Misión Civil Nacional e Internacional de Observacíón Para la Paz en Chiapas
Chiapas al Día, No. 83
CIEPAC Chiapas, México
3 de diciembre de 1997
(Nota: por su importancia reproducimos el texto completo)
Observaciones y Reflexiones Sobre la Situación que Prevalece en Los Municipios de Chenalhó, Tila y Sabanilla.
3 de diciembre de 1997
I.- Contexto
Recurrentes notas periodísticas han hecho del conocimiento público las condiciones de inseguridad y de ingobernabilidad en Chiapas. La violencia se ha agudizado particularmente en los municipios de Chenalhó, en el Altiplano chiapaneco, de Tila y Sabanilla de la Zona Norte. El 4 de noviembre de 1997 los obispos de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Samuel Ruiz García y Raúl Vera López, así como la comitiva de catequistas y agentes de pastoral que les acompañaban sufrieron un atentado. Este hecho fue leído como signo de la ingobernabilidad e impunidad a las que han podido llegar grupos paramilitares y como un ataque al papel de la Comisión Nacional de Intermediación. Todo esto en un contexto en que la suspensión del Diálogo de San Andrés, ha tenido como consecuencia el incremento de violencia y una continua violación a los derechos elementales de diversos sectores sociales de la población chiapaneca.
II.- Descripción de la Misión
Ante estos hechos un grupo de organizaciones civiles nacionales e internacionales y personalidades preocupadas por la resolución del conflicto en una perspectiva de paz, diálogo y respeto a los derechos humanos convocamos a la realización de esta Misión Civil Nacional e Internacional de Observación para la Paz en Chiapas.
La misión fue dada a conocer en Canadá, Estados Unidos, Centro y Sudamérica y Europa, la cual quedó conformada por 44 personas de los grupos convocados y su objetivo fue : Hacer una visita de observación de campo a dos zonas de conflicto, para observar y documentar en el terreno, la situación de derechos humanos y sus implicaciones para el Proceso de Paz.
Para esto conformamos tres grupos de observación: El primero para visitar comunidades de los municipios de Chenalhó y Pantelhó, entrevista con autoridades locales y autoridades estatales. La segunda para visitar Sabanilla y la tercera para conocer la situación de Tila.
III.- Hechos observados.
Chenalh´o:
El grupo de observación quedó integrado por 32 personas que pudimos constatar que alrededor de 1,000 indígenas procedentes de las comunidades de Yibeljoj, Los Chorros, Beunpalé, Majomut y Aurora Chica se encuentran desplazados en las cercanías de Polhó, en las montañas de Xoyep y Xolomtoj, y en las afueras de Pantelhó, lugares de difícil acceso. El 60% son niños y niñas, hay ancianos, jóvenes y adultos sin distinción de partido o de iglesia. Las condiciones de salud, vestido, vivienda y alimentación son críticas, pues sólo cuentan con algunos plásticos rotos para guarecerse de la constante lluvia y sólo tienen la ropa que traen puesta, insuficiente y mojada. No tienen alimentos, agua potable o condiciones para potabilizarla. TODAS SUS PERTENENCIAS PERSONALES FUERON ROBADAS O QUEMADAS. Se encuentran refugiados en lugares donde hay condiciones insalubres, lo cual puede propiciar el desarrollo de epidemias como el cólera.
Los desplazados de Yibeljoj, Los Chorros, Beunpalé, Majomut y Aurora Chica señalaron que huyeron a la montaña durante los meses de septiembre, octubre y noviembre, refugiándose primero en comunidades vecinas de donde tuvieron que salir por incursiones constantes de grupos priístas armados y entrenados por la Policía de Seguridad Pública. Con gran dolor denunciaron que los priístas, trasladados en carros de la presidencia municipal cosechan y roban el café que los desplazados habían sembrado y cuidado. Denuncian a 14 personas a quienes identifican como cabecillas del grupo paramilitar de la comunidad de Los Chorros, a otras tantas de las comunidades de Canolal y Aurora Chica que presuntamente reciben órdenes de autoridades del ayuntamiento.
