Desafíos del espacio público en los municipios autónomos zapatistas

El anuncio de la conformación de los “Caracoles” durante el pasado mes de agosto como una nueva forma de funcionamiento y vinculación con la sociedad civil nacional e internacional, así como las recientes propuestas de modificaciones a las reformas constitucionales en materia indígena hechas en 2001, han puesto nuevamente en la mesa de debate la viabilidad y desafíos que enfrentan los Municipios Autónomos Zapatistas, como una de sus piezas claves.

Desde su puesta en marcha, los Municipios Autónomos han enfrentado el reclamo de democratizar el espacio público autónomo y resolver eficientemente las problemáticas sociales que los aquejan. Al tiempo que estos cuestionamientos se utilizan para minimizar su propuesta, se promueven y profundizan estrategias gubernamentales que evitan su reconocimiento y limitan sus posibilidades de consolidación a través del hostigamiento y la descomposición de su tejido social. Las localidades autónomas presencian cotidianamente el enfrentamiento entre una “política social gubernamental” focalizada y paliativa, y una “política social autonómica” en construcción, situación que ha hecho de la búsqueda de alternativas a problemáticas cotidianas un conflictivo campo de disputa. Así las cosas, resulta necesario preguntarse ¿cuáles son los desafíos que se desprenden de la forma como actualmente operan estos municipios y del reciente anuncio de la conformación de Juntas de Buen Gobierno?.

El propósito de este trabajo es ubicar algunos de los desafíos que se derivan del análisis del espacio público autonómico, tomando como punto de referencia la forma como vienen operando algunos municipios autónomos ubicados en los Municipios Oficiales de Ocosingo, Las Margaritas y Altamirano, en Chiapas.

El espacio público en los Municipios Autónomos Zapatistas

El abordaje de la cuestión multicultural en el ámbito de las políticas públicas ha tomado mayor relevancia en tanto distintos grupos étnicos proponen la “autonomía” como una modalidad de relación con los Estados Nacionales que aportaría significativamente al reconocimiento y ejercicio de sus derechos.

En México, las organizaciones indígenas entre las que se encuentran los Municipios Autónomos Zapatistas, enfrentan hoy en día la negativa al reconocimiento constitucional del régimen autonómico al tiempo que han optado por implementar instancias autónomas que consideran como un instrumento idóneo para normar su relación con el Estado y para poner en práctica un gobierno local-territorial que dé solución a sus principales demandas.

En este marco, las políticas gubernamentales en curso frente a la cuestión étnica están orientadas por una concepción de estas diferencias que niega su contexto histórico y sus implicaciones políticas. Dicha diferencia étnica es concebida como condición esencial de algunos mexicanos que en el mejor de los casos les permite ser destinatarios de un beneficio diferenciado, pero que niega el reconocimiento de derechos políticos, entre ellos la autonomía. Esta visión esencialista de las diferencias étnicas se correlaciona y refuerza con una visión similar de las diferencias de género, cuestión que en las políticas sociales en curso deviene en la transferencia directa de recursos a mujeres mientras se les niega el acceso al pleno ejercicio de los derechos políticos que ellas reclaman.
En contraposición a este planteamiento, iniciativas como las de los Municipios Autónomos Zapatistas, entre otras, enfatizan la dimensión política de la cuestión étnico nacional al poner en práctica instancias encaminadas al ejercicio de sus derechos de autogobierno, uso y control del territorio y de implementación de políticas sociales. Sin embargo, y a pesar de su legitimidad, estas propuestas no han logrado el consenso social necesario y suficiente de modo que pudieran concretarse en su reconocimiento legal y su puesta en práctica.

Si bien el anuncio de la conformación de Municipios Autónomos por parte del EZLN se hizo por primera vez a finales del año 1994, su puesta en marcha se fue dando durante los años posteriores y hasta el año 2000.

Como instancias de carácter civil, los Municipios Autónomos comenzaron a operar a partir de la elección de Consejos Autónomos y Comisiones, instancias colectivas que integradas por los militantes zapatistas desarrollan funciones tanto al interno del Municipio como otras instancias zapatistas como con actores externos.

Cada Municipio nombra sus propias Comisiones que se conforman a partir de los miembros de las localidades que han sido designados en asamblea para llevar a cabo funciones específicas bajo la modalidad de “Delegados” o “Promotores”. Algunas comisiones tienen la finalidad de atender a problemáticas o necesidades cotidianas (Educación, Salud, Producción) mientras que otras funcionan como espacios de organización de segmentos de la población (mujeres, ancianos) y otras se enfocan a garantizar la operación del municipio (registro civil, tierra y territorio, honor y justicia).

