Conclusiones al trabajo de observación realizado por la 3ª Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos
Conclusiones
Acuerdos de San Andrés
Falta voluntad de la clase política para buscar una solución
negociada del conflicto. Los acuerdos de San Andrés (16 de febrero
de 1996) fueron firmados por los representantes del poder ejecutivo, de
una comisión del poder legislativo (COCOPA) que contaba entre sus
miembros a diputados y senadores de todos los partidos políticos
de México, y por los representantes del Ejército Zapatista
de Liberación Nacional.
En ellos se propone a través de un pacto social, crear una nueva
relación entre el estado mexicano y los pueblos indígenas.
A manera de síntesis, en una de las tres conclusiones básicas
de estos documentos firmados por el gobierno federal y el EZLN, se declara:
“el gobierno asume el compromiso de construir, con los diferentes
sectores de la sociedad y en un nuevo federalismo, un nuevo pacto social
que modifique de raíz las relaciones sociales, políticas,
económicas y culturales con los pueblos indígenas. El pacto
debe erradicar las formas cotidianas y de vida pública que generan
y reproducen la subordinación, desigualdad y discriminación,
y debe hacer efectivos los derechos y garantías que les corresponden:
derecho a su diferencia cultural; derecho a su hábitat; uso y disfrute
del territorio, conforme al artículo 13.2 del Convenio 169 de la
OIT; derecho a su autogestión política comunitaria; derecho
al desarrollo de su cultura; derecho a sus sistemas de producción
tradicionales; derecho a la gestión y ejecución de sus propios
proyectos de desarrollo”.
Desde el gobierno de Ernesto Zedillo con su negativa a cumplir los Acuerdos
de San Andrés, hasta la persistencia del actual gobierno de Vicente
Fox en no dar cumplimiento a las “tres señales” demandadas
por el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional para la reanudación
del diálogo, se está mostrando la verdadera política
que emana desde el poder en cuanto a buscar una solución negociada
al conflicto.
La aprobación del proyecto de iniciativas constitucionales por
parte del Congreso de la Unión, (sigue pendiente de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación la resolución de las más
de trescientas controversias constitucionales presentadas) no ha dado
satisfacción a los pueblos indios que no ven reflejados en ellos
la esencia de los Acuerdos de San Andrés al no reconocer a las
comunidades como entidades de derecho público. Tampoco reconoce
a los pueblos como sujetos de la ley ni depositarios políticos
de los derechos a la libre determinación y la autonomía.
La iniciativa de reforma de la Cocopa es la única que puede restablecer
las condiciones mínimas del diálogo de paz, cuya ruptura
ha significado enormes sacrificios para los pueblos indios no sólo
de la zona del conflicto, sino también de todas las regiones en
las que hay presencia indígena.
Militarización
A pocas horas de la toma de posesión como presidente, Vicente Fox
manifestaba que la decisión de replegar a los soldados del Ejército
Mexicano en Chiapas, se daría paulatinamente con el fin de distender
el ambiente y dar cumplimiento a una de las más reiteradas demandas
del EZLN.
Al mismo tiempo el EZLN en un comunicado demandaba el retiro y cierre
de siete de las 259 posiciones que tenía el ejército federal
como una de las tres condiciones para reanudar el proceso de pacificación:
- Amador Hernández, en este caso, además, debía anularse
el decreto expropiatorio dictado por Zedillo.
- Guadalupe Tepeyac.
- Río Euseba (cerca del Aguascalientes de La Realidad).
- Jolnachoj (cerca del Aguascalientes de Oventik).
- Roberto Barrios (cerca del Aguascalientes de ese lugar).
- La Garrucha (cerca del Aguascalientes de ese lugar).
- Cuxuljá (cerca de la comunidad de Moisés Gandhi).
Si bien la retirada de los militares se realizó en las siete posiciones
demandadas por el EZLN, el número total de efectivos no se ha reducido
en el estado de Chiapas y las tierras expropiadas para la construcción
de las posiciones militares no han sido devueltas a sus legítimos
propietarios.