Dentro de las entrevistas que se realizaron, el oficial a cargo de la 83 brigada de Infantería ubicado en la cabecera municipal de Pantelhó, ante la solicitud de dar medidas de seguridad, señaló que no podía otorgar condiciones de seguridad para la misión porque existía una condición generalizada de inseguridad. Posteriormente, en entrevista con el Comandante de la Policía de Seguridad Pública, Absalón Gordillo Díaz, señaló que está al mando de 60 hombres en Chenalhó y que había condiciones de seguridad para visitar las comunidades de Tzajalucum y Pechiquil. Llama la atención que además de elementos con el uniforme completo de PSP había gente con vestimenta que mezclaba uniforme de uso exclusivo del Ejército Federal con aquellos de esta corporación, de particular importancia es que a 7 elementos de la PSP en Majomut portaban armas AK-47, las cuales son de uso exclusivo del Ejército Federal.
En la entrevista con las miembros del Consejo Autónomo de Polhó, se nos informó que el municipio autónomo está conformado por 32 comunidades que suman aproximadamente 8,000 personas del municipio de Chenalhó. En relación al origen de los desplazamientos señalaron reiterados ataques armados a las comunidades en los que ha habido muertos, por lo que la comunidades se vieron obligadas a refugiarse a las montañas en condiciones de carencia general.
El Consejo Autónomo de Polhó enfatizó su voluntad de diálogo en condiciones que sean aceptables para todos.
En el recorrido por las comunidades nos informaron habitantes de Chenalhó que hay desplazados, también en Xcumumal y Cacateal. De éste último lugar se nos informó que hoy, tres de diciembre, que hubo disparos y que 1000 personas de la comunidad salieron a refugiarse a la montaña.
El domingo 30 de noviembre, habitantes de la comunidad de Yabteclum, entregaron a la misión una denuncia detallada y firmada, sobre la transportación de armas en una ambulancia municipal el 9 de noviembre de 1997 a las 8:30 hrs. hacia la casa del Sr. Manuel Arias Ruiz. Hecho que se informó en la entrevista que tuvo la misión el 2 de diciembre con el Procurador General de Justicia del Estado.
Al pasar por Tzajalhucum, comunidad abandonada por todos sus habitantes, vimos tres casas y tres automóviles quemados. En Pechiquil, entre un numeroso grupo predominantemente compuesto por jóvenes, se entrevistó en su casa al Ex-Agente Municipal de la localidad, el Sr. Hilario Guzmán Luna, quien señaló que toda la comunidad era priísta, de religión presbiteriana y pentecostés. Asimismo, nos dijo que el 19 de noviembre ingresó gente vestida de negro, alta, disparando, por lo que 20 familias tuvieron que huir.
En esta comunidad los miembros de la Misión sentimos una gran tensión, puesto que varios jóvenes entre 15 y 25 años, vestidos de negro, con porte marcial, mezclados entre la gente y vigilando desde los techos de la casa impedían la comunicación de algunas personas con los miembros de la misión. Compañeros de la misión reconocieron a una persona integrante de la organización Las Abejas de Tzajalucum.
Una carta que llegó a la Misión el 3 de diciembre de Las Abejas confirmó nuestra sospecha de que la gente de Tzajalucum había sido secuestrada por priístas y paramilitares de la comunidad de Pechiquil. En entrevista con el Gobernador Julio Cesar Ruiz Ferro el 2 de diciembre, se le informó sobre esta grave situación y prometió garantizar la vida, la seguridad de las personas y de sus bienes y deslindar responsabilidades de estos graves hechos.
La Misión Civil de Observación intentó entrevistarse con las autoridades del Ayuntamiento de Chenalhó; sin embargo, no se encontraban en la localidad, a pesar de que se les había solicitado una entrevista desde el día 27 de Noviembre.
Sabanilla:
En la visita a comunidades del municipio de Sabanilla, por limitaciones del tiempo y la geografía, no nos fue posible visitar a todos los grupos de desplazados del municipio, por lo que sólo nos entrevistamos con representantes de las comunidades Los Moyos, Jesús Carranza, Bebedero, Emiliano Zapata, Chilintiel Juárez y Pasijá de Morelos.
De acuerdo al testimonio y a la observación que realizamos en las comunidades de desplazados, tan sólo de las comunidades mencionadas, contabilizamos un total aproximado de 1200 desplazados internos; los cuales han tenido que salir de sus comunidades de origen por motivo de las agresiones y amenazas del grupo paramilitar Paz y Justicia y de la propia policía de Seguridad Pública.
