La Coyuntura y el nuevo Gobierno en Chiapas

Chiapas al Día, No. 288
CIEPAC Chiapas, México
30 de abril del 2002

Con el gobierno de Pablo Salazar surgió la esperanza de la construcción de un nuevo Chiapas; fue apoyado por ocho partidos políticos y más de 200 organizaciones sociales, lo que concretó el triunfo electoral de un gobierno que no era del PRI. Es cierto que Pablo Salazar invitó a diferentes organismos, personas, organizaciones, intelectuales, etc., para construir un Plan de Gobierno que respondiera a los intereses del pueblo; con todas sus dificultades, algo se hizo al respecto. Sin embargo, algunos sectores y personas se inconformaron al no ver integradas sus propuestas a dicho plan, ahí empezaron algunas desconfianzas hacia el nuevo gobierno. Otros sectores como organizaciones sociales, Iglesias y ONGS que no participamos en la elaboración del Plan de Gobierno, establecimos diversos diálogos con el gobierno electo para manifestar nuestras preocupaciones y propuestas acerca de la situación chiapaneca, y como es con todo lo nuevo y desconocido, partimos sin confianza, por lo que había que probarlo con la cautela necesaria.

Las críticas y desconfianzas comenzaron a partir de que integró al gabinete gubernamental personajes de gobiernos priístas anteriores, luego vimos las incomodidades que le causaban a Pablo Salazar las críticas al sistema neoliberal y su implementación en Chiapas. Por otro lado, el gobierno integró a su gabinete dirigentes de algunas de las organizaciones que lo apoyaron, quienes al no tener un proyecto propio, optaron por sumarse al proyecto de gobierno que no toma como prioridad la solución de los problemas estructurales, por ejemplo el de la tenencia de la tierra, y solo se concentra en atender los casos coyunturales.

En esa lógica el movimiento campesino se ha dividido en dos grandes bloques:

1.- Al interior del primer bloque encontramos por un lado a quienes han optado por relacionarse con Pablo Salazar, pero que no encontraron soluciones a sus reclamos y por otro, a quienes buscaron satisfacer sus intereses personales, y que tampoco lo consiguieron, con lo que optaron por retirarse y están volviendo a los métodos tradicionales de lucha; en este caso se encuentran una vertiente del MOCRI, la Alianza Campesina para la Liberación de Ixtapa (ACLI), OCEZ (Venustiano Carranza), entre otras organizaciones. El nuevo gobierno al no tener otra alternativa recurre al método tradicional de la represión y la violencia, como se ha manifestado en la represión a la Casa del Pueblo en Carranza, el mismo MOCRI-CNPA con la última represión en la Plaza Central de Tuxtla, a los de la Resistencia Civil en Puerto Madero, a los zapatistas y miembros del MOCRI-CNPA en la comunidad de San José en la región de Marqués de Comillas, entre otros casos que en su momento han sido denunciados por diversos Centros de Derechos Humanos en Chiapas y otros centros nacionales.

2.- El otro grupo de organizaciones campesinas y de ONGS, es el que mantiene sus relaciones con el gobierno porque ahí están sus dirigentes, se suman al proyecto del gobierno porque están siendo beneficiados con proyectos productivos y por medio de la coinversión con agencias de cooperación internacional y recursos del Banco Mundial. La disputa real de estas opciones se concreta en el terreno de las comunidades, quienes están pagando el costo político de contradecirse y confrontarse con el EZLN, ya que éste comparte tierra y territorios con algunas organizaciones y se disputan el control político regional. Para el gobierno de Pablo Salazar, el marco de acción son las organizaciones sociales y los Municipios Constitucionales, mientras que para el EZLN su campo de acción son los Municipios Autónomos; basta mencionar que tan solo en el municipio Constitucional de Ocosingo y dentro del marco de acción de 8 Municipios Autónomos zapatistas, son alrededor de 50 los casos latentes de confrontación.

Otra de las diferencias existentes en las organizaciones, es el cómo relacionarse con el gobierno. Mientras el EZLN se mantiene al margen de las relaciones con los gobiernos estatal y federal y fortaleciendo su resistencia civil, las otras organizaciones se relacionan en torno a proyectos productivos. También se trata de las diferentes formas de cómo construir la autonomía, por lo tanto los conflictos se están dando con comunidades de organizaciones que militan en las tres ARIC –Asociación Rural de Interés Colectivo- (Unión de Uniones, Oficial y la “Independiente”), organizaciones del PRI, la Coordinadora Nacional de Pueblos Indios (CNPI), Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC en sus dos expresiones), Regiones Autónomas Pluriétnicas (RAP), Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO), entre otras, que antes fueron aliadas del zapatismo y en la actualidad han llegado a los enfrentamientos violentos; por lo tanto es necesaria la rediscusión sobre la independencia y oficialidad de las organizaciones en torno al gobierno, es urgente y necesaria una política de paz y reconciliación, que resuelva las causas que originan los conflictos. Lo difícil y complicado es que los posibles actores de mediación y búsqueda de reconciliación, como pueden ser las Iglesias, ONGS, organismos de derechos humanos, etc., están desgastados y cansados; el gobierno no puede ser mediador de conflictos, porque es parte de estos, los heredó del gobierno anterior.