La mayoría de controles y retenes fijos han desaparecido (excepto
en la región fronteriza) y han sido sustituidos por retenes intermitentes
y patrullajes de las Brigadas de Operaciones Mixtas.
Es claramente constatable la persistencia de los patrullajes, especialmente
en el municipio de Ocosingo y en toda la zona fronteriza con Guatemala.
Los sobrevuelos de aeronaves militares federales siguen sembrando zozobra
en las comunidades; los patrullajes y retenes del Ejército Mexicano
han ido aumentando paulatinamente; y ya se ha hecho costumbre que los
soldados improvisen sus puestos de control en los alrededores de las poblaciones
para acosar e intimidar a los indígenas, sometiéndolos a
interrogatorios e impidiendo el libre tránsito de los pobladores.
En los lugares dónde permanecen los cuarteles militares, la población
denuncia la contaminación de los ríos y predios aledaños,
así como la distorsión que para la vida comunitaria supone
la presencia militar al introducirse en ellas la prostitución,
y el consumo masivo de alcohol y drogas. También son frecuentes
las denuncias sobre acoso al que se ven sometidas las mujeres.
En algunas zonas en las que la presencia del ejército a disminuido,
(los Altos) se detecta un hostigamiento menor a la vida cotidiana de las
comunidades.
La creciente participación del Ejército Mexicano en el combate
al narcotráfico, la seguridad de la frontera con Guatemala y más
recientemente a la delincuencia común, han llevado a confundir
la defensa de la seguridad nacional con la defensa de la seguridad pública,
al tiempo que abre espacios a la intervención del Ejército
Mexicano cerca de las comunidades en resistencia.
El estado del sureste mexicano continúa militarizado y sigue la
población indígena siendo víctima de la masiva presencia
militar.
Paramilitares
Su origen está dentro de un esquema de contrainsurgencia que se
enmascara de agresiones por problemas de tierras, confrontaciones partidarias,
conflictos religiosos, enemistades personales, venganzas familiares o
simplemente accidentales, ocultando de este modo la estrategia paramilitar
de control, desestabilización, faccionalización y represión
selectiva como parte de una guerra sucia, diseñada y dirigida desde
las más altas estructuras del poder.
Con el levantamiento armado zapatista en 1994 y la implementación
de una estrategia de contrainsurgencia en Chiapas, la doctrina de la seguridad
nacional del Ejército Mexicano, sufre también modificaciones.
En el manual de guerra irregular editado por la Secretaría de la
Defensa Nacional en 1994, y en otros similares, se considera como parte
de la estrategia antiguerrillera la creación de grupos paramilitares
o fuerzas de “autodefensa'' integradas por civiles reclutados entre
la población, como estructura paralela subordinada al ejército
y dedicada a operaciones de contraguerrilla y restauración del
orden. En el caso de Chiapas, los paramilitares quedaron subordinados
a la Fuerza de Tarea Arco Iris, grupo de elite aerotransportado creado
por el general Renán Castillo.
Los grupos paramilitares entraron en una etapa de reflujo ante la derrota
electoral y el desplazamiento del Partido Revolucionario Institucional
(PRI) de los gobiernos federal y estatal, pues prácticamente quedaron
huérfanos de la cobertura oficial. Sin embargo lejos de desintegrarse,
continuaron conservando su estructura y organización interna.
A un mes del cambio de gobierno federal y estatal, la Procuraduría
General de la República detuvo, el 27 de octubre de 2000, a once
integrantes del grupo Paz y Justicia -señalado como paramilitar-
que opera en la zona norte de Chiapas. Entre ellos a los dirigentes Marcos
Albino Torres, ex-cabo del Ejército Mexicano, y Samuel Sánchez
Sánchez, ex-diputado local priísta, acusados de delitos
de terrorismo, posesión de armas de fuego de uso exclusivo del
ejército, asociación delictuosa, motín, delincuencia
organizada, lesiones, daños y despojo.
Parecía así iniciarse una nueva etapa en la que se realizara
una amplia y profunda investigación para juzgar a los que han participado,
entrenado y colaborado con los paramilitares.