A pesar de que los procesos de conformación de los municipios han sido potenciados por experiencias organizativas previas de gestión de los asuntos públicos y de formación de agentes locales, el desarrollo ha sido limitado por la carencia de recursos disponibles y el surgimiento de múltiples conflictos sobre todo en el ámbito agrario. El hostigamiento por parte del Ejército Federal y de la Seguridad del Estado de Chiapas ha sido una constante durante ya casi diez años que sin duda ha limitado los alcances de la propuesta autonómica y ha representado un fuerte desgaste para las poblaciones indígenas que la sustentan. Reportes periodísticos, imágenes, producción académica y testimonios orales dan cuenta de etapas especialmente cruentas como las desarrolladas en febrero de 1995 y en los primeros meses de 1998, en las que lamentablemente las mujeres han sido blanco predilecto.

El “gobernar para todos” y el reconocimiento de las diferencias

Como uno de los componentes más significativos de la propuesta de operación de las Juntas de Buen Gobierno se ha anunciado su pretensión de “gobernar para todos”. Se trata de un planteamiento importante en tanto que implica el reconocimiento de que en el territorio de los Municipios Autónomos conviven de manera cotidiana, compartiendo el espacio, las necesidades y los escasos servicios, tanto partidarios del proyecto zapatista como miembros de organizaciones oficialistas e independientes, e incluso, paramilitares.

Esta pretensión de inclusión de las diferencias políticas en los hechos resulta una tarea por demás compleja, sobre todo en tanto que, en contraposición a lo estipulado en los Acuerdos de San Andrés las instancias autonómicas operan sin un “reconocimiento legal” y en un contexto local que desacredita y desgasta a un movimiento zapatista que enfoca buena parte de sus esfuerzos a la posibilidad de contar con una mayor base social.

En un ámbito local caracterizado por la diversidad de militancia política y de pluralidad de composición étnica (tojolabal, tzeltales, mestizos) y de fuertes cuestionamientos en torno a la participación política de las mujeres, se hace especialmente necesaria la búsqueda de mecanismos de reconocimiento de las diferencias enfatizando precisamente los derechos políticos de los distintos grupos y géneros.

Este reconocimiento de la diversidad en el ámbito público autónomo implica reflexionar sobre los mecanismos para la administración de justicia y para garantizar el respeto a los derechos humanos, tema por demás polémico en tanto atraviesa por la discusión en torno a las implicaciones del reconocimiento de sistemas jurídicos indígenas.
Como parte de la estructura de los Municipios Autónomos opera la Comisión de Honor y Justicia que se enfoca precisamente a la resolución de conflictos no sólo entre zapatistas, sino entre estos y otros grupos, así como entre grupos o personas no zapatistas ubicados bajo el genérico de “quienes nos reconozcan y nos respeten”.

En la vida cotidiana de los Municipios es posible ubicar algunos casos de conflictos no sólo entre zapatistas y priístas, sino incluso entre distintos grupos afines a dicho partido y que recurren, se adhieren a la mediación y acatan las resoluciones de las “instancias autónomas de administración de justicia”.

A la posición autocrítica del Ejército Zapatista en tanto señala que las Juntas de Buen Gobierno no son “buenas” en sí mismas, corresponde al parecer la conformación de mecanismos internos encaminados a evitar la concentración de poder y a lograr mejores mecanismos de administración de justicia materializadas a través de instancias integradas por miembros de las localidades, diferenciando entre las destinadas al ejercicio de la autoridad (consejos autónomos), de aquellas que se enfocan a la mediación en los conflictos (Comisión de Honor y Justicia) y de otras que tienen la responsabilidad de ejecutar las sentencias.

Este tipo de medidas ha sido considerado como positivo por agrupaciones civiles de derechos humanos que han mostrado su preocupación por la necesidad de que tañes mecanismos se institucionalicen en las instancias autónomas.

Las mujeres en el espacio público

Las reivindicaciones de género y la plena participación de las mujeres en la definición de la propuesta autonómica han sido sistemáticamente planteadas por las mujeres que forman parte y simpatizan con el movimiento. Desde la Ley Revolucionaria de las Mujeres y pasando por los Diálogos de San Andrés, distintas sesiones del Congreso Nacional Indígena y la intervención en la Tribuna del Palacio Legislativo de San Lázaro se ha puesto de manifiesto la necesidad de articular la propuesta autonómica con las demandas de género .

