Los municipios autónomos zapatistas
Adriana López Monjardin y Dulce María Rebolledo
Millán.
Revista Chiapas nº 7
Hoy las casas de madera y tierra de los gobiernos
indígenas están quemadas y destruidas. Hoy las
casas y palacios de los gobiernos de Zedillo y
Albores están muy lujosas y cuidadas. Hoy los
gobiernos federal y estatal están muertos porque
nadie los apoyó. Hoy los gobiernos indígenas están
vivos porque estamos en todos los pueblos [...]
Así va a ser, de por sí
Mensaje pronunciado en el Municipio
Autónomo San Pedro de Michoacán
el 4 de mayo de 1998, firmado por
"hombres, mujeres, niños y ancianos
de los municipios indígenas"
El 19 de diciembre de 1994, al romper el cerco militar, el Ejército
Zapatista de Liberación Nacional dio a conocer “al pueblo
de México y al mundo, pero sobre todo al mal gobierno”, la
formación de treinta y ocho nuevos municipios. Durante cuarenta
meses, hasta abril de 1998, estos nuevos municipios se organizaron, crecieron
y resistieron en silencio. Muy pocas veces sus habitantes, sus autoridades
civiles o el EZLN comunicaron públicamente aspectos de la vida
en los municipios rebeldes. Durante los Diálogos de San Andrés,
los concejos municipales y los pueblos que los respaldan se protegieron
a través de formas de resistencia de bajo perfil. No suspendieron
la construcción cotidiana de alternativas de convivencia y autogobierno,
pero tampoco las convirtieron en un centro visible de desafío simbólico
al mal gobierno.
La presencia pública de los municipios autónomos zapatistas
adquirió relevancia en 1998, conforme se intensificaba la guerra
sucia en contra de las comunidades indígenas y se reiteraba la
decisión gubernamental de traicionar los Acuerdos de San Andrés.
A lo largo de este año, la organización de los pueblos en
nuevos municipios se convirtió en un blanco de los ataques policiacos,
militares y paramilitares. Pero, al mismo tiempo, se fortaleció
como un dique contra la descomposición inducida del tejido social
y como uno de los terrenos fundamentales de la resistencia, la denuncia
y la comunicación de las bases de apoyo zapatistas con la sociedad
civil.
El reconocimiento del protagonismo y la invisibilidad, la palabra y el
silencio, lo cotidiano y lo extraordinario, constituye un punto de partida
ineludible para explorar las historias de los municipios rebeldes. Porque,
como dice James Scott, bajo las condiciones de tiranía -o próximas
a la tiranía- en las que vive la mayor parte de la población
del planeta, no basta una concepción que restrinja la vida política
de los oprimidos a la dicotomía entre las rebeliones abiertas y
el consentimiento o la aceptación de las relaciones de poder.
Los discursos y las prácticas políticas de los grupos subordinados
se desarrollan en múltiples dimensiones intermedias y fronterizas:
desde las más seguras y públicas, que toman sus bases de
las concesiones retóricas que propagan las élites y abren
espacios de conflicto cuando los subordinados reclaman su cumplimiento,
las expresiones anónimas o ambiguas de desacato, que ocurren a
la vista pública pero están destinadas a ocultar la identidad
de sus autores, hasta la resistencia cotidiana: las formas brechtianas
de la lucha de clases de todos los días, que requieren escasa coordinación
y planeación y generalmente evitan una confrontación simbólica
directa con la autoridad.
Los miles y miles de actos de insubordinación llegan a crear una
barrera política o económica propia de los subordinados,
de la misma manera que se construyen los arrecifes de coral: a través
de innumerables y pequeñas aportaciones. Si bien la resistencia
cotidiana se expresa, con frecuencia, a través de acciones individuales,
anónimas y encubiertas, todas ellas se encuentran inmersas en una
amplia red de complicidades sociales y suponen un procesamiento cultural
que comprende símbolos, normas, ideas y valoraciones respecto a
lo que se puede considerar justo o injusto. De esta manera, las acciones
y los pensamientos de la resistencia se encuentran en un diálogo
permanente.[1]
Cuando emergen las rupturas discursivas y los desafíos abiertos,
cabe preguntar: ¿podemos suponer que las elaboradas visiones del
mundo que expresan surgieron espontáneamente, de los labios de
una persona, sin que ciertas creencias y prácticas hubieran preparado
cuidadosamente el camino para que se manifestaran? Según Scott,
no se pueden comprender las rupturas, las insurrecciones ni las formas
cotidianas de resistencia sin reconocer que existen espacios sociales
protegidos y ocultos de la vista y el control de las élites, en
los que florece una cultura popular crítica del poder. En ellos
se encuentran las bases sociales y normativas que alimentan tanto la resistencia
de bajo perfil como los desafíos públicos y los levantamientos
armados.[2]
Tal vez lo más sorprendente de los municipios rebeldes de Chiapas
es que se desenvuelven, a la vez, en estas tres dimensiones. Se trata
de instancias de organización civil que están conformadas
tanto por bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación
Nacional como por campesinos e indígenas afiliados a otras organizaciones
sociales. Constituyen un espacio privilegiado de resistencia y de reconstrucción
cotidiana del sentido de la vida en el marco de una guerra de baja intensidad.
Se protegen con el silencio, al mismo tiempo que recurren a la palabra
y a la memoria y han sido protagonistas fundamentales en la construcción
de un nuevo discurso público que da cuenta de formas alternativas
del quehacer político y de nuevas relaciones entre gobernados y
gobernantes.
El diálogo
En el ámbito público, las demandas de reconocimiento constitucional
de las prácticas autónomas de los pueblos indígenas
y su derecho a desarrollar formas alternas de relación entre los
ciudadanos y sus autoridades alimentaron los Diálogos de San Andrés,
donde las experiencias y utopías de los zapatistas confluyeron
con las de los otros pueblos indígenas, así como con las
demandas ciudadanas de todo el país. Los diagnósticos y
las alternativas se desarrollaron en una doble vertiente: por una parte,
alrededor del análisis de un sistema político autoritario
como el mexicano, donde los reclamos democráticos apenas comienzan
a abrirse paso en una legislación que había sido diseñada
para preservar el predominio del partido oficial y donde los derechos
ciudadanos se encuentran secuestrados por los “usos y costumbres”
del poder, sistemáticamente violatorios del estado de derecho.
Por otra, se discutió ampliamente la especificidad de los pueblos
indígenas, que ha sido pasada por alto por el sistema político
mexicano. Se constató la exclusión de los indígenas
de los ámbitos de gobierno y representación, así
como la imposición de modelos exclusivos y excluyentes de participación
que marginan las prácticas políticas de los pueblos indios,
a tal grado que en la mayoría de las regiones del país donde
el peso demográfico de los indígenas es considerable, éste
no tiene correspondencia alguna con la integración de los ayuntamientos
y mucho menos con la composición del poder legislativo.
