Se Disuelve la Conai
Chiapas al Día, No. 113
CIEPAC Chiapas, México
8 de junio de 1998
El 7 de junio, el obispo Samuel Ruiz García, obispo de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas y presidente de la Comisión Nacional de Intermediación, en la homilía dominical que terminara a las 19:35 horas anunció la disolución de dicha instancia de Intermediación que durante prácticamente 4 años apoyó el proceso de diálogo y negociación entre el Gobierno Federal y el EZLN. En su documento titulado “Hacia una Nueva Etapa del Proceso de Paz” afirma que “varios condicionamientos que afectaban la continuación del diálogo, mencionados por el EZLN y considerados atendibles por el Gobierno, fueron reconocidos, pero luego considerados inaceptables. El cumplimiento de lo acordado en la Mesa 1 de San Andrés se convierte en una afirmación reiterada que no se concretiza. El EZLN, ante esta situación, dijo sus últimas palabras para sumirse luego en un largo, comprensible y al final pesado silencio, que fue leído por la otra parte como rechazo del diálogo”. Más adelante afirma que “además de la irrupción del diálogo, no solo el deterioro de la situación en Chiapas y en el País, sino una constante y creciente agresión gubernamental a la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, a la Mediación y su presidente mismo, puesta en marcha por distintas instancias oficiales y recientemente llevada a cabo, con signos y palabras, por el propio titular del Ejecutivo en diversas ocasiones”.
Así, Don Samuel Ruiz resume su homilía la agresión a la Diócesis: “expulsión de 7 sacerdotes por falsas acusaciones; negación práctica de residencia a los agentes de pastoral extranjeros; encarcelamiento de 4 sacerdotes falsamente acusados y con franca violación a sus derechos humanos; cierre de unos 40 templos (algunos de ellos ocupado por el ejército mexicano); órdenes de aprehensión a numerosos sacerdotes, religiosas y misioneros; presión a varios campesinos para que afirmen que la Diócesis entrega armas a las comunidades; directrices a varios medios de comunicación para que tergiversen las noticias; generación de un clima de linchamiento; profanación del Santísimo Sacramento en varios templos, hecha por la policía de seguridad. Todo lo cual indica que esta persecución religiosa ya no se dirige únicamente a nuestra Diócesis, so pretexto de condicionar la Mediación para el diálogo, sino visualiza a la Iglesia católica de todo el País”. Por tanto, el titular de la CONAI constata “claramente que se ha terminado una etapa del proceso de paz”.
Ante la declaración pública de Don Samuel Ruiz García, tres horas después, los demás miembros de la misma ratificaron la noche del mismo día, como cuerpo colegiado, la disolución de la CONAI constatando 6 aspectos que podríamos resumir así: 1) la creciente militarización, 2) la multiplicación de los grupos paramilitares, 3) el incumplimiento de los procedimientos y contenidos de las negociaciones de San Andrés, 4) la escalada de violencia contra los municipios autónomos, 5) la situación dolosa e irresuelta de los desplazados y presos y, 6) las campañas de desprestigio contra la CONAI.
Así, en su documento el cuerpo colegiado reconoce la lucha de Don Samuel Ruiz a favor de la paz, entiende las razones que lo ha llevado a plantear la disolución de la Intermediación y afirman que “sin la participación de Don Samuel Ruiz en la CONAI, ésta no puede cumplir su cometido”. Al final, hace tres exhortaciones: 1) exigen al Gobierno Federal y Estatal que por los hechos acrediten su voluntad de diálogo y negociación para resolver las causas que originaron el conflicto, 2) llaman al EZLN a que mantenga su decisión de buscar una solución política a las injusticias estructurales y, 3) exhortan a la sociedad civil de Chiapas, México y el mundo a asumir un papel más activo que frene la estrategia de guerra del gobierno.