En el ámbito público de los Municipios Autónomos se puede constatar una creciente participación de mujeres en Comisiones y en las movilizaciones. Se observa cómo, a partir de su involucramiento en el movimiento, las mujeres realizan una serie de funciones y acciones que previamente no llevaban a cabo, tales como la participación en eventos fuera de su localidad aún sin la presencia de familiares, su participación en eventos formativos y en instancias de toma de decisiones.

A pesar de este tipo de avances y de que se puede constatar un mayor grado de participación de mujeres zapatistas respecto de quienes no lo son, queda aún pendiente la necesidad de involucramiento de las mujeres en la definición de la propuesta autonómica, así como la inclusión de las demandas de género y el análisis del vínculo entre “etnia” y “género” como dimensiones que pueden reforzar la propuesta autonómica y que falsa y simplistamente han sido ubicadas como contrapuestas.

La política social como campo de batalla

Entre las manifestaciones más evidentes de la situación de empobrecimiento y marginación que caracteriza a la mayoría de las localidades que han optado por adherirse al movimiento zapatista destacan aquellas que se relacionan con la educación y la salud. En este ámbito se observa el desarrollo de una “política social autonómica” que en la medida de sus posibilidades representa actualmente una alternativa para la resolución de problemáticas concretas en las localidades y que al mismo tiempo enfrenta serias dificultades de reconocimiento formal, carencia de recursos, elementos técnicos y descalificación (explícita e implícita) por parte de las instancias gubernamentales.

En los niveles de Localidades, Municipios y Zonas o “Caracoles” autónomos se prestan servicios a través de agentes locales en distintos niveles de educación escolarizada y en atención básica de salud . Las acciones de prestación de servicios se articulan con la formación de delgados o promotores y con la realización de “campañas” o “encuentros” que con distintos motivos involucran a la población de las localidades que forman parte del movimiento como una forma de dar mayor fortaleza a su proyecto político y afianzar su arraigo local.

En forma paralela, compartiendo el territorio y en muchas ocasiones, implementándose con familias de una misma localidad, la política social gubernamental opera a través de los criterios de focalización y transferencia directa de recursos. Al recorrer las localidades autónomas se observa la ausencia o presencia mínima de infraestructura gubernamental para la prestación de servicios básicos de salud (en pocas localidades se han instalado “Casas de Salud” que eventualmente reciben medicamentos) y educación (existen localidades que no cuentan con servicios de Educación Primaria y no existen servicios de otros niveles). Obviando lo innegable, la política social gubernamental se centra casi indistintamente en la operación del “Programa Oportunidades” y en algunos casos al de “Crédito a la Palabra”.

Contrario a lo asentado en informes y evaluaciones gubernamentales, en las localidades autónomas se encuentran una serie de limitantes en la operación de tales programas gubernamentales que se relacionan con sus mismos lineamientos (los beneficios debieran recibirse a través de la infraestructura gubernamental que en el espacio local es prácticamente inexistente), y con su impacto limitado y paliativo en una situación de empobrecimiento que se origina en el rumbo político y económico que se ha dado al país durante las últimas décadas .

Ante esta situación, los partidarios del proceso autonómico han optado por un posicionamiento de “resistencia” que se concretiza en el rechazo a la aceptación de los beneficios de este tipo de programas como una forma de protesta y de lucha por la reivindicación de sus derechos. Este “enfrentamiento” en el campo de las políticas sociales ha llevado a la desesperación gubernamental por lograr que la población utilice los beneficios de sus programas, recurriendo a la capitalización de conflictos internos e incluso, a señalar que, en caso necesario, las fuerzas de seguridad pública actuarán para garantizar que los servicios gubernamentales puedan brindarse o instalarse en las localidades.

Una mirada amplia al espacio público autónomo

El debate sobre las autonomías en México debe continuarse a partir de los planteamientos que de ella hacen las organizaciones indígenas que la impulsan, lo cual implica conocer, analizar y dialogar con las experiencias autonómicas que se desarrollan actualmente con distintos énfasis y en diversos estados del nuestro país. Quienes impulsan este tipo de propuestas y la sociedad en su conjunto tendrán que analizar sus desafíos en el contexto actual.