Las tradiciones, las experiencias y las necesidades de los pueblos indígenas
definen formas particulares de integración de los gobiernos locales
y de duración de los cargos que no se corresponden con el “presidencialismo”
municipal previsto por las leyes vigentes, sino que suponen estructuras
más colegiadas de integración de los cabildos o concejos
municipales. En ellos, resulta indispensable facilitar la participación
y representación de todas las localidades que integran ese espacio
territorial: ejidos, comunidades, parajes, agencias municipales o poblados.
Sin embargo, en muchos estados de la república, es atribución
del presidente municipal designar a los agentes. Las cabeceras municipales
se han erigido en pequeñas “capitales” que acaparan
los recursos públicos y la toma de decisiones, y a menudo son controladas
por los caciques y los grupos locales de poder promovidos por el partido
oficial.
En la Mesa I de los Diálogos de San Andrés sobre Derechos
y Cultura Indígenas, los ciudadanos indígenas -tal como
lo ratificaron junto con los ciudadanos mestizos en la Mesa II de los
Diálogos, sobre Democracia y Justicia- cuestionaron el monopolio
de la participación política que mantienen los partidos
según la actual legislación electoral, y demandaron la postulación
de candidatos independientes, seleccionados de acuerdo a las tradiciones
de sus pueblos. En ambas mesas se condenaron las limitaciones impuestas
al postulado constitucional de municipio libre por una legislación
que niega el derecho de los ciudadanos a destituir a las autoridades que
traicionan el mandato popular (ya que la remoción de las autoridades
municipales es atribución exclusiva de las legislaturas estatales)
y por una distribución de los recursos públicos inequitativa
y centralista.
Los participantes en los Diálogos exploraron también los
caminos para crear instituciones nacionales, estatales y municipales de
participación directa, inspiradas en el “mandar obedeciendo”
zapatista, tales como el referéndum sobre las políticas
públicas y el plebiscito sobre las reformas a la legislación,
la revocación ciudadana del mandato, el derecho de los gobernados
a proponer e iniciar leyes, y la obligación de las autoridades
de rendir cuentas y responder a las demandas debidamente presentadas por
los individuos y las agrupaciones.
Según los Acuerdos de San Andrés, firmados entre el EZLN
y el gobierno federal el 16 de febrero de 1996, los municipios resultan
el espacio privilegiado para el ejercicio de la autonomía de los
pueblos indígenas. Sus fronteras colindan, por una parte, con las
comunidades y con la exigencia de que se reconozca constitucionalmente
su carácter de entidades de derecho público; por la otra,
colindan con el derecho de los municipios a asociarse entre sí,
de acuerdo a los fines que les convengan como pueblos indígenas.
Estos postulados están recogidos puntualmente en la iniciativa
de ley sobre Derechos y Cultura Indígenas redactada por la Cocopa
a finales de 1996, y se encuentran severamente restringidos en la iniciativa
unilateral que el ejecutivo federal presentó a la Cámara
de Senadores en marzo de 1998.
Se acordó también que el reconocimiento de la autonomía
y de los derechos de los pueblos indígenas, “en toda su amplitud
política, económica, social y cultural”, así
como las modificaciones y adiciones a la Constitución del Estado
de Chiapas, deben hacerse en consonancia -y por lo tanto, después-
con las reformas a la Constitución General de la República.
Por lo que se refiere en particular a los municipios chiapanecos, en San
Andrés se pactó un cambio profundo y detallado que coincide,
en buena medida, con las prácticas de los municipios autónomos
zapatistas y cuyos lineamientos se estructuran en torno a tres ejes: las
formas de elección y revocación de las autoridades, las
formas de ejercicio del poder político y el derecho a participar
en las políticas públicas y a ejercer directamente los recursos
públicos que les deben ser transferidos: En los municipios con
población mayoritariamente indígena, se reconocerá
el derecho de los pueblos y comunidades indígenas para elegir a
sus autoridades tradicionales y municipales, de acuerdo a sus usos y costumbres,
y otorgar validez jurídica a sus instituciones y prácticas.
En particular, se reconocerán las figuras del sistema de cargos,
asamblea, consulta popular y cabildo abierto. Los agentes municipales
serán electos y removidos por los pueblos y comunidades correspondientes,
y no designados por el presidente municipal. Deben respetarse los usos
y costumbres que definan tiempos específicos de duración
de cargos.
Es conveniente prever mecanismos que permitan la participación
de las comunidades y los pueblos indígenas en los procesos electorales,
sin la necesaria participación de los partidos políticos.
Los municipios con población mayoritariamente indígena podrán
desconocer a sus autoridades municipales cuando éstas incurran
en responsabilidades y prácticas contrarias a derecho o a sus usos
y costumbres, y el congreso local buscará respetar y aprobar su
decisión.
Las comunidades y los municipios con población mayoritariamente
indígena, en su carácter de sujetos con facultades ya expresas
en la ley, podrán convenir y asociarse entre ellos para emprender
acciones regionalizadas que optimicen los esfuerzos y recursos, aumentando
así su capacidad de gestión y desarrollo y de coordinación
de sus acciones como pueblos indígenas. Las autoridades competentes
realizarán la transferencia, ordenada y paulatina de recursos,
para que ellos mismos administren los fondos públicos que se les
asignen, y para fortalecer la participación indígena en
el gobierno, gestión y administración en sus diferentes
ámbitos y niveles.[3]
La conformación de los municipios autónomos zapatistas está
anclada, explícitamente, en la exigencia de dar cumplimiento a
los Acuerdos de San Andrés.[4] Al mismo tiempo, en su discurso
público, su legitimidad se fundamenta en tres líneas discursivas,
que representan otros tantos puentes con la historia nacional:
1. Se identifican los municipios rebeldes con los municipios libres por
los que combatieron Emiliano Zapata y Ricardo Flores Magón, así
como con la construcción de México como nación independiente:
“queremos recordar hoy a los indígenas mexicanos que en la
batalla del 5 de mayo de hace muchos años resistieron a los ejércitos,
y el indígena Benito Juárez que fue expulsado de su Casa
de Gobierno y tuvo que gobernar andando de un lado para otro resistiendo
hasta que ganaron los que tenían la razón y perdieron los
que tenían la fuerza”.[5]
2. Se reivindica el derecho del pueblo mexicano a crear sus propias formas
de gobierno, tal como está establecido en el artículo 39
de la Constitución:
Nuestros Municipios Autónomos son legales, están amparados
en el artículo 39 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos que es la máxima ley de los mexicanos
y dice que el pueblo tiene en todo momento derecho a decidir su forma
de gobierno, y nosotros hemos decidido gobernarnos en Municipios Autónomos
como parte de la república mexicana. No queremos separarnos de
México ni tampoco ser parte de otro país, estamos ejerciendo
nuestros derechos como mexicanos que somos y que seguiremos siendo siempre.
