Conclusiones al trabajo de observación realizado por la 1ª Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos
Después de la recopilación de la información, de su sistematización y de su análisis, la CCIODH constata que en el Estado Mexicano de Chiapas la situación de los derechos humanos está en una situación de gravísimo deterioro.
El Estado de Chiapas vive en estos momentos las consecuencias de una situación de profunda descomposición política y de preocupante desestructuración social. Desde todos los niveles se percibe como las estructuras institucionales son incapaces de asegurar la vigencia del Estado de Derecho, y como la sociedad chiapaneca y especialmente las comunidades indígenas sufren las consecuencias de una situación generalizada de violencia y de impunidad.
Los factores que en mayor medida contribuyen a generar dicha situación son los siguientes:
1.- La intensa militarización de la zona.
2.- La presencia de grupos paramilitares.
3.- La situación generalizada de impunidad.
4.- Los obstáculos para el acceso a la justicia.
5.- La situación de miseria estructural que sufren las comunidades.
6.- La represión hacia las formas de organizacón de la sociedad civil.
7.- La falta de voluntad política para la búsqueda de una solución respetuosa con las demandas indígenas.
1.- LA INTENSA MILITARIZACIÓN DE LA ZONA.
La intensa militarización de la zona: En las visitas realizadas a las distintas comunidades indígenas, hemos constatado una intensa presencia del ejército que, según los testimonios, constituye uno de los factores más determinantes en las violaciones de los derechos humanos. El Gobierno argumenta que cumple funciones estrictamente constitucionales, pero es obvio que está ejerciendo funciones de gestión y promoción social y aseguramiento del orden público que no le corresponden. La práctica totalidad de opiniones ratifican que su presencia forma parte de una estrategia gubernamental dirigida a evitar la extensión de la zona de influencia próxima a las demandas zapatistas y a cercar y debilitar al EZLN mediante el acoso a las comunidades que se manifiestan cercanas a sus planteamientos sobre el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas.
En nuestra tarea de observación hemos podido recoger numerosas quejas que denuncian la ocupación de tierras de cultivo por parte de los destacamentos militares, las amenazas constantes, los robos, violaciones a mujeres, detenciones extrajudiciales, y una constante intimidación traducida en incursiones terrestres y aéreas que colocan a numerosas comunidades indígenas en una permanente situación de terror e inseguridad.
2.- LA PRESENCIA DE GRUPOS PARAMILITARES.
La proliferación de grupos armados que de modo sistemático y selectivo introducen elementos de enfrentamiento intra e intercomunitario y que responden a una estrategia dirigida, tal y como hemos podido comprobar, a provocar desplazamientos masivos de población que buscan desestructurar socialmente zonas enteras y deshacer el entramado reivindicativo organizado de la sociedad civil.
La mayoría de testimonios apuntan a relacionar directamente a efectivos del Ejército y de cuerpos de la policía con dichos grupos armados. Tanto respecto del suministro de armas, como incluso de su formación y adiestramiento. Las contradicciones presentes en las investigaciones de Acteal reforzarían estas tesis.
También se ha podido observar como la contradicción entre los intereses de terratenientes y comunidades se sitúa entre uno de los factores que explican la proliferación de grupos armados. Concretamente, se trata de la vía escogida por algunos de ellos para intimidar y expulsar a comunidades enteras de sus tierras ejidales.
Respecto de la posible implicación del PRI y de instancias gubernamentales con los grupos armados, señalar que se han encontrado evidencias notables sobretodo en relación a la organización "Desarrollo, Paz y Justicia", por cuanto uno de sus principales representantes es diputado del PRI en el Estado de Chiapas y no ha habido hasta la fecha ninguna reacción ni por parte del PRI ni por parte del Gobierno.
3.- LA SITUACIÓN GENERALIZADA DE IMPUNIDAD.
Tal y como fue insistentemente señalado por los representantes gubernamentales, aunque lo hiciesen para justificar la presencia del ejército, la situación global de impunidad es otro de los elementos que complican la delicada situación. Es importante destacar que hasta la fecha las medidas tomadas se han referido básicamente a la intensificación de la presencia militar, sin incidir en la búsqueda de soluciones a la incapacidad de la justicia para asegurar la aplicación de la ley.
