1. El presidente Vicente Fox, como uno de sus primeros actos de gobierno, el 5 de diciembre de 2000 manda la Ley Cocopa al Congreso en calidad de iniciativa presidencial.

2. Después de un mes de recorrido por el centro sur del país la delegación de comandantes zapatistas llega a la ciudad de México y la Comandanta Esther, en un discurso memorable, argumenta el 28 de marzo de 2001 sobre la importancia de conceder rango constitucional a la Ley sobre derechos y cultura indígena elaborada por la Cocopa.

3. El Congreso transforma la Ley Cocopa en una disposición que niega a los pueblos indios como entidad de derecho, que niega sustento territorial a su ejercicio de autodeterminación y que cubre con un manto asistencialista mediante el cual se introducen varias de las condiciones del Plan Puebla Panamá (reconocidas como ley suprema) lo que en la Ley Cocopa eran derechos y decisiones de los pueblos relacionados con sus usos y costumbres. El contenido de la Ley es completamente desvirtuado, al grado de convertirse casi en lo contrario de lo acordado en San Andrés, y esto es anunciado por miembros de todos los partidos como el primer acuerdo por unanimidad que adopta el Senado de la República, sin el menor asomo de vergüenza. Los millones de mexicanos que se habían pronunciado por la aprobación de la Ley Cocopa no alcanzan ni un solo voto de reconocimiento.

4. El 29 de abril de 2001 el Ejército Zapatista de Liberación Nacional "formalmente desconoce esta reforma constitucional sobre derechos y cultura indígenas" y declara que "no hace sino impedir el ejercicio de los derechos indígenas, y representa una grave ofensa a los pueblos indios, a la sociedad civil nacional e internacional, y a la opinión pública, pues desprecia la movilización y el consenso sin precedentes que la lucha indígena alcanzó en estos tiempos". "Con esta reforma, los legisladores federales y el gobierno foxista cierran la puerta del diálogo y la paz"

5. Sin defender su propuesta inicial, sin atender al rechazo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y sin escuchar el clamor de los millones que demandaban la aprobación de la ley original elaborada por la Cocopa; sabiendo que el reconocimiento constitucional del acuerdo plasmado en ella (firmado en San Andrés el 16 de febrero de 1996) es una de las tres condiciones para reiniciar el diálogo entre el Gobierno de México y el EZLN y buscar dirimir las diferencias a través del ejercicio de la política y no de la guerra, el presidente Fox promulga la Ley emanada del Congreso el 14 de agosto de 2001.

6. Una vez que el poder Ejecutivo y el poder Legislativo de la Nación habían dictaminado en contra de los derechos de los pueblos indios a ser reconocidos en su diferencia y con sus capacidades ciudadanas plenas los municipios indígenas acuden al poder Judicial. La ley promulgada, por su contenido racista y por el desconocimiento de jurisdicción territorial para el ejercicio de los usos y costumbres enmarcados en los proyectos de autonomía, contraviene prácticas autonómicas que se encontraban vigentes en diferentes estados de la República. Las controversias constitucionales surgidas así, que deberían ser resueltas por la Suprema Corte de Justicia, son rechazadas el 5 de septiembre de 2002 con el argumento de incompetencia.

Incompetencia del Poder judicial para impartir justicia; incompetencia del Poder legislativo para dar cauce legal a los reclamos sociales; incompetencia del Poder ejecutivo para dirigir la Nación de acuerdo con los mandatos de la soberanía popular. ¿Incapacidad del sistema político mexicano para sostener la democracia?

La República está en peligro.

Explicaciones posibles

¿Cómo explicar este funcionamiento del Estado y de las instituciones políticas? ¿Qué poderosas razones se encuentran detrás de su vergonzosa declaración de incompetencia? ¿De la paradójica unanimidad entre proyectos de Nación supuestamente contrapuestos en contra de los derechos de los indígenas a la sujetidad política? ¿Por qué no es posible aprobar la ley y comenzar a construir la paz y la democracia? ¿Por qué no es posible reconocer constitucionalmente a los pueblos indios con todas sus capacidades y derechos?