La existencia de los Municipios Autónomos fue aceptada por el Gobierno
Federal y Estatal en los Acuerdos de San Andrés y por lo tanto
son legales de acuerdo a la Carta Magna y a los Acuerdos de San Andrés.[6]
3. Se inscribe la constitución de los municipios autónomos
en la lucha por la democracia y por nuevas formas de relación entre
gobernantes y gobernados, exponiendo la dicotomía que existe entre
las autoridades indígenas y las formas antidemocráticas
del “mal gobierno”: “Albores Guillén dice que
nuestro gobierno autónomo es ilegal. Olvida este ‘señor’
que el ilegítimo es él, porque ningún pueblo lo eligió
como gobierno, el Autodenominado Gobernador de Chiapas Albores Guillén
ha sido impuesto desde el poder, igual como los otros autodenominados
gobiernos pasados, pero nunca ha sido el pueblo quien los ha elegido”.[7]
Lo primero que llama la atención al aproximarse a los municipios
autónomos zapatistas son sus nombres. Éstos no son capricho
ni obedecen a una decisión improvisada. Fueron un tema de debate
durante los Diálogos, consensado y recogido en los Acuerdos de
San Andrés, donde se estableció específicamente que
“los municipios con población mayoritariamente indígena
podrán proponer al congreso local el nombre que deba llevar su
municipio”.[8] “Dar nombre a una cosa, etiquetarla, ponerle
un asa, rescatarla del anonimato, en suma, identificarla... es una manera
de darle el ser”, dice Salman Rushdie. Los rebeldes zapatistas no
sólo rescatan a sus municipios del anonimato, como cuando sustituyen
el insulso nombre de El Bosque por San Juan de la Libertad. Los rescatan
también de los finqueros, cuando convierten a San Andrés
Larráinzar en San Andrés Sakamch’en de los Pobres.
Dan un nuevo ser a los héroes de la historia nacional, al identificar
a sus territorios con Flores Magón, Miguel Hidalgo, Benito Juárez,
José María Morelos, Francisco Villa o con el lema Tierra
y Libertad. Etiquetan sus nuevas identidades rebeldes en los municipios
Libertad de los Pueblos Mayas, Che Guevara, Primero de Enero o 17 de Noviembre
(fecha de fundación del EZLN). También las nuevas comunidades,
como Moisés Gandhi y Nueva Esperanza, se convierten en símbolo
de los éxodos, las tierras prometidas y las libertades anheladas.
Y aún más importante que los nombres propios de cada entidad
resulta el hecho mismo de que los zapatistas hayan elegido la denominación
de municipios. Tanto el texto y el espíritu de los Acuerdos de
San Andrés como las prácticas cotidianas de los rebeldes
chiapanecos privilegiaron la constitución de nuevos municipios.
No se trata de “regiones autónomas”, como proponían
algunas corrientes del movimiento indígena, inspiradas en la experiencia
de la Costa Atlántica Nicaragüense. Nadie ha propuesto, tampoco,
el término de “territorios liberados”. Y es que nadie
piensa que sería posible ni mucho menos deseable ejercer la autonomía
fuera del marco de la nación mexicana.
La importancia de llamarse municipios -indígenas, rebeldes o autónomos-
radica en el puente que se construye a través de los nombres, las
historias y los proyectos entre las bases de apoyo zapatistas y el resto
de los mexicanos: los mestizos, los campesinos y los citadinos, los que
también reivindican el municipio libre.
Si se hubiera legislado y se hubieran modificado las políticas
públicas según lo acordado en San Andrés, los municipios
autónomos zapatistas podrían haber iniciado una ruta hacia
la institucionalización. Sin embargo, lo que les dio visibilidad
y presencia pública en 1998 fue la traición del gobierno
a la palabra empeñada y la intensificación de la guerra:
la masacre de Acteal y su secuela de millares de refugiados en el municipio
de Chenalhó; el estrechamiento del cerco y las incursiones militares
contra las comunidades; el despliegue y multiplicación de los grupos
paramilitares y la ofensiva del gobierno estatal y federal contra los
municipios rebeldes.
La guerra
Es indispensable asumir el contexto de guerra y resistencia de donde surgen,
para emprender un ensayo de comprensión de algunas cuestiones de
la historia de estos municipios rebeldes, tan nueva y tan antigua como
la tradición de lucha de los pueblos indígenas, que también
interpelan y cuestionan el quehacer de la antropología. Los antropólogos
no sólo nos encontramos ante los riesgos del “trabajo de
campo bajo el fuego” -como diría Carolyn Nordstrom-,[9] donde
todo lo que se diga puede poner en riesgo la vida de los “informantes”.
También nos perdemos, una y otra vez, entre las voces y los silencios;
entre el Ya basta, que sigue resonando en la escena pública, y
la distribución diaria de unas cuantas tortillas entre los refugiados
de Polhó, que sostienen el Ya basta con su hambre y su dignidad.
Carolyn Nordstrom y Antonius Robben se preguntan por qué encontramos
tantos estudios sofisticados sobre la guerra y tan pocos sobre el sufrimiento
humano que genera, y llaman la atención sobre el peligro de elaborar
definiciones muy pulidas y acabadas cuando se trata de dar cuenta de una
realidad que no lo es.[10]
Comprender el sentido de los municipios rebeldes implica reconocer que
la violencia institucional y paramilitar -que constituye el campo minado
en el que florecen- no es sólo el espacio de la muerte sino que
es también una dimensión de la vida. Porque las vidas de
quienes sufren la violencia o están involucrados en una situación
de guerra no se definen únicamente en función de las políticas
globales que delimitan las alternativas económicas y sociales o
el control militar de un territorio, sino que están conformadas
también por la creatividad de los pequeños actos cotidianos.
Es necesario analizar, entonces, las maneras en las que los indígenas
chiapanecos experimentan el conflicto, cómo viven amenazados por
una serie de agresiones ineludibles. La violencia no es, simplemente,
algo que “les pasa”, sino una dimensión de su existencia,
y así como en algunos casos podría provocar el desconcierto
y la parálisis, también puede desencadenar la creatividad
de los pueblos, obligados a lidiar con una serie de hechos nuevos ante
los que nadie se encuentra suficientemente preparado.
Las formas represivas tradicionales en Chiapas durante los años
anteriores al levantamiento zapatista, siempre graves y violatorias de
los derechos humanos, resultaban también relativamente predecibles,
en la medida en que han estado insertas en las estructuras de dominación.