Del mismo modo, hay que intepretar la atracción por parte de la PGR de sucesos como los de Acteal, puesto que no suponen un mecanismo generalizable que ofrezca soluciones a la situación de desestructuración de la justicia y policía locales.
4.- LAS DIFICULTADES DE ACCESO A LA JUSTICIA
Juntamente con el punto anterior, se ha detectado una enorme desconfianza de las comunidades hacia los estamentos judiciales provocando que ante las innumerables violaciones de los derechos apenas se presenten denuncias, puesto que tal y como hemos podido recoger, en algunas de las ocasiones que se ha querido acceder a la justicia presentado denuncia se ha sufrido a continuación la persecución de Seguridad Pública y de grupos paramilitares.
5.- LA SITUACIÓN DE MISERIA ESTRUCTURAL QUE VIVEN LAS COMUNIDADES
En todas las entrevistas se ha señalado a Chiapas como el Estado con peores indicadores sociales. El resultado de nuestra observación ha venido a ratificar las estadísticas; pese a que Chiapas es un región con grandes recursos, el reparto de la riqueza es radicalmente desigual. En el marco de esta tradicional situación se produce un conflicto de intereses: por una parte las comunidades exigen un modelo de desarrollo respetuoso con sus tradiciones y su relación con la tierra, y por otro, como contraposición, aparece un modelo de desarrollo económico intensivo propugnado por los principales grupos económicos locales e internacionales.
A modo de ejemplo, podemos señalar la importancia de los recursos petrolíferos e hidráulicos chiapanecos, del proyecto de conexión terretstre del pacífico y el atlántico por el itsmo de Tehuantepec o del proyecto inversor de compañías multinacionales como la Nestlé.
6.- LA REPRESIÓN DE LAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL
Se materializa en el hostigamiento hacia los líderes de las comunidades y de las organizaciones sociales. Las amenazas, las agresiones y los asesinatos desgraciadamente tradicionales en México siguen hoy plenamente vigentes, tal y como ha podido recoger la Comisión. Hay que señalar la existencia de presos políticos, que suelen ser líderes de comunidades cercanas a los postulados zapatistas y que en la mayoría de casos no han podido tener un juicio justo ni unas condiciones penitenciarias mínimamente aceptables (alejamiento de familiares, torturas, condiciones insalubres y de hacinamiento, etc). Además, con el pretexto de investigar supuestos vínculos con grupos armados, se intensifican las incursiones a las comunidades principalmente por parte del ejército federal.
7.- LA FALTA DE VOLUNTAD POLÍTICA DE BÚSQUEDA DE UNA SOLUCIÓN RESPETUOSA:
La Comisión pudo constatar la generalizada decepción por la falta de cumplimiento por parte del Gobierno de lo acordado en San Andrés. Debemos mostrar nuestra perplejidad por la negativa gubernamental de aceptar el proyecto de la COCOPA, proyecto consensuado con todas las fuerzas políticas y aceptado por el EZLN cuyo éxito hubiese contribuido quizás de manera decisiva a la solución del conflicto, poniéndose con ello las bases para la reestructuración social, política y económica de la zona a la vez que abrir un nuevo panorma en el reconocimiento de los derechos indígenas.
Ninguno de los argumentos del Ejecutivo en justificación de las objeciones nos fueron suficientemente explicados pese a nuestra insistencia. De este modo no podemos dejar de considerar que detrás de las objeciones planteadas se esconde la falta de voluntad de lograr la implementación de los Acuerdos con las transformaciones legales que ello supondría.
Como consecuencia de la situación recién descrita, hay que señalar que son numerosos los derechos humanos vulnerados en el Estado de Chiapas. Dicha situación se da en todos los ámbitos e incluye los derechos relativos a la vida; a la libertad personal; a la libertad de circulación y establecimiento; derecho respecto de la protección y seguridad de las personas en territorio mexicano; el derecho a reclamar ante los tribunales nacionales cualquier vulneración de los derechos humanos; el derecho a la protección contra la detención arbitrara por parte de los poderes públicos; el derecho a ser juzgado por un tribunal imparcial e independiente; el derecho a la defensa; los derechos de libertad de pensamiento, consciencia y religión; el derecho a formar parte de las instituciones representativas; el derecho a participar en los cargos y servicios públicos del país sin discriminación alguna; el derecho a unas elecciones libres, pluralistas y democráticas.