Entender la unanimidad de la clase política en referencia a los pueblos indios y el incumplimiento del Estado de los acuerdos firmados en San Andrés, aun a riesgo de la pérdida de legitimidad que ello implica no es tarea sencilla. La explicación evoca un complejo entramado del cual destacaremos sólo algunos de los hilos posibles:

1. La primera línea de explicación, considerando los estrechos vínculos del gobierno de México con el de Estados Unidos, está relacionada con el Plan Puebla Panamá y la libre disponibilidad del territorio que supone. Los proyectos vinculados a este plan, ya sean de infraestructura, directamente productivos, o monopolizadores de riquezas naturales, suponen un reordenamiento del territorio en amplias zonas del país, muchas de ellas marcadas por la tenencia colectiva de la tierra característica de los asentamientos indígenas y por proyectos autonómicos regidos democráticamente por usos y costumbres. La disputa en estos casos no es por extensiones de tierra, por tierra-mercancía, sino por formas de vida y de organización social sobre las que se erigen construcciones simbólicas de larga temporalidad en las que el territorio, más allá de su especificidad geográfica, está cargado de tradiciones, símbolos, historias, cosmovisiones y utopías. El territorio es el lugar donde se construye la cultura, donde se produce y reproduce la intersubjetividad y la visión del mundo, donde se tejen las relaciones sociales y la posibilidad de futuro y, por ello mismo, donde adquiere concreción la autonomía.

   El Plan Puebla Panamá es cualquier cosa menos democrático o consensual. Su implantación en la zona del sur-sureste ha sido objeto de un rechazo generalizado de parte de las organizaciones sociales de la región y, con el reconocimiento de la capacidad de autogobierno de las comunidades indígenas seguramente ese rechazo tendría un mayor sustento legal.

   A lo largo de toda la Marcha de la Dignidad Indígena los zapatistas se pronunciaron en contra del Plan Puebla Panamá y no parece ser un plan al que el gobierno y los empresarios quieran renunciar. Tampoco Estados Unidos. Si las comunidades fueran reconocidas como sujetos de derecho tendrían atribuciones jurídicas para impugnar o detener el plan.

2. El reconocimiento de la autonomía de gobierno contemplada en la Ley Cocopa implica instaurar, aunque sea parcialmente, un sistema de democracia directa. Esto supone la activación de la participación política de la ciudadanía en las decisiones que competen y afectan al colectivo por lo menos en los niveles municipales. Es fácil prever que en un sistema de gobierno tan "profesionalizado" y excluyente como el que se vive en México, y con un modelo económico concentrador-pauperizador que se reafirma cada día, el ejercicio de la democracia directa sea visto como un peligro. En efecto, la democracia directa tendería, sin duda, a revertir los daños del neoliberalismo, del Tratado de Libre Comercio, de la integración subordinada con Estados Unidos y a instaurar uno o varios modelos de organización económica y de relacionamiento social que atiendan a las necesidades, aspiraciones y deseos de la población que los indicadores macroeconómicos han convertido en números. La democracia no marcha en el mismo sentido que el neoliberalismo. La legitimidad del proyecto neoliberal se restringe crecientemente en la misma medida que opera su tendencia concentradora. En esa misma medida se cristaliza un sistema político excluyente que niega la participación de la mayoría de la población (que no forma parte de la llamada clase política) en cualquier tipo de decisiones. El mejor ejemplo es la negativa a validar constitucionalmente la Ley Cocopa.

3. La clase política, conformada por miembros de diferentes partidos, que en principio enarbolan diferentes proyectos de nación, tiene, no obstante, intereses compartidos que coinciden en la necesidad de consolidar sus prácticas políticas como únicas válidas. La irrupción de los zapatistas en la escena política, y la enorme autoridad moral que deviene de su consecuencia y eticidad, los convierte en una amenaza para la clase política mexicana actual. La arrogancia con que los legisladores modificaron la ley y contestaron a quienes propugnaban por su aprobación sin cambios indica la urgencia que tienen por demostrar su fuero imponiendo, mediante formalidades legales, aquello que contraviene las demandas, legitimadas en San Andrés, en la consulta nacional y en la Marcha de la Dignidad Indígena, de esa figura política que los incomoda por haberse ganado auténticamente el respeto de la sociedad. La autoridad moral que tiene el Ejército Zapatista de Liberación Nacional no la tiene ninguna otra instancia, institución o actor político en la escena nacional y, eso pesa.

4. Otra hipótesis explicativa que no puede descartarse proviene de la profundidad con que está enraizado en la sociedad mexicana el racismo colonialista. Y, aunque muchos miembros de la clase política tengan rasgos que delatan su origen indígena, la manera como se desarrollaron los acontecimientos parece indicar que cualquier exigencia que provenga de los pueblos indios del país es asumida como afrenta. La oposición a aceptar que la delegación zapatista entrara al recinto legislativo a argumentar a favor de la Ley Cocopa, así como la negativa de la Corte Suprema a entrevistarse con los portadores de las controversias, podría ser una demostración cabal del racismo que impera en las instituciones políticas del país. Difícil papel el de gobernantes y legisladores que reniegan de su propia sociedad. ¿Cómo van a hacer prevalecer la soberanía del pueblo de México?