Por el contrario, la intensificación de la guerra y las ofensivas
militares y paramilitares contra las comunidades indígenas suponen
un nivel extraordinario de incertidumbre, porque se despliegan en un campo
ajeno al de las experiencias previas. Esta incertidumbre, deliberadamente
provocada como parte de la guerra sucia, invoca el miedo y la confusión,
pero al mismo tiempo los pueblos descubren nuevas formas de resistencia,
esperanza y creatividad, a través de su organización y en
sus espacios y actos cotidianos.
La dicotomía simplificadora que supone a las víctimas como
entes pasivos y a los victimarios como sujetos activos resulta insuficiente
para dar cuenta de los efectos disruptivos de la violencia. Una visión
tan estrecha nos impide, además, comprender que la violencia involucra
no sólo la destrucción sino también la reconstrucción;
no sólo la muerte sino también la supervivencia.
Las mismas características desordenadoras e irracionales de la
violencia requieren una atención más cuidadosa. En la tradición
occidental, los análisis institucionales de la guerra pretenden
dejar de lado el caos que provoca y construir una explicación racional
y coherente de la muerte. Esta racionalización de la brutalidad
se expresa con metáforas como “la operación quirúrgica”,
“el restablecimiento del orden” o “las aldeas estratégicas”.
Una consecuencia de estas interpretaciones, no necesariamente intencional
pero muy dañina, es que tienden a naturalizar y a domesticar la
violencia, si no es que a justificarla.
Frente a los análisis interesados y presuntamente funcionalistas
o pragmáticos que pretenden “explicar” la matanza de
46 tzotziles en Acteal como resultado de “conflictos intercomunitarios”
o de un episodio de venganza, en vez de racionalizar la violencia, es
imprescindible reorientar las investigaciones para dar cuenta de las agudas
contradicciones que atraviesan las vidas perturbadas de los sobrevivientes.
Estos nuevos dilemas no pueden atenderse con una antropología “autista”,
entrampada en su propio discurso y ajena al sentido de las voces y los
silencios de los sujetos a los que pretende conocer. Las investigaciones
no pueden continuar con su propio proyecto, establecido antes de la irrupción
pública o del agravamiento del conflicto bélico en Chiapas.
No se puede actuar como si nada hubiera cambiado.
Pero, sobre todo, la antropología ya no puede ser una práctica
autoritaria y etnocéntrica, que preserve la relación asimétrica
entre el investigador que pregunta y el informante nativo que responde.
La puesta en escena del trabajo de campo está en crisis: no se
puede llegar a las comunidades a ofrecer amistad, compadrazgo, dinero
o servicios a cambio de arrancarles sus secretos y penetrar en sus sentimientos
más íntimos, aquellos que hoy por hoy, para existir, tienen
que protegerse de la mirada del “otro”. Se trata de un problema
ético, pero también de una cuestión práctica:
quien piense que conoce la historia completa de un levantamiento en curso
simplemente se equivoca.
Al estudiar la Guatemala de los años ochentas, Linda Green advierte
que cuando el trabajo de campo se desarrolla en un país oprimido
por el autoritarismo, donde las unidades de contrainsurgencia tienen las
manos libres y los escuadrones de la muerte intimidan y asesinan a ciudadanos
y a extranjeros por igual, los etnógrafos se encuentran necesariamente
con el silencio, el secreto y la clandestinidad. La autora plantea que
“el silencio al hablar con extraños sobre su situación
actual es una estrategia de sobrevivencia que ha sido largamente empleada
por los mayas”.[11] El silencio se ha convertido en una afirmación
de la identidad y un capital simbólico con el que los grupos subalternos
construyen sus frágiles defensas respecto a los centros de poder.
Sin embargo, el silencio puede convertirse también en un poderoso
mecanismo de control, impuesto a través del miedo, que garantiza
la impunidad y la fachada de normalidad que encubre las vidas sujetas
al terror.
Volviendo a los municipios rebeldes de Chiapas, hay que reconocer que
los investigadores que pretendan llenar mapas, censos, estadísticas
y organigramas corren el riesgo de fracasar, porque sus fronteras son
tan frágiles como las que separan los campamentos militares de
los cafetales o la cárcel de Cerro Hueco de la libertad. Y, pese
a todas las dificultades, hay mucho que saber, mucho que aprender de los
municipios autónomos, si comenzamos por escuchar, con modestia
y respeto, lo que sus habitantes, sus autoridades y sus dirigentes nos
quieren decir cuando, desafiando al miedo con la memoria, se dirigen,
una y otra vez, “a la opinión pública nacional e internacional”.
Entre enero y agosto de 1998, las bases de apoyo del EZLN, las comunidades
indígenas, las asambleas, las autoridades ejidales, comunales y
municipales han dado a conocer a la opinión pública más
de un centenar de comunicados en los que reportan, minuciosamente, las
incursiones militares en contra de las comunidades, las agresiones de
los grupos paramilitares y los “operativos de desmantelamiento de
los municipios autónomos” encabezados por el gobierno del
estado. En todos estos comunicados se habla también de la vida
en los municipios rebeldes: de su legitimidad, del sentido de la resistencia
y del autogobierno para los pueblos indígenas.[12] Estos textos
públicos no cuentan la historia completa ni responden a todas las
preguntas que quisiéramos hacer, pero constituyen una fuente muy
valiosa para la investigación si sabemos ver, como José
Saramago, los testimonios de la dignidad detrás de las dosis de
horror cotidiano.[13]
Después de la matanza de Acteal, cuando el gobierno se propuso
“retomar la iniciativa”, las incursiones militares contra
las comunidades zapatistas encontraron un dique prácticamente insalvable
en las mujeres y los niños. Las mujeres que se enfrentaban con
las manos desnudas a los insultos, el hostigamiento sexual, los golpes,
los allanamientos de sus hogares y los saqueos de sus pueblos por parte
de los soldados del Ejército Mexicano fueron fotografiadas muchas
veces, y sus imágenes dieron la vuelta al mundo. La situación
se agravó cuando, el 12 de enero de 1998, una manifestación
en la cabecera municipal de Ocosingo, en la que participaron unos seis
mil campesinos que protestaban por la matanza de Acteal y por las incursiones
militares contra sus pueblos, fue agredida por la policía del estado,
que ocasionó la muerte de la señora Guadalupe Méndez
López y graves heridas a su hijita Isabela.
Los operativos contra las comunidades indígenas y las manifestaciones
ciudadanas pacíficas se volvieron insostenibles por los altos costos
políticos que implicaban para el gobierno, cuando quedó
claro para todo el mundo que las suyas eran acciones ilegales y violatorias
de los derechos humanos y que se estaba persiguiendo a las víctimas
de los paramilitares y no a los responsables de la matanza de Acteal.
Las incursiones militares y policiacas no se suspendieron entonces, sólo
cambiaron de forma y de pretextos.
