras de los territorios donde están los pueblos indios, no siempre coinciden con las de las entidades federativas, y el resultado previsiblemente será que los derechos, y la existencia misma de los pueblos indígenas, sea reconocida de manera desigual en las distintas entidades federativas, lo que podría repercutir también negativamente respecto del aprovechamiento de los recursos naturales.

En todo caso, los pueblos indios (entendidos no como entidades administrativas, sino como realidades étnico-culturales, en el sentido que lo indica el convenio 169 de la OIT) tendrían que ser reconocidos por la legislatura federal, constitucionalmente, para lo cual podrían ser enumerados exhaustivamente. Además, se podría establecer que en cada entidad federativa la constitución y las leyes locales reconocerán los derechos de los pueblos que en ella existan; así, el sentido sería diferente al actual, al quedar cubiertos los ámbitos federal y estatales. Y en todo caso las características de libre determinación y de autonomía de los pueblos indígenas, no pueden quedar sujetas a criterios locales, sino que, por su relevancia nacional, tendrían que ser establecidas en la normatividad federal.

Para que los pueblos indios cuenten con una base de sustentación material, que les sea proporcionada por los recursos de los territorios donde están asentados, la reforma constitucional es imprescindible, aunque insuficiente.

Una vez lograda una reforma segura, clara, que no deje dudas y que no pueda ser torcida en legislaciones secundarias, faltará el no poco complicado camino de la consolidación de la organización política, productiva y administrativa, que necesariamente (para ser eficiente) requiere de la democracia y que a la vez la constituye.

La reapertura del debate

Por lo pronto, al reabrirse el debate parlamentario sobre la reforma constitucional (la reforma sobre la reforma), más que oponer un proyecto a otro, habría que afinar los puntos constitucionales que, como el que tiene que ver con la sustentabilidad y los recursos naturales, permitan asegurar la permanencia y el desarrollo de los pueblos indios. Esto, con base en que tengan el derecho exclusivo (constitucionalmente establecido y protegido) a la concesión de los recursos naturales que estén en sus territorios y que no sean de los reservados exclusivamente a la nación.

La reapertura de ese debate podría derivarse de lo que decidió la Corte sobre las controversias constitucionales o, lo que a fin de cuentas será lo definitorio, de la organización y de la acción de los mismos pueblos y de quienes están con ellos.

Fuente: Masiosare, suplemento dominical de La Jornada. México D.F.. 15 de septiembre de 2002