Según los testimonios recabados durante esta visita de observación, la actuación de Paz y Justicia presenta un patrón común:
· En algunos operativos se han presentado vestidos con uniformes similares a los de la policía de Seguridad Pública y han sido transportados por vehículos y helicópteros de la misma corporación policiaca;
· La policía de Seguridad Pública ha participado activa y abiertamente con los miembros de Paz y Justicia en ataques y amedrentamientos a la población opositora de las comunidades choles de Sabanilla;
· Los miembros de Paz y Justicia están armados con todo tipo de armas, utilizando algunas de uso exclusivo del Ejército;
· Se presentan en grupos grandes (de 40 a 300 personas), en los que participan miembros de distintas comunidades de Sabanilla y Tila, lo cual supone una gran capacidad de comunicación;
· Cualquier persona que no se identifique con las ideas políticas de Paz y Justicia se convierte en enemigo y blanco de sus ataques.
Los desplazados del municipio de Sabanilla han realizado una serie de encuentros de negociación con representantes de la Secretaría de Gobierno del estado. Sin embargo, según su testimonio, la actitud gubernamental en estos diálogos se asemeja a la del gobierno federal con el EZLN: promete pero no cumple, pretende negociar pero realmente engaña y continúa reprimiendo.
La situación humanitaria de estos aproximadamente 1,200 desplazados es alarmante. En el campo de la salud, las enfermedades comunes producto de la pobreza y la marginación se agudizan por factores que son consecuencia directa del propio estado de guerra que se vive en la región. En el campo educativo, tenemos cientos de niños en edad escolar a los que se les está violando su derecho a la educación. En el campo económico, no hay condiciones propicias para las actividades productivas de ningún tipo, lo cual profundiza la miseria y el aislamiento en la que viven las comunidades desplazadas. En las comunidades de refugio, las condiciones de vivienda son igualmente preocupantes: las familias desplazadas viven hacinadas en galerones improvisados que carecen de los servicios elementales.
Aunado a las ya mencionadas carencias (educativas, de salud, alimentación y vivienda), los efectos negativos -mentales y físicos- que la guerra está ejerciendo sobre los niños choles se presenta como el signo más reprobable de esta guerra despiadada en contra de la población civil, en la que no se respeta ni siquiera la vida de los niños: según los testimonios recabados por la misión de observación, en la comunidad de Emiliano Zapata, el 22 de junio de 1997, fue asesinado en una emboscada el niño Benito Juárez Gutiérrez, de 12 años; el día 23 de junio de 1997, fue emboscado en una vereda un grupo de nueve niños que regresaban de la escuela primaria, resultando heridos los niños Israel Juárez Pérez, Lidia Pérez Martínez, Hermelinda Pérez Martínez y María Magdalena Juárez Martínez.
Según lo que vimos y escuchamos, los miembros de la misión de observación a las comunidades de desplazados del municipio de Sabanilla hacemos las siguientes valoraciones finales:
· Existe en el municipio de Sabanilla un grupo de civiles fuertemente armado y organizado, denominado Paz y Justicia, que agrede y hostiga a todo aquel que no comparte sus ideas políticas;
· Existe una relación de cooperación y encubrimiento entre la policía de Seguridad Pública y las autoridades municipales con este grupo paramilitar;
· Los mecanismos de procuración de justicia son herramienta para la impunidad y para atacar a los grupos opositores de la región;
· En las comunidades choles de Sabanilla, el tener simpatías políticas con cualquier partido o grupo de oposición, así como el participar activamente en las actividades de la iglesia católica, significa el ser enemigo del sistema, y por lo tanto, potencial víctima de las agresiones de Paz y Justicia;
· En la región se vive una situación de guerra de baja intensidad en la que no existe el mínimo respeto hacia la población civil y los valores humanitarios, siendo las niñas y los niños las víctimas más vulnerables;
· El gobierno del estado no muestra voluntad política para resolver el conflicto por la vía de la negociación;
· La creciente militarización de la zona no es la solución al conflicto, ni ayuda a mejorar las condiciones de vida de las comunidades indígenas en Chiapas; por el contrario, aumentan la desconfianza, confusión y miedo de las comunidades ocupadas por el ejército federal.
Tila:
MISOPÁ CHINAL:
La brigada se conformó por 15 personas, de las cuales 10 eran de organizaciones civiles, 3 diputados federales y dos periodistas.