De parte del gobierno existe una Comisión de Reconciliación para las comunidades en conflicto, sin embargo, su trabajo ha generado conflictos de otro tipo entre otros actores diferentes, ejemplo de esto es la Organización de la Sociedad Civil “La Abejas” en Chenalhó, donde el retorno de los desplazados ha agudizado conflictos al interior de la propia organización, entre la organización y ONGS que antes los apoyaban, con el equipo pastoral y con los zapatistas, y ha llevado a un desdibujamiento de la organización “Las Abejas”, lo que quiere decir que la política de reconciliación oficial, reposiciona actores, divide, agudiza y confronta a actores que antes fueron aliados. Lo mismo podemos decir de lo que ha sucedido en la zona norte de Chiapas, donde se agudizan los conflictos entre la organización “Abuxu”, que militan en el PRD y los desplazados de las bases de apoyo zapatista organizados en Kichañob. El mas reciente “acuerdo de paz” firmado el 26 de abril en Sabanilla entre la organización paramilitar “Paz y Justicia”, la Unión de Comunidades Indígenas, Agropecuarias y Forestales (UCIAF) y representantes de la Iglesia Católica (Expreso Chiapas 27 de abril 2002), genera un conflicto entre zapatistas e Iglesia Católica, ya que ésta última cae en la trampa de asumirse como parte del conflicto. Sin embargo, nunca se les pide ni se les exige a los paramilitares el desarme, por lo que el conflicto cambia de terreno, pero sigue latente. Es decir, la política de reconciliación oficial, se mueve entre la justicia y la impunidad a los paramilitares; quien no acepta firmar el acuerdo de paz, es encarcelado, como lo es el caso de Diego Vázquez en el municipio de Tila. Si los acuerdos de San Andrés se hubieran cumplido, la autonomía indígena, sería una alternativa diferente de resolver los conflictos comunitarios.

Aunque existen esfuerzos de algunas ONGS, de algunos pastores de Iglesias no católicas y de Agentes de Pastoral y catequistas de la Diócesis de San Cristóbal por construir procesos de paz y reconciliación desde las bases de las comunidades y organizaciones sociales, el trabajo de un proceso integral, que conduzca a la paz, justicia, desarrollo, dignidad y democracia para todos, es responsabilidad de todos los actores de la sociedad chiapaneca.

Otro de los grandes problemas es que con el apoyo de organizaciones sociales, el gobierno ejecuta el Proyecto de Desarrollo Sustentable de la Selva, que contiene unos mil 590 proyectos productivos para los municipios de Las Margaritas, Ocosingo, Altamirano y La Trinitaria, lo que, queriéndolo o no, polariza a las comunidades y es entendido como un proyecto de contrainsurgencia. Esto, junto con la mayor incursión del ejército en las comunidades, continúa agudizando los conflictos comunitarios y aumenta la descomposición del tejido social.

Aunado a todo ello, las consecuencias del pasado proceso electoral del 7 de octubre para la elección de 118 alcaldes y 40 Diputados Locales, dejó mas divisiones en las comunidades y en los municipios, en por lo menos 13 alcaldías hubieron problemas previos a la toma de posesión el primero de enero y en varios de ellos todavía no tienen solución, como lo es Oxchuc y Zinacantán.