En una segunda etapa, la ofensiva gubernamental convirtió a los
municipios rebeldes en uno de sus blancos. El llamado “desmantelamiento”
de los municipios autónomos implicó ataques militares y
policiacos masivos en contra de los municipios Ricardo Flores Magón,
Tierra y Libertad, Nicolás Ruiz y San Juan de la Libertad, que
se llevaron a cabo durante los meses de abril, mayo y junio de 1998. En
todos ellos hubo violaciones graves y sistemáticas a los derechos
humanos, documentadas tanto por la Comisión Nacional de Derechos
Humanos y por diputados locales y federales, como por las organizaciones
no gubernamentales y por los observadores civiles nacionales y extranjeros.
Los saldos de los “operativos de desmantelamiento de los municipios
autónomos” no se aproximan, ni remotamente, al restablecimiento
del estado de derecho en Chiapas. Todo lo contrario: han generado nuevas
oleadas de refugiados, que huyen de sus pueblos saqueados y de la persecución
policiaca, militar y paramilitar, además de centenares de detenidos
y presos sujetos a procesos insostenibles desde el punto de vista jurídico.
Dejan además una investigación pendiente por la muerte de
ocho indígenas del municipio de San Juan de la Libertad, la mayoría
de ellos afiliados al PRI y ejecutados por la espalda.
Como saldo de estos “operativos de desmantelamiento”, hay
que anotar también la creciente condena de la comunidad nacional
e internacional al gobierno mexicano, que pretende decretar la “normalidad
democrática” con un trasfondo de violación de los
derechos humanos y de incumplimiento de los acuerdos firmados. En este
ámbito resulta especialmente significativa la resolución
adoptada por la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones
y Protección a las Minorías de la ONU, que “pide a
las autoridades de México que garanticen el pleno respeto de los
instrumentos internacionales en que es Parte y, a este efecto, dé
alta prioridad [...] a la lucha contra la impunidad de los autores de
violaciones graves de derechos humanos, especialmente aquellas que causan
numerosas víctimas entre los miembros de las poblaciones autóctonas”.[14]
La ofensiva del gobierno tampoco ha arrojado resultados en otros ámbitos:
la iniciativa de reforma constitucional sobre Derechos y Cultura Indígenas
se ha convertido, por la magia de los nombres, en la “Ley Zedillo”,
contrapuesta no sólo a la “Ley Cocopa” sino a las iniciativas
y disensos de todos los partidos políticos, incluyendo los del
PRI.
La remunicipalización unilateral de Chiapas, convocada por el presidente
y emprendida por su gobernador del estado, parecía inminente durante
los primeros meses del año y una precondición para el desarrollo
de las elecciones municipales que se debían llevar a cabo en octubre
de 1998. Sin embargo, fracasó en 1998 por las mismas razones por
las que ya había fracasado el intento anterior, en 1997: debido
a la pretensión de realizarla al margen de las reformas constitucionales
y en abierta contravención a lo acordado en San Andrés,
excluyendo al EZLN y en contra de la voluntad de las comunidades y las
organizaciones indígenas.
Los habitantes del municipio rebelde San Pedro de Michoacán lo
advirtieron claramente a la comisión legislativa que pretendió
organizar un simulacro de “consulta” en la comunidad de El
Edén, convocando a los campesinos priístas de la zona:
De parte de los pueblos zapatistas o del EZLN, ya no se molesten en crear
otro municipio, porque aquí en esta zona ya existe un municipio,
el municipio rebelde. Ojalá que ustedes mismos díganle a
Zedillo, que así decimos nosotros los zapatistas. Díganle
a Zedillo que si no cancela esta propuesta para la construcción
de este municipio que está como imposición, nos está
violando brutalmente el acuerdo firmado allá en San Andrés,
por eso vamos a dejar a su cargo de Zedillo y a cuenta de él si
ocurren muertes por este hecho.[15]
Para redefinir la división territorial de Chiapas, en San Andrés
se acordó integrar una comisión de Reforma Municipal, con
la participación de “diputados de todos los partidos representados
en el Congreso local y con representantes del EZLN, del gobierno del estado,
y de comunidades y municipios indígenas del estado”. Las
tareas de dicha comisión no se limitan a definir una nueva división
territorial. Sus objetivos consisten en “precisar los métodos
más idóneos, amplios y eficaces para incorporar de la manera
más auténtica y fiel los contenidos de la diversidad pluriétnica,
pluricultural y social del estado de Chiapas”.
Entre sus atribuciones está la de elaborar una iniciativa de reforma
de los artículos 3° y 16 de la Constitución local, de
los apartados correspondientes de la ley electoral de la entidad, y la
Ley Orgánica del Municipio Libre, con el propósito de “garantizar
condiciones de mayor equidad y transparencia en los procesos electorales,
reconocer el derecho de las comunidades para nombrar a sus autoridades
tradicionales y municipales de acuerdo a sus usos y costumbres, y otorgar
validez jurídica a las instituciones y prácticas de las
comunidades indígenas para nombrar autoridades y realizar consultas
bajo esquemas incluyentes y sin la necesaria participación de los
partidos políticos”.[16] A lo largo de 1998, mientras fracasan
una tras otra las iniciativas gubernamentales y la violencia institucional
y paramilitar se erigen como interlocutores únicos de los indígenas
rebeldes, los municipios autónomos se han convertido en una alternativa
de resistencia y de organización cotidiana civil para sobrevivir
al recrudecimiento de la guerra.
La vida
Es importante explorar la importancia de los municipios rebeldes en la
reconstrucción de la vida porque, tanto en México como en
otras partes del mundo, las investigaciones han prestado muy poca atención
a las estrategias que emplea la gente para sobrevivir bajo las líneas
de fuego. En un sugerente ensayo sobre el pueblo de Mozambique, Carolyn
Nordstrom propone que, en vez de tratar de racionalizar la violencia,
es necesario buscar el sentido, la creatividad y la imaginación
en las estrategias cotidianas de reconstrucción. Se trata de analizar
las contradicciones de la existencia simultánea de risas y sufrimientos,
miedo y esperanza, incertidumbre y costumbres, creatividad y disciplina,
absurdos y lugares comunes, resignación y determinación.
Bajo el ataque de la violencia excesiva, las fronteras que definen a la
familia, la comunidad y el cosmos se desplazan y se vuelven confusas.