Ya hemos analizado mucho las repercusiones que ha traído la estrategia de guerra del gobierno federal y estatal para la solución en Chiapas mismas que han provocado la disolución de la CONAI. Ahora, volvamos a echar otra mirada retrospectiva de las consecuencias políticas de dicha estrategia y veamos qué otras acciones ha realizado el gobierno y el partido oficial en las últimas semanas para recuperar terreno antes de las elecciones chiapanecas de octubre de 1998 y con miras a las presidenciales del 2000:
Nicolás Ruiz: gobernado por el PRD, uno de los 42 municipios más pobres y al que se le anunció apoyo económico prioritario gubernamental y que nunca llegó, y donde el PRI no ha obtenido ningún voto en las elecciones de 1994, 1995 y 1997, el 3 de junio con un operativo policiaco-militar compuesto por mil elementos, entran a la cabecera municipal fuertemente armados, con 20 tanques de guerra y helicópteros que arrojan gases lacrimógenos. Detienen a 167 personas, allanan 100 casas ilegalmente y a patadas, roban pertenencias, dinero, animales domésticos, golpean a la población, etc., bajo el pretexto de restablecer el estado de derecho, ejecutar órdenes de aprehensión, “liberar” a 23 jefes de familia -únicos priístas en el municipio- que supuestamente estaban como rehenes y expulsados por todos los habitantes del municipio. El gobierno culpa a perredistas, zapatistas y catequistas de la Diócesis y mantiene órdenes de aprehensión y por lo menos a 100 elementos de la policía en la cabecera que ha provocado la suspensión de las labores escolares. Argumenta restablecer los derechos humanos de 23 personas expulsadas cuando no ha hecho nada por el retorno de más de 14 mil desplazados bases de apoyo zapatista, sociedad civil y simpatizantes del partido de oposición del PRD.
Ocosingo: lanza órdenes de aprehensión contra los líderes campesinos y miembros de las organizaciones indígenas que forman parte del gobierno del Consejo Municipal; con un operativo policiaco-militar desmantela el municipio autónomo “Flores Magón”, roba utensilios de cocina, animales domésticos, envía a la cárcel a 9 personas, desplaza a la población zapatista hacia la montaña, instala campamento policiaco, se suspende labores escolares. El partido oficial, ganaderos y comerciantes se ven favorecidos. Por otro lado, hostigamiento e incursiones militares han recibido los municipios autónomos Che Guevara en Moisés Gandhi y el de Sibacá. Por otro lado, en Marqués de Comillas un dirigente campesino fue detenido y golpeado por la policía y miembros del ejército se internaron en semanas pasadas a la región del Valle de Santo Domingo donde el gobernador Roberto Albores propone un nuevo municipio.
Palenque: las incursiones y las amenazas del ejército en el Aguascalientes zapatista de Roberto Barrios continúa latente. Después de que en semanas pasadas fuera asesinado un simpatizante del EZLN a machetazos por priístas, se presume la intencionalidad de la quema de una vivienda por presuntos priístas donde una niña murió y otras resultaron heridas. En el caso de las 140 familias desplazadas de Agua Blanca no han podido retornar y las amenazas de priístas armados continúa hasta la fecha.
Ixtapa: gobernado por el PRD, con fuerte presencia de la organización campesina de la CIOAC, el gobierno acusa al presidente municipal, Guillermo Hernández, de ser responsable del asesinato de 4 priístas en 1996, y junto con otros líderes locales los encarcela.
Jitotol: gobernado por el PRD, priístas comienzan a denunciar al alcalde municipal de abigeato, por lo que el gobierno lo señala de “subversivo” y de estar apoyando al EZLN.
Soyaló: el gobierno encarceló en días pasados al Síndico del ayuntamiento y miembro de la CIOAC.
Chenalhó, Pantelhó, Mitontic, Chalchihuitán, Cancuc: en el presente año, el ejército se instaló en las cabeceras municipales.
Amatenango del Valle: gobernado por el PRD, en días pasados autoridades del ayuntamiento y la población denuncian la entrada de los militares y corporaciones policiacas con indicios de instalarse en el municipio y avisan de sus intenciones. Al no permitirles su permanencia, aumentan sus patrullajes.