En este sentido es necesario retomar la posición de los actores en torno a los problemas estructurales como lo son aquellos relacionados con la tenencia de la tierra, la militarización, la paramilitarización, el problema de la guerra entre el EZLN y el gobierno federal, el Plan Puebla Panamá, las inversiones extranjeras, etc., que no están siendo atendidas por el gobierno del estado, con el discurso de que son tema del gobierno federal, pero que en realidad son una forma de escapar a las responsabilidades de solucionar las demandas populares de exigencias de la salida del ejército de Chiapas, que se encuentra posicionado en 232 lugares, manteniendo hasta la fecha 32 retenes permanentes plegados a la frontera con Guatemala (observación directa y registro de CIEPAC), la Selva Lacandona y Los Chimalapas, además de una serie de retenes intermitentes, con la finalidad de resguardar los recursos naturales estratégicos que son de interés de las empresas transnacionales y mantener cercado al EZLN; por lo tanto el gobierno local, al no exigirle al ejército respeto a la tierra, a las comunidades, a la producción, al agua, etc., no encara su responsabilidad para no afectar los intereses de las empresas transnacionales que cada vez van teniendo mayor presencia en Chiapas con la puesta en marcha del Plan Puebla Panamá (PPP) y la introducción del extranjero de productos transgénicos. En este contexto se da la amenaza latente de desalojar a las 32 comunidades de la Reserva Ecológica de Montes Azules. El gobierno local tampoco detiene a los dirigentes paramilitares ni procura su desarme para no confrontarse con la estrategia del ejército; de no distribuir la tierra susceptible de reparto para no detener su privatización, sin embargo el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Solares (PROCEDE) que es el proceso legal de privatización de la tierra, continúa porque es exigencia y condición necesaria para las inversiones de las corporaciones transnacionales.

Mientras que por un lado, el gobernador Pablo Salazar asistió al II Foro Social Mundial en Porto Alegre, Brasil, se sumó a la exigencia del cumplimiento de la Ley Indígena de la COCOPA y manifiesta tener respeto al EZLN, como lo hace cualquier gobierno populista, por otro, coincidiendo con los tiempos y contradictoriamente, asistió a un desayuno con George W. Bush y al Banco Mundial, con lo que fortalece la relación Fox-Bush, en torno al interés y necesidad del gobierno norteamericano de mantener tranquilo el patio trasero de su país, sabiendo que la frontera Sur de México y en especial Chiapas en sus 962 Km. de frontera con Guatemala, es estratégico por ser puerta de entrada a Centroamérica y por poseer los mejores y mayores recursos estratégicos que interesan al PPP, por esto, con los atentados terroristas del 11 de septiembre en Estados Unidos, se endureció la línea militar en México, pero en especial en Chiapas (revisar informe de Global Exchange sobre movimientos militares en los últimos meses http://www.globalexchange.org).

La militarización y el actuar de cuerpos policíacos, ha dejado saldos negativos en las violaciones a los derechos humanos, el gobierno local, tampoco acepta las recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y contradice las denuncias de las ONGS, como una forma de expresar que en un “gobierno democrático” no se violan los derechos humanos, además ha emprendido campañas de desprestigio contra organismos como el Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, la Red de Defensores Comunitarios de Derechos Humanos, el abogado defensor de presos zapatistas, Miguel Ángel de los Santos, entre otros.

La prensa local se queja de ser ignorada por el gobierno y no tener la suficiente información para sus notas y reportajes, sin embargo, la prensa nacional resulta ser la beneficiada, como lo manifestaron los periodistas en el caso de la reapertura del templo en la comunidad El Limar, municipio de Tila. Estos y otros acontecimientos, han llevado a que el gobierno de Pablo Salazar se encuentre inmerso en una crisis de credibilidad frente a la sociedad chiapaneca, ocasión que pretenden aprovechar grupos de poder retrógradas para exigir su destitución y exigirle juicio político, lo que tampoco solucionaría la ya delicada situación de Chiapas. Por lo tanto, el gobierno local tiene la oportunidad de dar un giro en su política y buscar una forma diferente de gobernar y relacionarse con la sociedad que lo llevó al poder, caso contrario, seguirá siendo un gobierno con un discurso diferente a su práctica y de seguro el próximo gobernador de Chiapas estará dirigido nuevamente por un priísta o un panista de la ultraderecha. El PRD no tiene opciones, dadas sus fracturas internas y las prácticas de desprestigio en que han incurrido sus líderes en el estado y en el país. Los Partidos Políticos, los Senadores y Diputados, ya no representan a la sociedad en su conjunto. Una de las muchas opciones es que la sociedad civil se estructure y se construya como gobierno, para que el gobierno sea quien sea, obedezca a la sociedad.

Dentro de las pocas cosas buenas que podemos valorar del gobierno de Salazar Mendiguchía, es el encarcelamiento de 4 altos ex funcionarios del gobierno de Roberto Albores Guillen, por corrupción, desvíos de recursos, etc., así como la destitución de más de 125 policías del estado vinculados a bandas de traficantes, de indocumentados y vinculados a grupos de delincuentes. Pero falta el castigo a los policías y ex funcionarios de gobierno que participaron en el asesinato de 7 campesinos de la OCEZ-CNPA el 10 de enero de 1995 en Chicomuselo, falta la aplicación de la ley a los responsables de las masacres en El Bosque y Acteal.