Incluso la identidad sufre y se disloca. Pero también se reconfigura,
a través de nuevos y dolorosos caminos. En la medida en que la
guerra sucia y el terror destruyen el sentido, la gente se esfuerza por
recrearlo a través de la resistencia, el humor, la ironía,
la esperanza y la voluntad. Finalmente, concluye Nordstrom, éste
es el motivo por el cual la guerra sucia está condenada a fracasar.[17]
En México, al hablar de los pueblos zapatistas, las palabras de
Carolyn Nordstrom evocan mucho más que una metáfora. Esto
es estrictamente cierto cuando, por ejemplo, el Concejo Autónomo
de Chenalhó organiza la producción y distribución
de alimentos entre los refugiados. Una acción tan simple y atávica
entre los campesinos mayas como hacer la milpa, encierra ahora nuevos
peligros que sólo pueden ser sorteados con nuevas formas de organización
colectiva:
Para poder sembrar un poco de maíz, organizamos de trabajar un
terreno en Polhó Majomut, ya que los refugiados no pueden ir a
sus milpas porque están los paramilitares. El 10 de abril hasta
el 20 de abril vamos a ir con nuestros machetes a rozar, por lo que pedimos
la presencia de la prensa y de observadores nacionales e internacionales
ya que el ejército puede provocar. Queremos que se vaya el ejército
que está allí para poder trabajar y no morir de hambre los
niños, mujeres y hombres.[18]
Desde la matanza de Acteal, durante muchos meses, el Concejo Autónomo
de San Pedro de Chenalhó ha orientado y dirigido la supervivencia
de millares de refugiados. Se trata de un gobierno de emergencia que coordina
la preparación y el reparto equitativo de los alimentos entre los
desplazados; proyecta la construcción y la reparación de
los precarios albergues y las letrinas; promueve las cooperativas de las
artesanas; vigila la aplicación de las medidas sanitarias que están
a su alcance y encauza la atención de los enfermos; cuida la seguridad
de los campamentos, constantemente amenazada por los militares y paramilitares
que los rodean, y organiza las asambleas, las fiestas y las competencias
deportivas. Ejerce, además, las funciones de “relaciones
exteriores”, como puente entre los refugiados y la sociedad civil:
recibe a las caravanas que llevan ayuda humanitaria, atiende a los observadores
y a los periodistas y prepara las denuncias ante las organizaciones de
derechos humanos y la opinión pública.
El Concejo Autónomo de Chenalhó ha sostenido la decisión
de los refugiados de rechazar la llamada “ayuda” gubernamental,
a la que califican como “migajas que nada resuelven” y reclama,
en cambio, la detención y el castigo de los paramilitares, lo que
les permitiría volver a sus hogares. En todos los municipios rebeldes
está generalizada la percepción de que los recursos públicos
son usados para financiar a los “paramilitares priístas”,
o bien que se pierden en las telarañas de la corrupción.
El discurso oficial respecto a la atención de las necesidades sociales
y a las inversiones millonarias en Chiapas es contestado entonces, en
cada pueblo y cada día, desde las evidencias que están a
la vista de toda la gente: las graves carencias de las comunidades persisten,
las “ayudas” del gobierno, en el mejor de los casos, se evaporan
en unos cuantos días, y son entregadas selectivamente a cambio
de la compra de lealtades.[19]
Como una necesidad vital y cotidiana, los municipios autónomos
organizan la vigilancia de sus propios territorios para protegerse de
las acciones ilegales promovidas por las autoridades civiles y militares:
El gobierno federal acusa a los habitantes de los municipios autónomos
de bloquear las carreteras y de provocar divisiones. Todo esto es falso.
En algunas partes se han puesto retenes para revisar los vehículos
pero nunca para impedir el paso. Se hace para impedir el tráfico
de bebidas alcohólicas y de gente armada. Porque el gobierno manda
gente de espías y provocadores para crear problemas en las comunidades.
También los retenes han servido para evitar el tráfico de
maderas por compañías madereras a las que el gobierno federal
y estatal les autoriza la tala inmoderada de nuestros recursos naturales.
Los que bloquean las carreteras son los federales que a todos los civiles
revisa y registra las mochilas en sus retenes.[20]
Al referirse a la revolución mexicana, en el breve prólogo
a un libro que será publicado próximamente en español,[21]
James Scott plantea que una revolución es, también, un interregno
y que, en la medida en que se desarticulan las instituciones estatales,
se abre una posibilidad excepcional para el estudio de las formas autónomas
del quehacer político en las comunidades rurales. Y esto son, en
suma, los municipios rebeldes: una organización para la resistencia
en el marco de las instituciones desarticuladas y pervertidas, y un dique
a la descomposición social de los pueblos indígenas, provocada
deliberadamente por la estrategia contrainsurgente..
Al mismo tiempo que organizan la vida de cada día y trabajan para
el aquí y el ahora -que hoy requiere tanto de las actividades heredadas
de los antepasados como de un sinnúmero de acciones urgentes-,
en los municipios rebeldes se ha desplegado lo que podríamos llamar
su dimensión utópica. Es decir: también trabajan
para construir ese futuro que ya es nuestro, como dicen los habitantes
de Flores Magón. En sus comunicados públicos reiteran unánimemente
los objetivos de su proyecto. En primer lugar: una vida digna para todos.
Proponen un mundo en el que nadie los venga a cuidar, ya que los pueblos,
a diferencia de los ricos, siempre han sabido cuidarse solos y no necesitan
policías y soldados. Quieren diseñar y aplicar sus propios
proyectos de desarrollo para salir de la pobreza en que vivimos, sin necesidad
de ser dependientes ni de pedir permisos o autorizaciones. Quieren una
nueva relación con sus gobernantes y los quieren elegir directamente,
porque así nos respetan y los respetamos, nos obedecen y los sabemos
obedecer.
Mientras que los diferentes municipios autónomos sostienen los
mismos planteamientos, que se expresan, una y otra vez, a lo largo de
todos sus textos, la visibilidad de sus prácticas es muy diversa.
Contrasta, por ejemplo, la fuerte presencia de Domingo Pérez Paciencia,
que encabeza el Concejo Autónomo de San Pedro de Chenalhó,
con la necesaria invisibilidad de las autoridades en muchas otras zonas.
Asimismo, hay cabeceras municipales que operan públicamente como
“capitales”: sede de las asambleas, las actividades de gobierno
y los eventos cívicos, mientras que en otros territorios basta
que los sitios y los motivos por los que se reúnen los indígenas
sean conocidos por ellos mismos. La promoción de proyectos productivos
o de salud es una actividad cotidiana en todas las comunidades indígenas,
pero los municipios rebeldes eligen cuándo convertir la construcción
de una clínica o de una cooperativa de artesanas en un evento público.
Los municipios autónomos han sido construidos dando cuenta de múltiples
alteridades y en un proceso de apropiación de la diversidad. Contra
lo que los antropólogos pudieran pensar, no emergen en un primer
plano las diferencias étnicas o religiosas. Sí se problematizan
las diferencias de afiliación a las diferentes organizaciones políticas
y sociales y se buscan alternativas de convivencia, en las que las bases
de apoyo zapatistas comparten los territorios y los gobiernos autónomos
con indígenas de la ARIC Independiente, como en el Municipio Autónomo
Ricardo Flores Magón, o de la CIOAC, como en el Municipio Autónomo
Miguel Hidalgo.