Tenejapa: con un operativo policiaco-militar con mil elementos fuertemente armados, desmantelan un supuesto campamento de entrenamiento militar zapatista con saldo de detenidos, golpeados, heridos, robo de casas, bienes, animales domésticos, etc. (que resultó ser un centro artesanal de mujeres). Sin embargo, es del conocimiento público que dicho municipio ha sido la cueva de ladrones de autos robados, que sus autoridades municipales priístas han recibido el apoyo gubernamental del anterior gobernador por medio de la UNAL, que se presume de ser terreno de tráfico de armas y de escondite de algunos paramilitares de Chenalhó, que incluso el expresidente municipal priísta tenía un grupo armado y al que se le encontraron armas y autos robados, etc. Por fin, el gobierno logra posicionar a las fuerzas policiacas en la cabecera municipal.
Simojovel: fueron asesinados campesinos de la organización campesina CIOAC y el ejército y policía de seguridad pública salieron de sus cuarteles y mantienen patrullajes continuos pese a la oposición de la población.
El Bosque: ante un nuevo conflicto entre zapatistas y priístas, con saldo de muertos, encarcelados y población desplazada a la montaña en el mes de abril, el ejército y seguridad pública refuerzan sus patrullajes. El gobernador Albores amenazó con desalojar próximamente a los zapatistas que tienen bajo su control la presidencia municipal como parte del municipio autónomo “San Juan de la Libertad”, ya que la mayoría de la población es simpatizante del EZLN. Por otro lado, a principios del año el ejército realizó un operativo militar en el centro ecológico “El Bosque” por sospechar de ser un campamento de entrenamiento guerrillero y salieron con las manos vacías al encontrar un centro de capacitación tecnológica a indígenas.
Tila, Tumbalá y Sabanilla: de igual modo, el gobierno no aplica en estos municipios la ley ni impone el estado de derecho. Todavía el grupo paramilitar “Paz y Justicia” mantiene sitiada la región, tiene cerrados los templos católicos impidiendo la libertad de culto, cobra cuotas ilegales, mantiene retenes e impide el libre tránsito, se opone al retorno de desplazados, continúa amenazando y sus miembros mil veces denunciados siguen actuando en total impunidad y en mayo cobra otros 4 asesinatos a miembros del PRD. En este territorio, el gobierno no hace otra cosa que mantener los mecanismos que le aseguren el poder y control de cara a las elecciones. Los tres municipios han recibido las visitas del presidente Zedillo en el presente año prometiendo más apoyos financieros mientras que las autoridades estatales solicitan que estos ayuntamientos gobernados por el PRI comprueben los gastos ejercidos durante 1997.
Chanal: después de la visita de los obispos de la Diócesis, el presidente Zedillo visita la cabecera municipal controlada por los priístas que mantienen clausurado el templo católico y no permiten la libertad de culto. Del mismo modo, en este año, el ejército y la policía se atrincheraron en la cabecera municipal.
Oxchuc: En varias ocasiones indígenas de 4 organizaciones, incluyendo al PRI, han tomado la presidencia municipal exigiendo la destitución del alcalde priísta por fraude y apoyo del ayuntamiento y del diputado priísta al grupo paramilitar MIRA; la policía de seguridad pública los ha desalojado con violencia.
Bochil: gobernado por el PRD, aparece el grupo armado “Los Tomates” de filiación priísta quienes en mayo cobraron una víctima. Campesinos y líderes de la CIOAC y del PRD temen por las 120 órdenes de aprehensión en su contra.
San Cristóbal de las Casas: con un operativo policiaco-militar de más de mil efectivos en la colonia de “La Hormiga”, son enviados a la cárcel los líderes evangélicos que podrían haber sido candidatos de los indígenas para la contienda electoral. Hasta el momento, los líderes del CRIACH, OPEACH y SCOPNUR -tres importantes organizaciones indígenas en el municipio y en la región- han sido encarcelados; así, dejan limpio el terreno para los “auténticos coletos” que han actuado como grupo de choque.