En segundo término los incumplimientos también afectan a los derechos de contenido económico y social como por ejemplo la facultad de participar en aquellos derechos económicos, sociales y culturales indispensables para la dignidad y el libre desarrollo de las personas; el derecho a una especial protección de la maternidad y la infancia; el derecho a una educación sobre la base de una general participación en la misma de todos y dirigida al desarrollo integral de la persona; el derecho de todas las personas a participar de la cultura propia.
A pesar de que el conflicto de Chiapas afecta a toda la población en general, podemos asegurar que ciertos grupos sociales sufren de manera especial, de modo aún más intenso que la precaria situación que afecta a las comunidades indígenas en general, la tensión existente así como las condiciones históricas de carencia de medios de vida fundamentales. Son las siguientes:
1.- Comunidades desplazadas: Producto de la acción de los grupos paramilitares y de la presión de las fuerzas armadas y los cuerpos de seguridad del Estado, los miles de desplazados que viven actualmente en Chiapas sufren, junto a las pérdidas materiales y afectivas obligadas por el exilio, una serie de violaciones a sus derechos individuales y colectivos. Carecen de los derechos básicos para la subsistencia, lo que les pone en situación de riesgo para sus propias vidas. Se constata una carencia absoluta de los recursos sanitarios imprescindibles para atender a las necesidades médicas de la población. Las condiciones de salud de los desplazados, y también de la mayoría de indígenas de la zona, son muy precarias. Entre las enfermedades más comunes están todas las asociadas con la malnutrición, afecciones intestinales y repiratorias. En materia del derecho a la educación, se constató la falta de medios y posibilidades de hacerlo efectivo. Recordemos que la mayoría de la población indígena es aún hoy analfabeta y que la situación empeora, si cabe, respecto de las comunidades desplazadas.
2.- Mujeres: Como ha quedado patente a lo largo del apartado específico sobre la situación de las mujeres, en las comunidades indígenas la situación de violencia que vive el conjunto de la población viene a sumarse en el caso de ellas a las injusticias sufridas tradicionalmente en sus vidas. Las mujeres actúan frecuentemente como escudos humanos para oponerse a la acción del ejército en las zonas de conflicto. A consecuencia de ello, sufren en sus cuerpos la violencia del conflicto de manera dramática. Las agresiones sexuales por parte de militares, miembros de Seguridad Pública y de grupos paramilitares, son también frecuentes. El miedo a la intimidación se ve incrementado por el hecho de que la mayoría de ellas ni hablan ni entienden el castellano.
Antes de pasar al apartado de recomendaciones, consideramos importante señalar que el grado de complejidad que encierra el conflicto que se vive en Chiapas y la situación de los derechos humanos requiere no perder de vista que en el sustrato del levantamiento zapatista y de los planteamientos que buena parte de las comunidades nos manifestaron, existen una serie de convicciones respecto a la manera de superar la situación de olvido y marginación a la que se han visto sometidos los pueblos indígenas desde hace ya más de cinco siglos.
Es importante señalar que existe un planteamiento de demandas globales y estructurales que el Gobierno dice respetar pero que la evidencia de las situaciones presenciadas hacen pensar lo contrario. Planteamientos de solución global como el expresado por el Gobernador del Estado ponen de manifiesto que el posicionamiento institucional es incompatible con una vía de solución del conflicto basada en el efectivo respeto de las demandas indígenas. Pese al discurso oficial que insiste una y otra vez en la voluntad de diálogo, parece obvio que lo que se está promoviendo es el debilitamiento del diálogo, el descrédito de las instancias de coadyuvancia, intermediación y verificación y la posibilidad de una salida no violenta.
En tales términos, creemos tras lo observado, hay que interpretar la militarización, la presencia de grupos paramilitares y la campaña xenofóbica que pretende evitar la presencia de extranjeros en la zona.
En estos días tanto el PAN como el PRI han presentado sus respectivos proyectos de Ley Indígena que vienen a certificar la ausencia de voluntad de contar con la expresión directa de la voz de los distintos pueblos indígenas, inhabilitando de facto la vía de negociación abierta por los Acuerdos de San Andrés.