Pero lejos de contener a los grupos paramilitares como Paz y Justicia
(cuyos dirigentes han sido liberados inexplicablemente), éstos
siguen generando múltiples conflictos, cerrando caminos, aplicando
una política de terror, asesinatos y de agresiones constantes contra
las comunidades zapatistas, apoyados, como siempre, por las viejas estructuras
municipal y comunal priístas, y gozando de la complicidad por omisión
y comisión del Ejército Mexicano y los cuerpos de seguridad
de diversas dependencias gubernamentales.
El 15 de febrero y coincidiendo con la presencia de la CCIODH en México
fue apresado el dirigente del grupo Desarrollo, Paz y Justicia, Diego
Vázquez Pérez, por su presunta participación en la
comisión de los delitos de privación ilegal de la libertad
y lesiones.
Los grupos paramilitares no han sido desarmados ni desarticulados, ni
siquiera han sido recuperadas las armas que se utilizaron en la matanza
de Acteal.
Desplazados internos
Como consecuencia directa de la guerra en Chiapas, existen unos 10.000
desplazados de los cuales unos 1.300 han retornado a sus comunidades de
origen amparados por los “acuerdos de reconciliación”
promovidos por el gobierno estatal. Estos acuerdos dejan de lado la reparación
de los daños, la indemnización a los afectados, el desarme
de los paramilitares y el castigo a los culpables de asesinato y robo.
“Sin justicia no puede haber verdadera reconciliación”
manifestaron los propios retornados a la CCIODH.
Según los propios desplazados la decisión de regresar se
debe a “tanto sufrimiento acumulado durante estos tres años
y medio en los campamentos, donde hay condiciones de vida infrahumanas,
de sufrimiento, de falta de agua potable y donde la convivencia social
se vuelve difícil”.
Los recortes de ayuda humanitaria hacia los desplazados que puso en práctica
la Cruz Roja Internacional (hasta un 60 % en algunos casos) son percibidos
por los interesados como un factor de presión para un retorno en
condiciones riesgosas.
La solución al problema del desplazamiento-retorno está
muy ligada al proceso del diálogo y negociación entre el
Gobierno Federal y el EZLN (toda vez que algunos grupos de retorno abanderan
este problema como sus principales demandas), y lo que va ligado a éste:
la desmilitarización, el desarme de los grupos paramilitares, la
solución al conflicto de la tierra y la liberación de presos,
entre otros elementos.
Por tanto el problema de los desplazados por la guerra y la contrainsurgencia
sigue sin resolverse. Los despojos y asesinatos que arrojaron al exilio
interior a miles de choles y tzotziles, en su mayoría bases de
apoyo del EZLN, se mantienen impunes.
Situación generalizada de impunidad y obstáculos en el acceso
a la justicia.
La delegación de la CCIODH se entrevistó el 21 de febrero
de 1998 con representantes de distintas comunidades de la Zona Norte del
estado de Chiapas, entre los que se encontraba José Tila López
García, quien caminó más de seis horas desde su comunidad
para entregar a los observadores los testimonios y denuncias sobre la
situación de los derechos humanos en la zona.
A su regreso, esta persona y los que le acompañaban en el camino
que va de Jolnixtié a Emiliano Zapata, fueron interceptados -según
los informes de los supervivientes del ataque, entre los que se encuentra
su propio padre- por ocho miembros del grupo paramilitar Desarrollo, Paz
y Justicia fuertemente armados, quienes efectuaron numerosos disparos
sobre el grupo causando un muerto y varios heridos.
Siempre según la versión de los supervivientes, quienes
presuntamente realizaron el homicidio fueron Eulalio López García
de la comunidad de Panxcuc y siete personas de la comunidad de La Libertad.
Una lista con sus nombres fue facilitada a la secretaria de la CCIODH,
la cual fue presentada ante la Procuraduría General de la República.
Cuatro años después y a pesar de las órdenes de aprehensión
en su contra, los responsables no sólo están en libertad,
si no que viven en la propia comunidad de Jolnixtié.
En muchos casos, los indígenas son sometidos a procesos judiciales
cuyas acusaciones tienen su origen en conflictos sociales y son sujetos
de investigaciones ministeriales en las que se crean evidencias y testimonios
para legitimar procesos que, generalmente, culminan en una sentencia injusta.