Chilón: gobernado por el PRD, en este año es instalado un nuevo campamento militar en la escuela de la comunidad de San Jerónimo Tulijá, zona de influencia del municipio autónomo zapatista “El Trabajo”. Por su lado, los 26 presos del grupo paramilitar Los Chinchulines festejan la posibilidad de ser liberados ante la intervención prestada por el gobernador Albores con el fin de revisar sus expedientes penales.
Yajalón: el primer municipio donde el gobierno hace la entrega de 2 patrullas equipadas y la construcción de 2 casetas de vigilancia policiaca en los últimos días. Al mismo tiempo, grupos de priístas solicitan la instalación de un campamento policiaco. A principios del año, la policía de seguridad pública desalojo 5 predios tomados por indígenas.
Venustiano Carranza: miembros de la Casa del Pueblo denuncian las incursiones policiacas y los intentos gubernamentales para ligarlos con grupos armados y así justificar otro operativo policiaco-militar, donde los comuneros llevan años en lucha frontal contra los caciques de la familia Orantes y los intereses de las familias más poderosas del municipio quienes han apoyado al grupo paramilitar Alianza San Bartolomé de los Llanos ligados a los diputados de extracción priísta. Los miembros de la Casa del Pueblo reclaman 500 personas despojadas de sus tierras, 34 muertos, 4 desaparecidos, centenares de detenidos, torturados, presos, amenazas e intimidaciones y el reciente desalojo de un predio a miembros de la organización campesina OCEZ.
Sitalá: gobernado por el PRD, es el municipio al que más se le castigó con la reducción presupuestaria del gobierno del estado. Al mismo tiempo, al inicio del año, la Procuraduría General de la República (PGR) llevó a cabo una incursión para desarmar a la policía municipal.
Altamirano: gobernado por el PRD y con la influencia del municipio autónomo zapatista “17 de Noviembre”, el gobierno informa que más del 90% de sus integrantes se incorporan al PRI y dejan a un lado las filas zapatistas, mientras que autoridades del municipio rebelde desmienten las declaraciones afirmando que 56 comunidades forman parte de la rebeldía. Acusan al diputado priísta Juan Villafuerte de estar fomentando la división y apoyar al grupo paramilitar MIRA, el mismo que entregara macanas de policía a algunos indígenas durante el desmantelamiento Taniperlas hecho que fue registrado en la prensa. Por otro lado la Contraloría del Estado presiona al municipio por la comprobación de fondos públicos o la amenaza de ser desaforados. Sin embargo, de los más de 80 municipios gobernados por el PRI y cuyo desvío de fondos ha sido denunciado, las autoridades gubernamentales no han hecho nada.
Las Margaritas: con un operativo policiaco-militar fuertemente armado son encarcelados más de 40 líderes zapatistas, con saldo de casas allanadas, heridos; robo de pertenencias, animales, dinero, cooperativas, medicinas, etc., el ejército y las fuerzas policiacas desmantelan la cabecera del municipio autónomo “Tierra y Libertad” y logran posicionarse e imponer a los priístas de la localidad. Mientras tanto, el día 6 de junio niegan los priístas la entrada de ayuda humanitaria de la caravana conformada por 300 estudiantes de diversas universidades.
LA REMUNICIPALIZACION
Después de que el Presidente Zedillo en su segunda visita a Chiapas invitara a acelerar la remunicipalización del estado, el gobernador interino Roberto Albores ya tenía una propuesta para la tercera visita del Presidente Zedillo, mismas que se han dado en menos de un mes. Así, Albores propone 33 nuevos municipios que afectarían a 11 de los actuales de la siguiente manera: 3 en Altamirano, 5 en Las Margaritas, 1 en Chenalhó, 3 en Chilón, 2 en La Independencia 13 en Ocosingo, 1 en Sabanilla, 1 entre Salto de Agua y Tumbalá, 1 en Simojovel y 2 en Tila. En total serían 1,441 localidades con un total de población de 343,110 habitantes que formarían parte de otros municipios, según la propuesta. Estos nuevos municipios abarcarían las Zonas Selva, Norte y Altos.