La revisión hecha hasta ahora sobre la forma como operan algunos municipios autónomos zapatistas apunta a señalar que, entre dichos desafíos, es posible ubicar la necesidad de reflexionar colectivamente sobre el significado y las implicaciones de las autonomías; la construcción de mecanismos de gobierno que reconozcan los derechos políticos de los distintos grupos que conviven en un territorio autónomo; la definición y puesta en práctica de procedimientos de administración de justicia que garanticen el respeto a los derechos humanos en dichos territorios; avanzar en el reconocimiento de los derechos de las mujeres a partir de su participación plena en las definiciones sustantivas de la propuesta autonómica; y la definición de propuestas de política social autónoma que, al tiempo que cuestionan la orientación de las actuales políticas gubernamentales, logren dar respuestas efectivas a las problemáticas cotidianas a partir del involucramiento de la población que forma parte del movimiento.

Asimismo, resulta imperativo reconocer y revertir el proceso de militarización y hostigamiento hacia los municipios autónomos que se refleja en el aumento de su conflictividad y en la reducción de las posibilidades de construir arreglos políticos en el ámbito local.

La instalación de las Juntas de Buen Gobierno ofrece la posibilidad, sin que esto sea una garantía, de vincular la lucha autonómica con las estrategias de lucha desarrolladas hoy en día por distintas fuerzas sociales y que pugnan por garantizar los derechos humanos frente a propuestas de reformas estructurales que conducirían a excluir a amplios sectores de nuestra sociedad entre los que se encuentran los indígenas.

El vínculo entre las Juntas de Buen Gobierno y organizaciones sociales y civiles en el ámbito nacional e internacional a través de “hermanamientos” y distintos dispositivos de colaboración puede contribuir a fortalecer esa presencia zapatista en el ámbito global que hoy en día no sólo se valora como positiva, sino incluso, es reclamada por movimientos sociales de distintos continentes.

El autor pertenece al Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, México.

NOTAS:
1.- Para una revisión del debate autonómico en México puede revisarse: Héctor Díaz-Polanco y Consuelo Sánchez. México Diverso. El debate por la autonomía, Siglo Veintiuno Editores, México, 2002. Aracely Burguete Cal y Mayor (coord.) México: experiencias de Autonomía Indígena. IWGIA, CECADEPI, Dinamarca, 1999. Shannan Mattiace, Rosalva A. Hernández y Jan Rus (Eds.) Tierra, libertad y autonomía: impactos regionales del zapatismo en Chiapas. CIESAS, IWGIA, México-Dinamarca, 2002.
2.-Una de las vertientes del análisis de las “autonomías de facto” puede revisarse en: Xóchitl Leyva Solano, “Transformaciones regionales, comunales y organizativas en Las Cañadas de la Selva Lacandona (Chiapas, México)”, en: Mattiace, Hernández y Rus, op. Cit. P. 57-82.
3.- Véase: Verena Stolcke, “¿Es el sexo para el género lo que la raza para la etnicidad... y la naturaleza para la sociedad?” En: Política y Cultura, UAM-Xochimilco, otoño 2000, no. 14, pp. 25-60.
4.- Cf. Diario La Jornada, febrero 1995 y enero y febrero 1998.
5.- Véase: Rosalva A. Hernández, “¿Guerra fraticida o estrategia etnocida? Las mujeres frente a la violencia política en Chiapas. En. Witold Jacorzynski (coord..) Estudios sobre la Violencia. Teoría y práctica. CIESAS-Miguel Ángel Porrúa, México, 2002, pp. 97-122.
6.- Véase: Consuelo Sánchez, “Identidad, Género y Autonomía. Las mujeres indígenas en el debate.” En: Revista Memoria, CEMOS, Agosto 2003, No. 174. Reflexiones en este sentido son desarrolladas también por Sánchez Néstor, Jiménez Pérez y Cunningham Kain en ese mismo número.
7.- Véase: Rosalva A. Hernández (coord.), La otra palabra: mujeres y violencia en Chiapas antes y después de Acteal. CIESAS, México, 1998.
8.- Un análisis detallado de la problemática y estrategias desarrolladas en torno a la salud en los Municipios Autónomos ha sido desarrollado en: Alejandro Cerda García, El Proceso de Autoatención en un Municipio Autónomo Tojolabal del Estado de Chiapas. Tesis de Maestría en Antropología Social, ENAH, México, 2001, 334 pp.
9.- Una fundamentada opinión al respecto ha sido desarrollada por Julio Boltvinik en la columna Economía Moral, Diario La Jornada. 27 junio 2003 y otras fechas.
10.- Véase Diario La Jornada, 2 febrero 2003.

Fuente: Revista Memoria 177. http://www.memoria.com.mx/177/cerda.htm