Durante el proceso penal no les son respetados sus derechos humanos ni
es considerada su condición de indígenas. Se les sujeta
a procesos penales sin comprender las acusaciones en su contra, sin entender
la mecánica legal y son condenados a altas penas de prisión
sin haber contado con una defensa adecuada.
Algunos de los presos entrevistados manifestaron que la confesión
de sus delitos les fue arrancada bajo tortura. La tortura sigue estando
presente en México, como ha sido documentado en el caso de Erica
Zamora, en el estado de Guerrero, así como en Marqués de
Comillas donde, durante el reciente operativo policíaco-militar
en esta región, que se desarrolló con lujo de violencia,
los pobladores denunciaron que sufrieron prácticas de tortura en
el momento de su detención y fueron conducidos amontonados y atados
de pies y manos, en los camiones.
Uno de los temas más importantes que México tiene pendiente
de atender y resolver es el de la justicia: hay elevada impunidad y poca
credibilidad en ella.
El gobierno mexicano ha firmado varios convenios internacionales, instrumentos
para la protección de los derechos humanos, pero no se han ajustado
las leyes a esos convenios.
Existencia de presos de opinión.
Pese a las aseveraciones del gobierno del estado de Chiapas, en el sentido
de que no existen presos de opinión, tanto en las comunidades como
durante las visitas a los distintos penales, la CCIODH ha recibido testimonios
sobre personas que se consideran recluidas por delitos de opinión.
Los entrevistados estiman que no ha habido ningún avance, tanto
en el aspecto de la fabricación de cargos, como en la falta de
equidad en la administración de justicia. Además, la comisión
ha podido constatar que las condiciones de detención son desastrosas:
hacinamiento, condiciones de salubridad deficientes y arbitrariedad en
los traslados, entre otras.
Deterioro de la situación económica y social
en las comunidades.
Más que en las dos visitas anteriores, las comunidades hicieron
énfasis en el deterioro de sus condiciones de vida, tanto en el
ámbito económico como social. La caída de los precios
de los cultivos tradicionales y la falta de acceso a la comercialización
de sus productos son los problemas considerados como más candentes.
En este contexto, la carencia de servicios básicos, en el ámbito
de la educación, la salud, la alimentación, la vivienda,
el suministro eléctrico y el agua potable se vuelve aún
más dramática.
Los programas de desarrollo enfocados a la lucha contra la pobreza, son
valorados en muchas ocasiones como discriminatorios, ya que no contemplan
un desarrollo integral de la comunidad sino que los criterios de selección
de los beneficiarios no están claramente definidos y por eso, son
percibidos como una forma de proselitismo electoral. En algunos casos,
se ha podido constatar que los beneficiados por el programa de construcción
de vivienda pertenecen todos a un mismo partido.
La aplicación de los programas de desarrollo en una situación
de suspensión del diálogo y la no-aplicación de los
Acuerdos de San Andrés, provoca que éstos se conviertan
en una nueva forma de contrainsurgencia, menos llamativa y violenta que
en etapas anteriores, pero de gran efectividad en cuanto a provocar divisiones
en las comunidades. El hecho de que el gobierno pretenda ignorar que las
comunidades están en resistencia por el incumplimiento de las tres
condiciones para regresar al diálogo y actuar como si el problema
fuera sólo económico y no político-social, está
agravando las condiciones de las comunidades y facilita la destrucción
del ya de por sí frágil tejido social.
La aplicación de esa política económica, se traduce
en la práctica en una política social de contrainsurgencia,
agravada cada día que pase sin solucionarse la cuestión
de la autonomía indígena.
Conflictos agrarios
Además de comentar los problemas generados por el rezago histórico
en la titularización agraria respeto al resto del país,
el cual ha sido un factor de divisiones, enfrentamientos e incluso desplazamientos,
las comunidades subrayaron que los procesos de titularización individual
auspiciados por el Programa de Certificación de Derechos (PROCEDE),
no contribuyen a la seguridad en la posesión de tierra, sino que
generan más divisiones.