Misopá Chinal está localizado a 65 Km. de Salto de Agua. Debe hacerse notar que de Salto de Agua hasta Melchor Ocampo el viaje fue fluido, pero de ahí en adelante debimos cruzar la zona pantanosa que rodea Misopá Chinal en el Municipio de Tila, por ello, empleamos cuatro horas para recorrer 5 Km. a pie. Se hace esta consideración pues el reconocimiento del medio físico nos permitió comprender la grave situación de aislamiento -en todos sentidos- en que permanecen los habitantes de esta localidad incluidos los desplazados.
Los desplazados
Fuimos recibidos por una comisión representativa de las 74 familias
desplazadas, la comisión estuvo compuesta de la siguiente manera:
42 niños y niñas, 31 mujeres y 11 hombres, la mayoría
de los hombres se encontraba fuera de la comunidad pues estaban trabajando.
Hechos: El día primero de agosto a las 5 am fue rodeada la comunidad de Cruz Palenque por gente armada de grupo Paz y Justicia y cuando la Sra. Adela y su familia trataban de huir, fue asesinado su hijo Miguel Gutiérrez Peñate, de 13 años, al intentar pasar hacia Misopá. Los agresores no fueron identificados pero se cree que eran de distintas comunidades puesto que hablaban las dos ramas del idioma Chol, identifican como lugares de procedencia de los atacantes las comunidades de Masojá Chico, Masojá Grande, Nuevo Limar, Crucero y Miguel Alemán. El mismo día, a las 6 a.m. es asesinado el Sr. Nicolás Mayo Gutiérrez de 45 edad, tío de Domingo Mayo Rodríguez quien nos proporcionó el testimonio de viva voz.
Al terminar la balacera los desplazados fueron caminando hacia Aguascalientes y fueron detenidos a media mañana, al regresar se encontró que el Sr. Mateo Arcos Guzmán de 60 años, suegro de la testimoniante había desaparecido, hasta el momento no ha sido localizado ni vivo ni muerto.
Los agresores son identificados como integrantes de la comunidad de Crucero. Al salir no fueron juntos, se separaron porque caminaron por el monte y se perdieron, unos fueron a Chinal, otros a Usipá y ellos a Misopá Chinal.
Los desplazados explicaron las características y antecedentes del ataque: la Sra. Adela Peñate explicó que su esposo Miguel, catequista, fue amenazado con anterioridad a la fecha del ataque del primero de agosto de 1997, pues Pedro Gutiérrez Mayo, encargado de la clínica de Cruz Palenque, le dijo que “su esposo (Miguel Gutiérrez) tenía problemas”. Un día antes del ataque, rondaron por su casa y durante la noche, vecinos del lugar identificaron las viviendas de quienes posteriormente fueron atacados. El ataque ocurrió a las 5 de la mañana, fue tan violento y sorpresivo que todos salieron huyendo de sus domicilios desnudos o semidesnudos para evitar ser alcanzados por los disparos de armas de alto poder, las que describen como escopetas de cartucho y otras pequeñas y de un peine grande.
Una vez que explicaron lo ocurrido, los desplazados proporcionaron algunos datos de quienes los atacaron, piensan que todos son integrantes de Paz y justicia, pertenecen al PRI y proceden de las comunidades de Masojá Chico, Masojá Grande, Nuevo Limar, Crucero y Miguel Alemán. Creen que el gobierno les proporciona las armas y de acuerdo a lo que los propios atacantes les dijeron con anterioridad al ataque, la Seguridad Pública los protege, por esa razón vestían de la misma manera que los de Seguridad Pública la madrugada en que los atacaron. También afirman los entrevistados que la presidencia municipal de Tila apoya a los atacantes pues han alardeado de haber recibido 20 mil pesos de la misma.
Situación actual:
La inseguridad en la que transcurre la vida de estos desplazados es evidente, desde el punto de vista jurídico, conforme a sus declaraciones no han recibido atención ni del Ministerio Público ni de la Procuraduría de Justicia del Estado. Desde el punto de vista social su situación es muy grave, carecen de los más elementales recursos pues perdieron todas sus pertenencias hasta la ropa y zapatos, carecen de herramientas para trabajar, no hay maíz y se están generalizando enfermedades como diarrea, calenturas y enfermedades de la piel. Su situación es desesperada y requieren urgentemente atención humanitaria
POR TODOS ESTOS HECHOS CONSTATAMOS:
a) La violencia afecta a toda la población civil de estas regiones, sin importar edad, religión o preferencia política. La que ha generado un clima de inseguridad, temor y desconfianza.