Se trata de un paso más dentro de una estrategia previa que ha llevado al ejército a erigirse, ante la situación de descomposición política y social que vive el México actual, en el auténtico protagonista. Se puede hablar de la existencia de una "guerra de baja intensidad", pese a la vigencia de la Ley para el Diálogo, la Concordia y la Paz Digna en Chiapas, caracterizada por el hostigamiento a la población civil con el fin aislar al EZLN de sus bases de apoyo social, reduciendo el ámbito del conflicto a una cuestión muy localizada explicada en base a conflictos de carácter fundamentalmente religioso y étnico pero que en ningún caso plantearía demandas y propuestas generalizables.
RECOMENDACIONES:
1.- Cumplimiento inmediato e íntegro de los Acuerdos de San Andrés y continuación del proceso de diálogo y negociación entre el EZLN y el Gobierno Federal.
2.- Respeto al proyecto de iniciativa de reformas constitucionales de la COCOPA.
3.- Consolidación de las funciones de las instancias de intermediación (CONAI) y de verificación (COSEVER).
4.- Poner fin a la militarización y paramilitarización.
5.- Asegurar el libre acceso a la justicia y promover la lucha contra la impunidad por medio de acciones globales y no meramente simbólicas.
6.- Amnistía inmediata a los presos políticos.
7.- Retorno de los desplazados a sus comunidades de origen, con la devolución íntegra de sus pertenencias y con la correspondiente indemnización por los daños y perjuicios sufridos.
8.- Fortalecimiento de los organismos de derechos humanos mexicanos y garantía de la presencia de organismos de carácter internacional así como el reconocimiento de un estatuto internacional del observador.
9.- La intervención de la Cruz Roja Internacional como medio de garantía de la asistencia humanitaria a la población debido al rechazo existente hacia la ayuda proviniente de organismos institucionales mexicanos.
10.- La designación de un relator especial de la ONU para México.
11.- El establecimiento de un mecanismo por parte de la Unión Europea de seguimiento de la "cláusula democrática y de derechos humanos", la cual, si el "acuerdo de asociación económica, de coordinación política y de cooperación" firmado con México se hace vigente, debería permitir proceder a una verificación permanente de la situación de los derechos humanos en México. Dicho mecanismo, debería integrar a diferentes organizaciones sociales mexicanas e internacionales de defensa de los derechos humanos.
INFORME DE LA COMISIÓN SOBRE LA SITUACIÓN DE LAS MUJERES INDÍGENAS EN CHIAPAS
La Comisión civil internacional de observación de los derechos humanos ha estado investigando la situación de las mujeres y recogiendo testimonios.
Este informe pretende hacer un resumen o marco general de la situación. Para los hechos denunciados, así como peticiones a la comisión, veánse los diferentes informes de las comunidades y municipios visitados por la Comisión.
MARCO GENERAL
El Estado de Chiapas está caracterizado por altos grados de marginación : 66,7% de su población sufre de desnutrición, 69% de dicha población es analfabeta —en especial las mujeres, 56% de las viviendas carecen de agua entubada y 67% de energía eléctrica (CIACH, CONPAZ, CIPRO, 1997): esto afecta en especial a las mujeres, que son las que por la división sexual del trabajo tradicional, tienen a su cargo el hogar.
Desde principios de 1994, las mujeres de la sociedad civil, tanto mestizas como indígenas, se han destacado por sus esfuerzos organizativos y su participación en diferentes iniciativas para la paz. Así manifestaron en varias ocasiones a las integrantes de la Comisión, "las mujeres indígenas hemos empezado a despertar". No sólo han empezado a decir su palabra, sino que han estado impulsando iniciativas organizativas, sobre todo en materia de producción, como cooperativas de tejedoras, alfareras, panificadoras, hortalizas (Ver Anexo entrevista en San Cristobal con ONGs y cooperativas de indígenas).
Tanto frente al Estado como a sus familias y comunidades, han exigido constantemente su derecho a una vida digna y a la participación en la toma de decisiones. Sin embargo, la Comisión ha podido observar las condiciones adversas en que la inmensa mayoría de las mujeres indígenas y no indígenas de Chiapas están viviendo a diario. A la tradicional pobreza y marginación, se han sumado en los últimos años los crueles efectos de la guerra, es decir de la militarización y de lo que varias de nuestras interlocutoras han llamado" guerra de baja intensidad". De manera general, ha sido puesto en conocimiento de la Comisión la existencia de una verdadera guerra de contrainsurgencia, que incluye la paramilitarización de muchas comunidades indígenas, la represión, la destrucción paulatina y planificada del tejido social, el rumor y la desinformación, las amenazas, las violaciones sexuales, la prostitución y la deprivación de las condiciones más elementales de salud y alimentación.