Con esta iniciativa, el presidente Zedillo intenta montarse sobre un proceso imposible de detener y que llevan a cabo las comunidades indígenas. Así, se sube a la propuesta e intenta conducirla, condicionarla, generar más condiciones a su favor, romper y desestabilizar el proceso zapatista. Por ejemplo: 1) propone el mismo número que tiene el EZLN para así negociar en los mismos términos; 2) solo en 3 de ellos coincide con las mismas cabeceras de los municipios autónomos zapatistas (Sibacá, Moisés Gandhi, Amparo Aguatinta y Aldama) pero quizás no coincida con el mismo número de comunidades y población; 3) en algunas de las nuevas cabeceras municipales propuestas son ya grandes campamentos militares permanentes (San Quintín, El Limar, Guadalupe Tepeyac, Patihuitz), como lo están ya en otras cabeceras que controlan (Tenejapa, Chenalhó, Cancuc, Tila, Mitontic, Simojovel, Bochil, El Bosque, Palenque, Ocosingo, Altamirano, Pantelhó, etc.); 4) en otras son terreno controlado por grupos incondicionales al régimen y al partido oficial (Lacandonia, Pico de Oro, Nueva Morelia, Valle de Carranza, El Edén, Maravilla Tenejapa, Bajucú, Río Blanco, Tzaconejá); 5) otras más son controladas por grupos paramilitares o grupos priístas armados (El Limar, Petalcingo, Patihuitz, Moyos, El Edén); 6) propone tan solo un plazo de 8 días para que el EZLN se incorpore al proceso, tiempo que ya venció.
La respuesta de los partidos políticos de oposición, a excepción del PRI, se ha manifestado contra esta iniciativa por varias razones: que no es el momento oportuno ya que se está en el proceso previo a las elecciones; que es unilateral; que no toma en cuenta a las comunidades indígenas; que solo el Poder Legislativo tiene facultades para modificar municipios, etc. Sin embargo, en los tiempos y ritmos jurídicos establecidos, las consultas necesarias así como las condiciones sociales y políticas en la entidad hacen sospechar que este proceso de discusión será para más tiempo. En el caso de la iniciativa unilateral del presidente Zedillo sobre la Ley de Derechos y Cultura Indígena manifiesta que el proceso de remunicipalización no tendría efecto para las elecciones de octubre.
Por otro lado, el gobernador Albores afirma que de los 38 municipios autónomos sólo funcionan realmente ocho y de los cuales solo 4 ó 5 faltan por desmantelar; que la siguiente acción será desmantelar los campamentos de entrenamiento militar del EZLN en los municipios autónomos; “que trabajamos sin distingos políticos”; que “la ley no se negocia”; que “no vamos a permitir perturbadores y desestabilizadores”; que “los chiapanecos ya dejamos de ser rehenes de las partes, recobramos la voz y la participación”. Así, los municipios autónomos reciben ataques por varios frentes acusados por el gobernador de “grupos radicales y agitadores”: el desmantelamiento, la represión y la cárcel; el desplazamiento de la población y el cerco de hambre; más que la instalación del estado de derecho es la instalación del ejército, fuerzas policiacas y del priísmo local; una contrapropuesta que “sí es legal” poniendo condiciones y estructura; división en las comunidades; coptando líderes y rompiendo las lealtades; fuertes acciones publicitarias para inventar deserciones, hacerlas más evidentes o magnificarlas; amenazas, intimidaciones y terror; o facilitando a los grupos afines al régimen retomar el control político y territorial para luego devolverlo al gobierno.
LOS PARAMILITARES
Hasta el momento se han registrado la aparición de los siguientes grupos paramilitares: Paz y Justicia (que reclama a sus 89 muertos, 27 secuestrados, culpando a la Diócesis), Chinchulines, Mascara Roja, Movimiento Revolucionario Indígena Antizapatista, Los Tomates, Los Puñales, Los Chentes, Alianza San Bartolomé de los Llanos, Frente Civil de La Independencia, Los Degolladores, Los Aguilares, Rubén Jaramillo y Los Tzintzines. Algunos de ellos sin actividad y otros en plena acción violenta Estos grupos paramilitares tienen presencia en por lo menos 20 municipios de Chiapas: Ocosingo, Tila, Tumbalá, Berriozábal, Salto de Agua, Sabanilla, Yajalón, Chilón, Venustiano Carranza, La Independencia, Comitán, Altamirano, San Andrés, Oxchuc, Chamula, Amatenango del Valle, Chanal, Palenque, Chamula y Las Margaritas.