b) La población desplazada es la más pobre de las comunidades, en su mayoría mujeres y niños. Sus pertenencias han sido destruidas, robadas o quemadas, sus cosechas robadas y sus tierras ocupadas y usadas por los integrantes de grupos paramilitares. Las condiciones en las que viven los desplazados son tan precarias que está en grave riesgo su sobrevivencia.
c) La mayoría de los desplazados son simpatizantes del Partido de la Revolución Democrática, Sociedad Civil, bases de apoyo Ejército Zapatista de Liberación Nacional, sin embargo, existen también desplazados de otras organizaciones y partidos.
d) Existe una connivencia y complicidad abierta y probada entre la Policía de Seguridad Pública y los grupos paramilitares de las localidades visitadas. Incluso esta Misión Civil Nacional e Internacional de Observación para la Paz en Chiapas ha constatado con dolor que algunas de las comunidades incluidas en nuestro recorrido han sido hostigadas después de nuestra visita por la Policía de Seguridad Pública.
e) No se han realizado investigaciones de las autoridades de procuración de justicia, por lo que prevalece una situación de impunidad y de hacerse justicia por su propia mano. Por otra parte, cuando se han realizado investigaciones se somete a las víctimas a interrogatorios que no tienen que ver con las indagatorias de los hechos que se denuncian.
RECOMENDACIONES:
La ayuda humanitaria es urgente. Consideramos que la mejor manera de canalizar
alimentos, medicamentos básicos y materiales de construcción,
necesita realizarse a través de una instancia neutral como es la
Cruz Roja Internacional.
Atención inmediata y efectiva a las necesidades básicas de las familias de desplazados (salud, vivienda, servicios, educación y alimento), en especial a las necesidades de las niñas y los niños y la indemnización de los bienes (casas, siembras, animales y medios de producción) que fueron abandonados al momento del desplazamiento por las familias afectadas y que fueron destruidos o robados posteriormente.
Garantizar el retorno de las familias desplazadas en las mejores condiciones
Exhortamos al Alto Comisionado para los Refugiados de las Naciones Unidas, al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y, en particular, a la UNICEF .a considerar la gravedad de la situación de los desplazamientos internos y las violaciones a los derechos humanos que se viven como consecuencia de una guerra civil en la zona norte del estado de Chiapas, en la que las niñas y los niños son los que más sufren; por lo que se requiere hagan una visita a los lugares donde hay mayor violencia.
Que las autoridades del Gobierno del Estado, desarmen a los grupos paramilitares que operan en diversas regiones del estado de Chiapas.
Se exija el apego de los cuerpos de seguridad Pública y de elementos del Ejército Federal, conforme a derecho y se castigue a aquellos que han actuado extralimitándose en sus funciones.
Recomendamos que la policía de Seguridad Pública salga de los lugares donde no está destacamentada pues su actuación ha incrementado la tensión y la violencia.
Dado que no existen poderes de hecho en la zona norte, que los grupos armados respeten, por razones humanitarias, el artículo 3o común a los convenios de Ginebra.
Que se propicien condiciones para que se puedan dar un verdadero proceso de reconciliación en las diversas zonas de conflicto, en la que participen los diferentes grupos afectados y se incluya como mediadores a organismos civiles nacionales e internacionales propuestos y aceptados por las partes en conflicto.
Como un paso para el diálogo proponemos la liberación de los presos políticos y la anulación de las órdenes de aprehensión fundadas en motivos políticos.
La restitución del libre tránsito en las diversas regiones que comprenden los municipios de Tila, Sabanilla y Chenalh´o.
La formación de una comisión independiente que investigue la situación en la zona norte y deslinde responsabilidades civil, objetiva y subjetiva contra los funcionarios que han promovido y tolerado la violencia en la zona norte.
Particularmente pedimos garantías para la integridad física y emocional de las personas retenidas contra su voluntad en la comunidad de Pechiquil, Los Chorrros y Yibeljoj, del municipio de Chenalhó, quienes deben tener absoluta libertad para salir de ese lugar.
Para restablecer la convivencia pacífica en las comunidades de Los Altos y de la zona Norte es necesario crear condiciones para el retorno de todos los desplazados.
El diálogo a nivel comunitario será cada vez más difícil mientras no se dé cumplimiento a los Acuerdos de San Andrés, signados por el Gobierno Federal y el EZLN y el Gobierno Federal cumpla su palabra aceptando la Propuesta de Reforma Constitucional elaborada por la COCOPA.
CIEPAC, A.C.
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