Las violaciones de los derechos humanos de las mujeres han sido menos documentadas que otras por el hecho de que muchas mujeres no hablan castellano, no saben leer ni escribir, no conocen sus derechos y no saben adonde acudir para hacer sus denuncias. Además, no pueden moverse fácilmente, por falta de medios económicos y por tener que quedarse en casa con los niños.
DATOS GENERALES
La Comisión ha visitado varias comunidades, se ha entrevistado con mujeres y ha recabado información sobre las siguientes situaciones: mujeres desplazadas de guerra y mujeres que se han visto obligadas a enfrentarse a la presencia del ejército federal en sus comunidades.
Entre las mujeres entrevistadas algunas dicen ser bases de apoyo zapatista, otras miembros de organizaciones civiles pacifistas, como es el caso de Las Abejas (Chenalhö), otras PRIistas.
También hay mujeres que son refugiadas desde el 94 y de las que se desconoce la sensibilidad política.
En las entrevistas realizadas con las mujeres, la Comisión ha recibido repetidamente las siguientes denuncias, (las cuales están documentadas de manera individual en este informe):
Algunas familias se tuvieron que ir por miedo al ejército federal, otras porque elementos paramilitares, en ocasiones acompañados por elementos de seguridad pública , quemaron sus casas, ya sea porque fueron consideradas zapatistas o por negarse a participar en los grupos paramilitares que se están desarrollando cada vez con más fuerza en muchos municipios.
Han tenido que dejar todas sus pertenencias, animales, cosechas, ropa y alimento. En no pocas ocasiones sus casas han sido quemadas u ocupadas por los militares o paramilitares. Reportan que incluso las casas comunitarias de mujeres han sido objeto de saqueos. Los ustensilios de cocina han sido ensuciados con excrementos, así como los ríos y tomas de agua.
Las condiciones en las que se encuentran a raíz del desplazamiento son muy precarias : algunas están viviendo en casas ajenas, con la consiguiente falta de intimidad, otras en campamentos bastante mìseros, otras han estado expuestas a la intemperie en la montaña, sin alimentos, sin ropa y sin atención médica, con el dolor de ver a sus criaturas enfermas y hambrientas. Varias mujeres han tenido que dar a luz durante este exilio precario.
No sólo su salud física, sino también su salud mental, se ha visto gravemente afectada. Sufren de "mucha tristeza", tristeza que entre la gente indígena es considerada como una grave enfermedad. Expresan ser "muertas en vida", dado que no pueden practicar sus actividades cotidianas tradicionales, que constituyen su razón de vivir, a la vez que su forma de sostenerse económicamente.
Quieren regresar a sus lugares de origen, aunque por el momento lo ven imposible, dada la presencia de los grupos paramilitares o de los militares, y que no cuentan con ningún acompañamiento neutral y confiable para tales efectos.
Han aparecido estigmas de la ocupación militar: prostitución, alcoholismo, drogadicción y aumento de la violencia en general.
Han perdido su libertad de movimiento: no pueden ir a comprar en los pueblos aledaños por miedo de ser señaladas y molestadas por los militares de los retenes, no pueden ir a recoger sus cosechas y atender a sus cultivos, no pueden ir por agua y por leña.
Existe un miedo permanente a ser agarradas por los soldados - el caso de las mujeres violadas en el retén militar de Altamirano en 1994 sigue sin resolverse-; les dicen groserías como putas, malditas indias, pinches zapatistas vamos a casarnos con sus hijas...
Denuncian el miedo causado a las niñas y niños por la presencia militar, por los sobrevuelos constantes de avionetas y helicópteros. Dicen que se enferman por el miedo y no tienen atención médica, y eso a las mujeres les preocupa y les duele mucho.