Ya habíamos comentado también que hay más grupos paramilitares de filiación priísta que no se identifican con algún nombre, pero sí con personas en diversas comunidades en por lo menos 20 municipios: Simojovel, Mitontic, El Bosque, Huitiupán, Frontera Comalapa, Chicomuselo, Chenalhó, Pantelhó, Tenejapa, Sitalá, Palenque, Amatenango de la Frontera, Las Margaritas, Tenejapa, San Cristóbal de las Casas, Chamula, Chanal, Rayón y La Trinitaria.
El gobierno tiene una gran responsabilidad ante este problema, o lo detiene o el futuro cercano podría ser una colombianización del estado con un incontrolable accionar de la violencia. La prensa ha registrado en este mes que personal del ejército promueve en las comunidades de la región Selva y Fronteriza el uso de las armas en los municipios de La Trinitaria, Las Margaritas, Ocosingo, La Independencia, Tzimol y Comitán para la defensa antizapatista, siempre y cuando no sea con armamento de uso exclusivo del ejército. Por otro lado, el militar preso involucrado en la masacre de Acteal, municipio de Chenalhó, vinculó al PRI en sus últimas declaraciones afirmando que políticos del partido oficial ofrecieron entre 600 y 700 dólares a soldados y policías por entrenar a priístas paramilitares.
La estrategia gubernamental está cargado de errores y presenta varias características: a) la represión y el uso a conveniencia del “imperio de la ley” no podrán poner “orden” ni restaurar el “estado de derecho” en medio de la ingobernabilidad mal gobernada por la política del presidente Zedillo durante 4 años; b) la estrategia del gobierno federal y estatal no gozan del consenso de los diversos sectores del país que, incluso muchos empresarios, han rechazado las acciones que se llevan a cabo para supuestamente pacificar Chiapas; c) las organizaciones campesinas, indígenas, urbanas y la sociedad civil en general van acumulando más que “pacificación”, muertos, desplazados, militarización y rabia; d) la estrategia gubernamental se va convirtiendo en una olla de presión cuya salida puede ser catastrófica o conducir sus energías para lograr nuevos caminos de paz; e) la factura de la ingobernabilidad se le quiere cobrar a toda fuerza política opuesta al régimen y al priísmo; f) se pretende ocultar la cara del ejército que gobierna el estado con un supuesto “estado de derecho”; g) el régimen se resiste al diálogo, a la tolerancia, a la alternancia del poder mostrando una especie de fascismo cínico.
Con esta “estrategia de guerra” como diría la CONAI, la administración del presidente Zedillo ha perdido a su interlocutor por medio de su acorralamiento (al EZLN), ha perdido el puente que lo comunica con él (la CONAI), ha perdido el sustento legal y la participación institucional de los partidos de oposición al debilitar a la coadyuvancia (la COCOPA), y ha perdido el consenso de los indígenas y la sociedad civil mexicana.
Hasta ahora el gobierno federal y estatal han mostrado una cara sumamente cínica ante el conflicto. Niega rotundamente lo que la población chiapaneca, nacional e internacional está viendo con sus propios ojos, como testigos de una realidad lacerante. La represión, los presos, los heridos, los desplazados, los desalojados, los muertos, tienen rostro. Con la disolución de la CONAI volveremos a ver la negación sistemática y rotunda del régimen sobre las causas profundas de dicha disolución para crear mayor confusión.
Con la disolución de la CONAI podremos vislumbrar dos escenarios extremos: o el gobierno federal entiende que debe encauzar de otro modo y por los hechos la solución del conflicto; o continúa con su misma estrategia que llevará a empeorar el escenario político, social y militar en Chiapas y otros puntos del país.
Fuente: CIEPAC. http://www.ciepac.org/