Pese a la polarización política que atraviesa el estado
de Chiapas, las autoridades y los habitantes de los municipios rebeldes
hacen una cuidadosa distinción entre los campesinos priístas,
a los que convocan en nombre de la “dignidad indígena”,
y los pequeños grupos que se prestan a integrar las bandas paramilitares
y a convertirse en peones de las estrategias contrainsurgentes. El respeto,
la tolerancia y la necesidad de llegar a consensos es una constante en
su discurso.
También se toma conciencia de las diferencias de género.
En los textos de las comunidades y los concejos municipales hay una presencia
constante de las mujeres: desde su especificidad, por su contribución
a la resistencia y por su derecho a formar parte de los órganos
de gobierno.[22] Las condiciones extraordinarias que provoca la guerra
abren nuevos ámbitos de participación de las mujeres en
cuestiones usualmente restringidas a los hombres, como las que se refieren
a los derechos agrarios. Por ejemplo, cuando se acordó en asamblea
privar de sus derechos de usufructo parcelario a los asesinos de Trinidad
Cruz Pérez, campesino del ejido Roberto Barrios, las mujeres no
sólo asistieron a la reunión, sino que votaron y firmaron
al lado de los ejidatarios.[23]
Después de la masacre de Acteal, se extendió la militarización
del estado de Chiapas. Sólo durante los primeros 15 días
de 1998 hubo 51 incursiones del ejército federal en contra de las
comunidades. Las bases de apoyo zapatistas defendieron “sus pueblos,
tierras, montes y aguas”, como lo hubiera dicho Emiliano Zapata.
En cada casa, en cada escuela o parcela, aparecían mujeres y niños
pequeños que construyen un cerco de “huipiles y vestidos
de color púrpura, rosado y rojo”. Sus compañeros,
sus hermanos, sus maridos y sus padres: todos aquéllos a los que
tantas veces, desde las ciudades, se les ha pedido prudencia, se mantuvieron
alejados. Porque todos juntos, hombres y mujeres reunidos en asamblea,
habían decidido no caer en la provocación y no dejar que
los soldados se instalaran en sus pueblos y los obligaran a huir a las
montañas.
“Puras mujeres, todas las mujeres nos juntamos, porque lo que están
haciendo es entrar a juzgar a todas las casas. Por eso nos defendimos
y los garroteamos.”[24] Con un saldo de trece señoras, muchachas
y bebés golpeados o heridos de gravedad, impidieron que los soldados
entraran a sus casas en la comunidad 10 de Mayo del municipio rebelde
17 de Noviembre. También expulsaron a los militares de la escuela
de Acteal y del pueblo de Naranjatic El Alto, en Chenalhó.
Los comunicados de los municipios autónomos reconocen y documentan
el valor de las mujeres rebeldes, así como los efectos específicos
que tiene la militarización en sus vidas:
En el 94 fueron violadas tres mujeres indígenas zapatistas del
Municipio Autónomo 17 de Noviembre, hasta la fecha no se han detenido
ni castigado a los culpables, mientras tanto en Altamirano se va llenando
de prostitutas que antes no habían, y han dejado a varias madres
solteras, ahora criando a niños sin padre. Para nuestras comunidades
esto es una injusticia, no vemos por ningún lado dónde está
el beneficio de la protección que nos traen la presencia de militares,
sólo traen muerte, destrucción de nuestra cultura y vergüenza.[25]
Al enlistar los objetos robados por los policías y el ejército
en el ejido 10 de Abril, los denunciantes dan tanta importancia a los
instrumentos de trabajo y a los aparatos eléctricos como a los
utensilios de cocina y a la ropa; al dinero en efectivo -producto de la
cosecha y de la venta del café, la miel y los animales- que perdieron
las familias, como al dinero robado a la Cooperativa de Mujeres. Como
resultado del saqueo, las faldas, las ollas y los molinos de nixtamal
acceden a un plano de igualdad con los azadones, los machetes y las grabadoras.[26]
La vulnerabilidad y la fuerza de las mujeres en medio de la guerra de
baja intensidad es una dimensión fundamental de la nueva identidad
de género que se está construyendo en Chiapas. Las mujeres
de Taniperla, cabecera del “desmantelado” municipio Flores
Magón, son las principales víctimas de los paramilitares:
amenazaron con violarlas, les impidieron salir a buscar agua y leña,
las presionaron para que firmaran documentos en los que ofrecían
afiliarse al PRI. A pesar de todo ello, las mujeres y los niños
decidieron no abandonar sus hogares e impedir que los obligaran a fundar
un nuevo campamento de refugiados o a traicionar su “convicción
verdadera”.
Al hablar del ataque policiaco y militar contra el Municipio Autónomo
Tierra y Libertad, las mujeres contaron que, como son pobres y no tienen
acceso a los médicos y a las medicinas, se bañan en el temazcal
para curar sus enfermedades. Durante el operativo de “desmantelamiento”
del municipio, en la comunidad de Amparo Aguatinta, un soldado trató
de sacar una tabla del temazcal para revisarlo. Una mujer embarazada que
estaba ahí se asustó mucho, dio a luz con grandes dificultades
y se quedó sin leche como consecuencia de la agresión.[27]
Precisamente porque son vulnerables, las mujeres de Tierra y Libertad,
como Sonia y Claribel, también son dirigentes de una lucha “justa
y necesaria para todos los pobres, para los hijos y su futuro, para dejarles
un mundo más justo, que ahorita no hay pero que estamos aprendiendo
a construir”.[28]
Finalmente, hay que insistir en que un ensayo de aproximación a
los municipios rebeldes zapatistas no puede dejar de lado la guerra ni
la dimensión humana y cotidiana que les imprimen sus habitantes,
y que los inscribe en un amplio proceso de cambio social y cultural. Para
decirlo con las palabras de Carolyn Nordstrom:
Los mundos destruidos durante la guerra tienen que ser reconstruidos:
no sólo en términos de las casas, las familias, las comunidades
y las economías, sino en términos de las definiciones personales
y culturales. Cuando la gente ve lo que alguna vez fue su hogar en el
paisaje arruinado, no puede simplemente reconstruir la sociedad como era
antes. Cuando sus mundos son destruidos, la gente tiene que crear; y para
hacerlo, tiene que imaginar primero qué es lo que va a crear, que
nunca podrá ser igual a lo que existía.
Nuevas identidades de sufrimiento y resistencia son estampadas, el hogar
es reinventado, el mundo adquiere un nuevo paisaje de significados y la
gente sobrevive.[29]
Notas:
[1] James Scott, Weapons of the Weak, Yale University Press, New Haven,
1985.
[2] James Scott, Domination and the Arts of Resistance. Hidden Transcripts,
Yale University Press, New Haven, 1990.