Son ellas las que han tenido que salir en defensa de sus comunidades cuando quiso entrar el ejército federal entre el 1 y el 12 de enero de 1998. Ante el miedo de que se vuelva a repetir la ocupación de sus pueblos como ocurrió en 1995, se juntaron mujeres de la misma o de varias comunidades y tomaron la decisión de hacer retenes en la carretera o a la entrada de sus comunidades, revisando camiones, realizando cadenas humanas para impedir el paso a los militares federales, protegiendo así hombres, niños y pertenencias. (ver testimonio de las mujeres del Municipio 17 de Noviembre y Informe de la Comisión de la visita al ejido Morelia en Anexo). Fueron golpeadas y algunas heridas durante estas acciones.
Muchas mujeres han sido asesinadas en los últimos meses : 21 en Acteal y Guadalupe Méndez López por disparos de la policía en la marcha de Ocosingo. Pero muchas más han sido víctimas indirectas de la situación de guerra no declarada que se vive en Chiapas. Como tales, señalar las esposas, hermanas y madres de hombres asesinados o desaparecidos, de militantes amenazados y también de militares o paramilitares involucrados en el conflicto.
En numerosas entrevistas las mujeres se quejaron de la falta de atención médica en los partos y durante el embarazo. Dijeron que preferían ser atendidas en sus propias comunidades por las parteras. Sin embargo, estas parteras, a pesar de toda su sabiduría y de su conocimiento de las costumbres, carecen de instrumentos, instalaciones y productos esenciales para ejercer su labor con mayor eficacía. Se denunció la práctica de esterilización forzada (ver Anexo Acta de la entrevista CNI), que sucede cuando las mujeres indígenas son atendidas en las clínicas del Estado. La utilización sistemática de drogas médicas sin el consentimiento previo de las mujeres (anestesia, cesáreas), y también el hecho de que no se respetan los usos y costumbres indígenas en los hospitales o clínicas estatales , entre otros los relacionados con el pudor de las mujeres.
CRONOLOGÍA DEL PROCESO DE DIÁLOGO Y NEGOCIACIÓN ENTRE EL GOBIERNO DE MÉXICO Y EL EZLN
11 marzo 1995 Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas
9 abril 1995 Declaración de San Miguel (define los principios que regularán la conducta de las partes en el diálogo y prevé la creación de las mesas sobre derechos y cultura indígenas)
11 septiembre 1995 Definición de las funciones, agenda, formato y reglas de procedimiento del Protocolo de bases para el Diálogo y la Negociación
Septiembre-octubre 1995 Creación y realización de la Mesa sobre derechos y cultura indígenas
3—9 enero 1996 Foro especial sobre Derechos indígenas organizado por el EZLN
16 febrero 1996 Firma de los Acuerdos de San Andrés
30 junio—6 julio 1996 Foro Especial sobre la Reforma del Estado organizado por el EZLN (la COCOPA entregó los resultados al Congreso)
Julio 1996 Creación y realización de la Mesa sobre Democracia y Justicia
12 julio 1996 El gobierno federal y el EZLN acuerdan que sólo la CONAI y la COCOPA puedan declarar roto el Diálogo
22 octubre 1996 Aprobación del Reglamento de la COSEVER
7 noviembre 1996 Instalación de la COSEVER
27 noviembre 1996 Redacción de la Iniciativa de reformas constitucionales sobre Derechos y Cultura Indígenas por parte de la COCOPA
29 noviembre 1996 Entrega de la Iniciativa de la COCOPA al gobierno federal y al EZLN
30 noviembre 1996 El gobierno solicita, por la ausencia del territorio nacional del presidente Zedillo, unos días para la aprobación de la Iniciativa sobre Derechos y Cultura Indígenas
1 diciembre 1996 Aceptación de la Iniciativa de la COCOPA por el EZLN
3 diciembre 1996 El gobierno federal entrega a la COCOPA un documento en que incluye sus 27 observaciones a la Iniciativa de reformas constitucionales
11 marzo 1998 El PAN presenta en el senado de la República su proyecto de reformas constitucionales en materia de Derechos y Cultura Indígenas, sin la aprobación de las partes del Diálogo
15 marzo 1998 El presidente Zedillo presenta al Congreso de la República su proyecto de reformas constitucionales en materia de Derechos y Cultura Indígenas, sin la aprobación de las partes del Diálogo
Fuente: http://chiapas.pangea.org/home/mexp.htm
Nota: en esta página hay un enlace al informe completo