Por lo tanto, la pregunta necesaria es: ¿cómo responden las organizaciones, los campesinos y los indígenas organizados que no entran dentro del esquema antes analizado y la nueva situación?

Los menos organizados optan por emigrar a las ciudades del norte del país y a los Estados Unidos, para conseguir empleo, otros van empujando la resistencia civil y construyendo proceso organizativos, por ejemplo, no pagando los impuestos ni las cuotas de energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), tan es así, que algunos municipios de la Sierra, la Costa y los Altos, se han sumado a la resistencia civil, incluyendo comunidades militantes del PRI; que según informes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de sus 691 mil 995 usuarios en Chiapas, unos 182 mil 759 están en resistencia, en aproximadamente unas 3 mil 595 comunidades en 45 municipios de la entidad, representando una perdida anual de 77 millones 559 mil pesos.

En otros municipios, comunidades y organizaciones sociales, incluyendo al EZLN, han optado por fortalecer el proceso de las autonomías, es decir, ante la falta de reconocimiento legal de los Acuerdos de San Andrés, la opción es ejecutarlos desde las comunidades, fortaleciendo sus relaciones y redes a nivel comunitario, regional, municipal, estatal, nacional y en el espacio internacional, de manera que lo que permite articular este proceso es la construcción de escuelas autónomas, redes de salud, cooperativas, proyectos productivos, la denuncia y defensa de los derechos humanos, la participación de las mujeres en todos los niveles, la implementación y defensa de la agricultura orgánica, produciendo para fortalecer la resistencia y rechazar los transgénicos, la defensa y fortalecimiento de usos y costumbres de las comunidades indígenas en diversas expresiones, la articulación de la solidaridad y la observación nacional e internacional.

En esta lógica se entiende el silencio zapatista, la necesidad de tomar como punto de partida el espacio comunitario y desde ahí construir iniciativas a largo plazo, este es el proceso en que se encuentran las comunidades zapatistas y Los Aguascalientes; mientras tanto queda esperar el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por los 372 requerimientos de quejas contra la Ley Indígena conocida como Barttlet-Cevallos, y es de esperar una respuesta del Congreso por la reinserción de la iniciativa COCOPA al Congreso Federal, tomando en cuenta que los Acuerdos de San Andrés son contrarios al sistema neoliberal y un obstáculo para la implementación del PPP, entonces es de comprenderse que se necesita generar y esperar mejores condiciones para que el EZLN vuelva al escenario político; ya que la posibilidad de reanudación del diálogo con el gobierno no se prevé que pueda darse a corto plazo, porque no se han cumplido cabalmente las condiciones solicitadas. Por el contrario, en Chiapas hay una reactivación militar, se han incrementado de 9 a 17 presos de las bases de apoyo zapatista y a corto plazo, no se vislumbra el cumplimiento de los acuerdos pactados en San Andrés.

Paralelamente a ello, es esperanzador que poco a poco se van construyendo redes de organizaciones sociales de México con los países Centroamericanos, Estados Unidos, Canadá y de otros del Continente Americano, en torno a las construcciones de iniciativas frente al PPP, Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA), Plan del Golfo Sur (que incluye el Plan Colombia), el Pacto Andino (del que es parte el Plan Cabañas para Chile y Argentina), el Mercosur, entre otros, como consecuencia de los impactos que dichos proyectos van teniendo en quienes defienden la libertad, la democracia, la justicia, los derechos humanos, la ecología y el derecho a la vida.

Por lo tanto, es necesario, dada la situación de Chiapas y de México, que las diferentes personas que provienen de procesos organizativos y que desempeñan puestos en el gobierno, reflexionen sobre qué tanto margen de acción tienen para hacer modificaciones estructurales y aportar soluciones concretas, caso contrario, a corto plazo lo que les espera es la muerte política, por la falta de argumentos y la imposibilidad de reintegrarse a los movimientos sociales.

Onesimo Hidalgo
CIEPAC, A.C.

CIEPAC es miembro del Movimiento por la Democracia y la Vida (MDV) de Chiapas; de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio (RMALC; ) www.rmalc.org.mx; de la Convergencia de Movimientos de los Pueblos de las Américas (COMPA; ) www.sitiocompa.org; de la Red por la Paz en Chiapas; de la Semana por la Diversidad Biológica y Cultural www.laneta.apc.org/biodiversidad; y del Foro Internacional "Ante la Globalización, el Pueblo es Primero", Alternativas contra el PPP http://usuarios.tripod.es/xelaju/xela.htm

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Fuente: CIEPAC. http://www.ciepac.org/bulletins/200-300/bolec288.htm