[3] Acuerdos de San Andrés, documento 3.1, “Compromisos para
Chiapas del Gobierno del Estado y Federal y el EZLN, correspondientes
al punto 1.3 de las Reglas de Procedimiento”; inciso I, “Propuesta
de reformas constitucionales en el estado de Chiapas” [Era, México,
1998, pp. 80-6].
[4] “O ¿acaso ustedes no saben o el gobierno federal ya se
olvidó de que tiene y existe un documento de compromiso con los
zapatistas firmado allá en San Andrés Larráinzar,
de la cual ya hace un año? El gobierno de Zedillo no nos ha cumplido
ni en lo más mínimo”, palabras de las bases de apoyo
zapatistas en El Edén, municipio San Pedro de Michoacán,
abril de 1997.
[5] Mensaje pronunciado en el Municipio Autónomo San Pedro de Michoacán
el 4 de mayo de 1998, firmado por “hombres, mujeres, niños
y ancianos de los municipios indígenas”.
[6] Mensaje de las comunidades zapatistas con motivo de las acciones represivas
del gobierno, pronunciado en La Realidad durante la visita de la caravana
de observadores italianos “Todos Somos Indios del Mundo”,
4 de mayo de 1998.
[7] Comunicado del Municipio Autónomo de San Andrés Sakamch’en
de los Pobres, 13 de abril de 1998.
[8] Acuerdos de San Andrés..., op. cit.
[9] Carolyn Nordstrom y Antonius C. G. M. Robben, Fieldwork under Fire.
Contemporary Studies of Violence and Survival, University of California
Press, Berkeley, Los Ángeles y Londres, 1995.
[10] Ibid., ver introducción, “The Anthropology and Ethnography
of Violence and Sociopolitical Conflict”, pp. 1-21.
[11] Linda Green, “Living in a State of Fear”, en Nordstrom
y Robben, op. cit., pp. 105-27.
[12] Algunos fragmentos de estos comunicados han sido publicados por la
prensa nacional. Las versiones completas pueden ser consultadas en la
página de Enlace Civil: http://www.laneta.apc.org/enlacecivil,
que presenta nueva información cada quince días, o bien
en: enlacecivil@laneta.apc.org..
[13] “Chiapas no es una noticia en un periódico, ni la ración
cotidiana de horror. Chiapas es un lugar de dignidad, un foco de rebelión
en un mundo patéticamente adormecido. Debemos seguir viajando a
Chiapas y hablando de Chiapas. Ellos nos lo piden. Dicen en un cartel
que se encuentra a la salida del campo de refugiados de Polhó:
‘Cuando el último os hayáis ido, ¿qué
va a ser de nosotros?’ Ellos no saben que cuando se ha estado en
Chiapas, ya no se sale jamás”, texto de José Saramago
leído por Salvador Távora en la rueda de prensa del 4 de
junio de 1998 en Sevilla, España, presentación de la “Campaña
Urgente Refugiados de Chiapas” (owner-enlacecivil-l@laneta.apc.org).
[14] Resolución adoptada por la Subcomisión de Prevención
de Discriminaciones y Protección a las Minorías de la Comisión
de Derechos Humanos del Consejo Económico y Social de la Organización
de las Naciones Unidas en su 50 periodo de sesiones, el 20 de agosto de
1998.
[15] Palabras de las bases de apoyo zapatistas en El Edén, municipio
San Pedro de Michoacán, abril de 1997.
[16] Acuerdos de San Andrés, documento 3.2, “Acciones y Medidas
para Chiapas. Compromisos y Propuestas Conjuntas de los Gobiernos del
Estado y Federal y el EZLN”.
[17] Carolyn Nordstrom, “War on the Front Lines”, en Carolyn
Nordstrom y Antonius C. G. M. Robben, op. cit., pp. 129-54.
[18] Comunicado del Municipio Autónomo de San Pedro de Chenalhó,
Chiapas, 26 de marzo de 1998.
[19] “Los funcionarios priístas son unos corruptos que se
quedan con los millones de pesos, de los presupuestos de las comunidades
indígenas, para sus beneficios personales. Ejemplos de ello es
la Sedesol, el dinero que maneja lo usan para financiar los paramilitares
priístas, para comprar armas, para atacar a las comunidades zapatistas.
En las comunidades no hemos visto que estén construyendo escuelas,
hospitales, clínicas; no hay carretera ni luz eléctrica”,
comunicado de los habitantes del Municipio Autónomo Francisco Gómez,
16 de abril de 1998. “La semana pasada el gobierno del estado, Albores
Guillén, donó 2 camionetas para los antizapatistas como
premio después que delataron los nombres de los mandos oficiales
del EZLN”, denuncia de cuarenta comunidades del Municipio Autónomo
17 de Noviembre, 20 de marzo de 1998.
[20] Comunicado de prensa del municipio rebelde 17 de Noviembre, 15 de
abril de 1998.
[21] Gilbert M. Joseph y Daniel Nugent (eds.), Everyday Forms of State
Formation. Revolution and the Negotiation of Rule in Modern Mexico, Duke
University Press, Durham y Londres, 1994.
[22] “Una última, pero la más importante. Pedimos
a los pueblos que busquen y elijan a compañeras para el concejo
municipal que también pueden ser autoridad de nuestro municipio”,
comunicado del Comité Clandestino Revolucionario Indígena,
Ejército Zapatista de Liberación Nacional, México,
mayo de 1997.
[23] Acta de Acuerdo del ejido Roberto Barrios, firmada por cuatrocientas
cuatro personas el 16 de marzo de 1998.
[24] Entrevista realizada el 10 de enero de 1998 por observadores de los
Campamentos Civiles por la Paz en la Comunidad 10 de Mayo del Municipio
Autónomo 17 de Noviembre (antes Altamirano).
[25] Comunicado de prensa del municipio rebelde 17 de Noviembre, del 15
de abril de 1998.
[26] Comunicado del ejido 10 de Abril, municipio 17 de Noviembre, fechado
el 15 de abril de 1998.
[27] Testimonio de mujeres y niñas que estaban en Amparo Aguatinta
el 1° de mayo, en la ofensiva militar y policial contra el Municipio
Autónomo Tierra y Libertad, 7 de mayo de 1998.
[28] Discursos de Sonia y de Claribel en Tierra y Libertad, durante la
manifestación de dos mil personas en defensa del municipio autónomo,
el 11 de mayo de 1998.
[29] Carolyn Nordstrom, “War on the Front Lines”, en Nordstrom
y Robben, op. cit., p. 148.
Fuente: Revista Chiapas.7 1999 (México: ERA-IIEc
http://www.ezln.org/revistachiapas.
http://membres.lycos.fr/revistachiapas/.
http://www33.brinkster.com/revistachiapas.