En el marco del Plan Puebla-Panamá, las tierras indígenas
se convierten en el blanco de grandes intereses económicos, por
sus riquezas naturales y su biodiversidad, así como la disponibilidad
de mano de obra barata, entre otros. En este contexto, las comunidades
se sienten desprotegidas frente al Plan Puebla-Panamá. Este genera
inquietud e inconformidad, toda vez que las comunidades indígenas
no cuentan con el instrumento de control de los recursos, territorios
y formas jurídicas de ejercicio de la autonomía, que representaba
para ellos la ley elaborada por la Comisión de Concordia y Pacificación
(COCOPA) producto de los Acuerdos de San Andrés.
Derechos de los inmigrantes
Las condiciones de la inmigración por la frontera sur adquieren
tonos alarmantes. La CCIODH ha recibido multitud de denuncias en el sentido
de que tanto criminales como agentes de la autoridad pudieran ser responsables
de delitos de robo, violación, maltrato, tortura y tráfico
de personas así como la detención de migrantes (incluyendo
a menores), que pueden durar periodos prolongados incluso en instalaciones
militares, en condiciones que no cumplen con las normas establecidas por
la ONU.
En la visita a Tapachula, resultó preocupante la presencia e intervención
de fuerzas militares en el ámbito civil, así como las precarias
condiciones de los centros de deportación.
Prevalecen igualmente la corrupción y la impunidad entre algunos
de los elementos de muchas corporaciones de seguridad pública o
nacional, entre éstas el ejército y la marina, que ilegalmente
y con la tolerancia o anuencia del gobierno federal, y a pesar de los
señalamientos y demandas en contra, de la sociedad, se involucran
en tareas migratorias.
Recomendaciones
1. Cumplimiento cabal e íntegro de las señales
demandadas por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional
para reanudar el diálogo:
- Respeto al proyecto de iniciativa de reformas constitucionales de la
COCOPA.
- Liberación de todos los presos zapatistas, sin que se produzcan
nuevas detenciones que puedan complicar la situación.
- Devolución de los terrenos expropiados para la instalación
de las posiciones militares ya desmanteladas
2. Poner fin a la militarización del estado de Chiapas con el regreso
del ejército a sus cuarteles de procedencia y limitando sus actuaciones
a lo que constitucionalmente le corresponda.
3. Desarme de todos los grupos paramilitares y presentación ante
la justicia de los responsables, tanto materiales como intelectuales,
de los delitos cometidos.
4. Asegurar el libre acceso a la justicia y promover la lucha contra la
impunidad, partiendo de un estudio objetivo que permita hacer un diagnóstico
de la situación real de justicia e impunidad, para tomar acciones
y decisiones, tal como señaló Dato Param Cumaraswamy relator
especial de la ONU sobre la Independencia de Jueces y Abogados. Mención
aparte merece los casos de tres personas (José Tila, Trinidad Cruz
y Digna Ochoa) que tienen en común tres cosas:
- estar relacionadas con la CCIODH
- haber sido asesinadas
- la impunidad de que gozan sus asesinos.
5. Una vez dadas las condiciones para ello, retorno de los desplazados
a sus comunidades de origen, con la devolución íntegra de
sus pertenencias y con la correspondiente indemnización por los
daños y perjuicios sufridos.
6. Fortalecer la colaboración con los organismos defensores de
derechos humanos, en el sentido de que el respeto y la promoción
de los derechos humanos, se traduzcan en acciones concretas que permitan
una administración de justicia con especial atención a víctimas
de tortura y garantizar los derechos económicos, sociales y culturales,
así como atender a los grupos vulnerables, especialmente niños,
mujeres y migrantes.
7. El establecimiento de mecanismos de aplicación de la cláusula
democrática vigente en el Tratado con la Unión Europea en
la que se incluya la participación activa de organizaciones de
la sociedad civil mexicanas e internacionales de defensa de los derechos
humanos, para proceder a una verificación permanente de la situación
de los derechos humanos en México.
Fuente: http://chiapas.pangea.org/home/mexp.htm
Nota: en esta página hay un enlace al informe completo