Escenarios políticos

1. Un primer escenario que parece estarse perfilando es el del rebote de atribuciones entre los tres poderes de la Unión sin que ninguno de ellos asuma cabalmente la responsabilidad de hacer cumplir los acuerdos firmados en San Andrés. Este escenario tendría mucho más presente la preocupación de un juego electoral en el que en vez de confrontarse con proyectos claramente diferenciados la disputa es por ganar las mayorías en las instancias de gobierno y en jugar con la mira de la sucesión presidencial de 2006. Este es un escenario de desgaste en el que la sociedad participa sólo como telón de fondo y los conflictos se manipulan para deteriorar o reafirmar imágenes. El límite de este juego de fuerzas dentro de la clase política será la capacidad de movilización de la sociedad, sin embargo, éste se muestra más como un escenario de resistencia difícil que de avance dentro de los proyectos sociales.

2. El agravamiento del escenario anterior apuntaría a una escalada de las políticas de contrainsurgencia particularmente, aunque no sólo, en Chiapas. La situación actual de reiteradas agresiones en varias comunidades zapatistas apunta en este sentido aunque la respuesta de las comunidades afectadas, junto con las diferentes reacciones de sectores de la sociedad comprometidos con la búsqueda de la democracia, actúan como elementos contrarrestantes. Tal como se perfiló desde el momento en que el Senado aprobó las modificaciones a la Ley Cocopa, el sistema político ha estado manteniendo implícitamente una política de guerra soterrada que se prolongaría a lo largo de todo el sexenio de Vicente Fox, con periodos de incremento de la tensión como el actual y otros de relativo abandono. Este escenario parece el más pertinente con la intención de desalojar a las comunidades del área de Montes Azules para poder impulsar las inversiones productivas relacionadas con el aprovechamiento de la biodiversidad o el petróleo que se encuentran en la Reserva.

3. Un escenario poco probable a menos que la movilización social genere condiciones que lo hagan posible es el de revisión o retiro de la ley para volver a la redacción original de la Cocopa. Esto abriría el camino para restablecer el diálogo entre el gobierno y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. No obstante, no parecen vislumbrarse razones suficientemente poderosas de parte del gobierno y del sistema político para que este diálogo les apremie; si en un primer momento del gobierno de Fox esto podía ser visto como una de las condiciones importantes para construir los nuevos consensos que requería, hoy ya no parece serlo. Los costos políticos del incumplimiento de los acuerdos de San Andrés han sido repartidos entre todos los partidos y la responsabilidad diluida permite un pacto tácito al interior de la clase política que alivia relativamente la urgencia de avanzar en la solución del conflicto en Chiapas. Como todos lo cargan, a nadie le pesa demasiado.

   Más allá de un juego de discursos -que nos acerca al primer escenario-, y aun admitiendo la buena disposición de algunos legisladores, éste no parece ser un escenario posible durante los cuatro años que restan del gobierno de Vicente Fox.

4. En los escenarios anteriores se puso énfasis en las políticas del gobierno y en los acuerdos y relaciones recíprocas del sistema político. El cuarto escenario incorpora a la sociedad como sujeto político de primera línea bajo la idea de que si las instituciones políticas vigentes son incapaces de resolver las demandas de la sociedad es necesario recrearlas, trabajar en la construcción de una nueva institucionalidad que corresponda a las nuevas condiciones de politicidad social, al nivel de participación en las decisiones comunitarias o colectivas de hecho. Este escenario indica el momento de refundar, en la práctica, los espacios y modos de hacer política, los estilos de relacionamiento social, los principios de la soberanía popular. Es, en realidad, el escenario de la esperanza. Es el escenario de la construcción sin el Estado y a pesar del Estado, de la construcción del único futuro posible para los más: el de la democracia, libertad y justicia que pregonan los zapatistas para el cual el sistema político no parece tener respuesta.

Dentro de este escenario el actor central es evidentemente el movimiento zapatista pero, de acuerdo con sus modos y tiempos, puede 1) mantenerse como un actor en silencio dando espacio para que sea la sociedad civil la protagonista del proceso, cuestión que plantea la dificultad de construcción de una nueva cultura política en un contexto que tiende a reforzar por múltiples vías los viejos esquemas; o 2) reingresar abiertamente a la escena política como protagonista activo, revitalizando el diálogo con la sociedad civil o, más bien, con los movimientos sociales -institucionalizados o no- de México y del mundo, en el proceso de construcción del nuevo mundo. La presencia zapatista es ya inmanente a los movimientos sociales, no obstante, su capacidad de articulación y potenciación podría ser mayor en el momento de restablecer la interlocución sistemática con el resto de las fuerzas que luchan, en México, en América Latina y en el mundo, por liberar a la democracia de las ataduras que le imponen los sistemas políticos creados y recreados por el poder.

http://www.ezln.org/san_andres/cecena-SCJN-2-2002.html